Revista Boliviana de Derecho - La Imparcialidad judicial y las relaciones de la autoridad judicial con el abogado de las partes como causal de excusa y recusación
La Imparcialidad judicial y las relaciones de la autoridad judicial con el abogado de las partes como causal de excusa y recusación

La Imparcialidad judicial y las relaciones de la autoridad judicial con el abogado de las partes como causal de excusa y recusación

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AUTOR: Orlando Parada Vaca

Las relaciones de amistad, odio o resentimiento de las autoridades judiciales con los abogados de las partes sólo son causa para la excusa

y recusación del juez o magistrado en materia civil (numerales 3 y 4 del art. 347 del Código Procesal Civil, en adelante CPC), habiéndose excluido esta causal en las normas que regulan otras materias como la Ley de Órgano Judicial (en adelante LOJ), Código de Procedimiento Penal (en adelante CPP), Ley Orgánica del Ministerio Público (en adelante LOMP), Código de las Familias y del Proceso Familiar (en adelante CFPF) y del proceso agrario en la Ley INRA. 

  En este artículo hablaremos sobre: 

  1. La imparcialidad judicial. 
  2. La relación entre imparcialidad e incompatibilidad. 
  3. La Imparcialidad en la Constitución Política del Estado y normas Supranacionales. 
  4. La Imparcialidad en el Ordenamiento Jurídico boliviano.  
  •      4.1. Código Procesal del Trabajo. 
  •      4.2. Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 2341 del 23-04-2002). 
  •      4.3. Código de Procedimiento Penal. 
  •      4.4. Nuevo Código Procesal Civil 
  •      4.5. Código de las Familias y del Proceso Familiar 
  1. Excusa y Recusación como Garantía del juez imparcial. 
  2. Las causales de excusa y recusación en relación a los abogados de las partes. 

 

  1. La Imparcialidad Judicial

La imparcialidad es uno de los principios constitucionales que hace y le confiere sentido al ejercicio de la potestad jurisdiccional. Íntimamente ligado al principio de independencia y al de responsabilidad, responde a la pregunta del para qué la independencia que es la que le otorga seguridad a cada juez, pero a la vez, esa seguridad le exige que su responsabilidad sea efectiva.  

Si uno de los requisitos para que el juez pueda desarrollar y cumplir sus funciones en la administración de justicia es su independencia, la otra cara de la moneda es la responsabilidad que debe asumir por sus actos en el ejercicio de dichas funciones. Para usar expresiones de Javier Pérez Royo (Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 892-893): “El principio de independencia hace referencia a la anatomía del poder judicial…La imparcialidad hace referencia a la fisiología del poder judicial…”. Eso nos permite, afirmar que “la independencia judicial es instrumental respecto de la imparcialidad que, en realidad, es el fin perseguido por las garantías en que aquella se manifiesta” (VALENCIA MIRÓN, A.J.: introducción al Derecho Procesal, COMARES, Granada: 2000, p. 199). 

Es posible inferir, entonces, que mientras la independencia hace alusión directa al Poder Judicial en cuanto órgano que ejerce la potestad jurisdiccional, la imparcialidad se refiere al requisito funcional que cada uno de los miembros de ese órgano debe cumplir. 

Opinión diferente es la que manifiesta Víctor Moreno Catena (en MORENO CATENA, VICTOR y otros: Introducción al Derecho Procesal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 82-82) para quien “la independencia respecto de las partes procesales y del objeto litigioso significa imparcialidad, es decir, ausencia de todo interés para la resolución del litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico”. 

Una de las características esenciales del derecho positivo, expresión objetiva de la insaciable búsqueda de justicia social, es su previsibilidad, que es la que otorga seguridad jurídica, referida en términos de certeza del derecho, en base a la consideración de la norma como general, abstracta, exclusiva y regular. 

No existiría esa seguridad jurídica, si las partes que se encuentran enfrentadas por determinados conflictos de intereses, no contaran como presupuesto ineludible que el órgano jurisdiccional al que han recurrido para dirimir dicha controversia, no actúa con imparcialidad, esto es, desprovisto de intereses objetivos y subjetivos en favorecer o perjudicar a alguna de ellas. Entonces, no basta que el juez no sea parte, sino que su juicio –en la interpretación y percepción de las partes enfrentadas judicialmente- esté orientado únicamente al cumplimiento de lo preceptuado por el derecho objetivo en el caso concreto. 

Cuando se llama la atención a la percepción e interpretación de las partes en conflicto respecto a elementos que puedan afectar la imparcialidad del juzgador, se está haciendo referencia a la naturaleza subjetiva de la imparcialidad. “…, de modo que no cabe constatar objetivamente la imparcialidad o la parcialidad”.  Pero, a la vez, la imparcialidad del juez se presume o se da por supuesta ya que, el juez por el solo hecho de serlo es, por principio un juez imparcial. El que no lo sea o pueda no serlo en un caso concreto es un deber que tiene el juzgador de advertirlo y un derecho que tienen las partes de alegarlo. 

 

  1. Imparcialidad e Incompatibilidad

Como bien apunta Montero Aroca (MONTERO AROCA, J.: Derecho Jurisdiccional, Tomo I, Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 113), en la doctrina, jurisprudencia y, en nuestro caso el mismo ordenamiento, se confunden ambos conceptos lo que se traduce en normas referidas a la excusa y recusación (mecanismos procesales para garantizar la imparcialidad, dado que tiene institutos especiales referidos a las incompatibilidades), en los que algunos tienen más que ver con la incompatibilidad que con la imparcialidad. 

Respecto de las diferentes posiciones que sobre el tema asume la doctrina, ya hemos citado la opinión de Moreno Catena. Por otro lado, Alejandro Cantaro (http://www.derecho-azul.org.ar/congresoprocesal/cantaro.htm) considera que “la imparcialidad es la peculiar forma de obediencia que el Derecho exige a sus jueces. Como se sabe, los deberes suelen tener su correlativo derecho. En este caso, el derecho de los ciudadanos a ser juzgados desde el Derecho es el correlato del deber de imparcialidad de los jueces. El juez que satisface ese derecho, que juzga desde el Derecho, es el juez imparcial”.  

Más adelante indica que “…el principio de imparcialidad protege no sólo el fallo y las razones que se aducen a favor del fallo, sino que exige –además– al juez que falle por las probanzas que se le suministraron en el juicio”.  

Concluye de expresar su posición respecto de la imparcialidad afirmando “Así como la independencia de los jueces trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes del sistema social, la imparcialidad trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes del proceso”.  

Por su parte, Joan Picó i Junoy (Las garantías constitucionales del proceso, J.M. Bosch, Barcelona, 1997, p. 131-134), considera que el derecho a la imparcialidad judicial se encuentra inmerso dentro del derecho a un proceso con todas las garantías, implícitamente reconocido en el art. 24. 2 de la Constitución Española. Aclara que esta es la posición final asumida por el Tribunal Constitucional Español, acogiéndose a la doctrina fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual, por su parte, entiende que la imparcialidad tiene como fin último proteger la efectividad del derecho a un proceso con todas las garantías. 

 

  1. La Imparcialidad en la Constitución Política del Estado y normas Supranacionales:

Si bien la imparcialidad sólo ha sido reconocida por el legislador en los textos constitucionales de 1994, 2004 con el nombre de probidad (art. 116.X) y la de 2009 (arts. 120.I, 178.I y 180.I CPE), desde la fundación de la República y, en especial, desde la promulgación de la Primera Constitución en 1826 ha existido consciencia del valor fundamental que la imparcialidad juega en la administración de justicia.  

Es así que en su discurso de circunstancia en ocasión de la instalación de la Primera Corte Suprema de Justicia, el Dr. José María Urcullo en nombre de los cuatro Ministros, al contestar el discurso pronunciado por el Presidente Gral. Antonio José de Sucre, dijo: 

"Si el derecho á una pronta é imparcial administración de Justicia se ha mirado siempre como tan sagrado, y tan absolutamente necesario entre los hombres reunidos en sociedad; los magistrados que se han impuesto la obligación de hacerlo respetar, y de que no sea un vano nombre, serán ahora, no cumpliéndolo, sobre manera criminales, nunca debe estar el santuario de la justicia más libre de los ataques del poder, de la intriga, y del soborno; nunca la debilidad, la venalidad, y la ambición de cuantos ejercen alguna parte de la autoridad judicial pueden inspirar más horror á los amantes de la patria, que después de que V.E. entre millares de obstáculos, desproporciones, y peligros, ha conquistado la libertad del Sud de América; y después que los Bolivianos por cima de torrentes de sangre, y ála sombra de Ayacucho han sacudido de su cerviz el vergonzoso yugo de la servidumbre. Nada habría adelantado los libres que por el espacio de diez y ocho años han alentado, y sostenido su resolución en medio de los desastres, y arrastrando el suplicio, y la muerte, sino alejasen el calamitoso tiempo de las arbitrariedades”. (CASTRO RODRÍGUEZ, C., Historia Judicial de Bolivia, Los Amigos del Libro, La Paz: 1987, p. 131) 

El art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia en 1948, estipula que “toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública”. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, en su Art. 10, establece: 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos….” 

El Art. 14 -1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 al cual se adhirió Bolivia el 12 de agosto de 1982, dice: 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,...” 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita el 22 de noviembre de 1969, a la que se adhirió Bolivia el 11 de febrero de 1993, en su Art. 8 -1 expresa: 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,…” 

En este contexto, nos parece que si el Órgano Jurisdiccional no es independiente y quienes ejercen esa jurisdicción, llámese Jueces y Magistrados, no son imparciales habrá razones de sobra para dudar que se está administrando justicia

Nuestra Constitución Política del Estado (CPE) en el art 120.I reconoce el derecho de toda persona a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial. El art. 27 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establece las causales de excusa y recusación como instrumentos para garantizar la imparcialidad judicial y, además, expresamente contempla como uno de sus principios rectores el de la imparcialidad (art. 3.3). 

La anterior Ley de Organización Judicial (Ley 1455, del 18 de febrero de 1993), no contemplaba ninguna regulación respecto a las excusas y recusaciones, aunque hacía alusión a la imparcialidad de los órganos judiciales (arts. 14, 21 y 83) y a las excusas y recusaciones (arts. 42.I.c, 58.2, 58.5; 59.6; 60.5, 61.2, 76, 77, 84, 105.6, 105.8 y 105.10, 106.4, 106.5 y 106.8, 107.3 y 107.6, 109.4, 135, 138, 145, 153, 156, 158, 162, 170, 171, 178, 181, 183, 187 y 196). 

Los arts. 3 al 13 de la derogada Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar (LAPCAF) y los arts. 316 a 322 del Código de Procedimiento Penal (CPP) Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, también tratan sobre las causas excusa y recusación, así como su procedimiento.  

Como se ve, se trata de regulaciones civiles y penales, cuando en verdad lo recomendable hubiese sido que estas normas estén insertas en la LOJ, para todas las materias. 

 

  1. La Imparcialidad judicial en el ordenamiento jurídico nacional  

4.1. Código Procesal del Trabajo 

Mientras la Ley General del Trabajo (LGT) no hace ninguna referencia a la imparcialidad ni la incompatibilidad, el Código procesal en su art. 32 trata sobre la incompatibilidad para ser jueces del trabajo a quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo en afinidad de alguno de los magistrados de la Corte Nacional del Trabajo (que hoy no funciona en virtud a la unificación de la jurisdicción laboral y agraria en los tribunales ordinarios). 

La incompatibilidad a que se refiere el citado Art. 32 está orientada para impedir el ejercicio judicial en esta jurisdicción de quienes se encuentren comprendidos en ella, pero no trata sobre las incompatibilidades que pudieran originarse en el desarrollo mismo del proceso. 

Al tratar este código sobre las normas procesales en general (Título III) y de la jurisdicción y competencia (Capítulo Único, arts. 42 al 52), otorga como atribución de la Sala Plena de la Corte Nacional del Trabajo en el art. 48.f), conocer de las recusaciones interpuestas contra los vocales y conjueces de la Corte en única instancia, así como las interpuestas contra los jueces del trabajo. En el mismo sentido, el art. 49.c al referirse a las atribuciones de las Salas de la Corte Nacional del Trabajo, estipula el conocer las excusas de sus propios miembros y las de los jueces de primera instancia. 

El art. 3 del Código Procesal del Trabajo, trata de los principios en que se basan los procedimientos y trámites del trabajo, sin que se cite de forma expresa al principio de imparcialidad. 

 

4.2. Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 2341, del 23 de abril de 2002) 

Mientras la jurisdicción tiene como su fundamento la heterotutela, la Administración reconoce de forma expresa que desarrolla su función en base al principio de la autotutela (art. 4.b). 

En este sentido, el inciso f del art. 4 LPA hace referencia al principio de imparcialidad, ordenando que las autoridades administrativas actúen en defensa del interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los administrados. 

Ya el art. 10.II estipula únicamente dos causales de excusa y recusación: 

a)El parentesco con el interesado en línea directa o colateral hasta el segundo grado; y, 

b)La relación de negocios con el interesado o participación directa en cualquier empresa que intervenga en el proceso administrativo. 

Estas causales están más orientadas a garantizar que el proceso administrativo se desarrolle sin que se vulneren derechos fundamentales referidos al debido proceso, que propiamente a garantizar la imparcialidad. 

 

4.3. Código de Procedimiento Penal 

El art. 3 (Imparcialidad e independencia) en su primer párrafo preceptúa que: 

Los jueces serán imparciales e independientes, sometidos únicamente a la Constitución, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y a las leyes” 

De las once causales de excusa y recusación estipuladas en el art. 316 de este cuerpo normativo, las dos primeras están orientadas a la incompatibilidad y las nueve restantes a garantizar la imparcialidad.  

Lo que me parece interesante es el art. 27 -8 de la LOJ, que modifica el inciso 2 del art. 316 CPP; la manifestación de opinión sobre el fondo del proceso debía haberse producido extrajudicialmente y debía constar extrajudicialmente; por el Art. 27.8, la opinión debe constar en actuados procesales. 

 

4.4. Nuevo Código Procesal Civil 

El art. 1 del CPC está referido a los principios que orientan el proceso civil. El inciso 17 trata del principio de probidad: 

Exige en la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, de conducirse en los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad”

Al igual que el derogado Código de Procedimiento Civil, éste no consigna entre sus principios rectores el de imparcialidad. 

El art. 347 estipula las causas de excusa y recusación, enumerando un total de 10, de las cuales los incisos 1, 2 y 5, parecen referirse más a las incompatibilidades del juez o tribunal que a la imparcialidad. 

 

  1. Excusa y Recusación como Garantía del juez imparcial

La excusa y la recusación son mecanismos por los cuales el legislador aspira a preservar el derecho al Juez imparcial y, asimismo, la confianza ciudadana en la imparcialidad judicial. No se busca excluir al Juez porque sea o pueda ser efectivamente parcial, sino porque las partes tienen fundadas razones de que pueda serlo

Los art. 27 LOJ, art. 316 CPP, art. 73 de la Ley Orgánica del Ministerio Público(LOMP), art. 347 CPC y art. 224 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), enumeran un elenco de causas de excusa y recusación cerrados, “…,dada su redacción taxativa y la ausencia de una cláusula de cierre al modo en que se prevé en ordenamientos como el alemán; se aproxima más, por tanto, al sistema español que aparece, al menos en principio, como un sistema cerrado o de numerus clausus (salvo cuando el recusado es un jurado –ciudadano lego-, ya que en tal caso está prevista la posibilidad de recusar sin causa hasta a cuatro jurados, art. 40.3 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado), lo que ha venido siendo reprochado predominantemente por la doctrina, así como la interpretación restrictiva que de las causas de abstención y recusación han efectuado los órganos judiciales” (Huertas Martín, I.: “Garantías de la Imparcialidad Judicial:….”, en: Revista Boliviana de Derecho, N° 10 de junio de 2010, p. 255 a 276). 

En nuestro sistema jurídico las garantías de la imparcialidad son tratadas por separado de manera específica en algunas materias como la civil, penal, familiar y administrativa, mientras que en sede laboral, se está a lo dispuesto en el CPC. 

Las causas de recusación, que se aplican igualmente para la excusa o abstención, no son más que una enumeración de situaciones que hacen sospechoso a un juez o tribunal de parcialidad, institutos que se constituyen en los mecanismos de garantía objetiva de la imparcialidad judicial. 

Por primera vez en Bolivia se trata de las causales de excusa y recusación en la Ley del Órgano Judicial en sus arts. 27 y 28. 

Considero que las causales previstas en los distintos ordenamientos y en la LOJ, deben ser asumidas como meramente enunciativas o no causales tasadas, como lo entienden algunos. 

 

  1. Las causales de excusa y recusación en relación a los abogados de las partes

De la revisión de las normas que regulan este instituto en la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en el Código de Procedimiento Penal (CPP), la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA N° 1715)  y el Código de las Familias y Procedimientos Familiares (CFPF), podemos comprobar que únicamente los incs. 3 y 4 del art. 347 CPC contemplan como causales de excusa o recusación la amistad o enemistad de la autoridad judicial con los abogados de las partes. 

La amistad y la enemistad u odio debe considerársela en el campo de lo subjetivo, de los sentimientos y emociones internas y no en elementos objetivos. De ahí que, nos encontremos con muchas dificultades a la hora de aportar prueba respecto de la concurrencia de la causal invocada; aunque la norma exige que haya manifestaciones de trato y familiaridad constantes: fotos asistiendo a reuniones, acontecimientos sociales, eventos familiares y otros, de la autoridad judicial o sus familiares más cercanos (esposo (a) e hijos) con alguna de las partes o sus abogados. 

Se trata, entonces, de aportar elementos que acrediten que esa amistad o enemistad tengan un reflejo exterior razonable, que haga verosímil la alegación de posible parcialidad. No se exige que los eventos acreditados sean recientes, de ahí que podrían tener origen lejano en el tiempo. 

La amistad, debe ser “íntima”, así lo exige la norma. Esto es, esa amistad debe tener connotaciones de intimidad, que denote afecto personal y que penetre a la esfera de lo espiritual y reservada de la persona.  

Evidentemente, se requiere que la relación de amistad o de enemistad sea anterior al proceso, es decir que no sea producida por las relaciones generadas en el transcurso del proceso y/o por las resoluciones dictadas en el marco de la actuación jurisdiccional. 

Este es un tema que otrora fue bastante usado para apartar del conocimiento de una causa a una determinada autoridad judicial. Hoy, sólo es admisible o sólo puede ser invocada esta causal en material civil. 

 

Orlando Parada Vaca, PhD

Presidente de la Fundación “Iuris Tantum”

Visto 69 veces Modificado por última vez en Octubre 20 2017

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