Revista Boliviana de Derecho - La Fundación IURIS TANTUM desarrolla sus actividades en Santa Cruz de la Sierra
Escrito por Publicado en Tribuna Juridica Noviembre 03 2011

Orlando Parada Vaca*

En los procesos ordinarios es frecuente que, al trabar la relación procesal, los jueces fijen como uno de los puntos de hecho a probar: la procedencia de la acción y que, luego, en la sentencia declaren la Improcedencia de la acción pero, además, resuelvan sobre el fondo. Por las razones que se apuntan, consideramos que ese tipo de resolución tal vez no sea la más adecuada.

En cumplimiento de sus deberes y como director del proceso, el juez debe examinar el cumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales antes de tramitar una causa. El incumplimiento de presupuestos procesales da lugar a una resolución de improcedencia de la pretensión, mientras que la falta de cumplimiento de los requisitos procesales origina la inadmisión de la demanda. La pretensión está contenida en la demanda.


Escrito por Publicado en Tribuna Juridica Octubre 27 2011

Orlando Parada Vaca*

El derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social, étnica, racial o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los órganos jurisdiccionales para formular pretensiones o defenderse de ellas.

Los artículos 115-II, 178-I y 180-I de la Constitución Política del Estado (cpe) garantizan el derecho a la celeridad, publicidad y probidad en los juicios, norma de la que se desprende el mandato contenido en el artículo 1-5, 7, 11 y -12 de la Ley del Órgano Judicial (loj).

La finalidad de los institutos citados es brindar al ciudadano una justicia pronta y oportuna, pues la justicia tardía puede resultar más desventajosa que no tenerla. Para cumplir con este fin, el Estado debe remover todos los obstáculos que impidan o estorben el real y efectivo acceso a la justicia (artículo 120-I cpe).


Escrito por Publicado en Tribuna Juridica Octubre 18 2011

Orlando Parada Vaca*

Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, el Estado tiene el deber de facilitar ese acceso para hacer viable su disfrute. Poco valor tiene una declaración constitucional o normativa si no se cuenta con la estructura adecuada para responder a las exigencias sociales.

Si el acceso a la jurisdicción es, a la vez, derecho y garantía de naturaleza pública que se configura  frente al Estado, lo integran dos elementos: de un lado el derecho o garantía otorgada a favor del ciudadano, y del otro, el deber que se cumple a través de la potestad del Estado de ejercer la jurisdicción para declarar el derecho y hacer ejecutar lo juzgado.


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