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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0113/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

Expediente: 04450-2013-09-AAC

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 16 de 27 de mayo de 2013, cursante de fs. 123 a 125 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Gustavo Zeballos Ugalde en representación de la Octava División del Ejército de Bolivia contra Edwin Ramiro Cossio Villarroel, Gerente Administrativo del Círculo de Oficiales del Ejército (COE) filial Santa Cruz de la Sierra y Humberto Cortéz Uzeda.

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2013, cursante de fs. 31 a 36 vta., el representante de la entidad accionante señala que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Octava División del Ejército es propietaria de una parcela de terreno ubicada en Santa Cruz de la Sierra, registrada con el folio real 7.01.1.99.0048629, con una extensión de 39 766,94 m2, cuyo derecho propietario no se encuentra controvertido en ninguna instancia judicial o administrativa, no obstante de aquello el 11 de abril de 2013, mediante un informe detallado tuvieron conocimiento que Humberto Cortéz Uzeda, Gerente General de la Torre de Negocios “Alas”, estaría construyendo un edificio en el inmueble contiguo avasallando el terreno de propiedad de la Octava División del Ejército.

 

Indica que, mediante documentación cursada entre accionante a través de los demandados, con anterioridad al 11 de abril de 2013, se establece que éste último reconoce el derecho propietario de la entidad castrense; sin embargo, arbitrariamente procedió a construir ilegalmente en predios que no son de su propiedad, a través de una ilegal autorización de Edwin Ramiro Cossio Villarroel, destruyendo ornamentación natural, enmallado olímpico y postes que no son suyos, llegando a apropiarse de 37 m2 de terrenos del Circulo de Oficiales del Ejército de Santa Cruz.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El representante, alega la vulneración del derecho a la propiedad de la entidad accionante a la cual representa, citando al efecto los arts. 56.I y II y 339.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se disponga: La reparación material de los daños ocasionados.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 27 de mayo de 2013, conforme consta en acta de fs. 111 a 123, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

La parte accionante ratificó plenamente el contenido de su acción, aclarando los presupuestos fácticos y el petitorio, señalando las mismas normas supuestamente vulneradas.

 

En uso de la réplica. Germán Rómulo Cardona Álvarez en representación de la Octava División del Ejército manifestó que: a) El derecho propietario de dicha entidad sobre el inmueble en cuestión se encuentra consolidado por fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 177, que sin embargo por una omisión no fue efectuada la cancelación de la inscripción del proceso judicial que existía sobre el mismo, del cual se tiene posesión real hace más de cuarenta y un años; b) Los demandados tenían la obligación de verificar si suscribieron el contrato de arrendamiento con el titular del ente militar y no así trabar relación contractual con una persona incompetente a dicho efecto; y, c) Los argumentos de defensa en cuanto a actuados y fechas señalados por el demandado Humberto Cortéz Uzeda son falaces.

 

I.2.2. Informe de las personas demandadas

 

Edwin Ramiro Cossio Villarroel no presentó informe, tampoco asistió a la audiencia programada, pese a su legal notificación.

 

Mediante informe presentado en audiencia, el abogado del demandado Humberto Cortéz Uzeda expresó que: 1) Los predios ocupados por la Octava División del Ejército no son de propiedad de dicha entidad, sino más bien tal cual se acredita de la documentación que adjunta, la dueña del inmueble es Beatríz Vásquez Zambrano; 2) El inmueble de referencia se encuentra en controversia judicial con dos demandas; una de nulidad y otra de carácter ordinario; 3) Son los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes en los hechos han usurpado terrenos y no han respetado el espacio correspondiente a la vía municipal que debería existir entre manzanos, alterando las bardas otrora existentes; 4) Hay problemas de mensura y deslinde en lo fáctico, lo que implica que debió acudirse a la vía ordinaria idónea para la solución del diferendo; 5) La Octava División del Ejército les alquiló 50 m2 para el acopio de material y faenas de construcción, contrato que fue suscrito por Edwin Ramiro Cossio Villarroel, quien permitió el ingreso pacífico a parte del predio, invalidando en consecuencia el argumento de avasallamiento esgrimido por el accionante; y, 6) La acción de amparo constitucional debió estar dirigida contra la propietaria del inmueble en el cual se efectúan las construcciones cuestionadas y no contra los simples ejecutores de la construcción y contra sus propios funcionarios.

Con la dúplica, el abogado de la parte demandada señaló que: Demostraron el derecho propietario de Beatríz Vásquez Zambrano, quien no fue demandada, por lo cual no puede emitirse fallo en su ausencia.

 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

 

Fernando Zeballos Cortéz, Comandante General del Ejército de Bolivia, representado por Wilder Severiche Saravia y Germán Rómulo Cardona Alvarez, citó una serie de artículos de carácter constitucional y de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas del Estado expresando que: i) El terreno avasallado se encuentra registrado en Derechos Reales (DD.RR.) con folio real 7.01.1.99.0048629 a nombre del Comando de la Octava División del Ejército; y, ii) Mediante muestrario fotográfico se demostró la violencia utilizada por los demandados por lo cual no es aplicable el principio de subsidiariedad en el presente caso.

 

I.2.4. Resolución

 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 16 de 27 de mayo de 2013, cursante de fs. 123 a 125 vta., declaro “improcedente” la tutela en base a los siguientes fundamentos de orden legal: Los demandados no son los titulares de los terrenos ni de la construcción que se realiza en el bien objeto de litigio, por lo cual se declara improcedente la presente acción de amparo constitucional, por cuanto la misma es alcanzada por la ausencia de legitimación pasiva.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determino la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.El 18 de marzo de 2013, fue suscrito el contrato privado entre Edwin Cossio Villarroel, en su calidad de Gerente General del Círculo de Oficiales del Ejército, Filial Santa Cruz, y el codemandado Humberto Cortéz Uzeda en cuya cláusula tercera se dispone que: “A través del presente documento, por acuerdo de partes, el Gerente, de su libre y espontánea voluntad y por así convenir a sus intereses, otorga en calidad de alquiler 50 metros de área de la parte trasera de las instalaciones del COE filial Santa Cruz a favor del Arrendatario, por la suma libremente convenida de Bs. 700.- (Setecientos 00/100 Bolivianos), mensuales a partir del 18 de marzo de dos mil trece, canon mensual que deberá ser cancelado por adelantado, siendo motivo de rescisión del presente contrato el incumplimiento de cualquiera de los pagos” (sic) (fs. 99 a 100).

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El representante alega la vulneración del derecho a la propiedad de la entidad accionantes, por cuanto la Octava División del Ejército, es propietaria de un inmueble en Santa Cruz de la Sierra registrada en DD.RR. con el folio real 7.01.1.99.0048629, con una extensión de 39.766,94 m2, cuyo derecho propietario no se encuentra controvertido en ninguna instancia ni judicial ni administrativa, predio que el 11 de abril de 2013, fue avasallado por Humberto Cortéz Uzeda, Gerente General de la Torre de Negocios Alas, quien estaría construyendo edificaciones en terreno ajeno, a través de una ilegal autorización del codemandado Edwin Ramiro Cossio Villarroel, Gerente del “COE Filial Santa Cruz”, llegando a destruir la ornamentación natural, el enmallado olímpico y los postes de energía eléctrica, llegando a apropiarse de 37 m2 de superficie.

 

En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, ha señalado: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

 

Del contenido del texto constitucional de referencia puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, frente a los actos u omisiones ilegales provenientes de los servidores públicos o particulares.

 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz actos y omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio.

 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

 

Finalmente cabe señalar que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la Constitución que esta acción '(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'.

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela“.

III.2.       El amparo constitucional ante las medidas de hecho relacionadas con la ocupación de inmuebles por terceros

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su abundante jurisprudencia, ha determinado que no se puede apelar a medidas de hecho en ningún extremo y que no se podrá ejercer presión vulnerando derechos a través de actos contrarios al orden constitucional. La acción de amparo constitucional, se halla dirigida precisamente a impedir que las consecuencias perniciosas de las medidas de hecho sigan surtiendo efectos, procurando la restitución de los derechos conculcados. Además, que la simple utilización de medidas de hecho es vulneratoria de derechos, independientemente de la gravedad de los daños ocasionados. La acción de amparo constitucional al definir su naturaleza ha reconocido su propio carácter preventivo y no únicamente reparador.

 

III.2.1.   Jurisprudencia aplicable al caso concreto

La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, determinó: “Conforme entendió la SCP 0998/2012, el rol de la justicia constitucional, frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: 'a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical [de los particulares frente al Estado] como horizontal [de los particulares frente a otros particulares] derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho'.

 

En ese orden, la sentencia constitucional plurinacional citada (SCP 0998/2012), desarrolló jurisprudencialmente las siguientes sub reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, como la prescindencia o flexibilización del principio de subsidiariedad, las que sin embargo, a partir del principio de comprensión efectiva que manda el Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 3.8, en el desarrollo de la argumentación jurídica de las resoluciones constitucionales, se pasan a sistematizar de la siguiente forma:

(…)

c)             Carga de la prueba debe ser cumplida por el peticionante de tutela

c.1)         Regla general

La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4).

c.2)         Especificidades de la carga de la prueba en caso de avasallamientos cuando se denuncia afectación al derecho a la propiedad

Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, es decir, que constituya una limitación arbitraria a la propiedad, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c) referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, es decir, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4.1) ” (la negrillas y subrayado son nuestros).

III.3.       Análisis del caso concreto

El representante alega la vulneración del derecho a la propiedad de la entidad a la cual representa, por cuanto la Octava División del Ejército, es propietaria de un inmueble en Santa Cruz de la Sierra registrada en DD.RR. con el folio real 7.01.1.99.0048629, con una extensión de 39.766,94 m2, cuyo derecho propietario no se encuentra controvertido en ninguna instancia ni judicial ni administrativa, predio que el 11 de abril de 2013, fue avasallado por Humberto Cortéz Uzeda, Gerente General de la Torre de Negocios Alas, quien estaría construyendo edificaciones en terreno ajeno, a través de una ilegal autorización de Edwin Ramiro Cossio Villarroel, Gerente del COE Filial Santa Cruz, llegando a destruir la ornamentación natural, el enmallado olímpico y los postes de energía eléctrica, llegando a apropiarse de 37 m2 de superficie.

 

Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley, se concluye lo siguiente:

 

El 18 de marzo de 2013, fue suscrito el contrato privado de arrendamiento, respecto al inmueble objeto de la presente acción de amparo constitucional, entre Edwin Cossio Villarroel, en su calidad de Gerente General del Círculo de Oficiales del Ejército Filial Santa Cruz y Humberto Cortéz Uzeda, Gerente General de la Torre de Negocios Alas -codemandado-, en cuya cláusula tercera se dispone que se otorga en calidad de alquiler 50 m2 de la parte trasera de las instalaciones del Circulo de Oficiales del Ejército filial Santa Cruz a favor del arrendatario, por la suma libremente convenida de Bs700.- (setecientos 00/100 bolivianos), mensuales a partir de la citada fecha, hecho que demuestra que las supuestas medidas de hecho en realidad no existieron, por cuanto fue un Gerente de la propia entidad castrense quien autorizó la utilización de parte del predio de la Octava División del Ejército para el acopio de tierra y/o material de construcción, lo que significa que si las autoridades de la Octava División del Ejército no se encontraban de acuerdo con la forma de ejecución del referido contrato, podían acudir a la vía judicial que consideren pertinente en procura de la resolución o rescisión del contrato de 18 de marzo del citado año, y no activar la jurisdicción constitucional de manera directa, siendo inválido el argumento utilizado por el representante de la entidad accionante a que Edwin Ramiro Cossio Villarroel no era competente para arrendar el inmueble objeto de la presente acción de amparo constitucional.

En definitiva, se arriba a la firme convicción de que las vías de hecho denunciadas no concurrieron, y que además no confluyen las condiciones para tutelar el derecho propietario acusado infundadamente de lesionado.

De todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de garantías, al haber declarado “improcedente” la tutela, aunque con otro termino y fundamentos evaluó de manera completa los datos del proceso y las normas aplicables al mismo, en razón a que no se constata la lesión de los derechos invocados por la entidad accionante.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16 de 27 de mayo de 2013, cursante de fs. 123 a 125 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

 

 

 

 

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrada Relatora:Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de amparo constitucional

Expediente:04581-2013-10-AAC

Departamento:Santa Cruz

 

En revisión la Resolución 211/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 45 vta. a 47, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Cruz Mamani contra Mario Pérez Peña, Interventor de la Terminal de Buses Bimodal de Santa Cruz de la Sierra.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial de 21 de mayo de 2013, cursante de fs. 36 a 40, el accionante, manifiesta que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Mediante Resolución Administrativa (RA) 004/12 de 20 de enero de 2012, se acredita que fue reconocido como Secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Terminal Bimodal, y en esa condición junto a otros miembros, se encontraba tramitando un pliego petitorio para el 2012, que fue entregado al ahora demandado el 10 de abril del referido año, impetrando el cumplimiento de sus derechos como trabajadores.

 

El Interventor de la Terminal de Buses Bimodal, en respuesta al pliego petitorio emitió la nota INT-TBSC-0098/2012 de 13 de abril, por la que desconoce al Sindicato al que pertenece y concluye refiriendo que no recibirá ninguna nota más del mismo, violentando sus derechos de organizarse en sindicato, así también se tiene la nota INTER TBSC 300/2012 de 1 de octubre, que textualmente indica “para la administración de la Terminal Bimodal no existe ningún sindicato de trabajadores…” (sic).

 

Asimismo, pese a estar en trámite el pliego petitorio y desconociendo su calidad de miembro del Sindicato antes mencionado y su condición de persona con capacidades distintas acreditado por el respectivo oficio CODEPEDIS 583/08, el cual se entregó de manera oportuna, fue despedido por memorándum de agradecimiento con el argumento de que fue “…a la Terminal Bimodal, a presionar e instigar a los trabajadores del turno tarde a firmar libros con fines e intenciones oscuras…” (sic).

 

Ante esta situación acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, denunciando las arbitrariedades sufridas, instancia que dispuso mediante Conminatoria JDTSC/COM.87/2012 de 22 de noviembre, su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, habiendo sido notificado el demando con la conminatoria el 3 de diciembre de 2012; sin embargo, ésta no fue cumplida por el demandado.

 

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante, considera lesionados sus derechos al fuero sindical y su ejercicio a la libre sindicalización, al fuero sindical, al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 46, 48.I, 51.IV y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 2, 3 y 4 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

I.1.3.Petitorio

 

Solicita se le conceda la tutela, disponiéndose la inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, el pago de los salarios y sueldos devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago y sea con costas.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 23 de mayo de 2013, según consta en el acta cursante a fs. 42; sin embargo, fue suspendida por falta de notificación a las partes, fijándose una nueva audiencia para el 22 de agosto del referido año.

 

Instalada la nueva audiencia, conforme al acta cursante de fs. 44 a 45 vta., por Secretaría de Sala, se informó que sólo se encontraba presente en ese acto procesal el accionante asistido de su abogado y ausente la parte demandada, produciéndose seguidamente los siguientes actuados:

 

I.2.1.Ratificación de la acción

 

La parte accionante, a través de su abogado reiteró los términos de los fundamentos de la acción de amparo constitucional realizado en el memorial de interposición de la presente acción.

 

I.2.2. Informe de la persona demandada

 

El Interventor de la Terminal Bimodal de Santa Cruz, ahora demandado, no asistió a la audiencia programada y tampoco presentó informe alguno, pese a su legal citación conforme consta a fs. 43.

 

I.2.3. Resolución

 

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 211/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 45 vta. a 47, declaró “procedente” la tutela solicitada, disponiendo la inmediata reincorporación del accionante y ordenando el pago de sus derechos consolidados como son los sueldos devengados, manteniendo la antigüedad y demás derechos laborales, bajo los siguientes fundamentos: a) No es competencia de un Tribunal de garantías determinar la validez de un sindicato, ello corresponde a las instancias administrativas que viene a ser la Unidad de Asuntos Sindicales dependiente de la Jefatura Departamental de Trabajo; b) De acuerdo al art. 51.IV de la CPE, los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical y no se les podrá despedir hasta un año después de haber cesado en su cargo, ni se les someterá a persecución, privación de libertad por los actos realizados en ejercicio de su labor; c) La Resolución Ministerial (RM) 11988 de 31 de mayo de 1988, establece que los que están en labor sindical no pueden ser disminuidos en sus salarios y tampoco modificarse el puesto de su labor; d) Existe una Resolución de conminatoria de reincorporación por parte de la Dirección General del Trabajo de 22 de noviembre de 2012, con el que fue notificado el demandado, fecha desde la cual se debe computar la lesión efectiva de los derechos; y, e) Que de acuerdo a la documental adjunta se tiene que el 22 de marzo de 2013, hubiere concluido con su gestión como miembro del Directorio del Sindicato de la Terminal Bimodal, por lo que, su condición laboral no podía modificarse hasta el 22 de marzo de 2014.

 

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.Mediante RA 004/12 de 20 de enero de 2012, el Jefe Departamental de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reconoce al Directorio del Sindicato de Trabajadores de la Terminal Bimodal, quienes fueron elegidos por la gestión del 23 de marzo de 2011 al 22 de marzo de 2013 (fs. 10 a 11).

 

II.2.A fs. 13, cursa carné de discapacidad emitido por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) en favor de Javier Cruz Mamani -hoy accionante- el 3 de junio de 2013.

 

II.3.El 10 de abril de 2012, se recibió por parte de la Secretaría de Intervención de la Terminal Bimodal el pliego de condiciones de 5 del referido mes y año, realizado por el Sindicato de Trabajadores de la referida Terminal (fs. 16 a 18).

 

II.4.Por nota INT-TBSC-0098/2012 de 13 de abril, el Interventor de la Terminal Bimodal, Mario Perez Peña -ahora demandado- cursó nota a los trabajadores de la referida Terminal indicando que desconoce a su sindicato (fs. 19 a 21).

 

II.5.Consta memorándum MEMO-RR-HH-TBSC-02/2012 de 19 de octubre, por el que se agradece los servicios laborales del accionante, teniendo como fundamento tal determinación que por informe del Departamento de Recaudaciones INF-REC-TBSC-105/2012 de 17 de octubre, el 16 del mencionado mes y año, el accionante fue a instalaciones de la referida Terminal a presionar e instigar a los trabajadores a firmar libros con fines e intenciones oscuras (fs. 27).

 

II.6.La Jefatura Departamental de Trabajo, por nota JDTSC/CONM.87/2012 de 22 de noviembre, conminó al ahora demandado a reincorporar laboralmente a Javier Cruz Mamani, reponiendo los sueldos desde el momento de la suspensión manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponde por ley, documento con el que fue notificado el ahora demando el 3 de diciembre de 2012 (fs. 28 a 29).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera que se lesionó sus derechos al fuero sindical y su ejercicio a la libre sindicalización, el fuero sindical, al trabajo y a la estabilidad laboral, puesto que el Interventor de la Terminal Bimodal, hoy demandado, mediante memorándum MEMO-RR-HH-TBSC-02/2012 de 19 de octubre, prescindió de sus servicios, sin considerar que en su calidad de dirigentes sindical y persona con capacidades distintas, gozaba de estabilidad laboral.

 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.       Fuero sindical: concepto y finalidad

Previamente, resulta necesario definir que se ha de entender por fuero sindical, para lo cual Guillermo Cabanellas, establece que es “la garantía que se otorga a determinados trabajadores, motivada en su condición representativa sindical, para no ser despedidos, trasladados, ni modificadas sus condiciones de trabajo, sin justa causa”. Y el mismo autor, agrega que: “El fuero sindical representa la garantía que los Poderes Públicos otorgan a los trabajadores que, actuando en cargos directivos o representativos de sindicatos legalmente constituidos, necesitan, por razón del contrato de trabajo que los vincula a un empresario o patrono, una protección suficiente para el ejercicio de su actividad sindical”.

Por su parte Mario Pasco Cosmópolis, establece como definición de fuero sindical al “conjunto de privilegios, vale decir, las medidas legales de carácter especial destinadas a proteger a los dirigentes sindicales y a garantizarles libertad de acción en el ejercicio de sus funciones”, y finaliza señalando que: “es la protección contra la amenaza de despido, el traslado arbitrario u otras formas de persecución o discriminación a causa de su actividad gremial”.

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, aspira a que la aplicación del fuero sindical sea extensiva a todos los trabajadores sindicalizados y no únicamente a los dirigentes, aunque para estos últimos puede admitirse un grado superior de protección, debido a que se encuentran expuestos en mayor medida a ser perjudicados por el empleador.

Consecuentemente, se puede establecer que el fuero sindical es aquel conjunto de medidas destinadas a brindar protección a todos aquellos que conforman un sindicato contra cualquier acto que pueda constituir un perjuicio a su normal desarrollo en la actividad sindical y comprende la prevención, el control y la reparación de los actos antisindicales.

El art. 51 de la CPE, sobre el tema estable: “I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley; II. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo; III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad; IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices; V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable; VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical; VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses”.

En suma, el fuero sindical protege contra cualquier acto atentatorio a la libertad sindical, es una figura destinada a la protección de todo trabajador sindicalizado que ejerce representación o dirigencia y ésta es desde el momento que asume esa condición, durante su gestión y a la cesación de éste, impidiendo así que los empleadores tomen represalias por los actos propios que generaron la actividad sindical por mejores condiciones para sus compañeros de trabajo.

III.2.       Reiteración de la jurisprudencia constitucional relativa a la protección de la persona con capacidades diferentes

De acuerdo a la Organización de la Salud, la discapacidad “resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás” [inc. e) del Preámbulo de la Convención de las Personas con Discapacidad], de lo que se puede concluir, que la persona discapacitada es aquella que tiene dificultades para realizar ciertas actividades con su entorno, impidiendo de esta manera su desenvolvimiento pleno y es que no existe una igualdad de condiciones con el resto de la población, siendo este el motivo por el que al no poder gozar de manera efectiva este grupo vulnerable de sus derechos es que se necesita de una participación activa por parte del Estado mediante medidas que impliquen una discriminación positiva (art. 71.II y III de la CPE).

 

La Constitución Política del Estado reconoce en sus arts. 70 al 72, un marco para establecer la protección a los derechos fundamentales de este grupo vulnerable y que merece un trato especial y prioritario por parte del Estado, es así que el referido art. 70, establece que: “Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado; 2. A una educación y salud integral gratuita; (…) 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna...” (las negrillas nos corresponden).

 

De lo expuesto supra, el Tribunal Constitucional Plurinacional al respecto en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “Cada uno de estos derechos, tiene una especial y particular connotación en la vida y desarrollo integral de la persona con discapacidad. En primer término se identifica que es importante que el Estado a través de políticas gubernamentales, garantice a las personas con discapacidad de los medios necesarios para una vida digna, aplicando políticas para su rehabilitación, educación, subsistencia e inclusión a la sociedad, por cuanto el catálogo de derechos que se les reconoce, es para efectivizarles una vida digna, tomando en cuenta el “vivir bien” que en el preámbulo de la Constitución Política del Estado se enfatiza y que debe plasmarse en estrategias públicas para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas.

 

En ese entendido la Ley 223 de 2 marzo de 2012, hace un amplio desarrollo de los derechos de las personas con discapacidades o personas con capacidades diferentes, promoviendo ante todo su efectiva inclusión social y el respeto de su dignidad, empero que por disposición transitoria se dispone la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley 1678, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado, por ello y siendo aun aplicable la normativa que no es contraria a la indicada ley, se toma en cuenta el DS 29608, cuando menciona que se modifica el art. 5 del Decreto Supremo 27477, de la siguiente manera: “ARTÍCULO 5.- (INAMOVILIDAD).I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. II. La inamovilidad anteriormente dispuesta beneficiará a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, y sólo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho (18) años, situación que deberá ser debidamente acreditada, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad al Decreto Supremo 28521, precepto que si bien modifica algunos aspectos del DS 27477, no cambia en esencia su finalidad, que es el de garantizar la inamovilidad laboral de las personas que tengan discapacidad, y de aquellas que los tengan bajo su dependencia ya sean tutores o progenitores, salvo existan causales que sean contempladas por ley” (las negrillas son agregadas).

III.3.       Respecto al derecho al trabajo y la inmovilidad laboral de las personas con capacidades diferentes

Como bien se indicó en el anterior Fundamento Jurídico, al no estar en la posibilidad una persona con capacidades distintas de ejercer sus derechos de manera efectiva, la Constitución Política del Estado en su art. 71, ordena que el Estado asuma medidas de acción positiva para que este colectivo vulnerable pueda gozar de sus derechos específicos que tienen como objetivo contrarrestar la posición de desventaja en la que se encuentran.

 

Si bien es evidente que el art. 46.I.1, reconoce el derecho que tienen todas las personas a un trabajo digno de forma equitativa y sin discriminación; empero, es necesario recalcar que las personas con capacidades distintas por esa su condición no están en las mismas posibilidades de conseguir trabajo o que este se encuentre de acuerdo a sus capacidades o necesidades que le garantice una vida digna, por lo que el Estado a fin de garantizar la estabilidad del empleo que consiguieron (art. 46.II de la CPE) es que mediante el Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004 en su art. 3 inc. c), establece que este colectivo no puede ser retirado de sus fuentes laborales, salvo las causas establecidas por ley.

 

Concordante con las referidas disposiciones legales el art. 48 de la CPE, dispone que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, del mismo modo la estabilidad laboral se encuentra garantizada en el art. 49.III de la Norma Suprema, señalando que: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”.

 

Por su parte, el anterior Tribunal Constitucional, mediante la SC 0731/2011-R de 20 de mayo, desarrolló el derecho al trabajo y de la inamovilidad laboral del que gozan las personas con capacidades distintas o que tenga bajo su dependencia a una persona con capacidades diferentes, refiriendo lo siguiente: “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso.

 

Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un '…derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado'.

 

En ese sentido, la Sentencia aludida, señaló: '…el DS 27477 de 6 de mayo de 2004 en el art. 1 establece el 'OBJETO' de su promulgación al señalar: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral…'. 'A su vez el art. 3 inc. c) del mismo DS se refiere al 'Principio de estabilidad laboral' por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno…” (las negrillas nos pertenecen).

 

Bajo ese mismo entendimiento jurisprudencial, con relación al derecho de trabajo y la inamovilidad laboral de la persona con discapacidad y de aquella que tenga bajo su dependencia, sean sus progenitores o no, el entonces Tribunal Constitucional mediante la SC 0988/2006-R de 9 de octubre, refirió que: "…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente con discapacidad de ese trabajador o funcionario, garantiza su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada al derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales…”

III.4.       Análisis del caso concreto

El accionante alega que fue despedido por el Interventor de la Terminal Bimodal sin considerar dos situaciones: 1) Que al momento que le cursaron el memorándum de agradecimiento de servicios se encontraba gozando de fuero sindical; y, 2) Al ser una persona con capacidades distintas goza de inamovilidad laboral.

 

Por cuanto, de la documental cursante en el expediente se tiene que el accionante efectivamente por Resolución 004/12 de 20 de enero de 2012, fue reconocido por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como Secretario de Relaciones del Sindicato Terminal Bimodal y que fue despedido mediante memorándum MEMO-RR-HH-TBSC-02/2012 de 19 de octubre, con el fundamento de que fue a la mencionada Terminal a instigar a los trabajadores a firmar libros con intenciones oscuras, situación que generó como bien indica el accionante acuda ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, instancia que mediante conminatoria JDTSC/CONM.87/2012 de 22 de noviembre, ordenó al ahora demando a reincorporar al accionante, reponiendo la cancelación de sus sueldos desde el momento de la suspensión, manteniendo su antigüedad y demás derechos.

 

Si bien, en la presente acción el demandado no presentó informe alguno y tampoco asistió a la audiencia programada para el efecto; empero, de la base de datos de este Tribunal, se tiene que otros miembros del Sindicato de la Terminal Bimodal, presentaron con anterioridad una acción de amparo constitucional (Expediente 03179-2013-07-AAC) en la que efectivamente el hoy demandado presentó informe, pero lo más resaltante y aplicable al presente caso también concierne al hecho que se encuentra en la Conclusión II.8, referente a la RA 166/12 de 27 de diciembre de 2012, por el que la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, resolvió reconocer a un nuevo Directorio del Sindicato de Trabajadores de la Terminal Bimodal, al haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la Resolución Ministerial (RM) 443/04, en el cual los ahora accionantes, ya no son miembros integrantes, y en consecuencia se indica se deja sin efecto legal la RA 004/12 de 20 de enero de 2012.

 

Por cuanto, si bien la Resolución Administrativa, pudiere ser un motivo para que el demandado asuma la decisión de desconocer su calidad y posteriormente agradecer los servicios del accionante; sin embargo, como bien se indicó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el fuero sindical del que goza Javier Cruz Mamani dura hasta el año de haber concluido su labor sindical, en ese sentido la Constitución Política del Estado establece en su art. 51.VI, que señala: “Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical”, por otro lado también se tiene que de acuerdo a la legislación vigente, cuando un trabajador se considere injustamente despedido o la determinación asumida por el empleador es contrario a los derechos laborales reconocidos en las distintas disposiciones legales, acudirá a las Jefaturas Departamentales de Trabajo para que se determine la legalidad o ilegalidad del despido, y si fuere que la determinación es ilegal y contraria a los derechos reconocidos para los trabajadores, dispondrá la reincorporación inmediata de éste (artículo único del Decreto Supremo [DS] 0495, cuyo parágrafo I modifica el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006), además que la conminatoria es de cumplimiento obligatorio a partir de su notificación, en ese sentido el parágrafo II del DS 0495 que incluye el parágrafo IV al art. 10 del DS 28699, es así que al haberse notificado al demando con la conminatoria JDTSC/CONM.87/2012 el 3 de diciembre, éste se encontraba en la obligación de cumplirla de manera independiente a que pudiera hacer uso de algún medio de impugnación en la vía ordinaria.

 

Ahora bien, si bien se indicó que existe la RA 166/12 de 27 de diciembre de 2012, por el que la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, resolvió reconocer a un nuevo Directorio del Sindicato, se entiende de acuerdo al art. 51.VI de la CPE, señalado supra que el accionante gozaba de inamovilidad laboral hasta el año de acabar su gestión como miembro del Directorio; vale decir, hasta el 27 de diciembre de 2013, por lo que al ser la causal una supuesta actividad sindical la que generó el despido, esta determinación no podía darse como bien se indica hasta el año de haber concluido su gestión.

 

Asimismo, se tiene que el demandado desconoció su protección reforzada del que goza el accionante por su condición de persona con capacidades distintas, ello de conformidad al art. 5.I del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, que señala: “Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley” (las negrillas son nuestras), por lo que, al utilizar el demandado un fundamento sin ningún sustento legal en el cual apoyar la determinación, ignorando la condición de persona con capacidades distintas que fue puesto en conocimiento del empleador por nota con cargo de recepción de 7 de noviembre de 2008, el Interventor de la Terminal Bimodal continuó lesionando derechos que protegen al accionante.

 

Por último, resulta necesario referirse al memorial presentado por el demandado ante este Tribunal el 2 de octubre de 2013, por el que denuncia que existe una lesión al debido proceso, ya que no fue notificado de manera correcta generando su inasistencia a la audiencia de la presente acción de amparo constitucional, alegando que el 21 de agosto del señalado año, un funcionario del Tribunal Departamental de Justicia, fue simplemente a dejar actuados sin sentar notificación alguna; empero, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad, sino que lo determinado por la autoridad judicial sea conocida de manera efectiva por el o los destinatarios y si se cumple con esta finalidad no se puede alegar que se hubiere causado indefensión, en este sentido la SC 1821/2010-R de 25 de octubre, que establece: “...Entendida como el medio a través del cual se hace conocer al sujeto procesal las resoluciones o determinaciones judiciales o administrativas para que pueda ejercer un derecho o hacer uso de los medios de impugnación, la SC 1193/2010-R de 6 de septiembre, señaló que: 'Con la finalidad de establecer la eficacia de la notificación, es importante referirse inicialmente a su significado; para Guillermo Cabanellas: Es el acto de dar a conocer al interesado la resolución recaída en un trámite o en un asunto judicial (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, 24ª, Ed. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1996.574 p, Tomo V "J-O"); (…) Enrique Véscovi, indica que: «…es (…) un acto de comunicación. Ese es su fin: el de transmisión"»(VÉSCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso.2da.Ed. actualizada, Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S.A., 199. 243p.); es decir, cumple la función de comunicar o transmitir una determinada resolución o acto a su destinatario. El mismo autor citado, afirma que la naturaleza de este acto procesal, es de carácter autónomo; por ser distinto a otro acto, además que cualquier imperfección o nulidad no afecta a su contenido; y es formal, al estar sujeto a determinadas formalidades establecidas por las leyes o códigos procesales.

 

En conclusión, la notificación es el acto de comunicación más importante (del proceso) que permite el ejercicio del derecho a la defensa y hace efectivo el principio de contradicción, que prohíbe a las autoridades judiciales o administrativas, emitir una resolución sin que previamente las partes hubieran tenido oportunidad de ser oídas, consagrando la inviolabilidad de la defensa en juicio y de los derechos; pues, al encontrarse ambas partes en igualdad de condiciones, deben tener conocimiento de todas las resoluciones o actos procesales que dicte el órgano jurisdiccional o administrativo al que se hallen sometidas.

 

(…)

 

Resulta entonces que, existe vulneración al debido proceso en su elemento defensa, cuando la parte cuyo derecho pudiera ser lesionado con un acto procesal de naturaleza judicial o administrativa, no tomó conocimiento por ningún medio del acto lesivo y no tuvo la oportunidad de impugnarlo. En el supuesto, que la parte, cuyo derecho pudiera ser lesionado tomó conocimiento del acto procesal lesivo, de forma defectuosa, pero aún así se apersonó al proceso judicial o administrativo y asumió defensa, se infiere que no se vulneró el debido proceso en su elemento defensa, pues no se encontraría en estado de indefensión" (las negrillas nos corresponden), y en el presente caso, como bien afirma en su memorial cursante de fs. 68 a 70, el mismo día que recibió las copias de los actuados (21 de agosto de 2013), mediante su abogado alegó que no podía acudir a la audiencia de manera momentánea, por lo que se establece que tuvo un conocimiento del contenido de la demanda de acción de amparo constitucional como lo determinado por el Tribunal de garantías, no siendo evidente consecuentemente lo expresado en su memorial antes referido.

En consecuencia el Tribunal de garantías al declarar “procedente” la acción tutelar, aunque con terminología equivocada, ha actuado de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 211/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 45 vta. a 47, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías y con costas.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de libertad

Expediente: 04293-2013-09-AL

Departamento: Beni

 

En revisión la Resolución 006/2013 de 17 de julio, cursante de fs. 62 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Guido Gustavo Melgar Ballerstaedt en representación sin mandato de Fernando Vargas Mosua, Adolfo Chávez Beyuma y Pedro NuniCayty contra Jesús Martínez Subirana, Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Beni y Carlos PelaesMariobo, Olga Julio Córdova y Carlos Aponte Balcázar, Fiscales de Materia.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 16 de julio de 2013, cursante de fs. 12 a 14, el representante de los accionantes señala que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Dentro de la denuncia por la presunta comisión de tentativa de homicidio y otros, los accionantes fueron citados por el Ministerio Público el 10 de julio de 2013, en horas de la tarde, a fin de que presten su declaración informativa; pero en la mañana de la referida fecha aproximadamente a las 10:30 horas, los imputados presentaron memorial interponiendo excepción de incompetencia ante el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, cuestionando que el hecho denunciado correspondía a la jurisdicción indígena originaria campesina; en el otrosí primero solicitaron la suspensión de las declaraciones, siendo que, se cuestiona la competencia de la jurisdicción ordinaria.

 

En la misma fecha, presentaron memorial al fiscal de materia, solicitando se suspendan las declaraciones al haberse interpuesto la excepción de incompetencia, pero llegada la hora de la primera declaración, el abogado acompaño al coaccionante Adolfo Chávez Beyumaa la Fiscalía, entrevistándose con el Fiscal Carlos Aponte Balcázar quien manifestó que el memorial era de su conocimiento y que se señalará nueva fecha.

 

Indican que en horas de la tarde, el abogado ahora representante de los accionantes, se entrevistó con el Fiscal de Materia, Carlos PelaesMariobo a efectos de conocer si el memorial presentado fue o no providenciado, constatando en todo caso que no existía ningún decreto de respuesta; luego por la televisión de acuerdo por las declaraciones del abogado denunciante, tomaron conocimiento de la emisión de los mandamientos de aprehensión.

 

Por la ilegalidad, referida supra, Código de Procedimiento Penal, se dirigieron ante el Juez cautelar, solicitando se dejen en suspenso los mandamientos, mereciendo respuesta de que acudan a la autoridad llamada por ley, lo que motivo que el 11 de julio de 2013, en base al art. 168 del CPP, soliciten al mismo Juez corrija su error y deje sin efecto los mandamientos de aprehensión emitidos por el Ministerio Público; petitorio que mereció el decreto de 12 de julio del mismo año, por el cual, el Juez codemandado indica que su competencia se encuentra suspendida hasta que se resuelva la excepción y que las investigaciones preliminares del Ministerio Publico no están sujetas a suspensión.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El representante de los accionantes no expresa ningún derecho supuestamente vulnerado.

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicitan dejar en suspenso los mandamientos de aprehensión.

 

I.2. Audiencia

 

Efectuada la audiencia pública el 17 de julio de 2013, cursante de fs. 54 a 61 vta., se produjeron los siguientes hechos:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

La parte accionante, ratificó íntegramente el contenido de su demanda.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandas

 

Jesús Martínez Subirana, Juez codemandado, no presenta informe; y, Carlos Aponte Balcázar Fiscal, en audiencia pública, informo que, se cito a los imputados personalmente para que presten su declaración respectiva, advirtiéndoles conforme a la normativa las consecuencias en caso de desobediencia; pero no se hicieron presentes, argumentando que presentaron una excepción de incompetencia, razón por la cual, emitió los mandamientos de aprehensión a efectos de que sean conducidos ante el Ministerio Publico a prestar la referida declaración; no se constata ninguna ilegalidad y vulneración a derechos.

 

La autoridad codemandada, Olga Lidia Julio Córdova, señalo que no firmo ningún mandamiento de aprehensión, pero por el principio de unidad se encuentra presente en la audiencia.

 

Por su parte, Carlos Peláez Mariabo, se ratificó en los fundamentos de sus colegas.

 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

 

La parte querellante, manifestó que dentro del proceso penal seguido contra los ahora accionantes, existen varias víctimas a las cuales se les ha vulnerado sus derechos, y la excepción planteada no puede suspender la investigación por lo que solicitan la “improcedencia” de la presente acción.

 

I.2.4. Resolución

 

La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 006/2013 de 17 de julio, cursante de fs. 62 a 65 vta., , denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes argumentos: a) El trámite de las excepciones por mandato del art. 314 del CPP, no suspende la investigación, menos la competencia del Juez; b) En el memorial que los imputados solicitan se deje sin efecto los mandamientos de aprehensión, no se constata que hayan denunciado vulneración a derechos fundamentales como tampoco existe ninguna impugnación sobre la decisión del Juez cautelar; y, c) Ante el incumplimiento de los accionantes a la cita realizada por el Ministerio Público a efectos de que presten su declaración informativa, las autoridades codemandadas actuaron de conformidad al art. 224 del CPP; no puede dejarse sin efecto las resoluciones emitidas por los fiscales, por el simple hecho de haber planteado una excepción de incompetencia.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

Habiéndose procedido al sorteo de la causa el 6 de noviembre de 2013, y en consideración que los datos contenidos en el expediente no eran suficientes para sustentar el fallo, por decreto de 2 de diciembre de 2013, se solicitó la remisión de documentación, así como la suspensión del plazo para dictar resolución; recibida la documentación requerida, por decreto de 20 del mes indicado y año, se dispuso el reinicio del cómputo, y de conformidad al Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, en el Resuelve Primero, dispone el receso de actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional del 23 al 31 de diciembre de 2013, con suspensión de plazos procesales a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.

 

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.Dentro del proceso penal seguido contra los accionantes por la presunta comisión de tentativa de homicidio y “otros”, estos presentaron el 10 de julio de 2013, excepción de incompetencia señalando que los hechos denunciados corresponden a la jurisdicción indígena, originario, campesino, por lo que solicitan al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal decline competencia; en el otrosí 1°, solicitan dejar en suspenso el acto señalado para a declaración informativa, al estar cuestionado la competencia en razón de la materia de la jurisdicción ordinaria (fs. 2 a 5 vta. ); por decreto de 11 de julio de 2013, la autoridad jurisdiccional, en cumplimiento del art. 314 del CPP correó traslado a las partes; respecto al Otrosí primero, indico: “Acuda a la autoridad llamada por Ley”(sic) (fs. 6).

 

II.2.Por memorial presentado el 10 de julio de 2013, dirigido a Carlos Aponte Balcázar, Fiscal de Materia, los accionantes solicitaron la suspensión de sus declaraciones hasta que el Juez cautelar resuelva la excepción de incompetencia (fs. 7).

 

II.3.Mediante memorial dirigido al Juez codemandado, los accionantes, solicitaron la suspensión de sus declaraciones como la ejecución de los mandamiento de aprehensión; por decreto de 11 de julio de 2013, la autoridad jurisdiccional, señalo que de conformidad al art. 279 del CPP, “…el suscrito no realiza actos investigativos debiendo acudir a la autoridad llamada por Ley” (sic) (8 y vta.,).

 

II.4.Por memorial de 11 de julio de 2013, dirigido al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, los accionantes, solicitaron -vía corrección- se dejen en suspenso la ejecución de los mandamientos de aprehensión, hasta se resuelva la excepción de incompetencia; por Auto de 12 de julio de 2013, la autoridad jurisdiccional, señalo que: “…si bien los actos realizados por el juez del control jurisdiccional se suspenden hasta que se resuelva la excepción de incompetencia así mismo se le hace conocer que las investigaciones preliminares realizadas por el MM.PP. no están sujetas a estar suspendidas, siendo que el suscrito no realiza acto investigativos…debiendo los impetrantes acudir ante la autoridad llamada por ley”(sic) (fs. 9 y vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

El representante de los accionantes, señala que, el Fiscal de Materia demandado emitió mandamientos de aprehensión pese de haber justificado la causa de su incomparecencia a la declaración informativa programada, por lo que acudieron al Juez cautelar codemandado, denunciando dichos extremos y solicitando suspenda los mandamientos de aprehensión hasta que se resuelva la excepción de incompetencia interpuesta, mereciendo la respuesta de que acudan a la autoridad llamada por ley y que por la referida excepción su competencia se hubiese suspendido.

 

Corresponde analizar, si en el presente caso, se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad y su naturaleza jurídica

Según señaló la SCP 0003/2012 de 13 de mayo, entre otras, la acción de libertad, “…es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad.

 

Está consagrada por el art. art. 125 de la CPE, cuando dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

 

(…)

 

Teniendo presente la importancia de los derechos primarios protegidos como son la vida y la libertad física, de manera general no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; al contrario, se activa sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias, es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular y tampoco reconoce fueros ni privilegios, correspondiendo conocer y resolver dicha acción constitucional, al Juez en materia penal debido al principio de especialidad reconocido en la Ley Fundamental.

 

De manera excepcional opera el principio de subsidiariedad ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico tanto en la vía constitucional como en la ordinaria” (las negrillas son nuestras).

 

III.2.       Competencia de los fiscales de materia para emitir mandamientos de aprehensión según lo previsto por el art. 224 del CPP, y el deber de comparecer del imputado

El Código de Procedimiento Penal, regula las situaciones excepcionales en las que, el Estado a través de sus órganos represivos, está autorizado a perseguir legítima y legalmente a una persona, siempre y cuando ésta se encuentre denunciada de la comisión de un delito o hubiere sido descubierto en flagrancia, sin embargo de ello, necesariamente debe cumplir las condiciones de validez previstas por la Constitución y las leyes para el efecto.

 

En ese orden, se establecen los casos en los cuales, los directores funcionales de una investigación, pueden ordenar aprehensiones; limitándolos únicamente a dos posibilidades. Por una parte, la establecida por el art. 224 del CPP, el cual dispone que, si el imputado citado no se presentara en el término programado, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprehensión.

 

En definitiva, la finalidad de la citación es poner en conocimiento del interesado, sobre el inicio de una investigación ya sea de oficio, por denuncia o querella; no constituye una medida cautelar, sino que es simplemente una forma de comunicación procesal que asegura la comparecencia del procesado ante el órgano encargado de la investigación a efectos que preste su declaración informativa; el incumplimiento injustificado a dicha citación, da lugar a la aprehensión, la cual, puede o no, derivar en la aplicación de una medida cautelar.

 

Respecto a esta forma de aprehensión, la SC 1480/2004-R de 1 de septiembre, reiterada por la SC 0027/2005-R de 7 de enero, señaló lo que el sistema procesal penal vigente, concretamente: “…El art. 97 del CPP, exige que en la etapa preparatoria el denunciado prestará declaración ante el Fiscal, previa citación formal, disposición legal que es de inexcusable cumplimiento, en cuya virtud, el Fiscal, como director de la investigación, debe disponer la citación personal del imputado a objeto de asegurar que éste tome conocimiento de la denuncia que pesa en su contra, a fin de garantizar su derecho a la defensa y sólo en caso de que el citado no se presentare en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, el Fiscal podrá librar mandamiento de aprehensión, de acuerdo a los dispuesto por el art. 224 del CPP, caso contrario, la aprehensión ordenada resulta ilegal.

 

En cuanto a la procedencia de una orden de aprehensión por falta de concurrencia a la citación de comparendo, (…) la SC 0112/2003-R de 27 de enero que:

 

(…) la Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 62, prevé las formas en que se deben realizar las notificaciones o citaciones dentro de la etapa preparatoria

 

“…la citada disposición guarda plena concordancia con la norma prevista por el art. 224 CPP, pues ésta prevé que si el imputado no se presentare luego de ser citado legalmente, la autoridad competente podrá expedir mandamiento de aprehensión en su contra, esto implica, que la citación debe practicarse dentro del marco de las previsiones legales, esto es, que se deben realizar guardando todas las formas y asegurando la efectividad de la misma, pues para expedir el mandamiento no basta la simple representación de una citación, sino que aquel debe ser ordenado cuando existe certeza de que la citación surtió sus efectos de comunicación, así ya se ha entendido por la jurisprudencia constitucional sentada a partir de la SC 0739/2001-R de 19 de julio (...)".

 

En el mismo sentido se han pronunciado las SSCC 0884/2004-R, 0993/2004-R, 1043/2004-R y 1332/2004, entre otras.

 

En este sentido, si bien el Fiscal de Materia tiene la facultad de emitir el mandamiento de aprehensión cuando el imputado no comparece -en este caso- a prestar su declaración informativa, en consonancia con ello, el imputado también tiene deberes procesales que inexcusablemente a lo largo de la investigación debe cumplir, el no hacerlo implica la activación de medios procesales coercitivos que ayudan a efectivizar la comparecencia del imputado con el objetivo de realizar un acto fundamental de defensa como se constituye la declaración informativa; así la SCP 0317/2012 de 18 de junio, señalo que: “Bajo el espíritu que contiene la referida Ley, se tiene que la declaración del imputado y su propio interrogatorio, ha dejado de ser un instrumento “privilegiado” de obtención de elementos de prueba, en todo caso, se constituye en un verdadero medio de defensa…”.

 

Consiguientemente, el legislador le ha otorgado la facultad -en este caso- a los representantes del Ministerio Público, a librar el correspondiente mandamiento de aprehensión cuando el imputado no se presente a una citación en el término programado para el efecto o en su caso, no justifique un impedimento legítimo; en este sentido, es imperio exclusivo de los fiscales de materia determinar si considera válido y suficiente el justificativo presentado por el imputado respecto a su incomparecencia, claro está, dicha decisión debe obedecer a un análisis objetivo enmarcado en el principio de razonabilidad el cual debe primar en un Estado Constitucional de Derecho; así la SCP 0683/2013 de 3 de junio, señalo que: “…la garantía antes citada, a su vez, se configura como un principio esencial a partir del cual, es exigible en el Estado Plurinacional de Bolivia “la razonabilidad de toda decisión que emane del ejercicio del poder”, aspecto que en strictu sensu y a la luz del vivir bien, resguarda los valores de igualdad y justicia entre otros, asegurándose de esta manera la vigencia de una real democracia constitucional.

De acuerdo a lo mencionado, el canon antes referido, debe ser aplicable a decisiones legislativas, administrativas o judiciales, por lo que la ley, el acto administrativo y la sentencia, para ser válidos a la luz del proceso de aplicación creadora del derecho, requieren en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, la observancia de dos requisitos esenciales de validez constitucional: i) El cumplimiento de presupuestos normativo-formales; y, ii) El cumplimiento de presupuestos axiológico jurídicos de justicia, aspecto íntimamente vinculado al principio de razonabilidad y al principio de prohibición de ejercicio arbitrario de poder.

Así, el tratadista argentino Linares[3], indicó que un acto puede tener fundamento de existencia si se dictó y está vigente; fundamento de esencia si se apoya en normas jurídicas y fundamento de razonabilidad si es justo, contexto en el cual, debe señalarse que la razonabilidad, en el Estado Constitucional de Derecho, implica una redefinición de la estructura lógica de todo tipo de decisión, ya no sólo desde su estructura formal, sino esencialmente desde su sustento material, el cual debe estar irradiado del contenido del bloque de constitucionalidad imperante y en particular de los valores plurales y principios supremos rectores del orden constitucional como ser la justicia e igualdad entre otros, aspecto que consagra el principio de prohibición de ejercicio arbitrario del poder” (negrillas nuestras).

III.3.       El control jurisdiccional durante todas las fases que forman la etapa preparatoria

El art. 54 inc. 1) del CPP, establece que el juez de instrucción es competente para: “El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos; concordante con lo anotado el art. 279 de la misma norma, determina: “La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional…”; por su parte el art. 289 igualmente del adjetivo penal, refiere: “El Fiscal, al recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, dirigirá la investigación conforme a las normas de este Código, requiriendo el auxilio de la policía y del Instituto de Investigaciones Forenses. En todos los casos informará al juez de instrucción el inicio de las investigaciones dentro de las veinticuatro horas”; finalmente, el art. 74.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que los jueces de instrucción en lo penal tienen competencia para: “El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en la ley”.

De la sistematización legislativa que antecede, se deduce claramente un deber impuesto por mandato legal a la autoridad jurisdiccional del juez instructor en lo penal en su rol cautelar de derechos y garantías constitucionales, de cuidar que las fases de la etapa preparatoria se desarrolle de acuerdo a lo determinado en la normativa procedimental penal, ejerciendo un verdadero control sobre las actuaciones tanto de la Policía como de los representantes del Ministerio Público, debiendo en su caso reencauzar y restablecer en el marco de los principios que rigen en el sistema penal, los actos por parte de las referidas autoridades cuando impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en la propia ley especial.

En coherencia con lo manifestado, se tiene que, dentro de las facultades conferidas a los miembros de la policía como a los fiscales, en su labor investigativa y de persecución del delito, se encuentra entre otras figuras, la aprehensión, acto procesal que está bajo control jurisdiccional del juez cautelar, quien analizando el accionar de estas autoridades, calificará si el mandamiento o la aprehensión es legal o ilegal; razón por la cual, por la importancia teleológica del ejercicio del Juez cautelar en el control jurisdiccional tanto de las actuaciones de la Policía y del Ministerio Público, la misma debe ser permanente, continua y eficaz, más aún si el legislador exclusivamente le ha otorgado ésta facultad, por eso mismo, la actuación del Juez de instrucción en lo penal en nuestro ordenamiento jurídico, debe partir de la Constitución, atendiendo a las características del nuevo modelo de Estado garantista, por eso mismo, la función de ésta autoridad debe obedecer al nuevo ambiente constitucional ya que la Constitución asume y promueve como principios de carácter ético morales de la sociedad plural, el 'ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)'; principios constitucionalizados que toda persona natural o jurídica debe ejercitar y aplicar, por eso mismo la esencia del ama qhilla como principio ético moral, debe reflejar una actitud y conducta eficiente y eficaz inspirada en el neoconstitucionalismo y la eficacia de los derechos fundamentales, con mayor razón, en el proceso penal donde la libertad puede ser limitada y restringida según cada caso concreto (las negrillas son nuestras).

Así, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, señalo que el razonamiento y actuación de los jueces, debe partir de la Constitución: “'Del art. 1 de la CPE, resulta que el Estado Unitario asumido, no puede concebirse sin lo social, sin lo plurinacional, comunitario e intercultural ni la característica de Estado Constitucional de Derecho. Lo anterior supone, entonces, que las formas clásicas para designar al Estado como 'Estado de Derecho', 'Estado Social y Democrático de Derecho', resultan insuficientes para caracterizar al nuevo modelo y clasificarlo, pues se nutre de diferentes principios y valores que vienen de la tradición del constitucionalismo liberal (Estado de Derecho), del constitucionalismo social (Estado Social y Democrático de Derecho) y del Estado Constitucional de Derecho (neoconstitucionalismo), pero además, con una particularidad esencial que distingue y que marca el horizonte de este nuevo Estado: el carácter plurinacional e intercultural (Estado plurinacional e intercultural) que se asienta en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas'”.

En efecto, la verificación de las teorías y conceptos del neoconstitucionalismo, el Estado Constitucional o el constitucionalismo «fuerte», en su concepción como una nueva teoría general del derecho, hace que sea posible afirmar que la Constitución, lleva implícito en todo su texto «la característica de Estado Constitucional», pero además, «Plurinacional e intercultural» traspasado por la «Unidad de Estado o Estado Unitario».

De ahí que la Constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional.

La transformación de este constitucionalismo, hasta tomar la forma de plurinacional e intercultural en este nuevo paradigma de Estado, si bien está en la Constitución, empero deberá construirse, con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.

Una mirada a la transformación del constitucionalismo boliviano en su historia, esto es, los hitos y características de los modelos de Estado de Derecho imperantes en cada periodo, demuestran la transfiguración del «constitucionalismo monocultural» al “constitucionalismo plurinacional e intercultural”, este último, traspasado por la “Unidad del Estado y de la Constitución”.

El constitucionalismo en Bolivia nace como monocultural, caracterizado por el monoculturalismo y el monismo jurídico, puesto que parte de la “idea del Estado-nación”, “bajo la identificación del Estado con una sola nación y cultura, no obstante la realidad plural”. Para ello, baste mirar la estructura o sistemática interna de cada Constitución que se inscribe a este ciclo, donde se advierte que en su diseño únicamente se tomó como parámetros los valores culturales de un solo grupo, en una evidente primacía de una cultura (la occidental) sobre las demás (de los pueblos indígenas, originario, campesinos) con relación negativa entre grupos culturales.

En ese orden, siguiendo a Raquel Irigoyen Fajardo y su clasificación de los horizontes del constitucionalismo en Latinoamérica, es posible afirmar que la Constitución de 2009, se inscribe en el tercer horizonte de constitucionalismo pluralista que inicia desde finales del siglo XX a la fecha, en su tercer ciclo de constitucionalismo plurinacional, que se da en el contexto de la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobado el 13 de septiembre de 2007.

En efecto, el carácter Plurinacional implica el quiebre de los fundamentos del Estado-nación basado en el monoculturalismo y el monismo jurídico, pues no sólo reconoce a los pueblos indígenas como culturas diferentes -en el marco de una noción multicultural- sino como 'naciones', entendiendo a éstas no únicamente como comunidades históricas con un territorio natal determinado que comparte lengua y cultura diferenciada, sino como pueblos con capacidad política para definir sus destinos (libre determinación) aunque en el marco de la unidad del Estado, de acuerdo a lo previsto por el art. 2 de la CPE.

En ese etendido, como anota el profesor Alberto del Real Alcalá, la Constitución boliviana quiebra el modelo de Estado propio del “liberalismo homogeneizador decimonónico” y, por consiguiente, quiebra la nación jacobina, abstracta, uninacional, centralista y unicultural que ha sido altamente ineficaz desde todos los puntos de vista a la hora de gestionar una sociedad plural como la de Bolivia y que en la práctica ha fulminado e invisibilizado cualquier diferencia étnica, cultural o nacional e instaura en su lugar, un «Estado Constitucional de Derecho de carácter Plurinacional».

Es, entonces, el carácter plurinacional, el cambio más trascendente en el modelo de Estado asumido en Bolivia y se constituye, en el “hecho fundante básico” del Estado y de la Constitución boliviana, como corolario del reconocimiento -de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas- de la igual dignidad de los pueblos y personas indígenas (art. 9.2, 14.II y II de la CPE) y, fundamentalmente, del derecho a la libre determinación en el marco de la unidad del Estado (art. 2 de la CPE)”( las negrillas nos pertenecen).

Bajo lo dicho, debe considerarse que la Constitución Política del Estado tiene una incuestionable fuerza normativa; pues es una norma jurídica auténtica, susceptible de invocación en la sustanciación de cualquier proceso o causa, de manera que los jueces y tribunales están compelidos a resolver los litigios a la luz de la Norma Suprema del Estado, entendimiento que supone la materialización del principio de eficacia y aplicación directa del texto constitucional.

Partiendo de la premisa anterior, la eficacia de los derechos fundamentales no se encuentra a merced de su desarrollo legislativo, sino que son directamente aplicables, lo cual significa: “…(1) que puede reivindicarse su tutela en cualquier actuación procesal con el solo fundamento de la norma constitucional, (2) que su falta de desarrollo legislativo no es obstáculo para su aplicación y (3) que debe interpretárselos a favor de su ejercicio”[1] (SCP 1617/2013 de 4 de octubre).

En consecuencia y bajo este horizonte, la actividad de los jueces de instrucción se centra y desarrolla en la etapa preparatoria y su función tiene igual o más importancia que la del Fiscal, porque se convierte precisamente en ese control y garantía constitucional que el sistema penal incorpora para garantizar el sistema de controles y de pesos y contrapesos y evitar cualquier abuso o atropello que puedan incurrir tanto el Ministerio Publico como la misma Policía; o sea, siendo la investigación la actividad principal de la etapa preparatoria, la misma debe estar sujeta a ciertos límites y parámetros de control, para evitar que en dicha etapa no se violen ni vulneren garantías constitucionales, pues el juez actúa como un tercero imparcial sin facultades investigativas y su actuación debe obedecer estrictamente a la aplicación directa de la Constitución.

En definitiva el Código de Procedimiento Penal, posibilita que tanto la investigación de delitos como la imposición de la sanción correspondiente se cumplan en estricto marco de las garantías previstas en la Constitución y en los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos porque son estos instrumentos legales los que sientan las bases que ineludiblemente debe cumplir el Estado Plurinacional en la lucha contra la delincuencia.

III.4.       La excepción de incompetencia no interrumpe la investigación ni suspende la competencia del juez para el control jurisdiccional de la investigación

La SCP 1876/2013 de 29 de octubre, respecto a la imposibilidad de que se interrumpa la investigación y se suspenda la competencia del Juez cautelar por causa de la interposición de la excepción de incompetencia, señalo que:

“En este contexto, se concluye que la etapa preparatoria no puede ser suspendida por la interposición de medios de impugnación, pues de hacerlo, no sólo se estaría perjudicando la eficacia de la persecución penal pública, sino que también se estarían desprotegiendo los derechos y garantías de las partes dentro de una investigación, particularmente de quien se encuentra sometido a medidas cautelares; de reconocerse el efecto suspensivo del recurso de apelación durante la etapa preparatoria, la competencia del juez cautelar, como contralor de la investigación, también tendría que quedar en suspenso, lo cual no resulta coherente con el sistema.

Consiguientemente, la norma contenida en el art. 314 del CPP, respecto a que la tramitación de las excepciones en la etapa preparatoria no suspende la investigación, también tiene que ser aplicada a los efectos de los recursos de apelación planteados contra las resoluciones que resuelven esas excepciones; lo que significa que durante el trámite de apelación, la investigación debe continuar su curso, teniendo el juez cautelar competencia para pronunciar las Resoluciones pertinentes como contralor de la investigación y de los derechos y garantías de las partes, incluidas las resoluciones sobre medida cautelares aplicadas contra los imputados; entendimiento que ha sido expresado en la SC 0848/2006-R, de 29 de agosto.

Por lo expuesto, en la etapa preparatoria es posible interponer recurso de apelación incidental contra las resoluciones que resuelven excepciones; aclarándose que, en virtud a la finalidad de esa etapa, la apelación no tiene efecto suspensivo.

Dicho entendimiento ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0486/2007-R, 1306/2010-R, 0546/2011-R y SCP 0703/2012, entre otras. Así, la SC 0546/2011-R, señaló:“…la excepción de incompetencia interpuesta no se resolvió siquiera en primera instancia; es decir, que habiendo corrido en traslado al denunciante y a la representación del Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional cuestionada no rechazó ni declaró probada la excepción, encontrándose, por ende, plenamente habilitada para conocer las emergencias de la investigación que, a pesar de encontrarse en la etapa preliminar, a partir del inicio de las investigaciones contó con el control jurisdiccional; en consecuencia, el accionante, debió acudir primero ante el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal en procura de lograr un pronunciamiento de fondo de los hechos hoy alegados como transgresores de sus derechos a la libertad y al debido proceso.

En razón a ello, el Juez, mientras no resuelva la excepción planteada y ésta quede ejecutoriada como efecto del agotamiento del medio de impugnación previsto en el art. 403 inc. 2) del CPP, o la omisión de su impugnación dentro del plazo previsto por la norma especial, la autoridad cuestionada mantiene inalterables sus funciones debido a que la investigación no puede sustraerse de un control jurisdiccional, más aún si se toma en cuenta lo dispuesto por el art. 314 del CPP, que dispone: “Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente, en ese entendido, al no interrumpirse la investigación, tampoco puede interrumpirse el control de la autoridad jurisdiccional demandada, de lo contrario, las partes estarían expuestas a sufrir vulneraciones de sus derechos, ya sea de parte de los funcionarios policiales como de los representantes del Ministerio Público”.

Por otra parte, debe mencionarse a la SCP 0203/2013 de 27 de febrero, que resolvió el problema jurídico vinculado a la falta de resolución de las excepciones de extinción de la acción penal por vencimiento de la etapa preparatoria, incompetencia en razón de la materia, cosa juzgada, prescripción del delito y extinción por desistimiento, que fueron presentadas el 10 de agosto de 2010, y que no merecieron respuesta por más de un año. La indicada Sentencia, concluyó: “Dicha omisión de la autoridad judicial demandada, traducida en una falta de resolución de las excepciones que opuso la accionante, implica una indiscutible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad; toda vez que el demandado actúo con desidia y falta de diligencia, sin considerar que las excepciones son medios intra procesales de previo y especial pronunciamiento que merecen una respuesta oportuna y célere por las implicaciones que conllevan en el proceso; no siendo fundamento valedero que no resolvió por no constar las notificaciones -cuestión que se advirtió no es cierta-, por cuanto no puede justificarse bajo ningún parámetro que durante más de un año, no se le haya dado respuesta a la justiciable, que detenida preventivamente, esperaba lógicamente cambiar su situación jurídica a través de la defensa planteada por su parte. Siendo la autoridad judicial como director funcional del proceso quien debe supervisar las funciones de sus dependientes y las diligencias que éstos efectúan, compeliéndole hacer seguimiento de la causa a objeto de llevarla en el marco de un debido proceso que no transgreda los derechos fundamentales de los imputados”.

Conforme a las normas y la jurisprudencia glosada, se concluye que la tramitación de las excepciones y sus efectos en la etapa preparatoria, se rige por las siguientes reglas:

1.            La interposición de excepciones, de cualquier naturaleza, incluida la excepción de incompetencia, no suspende la investigación, y tampoco la competencia del juez para el ejercicio del control jurisdiccional de la investigación, incluido el conocimiento y resolución de la consideración de medidas cautelares.

2.            Una vez resueltas las excepciones, incluida la de incompetencia, el juez cautelar mantiene su competencia para el control de la investigación mientras su resolución se encuentre apelada y la misma no quede ejecutoriada.

3.            Las excepciones deben ser resueltas por el juez cautelar sin dilaciones, en los plazos y conforme al procedimiento previsto por el Código de procedimiento penal, con independencia de las solicitudes vinculadas a la aplicación, modificación o cesación de las medidas cautelares, cuyo trámite no depende de la resolución de las excepciones formuladas; entendimiento que implica una modulación a la SCP 1949/2012 de 12 de octubre, en la que se sostuvo que si bien la presentación de las excepciones no suspende la investigación y, tampoco la competencia de la autoridad judicial; empero, antes de ingresar al análisis de las medidas cautelares, se deben resolver las excepciones formuladas.

Consiguientemente, se tiene que la interposición de la excepción de incompetencia en la etapa preparatoria, no interrumpe la investigación, por ende la misma debe proseguir con todos los actos y solemnidades, claro está sometidos a control jurisdiccional efectivo e ininterrumpido, pues la referida excepción, menos puede suspender la competencia del juez de instrucción en lo penal, quien su función debe obedecer y partir de la propia Constitución.

III.5.       Análisis del caso concreto

El representante de los accionantes, alega que, el Fiscal de Materia emitió mandamientos de aprehensión pese de haber justificado la causa de su incomparecencia a la declaración informativa programada, aspecto que fue denunciado ante el Juez cautelar, quien señalo que se acuda a la autoridad llamada por ley y que por la interposición de la excepción de incompetencia se hubiese suspendido su actuación hasta la resolución de la misma.

III.5.1.   Sobre la actuación de los Fiscales de materia

Según informan los datos del proceso, dentro del proceso penal seguido contra los accionantes por la presunta comisión de tentativa de homicidio y otros, estos interpusieron el 10 de julio de 2013, excepción de incompetencia señalando que los hechos denunciados corresponden a la jurisdicción indígena, originario, campesino; razón por la cual, en la misma fecha, presentaron memorial dirigido a Carlos Aponte Balcázar, Fiscal de Materia, solicitando la suspensión de las declaración informativas programadas hasta que el Juez cautelar resuelva la excepción de incompetencia, situación que no fue aceptada por el director funcional de la investigación quien emitió los mandamientos de aprehensión con la finalidad de que los imputados sean conducidos a dependencias del Ministerio Público a efectos de que presten sus declaraciones informativas.

 

En este sentido y contrastando con lo manifestado por el propio representante de los accionantes, los imputados se encontraban citados legalmente para una actuación fundamental como así se constituye la declaración informativa ante las autoridades ahora demandadas, sin embargo, pretendieron justificar su incomparecencia con el argumento de que previamente debe resolverse la excepción de incompetencia interpuesta, pese que conforme se ha establecido en la jurisprudencia citada en la Fundamentos Jurídicos III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la competencia del Juez no se suspende por la interposición de la referida excepción, razón por la cual, la determinación de los Fiscales codemandados al verificar la inasistencia de los imputados a una citación legalmente emitida emitiendo por el efecto mandamientos de aprehensión, no vulnera el derecho a la libertad de los imputados, además, se entiende que los Fiscales mencionados al no considerar la excepción de incompetencia como un justificativo valedero para suspender las declaraciones y el mandamiento de aprehensión, dicha actitud se enmarca en los parámetros de razonabilidad señalado en los Fundamentos Jurídicos III. 2, y su actuación obedece más bien, a un criterio de objetividad al momento de aplicar el alcance de lo establecido por el art. 224 del CPP.

 

Consiguientemente, la emisión de los mandamientos de aprehensión y la negativa de suspender las declaraciones informativas, no constituyen lesión a ningún derecho fundamental, pues la investigación no puede paralizarse o interrumpirse como pretenden los imputados ya que el art. 314 del CPP, es claro al establecer que la investigación no se interrumpe por la interposición de una excepción, en este caso el de incompetencia, por lo que corresponde denegar sobre este aspecto alegado.

 

III.5.2.   Sobre la actuación del Juez cautelar

Como ya se ha manifestado y según informan los antecedentes del proceso, los imputados ahora accionantes, presentaron el 10 de julio de 2013, excepción de incompetencia señalando que los hechos denunciados corresponden a la jurisdicción indígena, originario, campesino, por lo que solicitaron al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal ahora demandado decline competencia; en el otrosí primero, solicitan dejar en suspenso el acto señalado para la declaración informativa, al estar cuestionada la competencia; por decreto de 11 de julio de 2013, la autoridad jurisdiccional, indico: “…acuda a la autoridad llamada por ley”(sic); razón por la cual, nuevamente se presentaron en -dos oportunidades- ante la misma autoridad, solicitudes de suspensión de declaraciones informativas y de los mandamientos de aprehensión, hasta que se resuelva la excepción de incompetencia; por Auto de 12 de julio de 2013, la autoridad jurisdiccional, señalo que: “…si bien los actos realizados por el juez del control jurisdiccional se suspenden hasta que se resuelva la excepción de incompetencia así mismo se le hace conocer que las investigaciones preliminares realizadas por el MP no están sujetas a estar suspendidas, siendo que el suscrito no realiza actos investigativos…debiendo los impetrantes acudir ante la autoridad llamada por ley” (sic).

 

Ahora bien, se constata que los ahora accionantes, al encontrarse amenazados en su derecho a la libertad por la emisión de los mandamientos de aprehensión, es que activaron un reclamo procesal ante una autoridad prevista por la Ley, quien ejerce el control jurisdiccional en la etapa preparatoria sobre los actos desarrollados por los representantes del Ministerio Público como de la propia Policía conforme se ha desarrollado en la jurisprudencia citada en los Fundamento Jurídico III.3, sin embargo, alejándose de su mandato y desconociendo que el razonamiento de los jueces debe partir de la Constitución, de manera muy subjetiva el Juez cautelar responde que se “acuda ante la autoridad competente” sin especificar cuál sería la autoridad a quien tendrían que acudir, más aún, olvidando que el art. 54.1 del CPP y el 74.1 de la LOJ son claros al establecer que el juez de instrucción en lo penal es el competente para realizar el control de la investigación; demostrando así una ineficaz función respecto a su verdadero rol de contralor de derechos y garantías constitucionales en el desarrollo de la etapa preparatoria; en todo caso, debió verificar la denuncia realizada y analizar si efectivamente los mandamientos de aprehensión cumplen los parámetros formales y materiales de validez, pronunciándose así al respecto.

 

Por otra parte, se constata también que la autoridad jurisdiccional demandada, respondiendo a la solicitud de suspensión de los mandamientos de aprehensión, señalo que su competencia se encuentra suspendida “hasta que se resuelva la excepción de incompetencia”, afirmación contraria a la norma y a las reglas establecidas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la interposición de la excepción de incompetencia, no interrumpe la investigación debiendo proseguirse en el marco del principio de continuidad que caracteriza al sistema procesal penal, por eso mismo el control jurisdiccional no puede suspenderse por dicha excepción, pues se dejaría a las partes en una clara incertidumbre e inseguridad en caso de que su derecho a la libertad entre otros, se encuentre comprometida o expuesta sin ningún límite -a las decisiones y actos tanto del Ministerio Público como de la Policía- aspecto que sucedió en el presente caso, siendo que los imputados ahora accionantes, ya no tenían medio ordinario alguno para reclamar o autoridad a quien acudir, justamente porque el Juez demandado dejó sin ningún control jurisdiccional la investigación, pese de ser la autoridad llamada por Ley diseñada para garantizar seguridad y protección efectiva en los actos realizados en la atapa preparatoria.

En este sentido, la actuación del Juez cautelar en dejar sin control jurisdiccional la investigación, amenaza inminentemente los derechos de los accionantes quien en una eventual, futura y presunta lesión por parte de los representantes del Ministerio Publico o de la Policía Boliviana en el transcurso de la investigación, se encuentren en la imposibilidad de acudir y denunciar irregularidades ante la autoridad creada por el legislador para el efecto; correspondiendo en consecuencia conceder la tutela respecto a esta autoridad.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la acción de libertad, no ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 006/2013 de 17 de julio de 2013, cursante de fs. 62 a 65 vta., pronunciada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; en consecuencia,

1°CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, disponiendo que la autoridad demandada, una vez sea notificada con la presente Sentencia, ejerza el control jurisdiccional inmediato de la investigación, en los marcos previstos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; a no ser que la situación del proceso y de la investigación se encuentre suspendida por alguna determinación judicial o extraordinaria; y,

2°DENEGAR respecto a los Fiscales de Materia codemandados.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de libertad

Expediente:04539-2013-10-AL

Departamento:Oruro

 

En revisión la Resolución 006/2013 de 27 de agosto, cursante de fs. 97 a 99 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Abraham Choque Veliz contra Rodolfo Rafael Calle, Juez de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 26 de agosto de 2013, cursante de fs. 83 a 85, el accionante a través de su representante, expone lo siguiente:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro, solicitó el 23 de julio de 2013, audiencia de cesación a la detención preventiva, señalándose inicialmente para el 30 de igual mes y año, posteriormente para el 9 de agosto de ese año, habiéndose llevado a cabo recién el 15 del indicado mes y año, en el recinto penitenciario en el que guarda detención preventiva; donde la autoridad jurisdiccional demandada declaró improcedente dicha solicitud, resolución que fue recurrida en apelación incidental en el mismo actuado.

 

Hasta la fecha, el proceso sigue en despacho de la autoridad judicial demandada, pese a haberse provisto al día siguiente el material necesario y requerido, no habiéndose remitido el recurso de apelación a ninguna de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia, en franca contravención al plazo otorgado por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en una muestra notoria de vulneración al principio de celeridad, consagrado por el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

 

El representante alega la lesión de los derechos del accionante, a la libertad y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I y 178.I de la CPE.

 

I.1.3. Petitorio

 

El accionante pidió se declare “procedente” la tutela solicitada, disponiendo el orden del restablecimiento de las formalidades legales y en el plazo de veinticuatro horas remita el recurso de apelación incidental interpuesto al Tribunal de alzada, sea con costas por la demora injustificada.

 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 27 de agosto de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 95 a 96 vta.; con la presencia del accionante asistido de su abogado, ausente la autoridad judicial demandada; se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

El accionante a través de su representante, ratificó los términos de la acción tutelar presentada.

 

En audiencia solicitó “…disponer en el día que el juez remita esta apelación aunque en originales a la corte paralelamente a disponerse del cobro de dinero en ese juzgado sean remitidos al ministerio público…” (sic).

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

Rodolfo Rafael Calle, Juez de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro, mediante informe cursante a fs. 92 y vta., manifestó: a) Abraham Choque Veliz se encuentra bajo la jurisdicción ordinaria debido a una imputación formal, que dio lugar a su detención preventiva mediante una resolución judicial, en consecuencia no existe restricción ilegal e indebida de su derecho a la libertad; y, b) De acuerdo al informe emitido por el Actuario del Juzgado que preside, la esposa del nombrado ha provisto de material para la apelación incidental el 26 de agosto de 2013 a horas 9:30, corroborado con la nota marginal que cursa en el cuaderno de control jurisdiccional, la supuesta retardación del recurso de apelación no es imputable al órgano judicial, sino a la actividad pasiva del propio accionante.

 

I.2.3. Resolución

 

La Jueza Segunda de Sentencia Penal del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, pronunció la Resolución 006/2013 de 27 de agosto, cursante de fs. 97 a 99, por la que concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas se restituyan las formalidades legales en cuanto a la remisión de los antecedentes en grado de apelación incidental ante el Tribunal Departamental de Justicia, remitiendo antecedentes al Ministerio Público contra el “actuario del Juzgado de Instrucción Mixto Liquidador y cautelar en lo Penal de la provincia Cercado de esta capital”, al haber sido calificada de falsa la fecha de la nota marginal sobre la provisión de material, así como el informe emitido; con los siguientes fundamentos: 1) El accionante se encuentra privado de liberad a raíz de la medida cautelar de detención preventiva dispuesta por Resolución de 17 de julio de 2013, emitida por el juez ahora demandado, misma que no fue motivo de apelación incidental; 2) En audiencia de cesación a la detención preventiva de 15 de agosto de igual año, fue negada dicha solicitud mediante Resolución, la cual fue motivo de apelación incidental; 3) De la nota marginal y del informe realizado por el actuario aduciendo que el material hubiere sido provisto el 26 del indicado mes y año, pero se advierte que el accionante hizo uso del recurso de apelación incidental en la misma fecha de la Resolución que rechazo su solicitud de cesación, concediendo el recurso el 19 del mismo mes y año; 4) El control jurisdiccional lo ejerce la autoridad judicial, en el presente caso, si la parte accionante no proveyó el material (fotocopias) la autoridad encargada del control jurisdiccional debió hacer uso de su poder coercitivo y conminar al recurrente concediéndole un plazo prudencial para cumplir con esa obligación, no aguardar a que se interponga la presente acción tutelar para dar agilidad a ese proceso; y, 5) La autoridad judicial demandada no cumplió con los plazos previstos por la norma incurriendo en una dilación indebida, repercutiendo en el derecho a la libertad del accionante, independientemente si se conceda o no el recurso.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

De conformidad al Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, en el Resuelve Primero, dispone el receso de actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional del 23 al 31 de diciembre de 2013, con suspensión de plazos procesales; a cuyo efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia considerando ésta.

II. CONCLUSIONES

Efectuada la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:

II.1.El 15 de agosto de 2013, se realizó la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por Abraham Choque Veliz -hoy accionante-, en la cual mediante Auto Interlocutorio, el Juez de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro -ahora demandado-, declaró improcedente dicha petición, misma que fue objeto de apelación incidental en la referida audiencia (fs. 103 a 108 vta.).

II.2.Por Auto de 19 de agosto de 2013, la autoridad judicial demandada ordenó la remisión de fotocopias legalizadas de actuados pertinentes del cuaderno de control jurisdiccional del proceso investigativo seguido contra el accionante ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en atención al recurso de apelación incidental respecto a la Resolución de 15 de igual mes y año, que declaró improcedente la solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 111 y vta.).

II.3.El 26 de agosto de 2013, mediante informe el Actuario del Juzgado de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro dirigido al Juez demandado, señaló que Abraham Choque Veliz a través de su esposa, recién proveyó el importe económico para sacar las fotocopias de los dos cuerpos del cuaderno de control jurisdiccional a horas 9:30 de la fecha mencionada, que es corroborada en la nota marginal de la misma data, la cual tiene la rúbrica y firma de la cónyuge del accionante (fs. 113 a 114).

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante alega que la autoridad jurisdiccional demandada vulneró su derecho a la libertad y el principio de celeridad, al no remitir al Tribunal de alzada, el recurso de apelación incidental que interpuso contra la Resolución que dispuso su detención preventiva en el plazo que estipula la Ley.

Por consiguiente, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes.

III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar, cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el órgano judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que establece el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario indicar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y los bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que; sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que establece instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo se limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

“Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones…” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

 

III.2.El derecho a la libertad personal en la Constitución Política del Estado

Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que sustenta, entre otros valores, la dignidad y libertad de las personas, tal como establece el art. 8 de la CPE; además que también, en su art. 22, expresamente señala que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables” y “Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.

 

Si bien estos enunciados hacen referencia a la “libertad”, lo hace en su acepción más general, como expresión normativa del valor libertad, lo que supone, para cada individuo o colectividad, la posibilidad de actuar de forma autónoma como partícipe en la sociedad, en todos sus ámbitos posibles y, en general, exenta de todo tipo de restricciones, salvo las establecidas en el sistema normativo constitucional.

 

Dentro del sin número de libertades o derechos -según se vea- que la teoría o doctrina podría referir, o que la norma y la jurisprudencia constitucional han establecido, se encuentra la libertad personal, la misma que conforme se precisa en el art. 23.I de la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal” y que esta libertad personal “…sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, luego entonces, la libertad de la persona es aquél derecho fundamental y constitucional que no sólo debe ser respetado sino debe ser protegido por el Estado.

 

Por cierto, con el salvamento del numeral IV del citado art. 23 de la CPE, en el sentido que toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento, con el único objeto de que sea conducido ante autoridad competente; de conformidad al numeral III del señalado artículo: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”.

 

En otro orden, el art. 15.I de la CPE, consagra que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…”. Así, la Constitución, al tiempo de señalar en el art. 14.I, que los derechos reconocidos por ella, entre otros caracteres, son inviolables, establece que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

III.2.1.De la acción de libertad

La Constitución Política del Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - Derechos, deberes y Garantías), ha instituido la Acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

 

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la acción de libertad, señala lo siguiente: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”.

 

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.

 

III.3.       Procedimiento del recurso de apelación incidental en medidas cautelares

El art. 251 del CPP, refiere sobre la apelación contra la resolución que resuelve la imposición, modificación o rechazo de las medidas cautelares, establece:

“La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas.

El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

De la norma desarrollada, el procedimiento del recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es de naturaleza sumaria, una vez planteado este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia (ahora Tribunal Departamental de Justicia) en el término de veinticuatro horas, a efectos de que el Tribunal de alzada, sin más trámite, resuelva la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; es decir, que el mencionado recurso de apelación, constituye un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa con el que cuentan las partes para demandar supuestas lesiones a sus derechos, posibilitando que el Tribunal de alzada corrija los errores del inferior denunciados en el recurso. El referido recurso de apelación, resulta idóneo porque está expresamente establecido en el Código de Procedimiento Penal para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, como emergencia de la aplicación de las medidas cautelares; e inmediato, porque debe ser resuelto sin demora, en un plazo de sólo tres días.

La jurisprudencia constitucional señalo al respecto: “Como el recurso de apelación es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones del derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal de alzada podrá corregir los errores en que hubiese podido incurrir el inferior, por la inmediatez que le caracteriza a ese medio impugnativo, el trámite establecido por el citado art. 251 del CPPes sumario, pues impone la remisión de la apelación planteada dentro de las veinticuatro horas de presentada y por ende el bien jurídico que protege, como es el de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse respetando los plazos breves establecidos por la norma adjetiva penal señalada, no obrar así, importa una dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y que eventualmente puede vulnerar el derecho a la vida cuando de por medio se encuentran problemas de salud que requieren una pronta definición de la situación legal del imputado, cuya variación depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación con relación a los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”, así lo entendió la SCP 0025/2012 de 16 de marzo.

 

III.4.Sobre el principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad

El art. 178.I de la CPE, establece que la potestad de impartir justicia se sustentará entre otros en el principio de celeridad, en concordancia a ello el art. 115.II de la Norma Suprema, señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, determinando además en el art. 180.I de la Ley Fundamental, el referido principio como específico de la jurisdicción ordinaria. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que la celeridad “Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”. En consecuencia, resulta que el principio de celeridad en los casos relativos a privación de libertad es más imperante, debiendo por ello las actuaciones jurisdiccionales procurar la materialización del mismo.

 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'; o sea que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aún cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo” (SC 1739/2011-R de 7 de noviembre).

 

III.5.       Análisis del caso concreto

De la documentación que informan los antecedentes del proceso, se evidencia que Abraham Choque Veliz, el 15 de agosto de 2013 interpuso apelación incidental contra la Resolución de la misma fecha que resolvió la consideración de la cesación a la detención preventiva, ante el Juez de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro, que por Auto de 19 de igual mes y año, se dispone remitan actuados pertinentes al Tribunal de alzada, recién el 27 del mismo mes y año son remitidos los actuados, según nota de cargo que corresponde, dando cumplimiento a la Resolución del Tribunal de garantías.

 

En tal sentido, ante el incumplimiento de la respectiva remisión por parte de la autoridad demandada; es decir, Rodolfo Rafael Calle, Juez de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro, resulta evidente que el mismo incumplió el principio de celeridad ocasionando la dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, omitiendo realizar la remisión respectiva en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, por lo que conforme a lo indicado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez demandado con su falta de accionar provocó que la situación jurídica del accionante no esté definido, ya que mediante el recurso de apelación se buscaba definir de manera inmediata la misma; consecuentemente, corresponde otorgar la tutela con relación a la celeridad.

 

Asimismo, la falta de provisión de los recaudos necesarios por la parte recurrente para el envío de la apelación (saca de fotocopias), no es justificativo para que el Juez de la causa no remita antecedentes de dicho recurso, al haber transcurrido ocho días desde la concesión de la apelación y la remisión del mismo al Tribunal de alzada, dió lugar a que la demora se constituya en un acto dilatorio contrario al principio de gratuidad procesal consagrado en los arts. 178.I y 180.I de la CPE.

 

Por otra parte, en cuanto a la actuación del Actuario del Juzgado de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro, tanto al realizar la nota marginal así como el informe ante la autoridad ahora demandada, en sentido de que la esposa del accionante haya provisto material de forma parcial para sacar las fotocopias de los dos cuerpos del cuaderno de control jurisdiccional el 26 de agosto de 2013, al respecto cabe señalar que en dicha nota marginal consta la firma y rubrica de Melania Espinoza (esposa de Abraham Choque Veliz) da fe a lo manifestado por el personal subalterno; asimismo, en el memorial de demanda el nombrado no se refiere en absoluto a dicha actuación, y finalmente tampoco aportó ninguna documentación o prueba alguna que se haya provisto del material necesario para la facción del testimonio o saca de fotocopias del cuaderno de control jurisdiccional, al día siguiente de interpuesta la apelación incidental, así como no existe una constancia de que la esposa del imputado haya entregado Bs100.- (cien bolivianos) al personal subalterno, tal como se manifestó en audiencia.

 

Este Tribunal Constitucional Plurinacional no es la instancia correspondiente para recibir denuncias sobre si una nota marginal y el informe elaborado por el Actuario en un determinado proceso sean falsos o no, mucho menos hechos relacionados a cobro de dineros; es decir, el accionante tiene la vía expedita de acudir a la jurisdicción ordinaria o en su defecto recurrir al Consejo de la Magistratura, tratándose en este caso, de un servidor público judicial e iniciar el procedimiento que convenga, en ese sentido, al manifestar la Jueza de garantías “…al haber sido calificada de falsa la fecha de la nota marginal sobre la provisión de material, así como el informe emitido por el actuario del Juzgado de Instrucción Mixto Liquidador y cautelar en lo Penal de la provincia Cercado de esta capital, remítase antecedentes en contra de este funcionario al Ministerio Público” (sic), no obró en forma correcta, porque dicha solicitud, no se encuentra dentro de los alcances de la acción de libertad. Además el indicado personal de apoyo jurisdiccional, no fue demandado, ni tiene legitimación pasiva en acciones de defensa.

De lo precedentemente señalado, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, evaluó en forma parcial los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 006/2013 de 27 de agosto, cursante de fs. 97 a 99, pronunciada por la Jueza Segunda de Sentencia Penal del departamento de Oruro; y en consecuencia:

1ºCONCEDER la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Mixto y cautelar en lo Penal de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro, por la falta de celeridad.

2ºDENEGAR la tutela impetrada, con relación a la solicitud del accionante en audiencia sobre la remisión de antecedentes al Ministerio Público por la actuación del Actuario del Juzgado precedentemente citado respecto al cobro de dinero, no encontrarse dentro de los alcances de la acción de libertad.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0106/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de Amparo Constitucional

Expediente:04460-2013-09-AAC

Departamento:Santa Cruz

 

En revisión la Resolución 204/2013 de 15 de agosto, cursante de fs. 149 a 150 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por María Tetzi Ramírez Medinaceli, Maribel Carrasco Zambrana, Rofida Montaño Rojas de Medina, María Vidal de Cuchallo, PetronaCapchaCancari, DamasaLedezma, Carmen Sánchez Valverde, Noemí Zurita Vivanco, Marlene Montaño García, Sergio Contreras Molina, Dionicia Castro de Chumacero, Modesta Rico de Ortiz, Reina Flores Jiménez, Julio Cesar Villavicencio Contreras, Crisanto Marci Llanos Vidal, Justo Zurita Rojas, Edwin Rojas Cuchallo, Felimón Guzmán Cuellar, Valeriana Daza Leaños y Elsa Escalera Vallejos contra Jimmy Fernando López Rojas y Edgar Carrasco Sequeiros, Vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y Richard Vargas Vaca, Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social del mismo departamento.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de mayo y 5 de junio de 2013, cursantes de fs. 76 a 83 vta. y 85 y vta., respectivamente, los accionantes exponen lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el Juzgado Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social, se llevó a cabo un juicio por pago de beneficios sociales contra BolivianEcologicalExports S.A. (BEXSA) llegando a dictarse sentencia por la que se declaró probada la demanda.

En ejecución de sentencia se ordenó el remate del inmueble embargado ubicado en la localidad de Jorochito; sin embargo, apelada la sentencia, mediante Auto de Vista 017 de 11 de enero de 2007, se anuló obrados hasta fs. 148; es decir, incluido el embargo que cursaba a fs. 160.

Posteriormente, una vez rematado el inmueble, advirtieron que se procedió al remate de ese inmueble sin previo embargo y con un avaluó muy bajo, monto que fue dado ex profesamente por los adjudicatarios.

 

Al haberse dado cuenta que los adjudicatarios fueron los que participaron en el avalúo, presentaron denuncia en el memorial de 11 de julio de 2011 y al percatarse que se había rematado el inmueble presentaron otro memorial pidiendo la nulidad del remate, por lo que el Juez de la causa, anuló obrados mediante Auto de 12 de julio de 2012, dejando sin efecto el remate, ordenando la devolución del dinero cancelado por la subasta a los adjudicatarios, los que habiendo apelado de dicha Resolución, dio lugar a que la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia, sin tomar en cuenta los hechos mencionados revocara en todas sus partes el Auto impugnado, habiendo el Juez de la causa demandado, en ejecución de la misma, ordenado el desapoderamiento y entrega del inmueble a los ilegales adjudicatarios.

 

Los Vocales demandados, conociendo que no hubo embargo -porque éste fue anulado-, en el Auto de Vista “N° 52” (sic), señalan que los demandantes dentro del juicio laboral, al pedir el remate convalidaron el embargo y que, con dicho remate, no se provocó indefensión; determinación que no solo es ilegal porque el embargo se realiza en base a un mandamiento librado por el Juez, por funcionario público que elabora un acta y se nombra depositario, además de lo previsto por los arts. 520 y 523 del Código de Procedimiento Civil (CPC), sino porque la nulidad solo procede cuando no existe publicaciones y siempre que se hubiera pedido dentro de los tres días de la subasta (art. 544 del CPC). Refiere que los Vocales estuvieron equivocados puesto que los demandantes en el juicio no pueden convalidar un embargo que tiene que efectuarse cumpliendo formalidades; además, cómo es posible que no se les haya causado indefensión si los adjudicatarios realizaron a propósito un avalúo muy bajo para adjudicarse el inmueble y el dinero producto del remante no alcanza para el pago de la totalidad de los beneficios sociales.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

Los accionantes alegan la lesión de sus derechos a una “tutela judicial y efectiva, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso; citando al efecto los arts. 115 y 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicitan se les conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista de 17 de abril de 2013, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y se mantenga el Auto de 12 de julio de 2012, dictado por el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social del mismo departamento; así refieren se deje sin efecto el decreto de 8 de mayo de 2013, emitido por esta última autoridad sobre la orden de desapoderamiento. Sea con costas y responsabilidad civil y penal.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 15 de agosto de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 144 a 149, en presencia de los accionantes y los terceros interesados asistidos de sus abogados, respectivamente, ausentes los demandados; se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

El abogado de los accionantes reiteró los fundamentos de la acción de amparo constitucional; sin embargo, aludió que el Auto de Vista “72/13” (sic), dictado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, tiene un solo argumento respecto a la apelación planteada.

 

En una segunda intervención expuso que la anulabilidad y nulidad son instituciones jurídicas distintas, pudiendo en el primer caso, ser consentidos los actos -pese a existir causas para su anulabilidad- porque jurídicamente nació a la vida, en cambio en la nulidad se trata de actos que no nacieron a la vida jurídica. En el caso examinado, el embargo fue anulado dentro del proceso, por lo que dicho embargo no existe y al no haber nacido a la vida jurídica no puede ser consentido.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

 

Jimmy Fernando López Rojas y Edgar Carrasco Sequeiros, Vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe cursante a fs. 138 y vta., señalaron: a) El Auto de Vista 53 de 17 de abril de 2013, consideró cada uno de los elementos expuestos por las partes en el recurso de impugnación y si bien se menciona la realización del remate sin que el bien hubiera sido embargado, no es menos cierto que existe una conceptualización ampulosa de la medida precautoria y de ejecución en cuestión; y, b) El memorial de la acción no demuestra objetivamente cuál es la omisión indebida vinculada al supuesto derecho constitucional vulnerado; al contrario, “mencionan elementos que son parte de la jurisdicción ordinaria” (sic).

 

Richard Vargas Vaca, Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Santa Cruz, no presentó informe ni se apersonó a la audiencia señalada.

 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

 

Roxana Rojas López, Celida Escalante Gutiérrez, Willan Pérez Cárdenas, Yeri Escalante Gutiérrez, Luis Justiniano Vivancos, Aguida Quispe Cayoja, Rafaela Arévalo Cortes, Flora Gonzáles Quispe y Carlos Brito Flores, a través de su abogado y representante legal, por informe cursante de fs. 108 a 109 vta., manifestaron: 1) Cuando se dice que existe un indebido proceso o indefensión y argumentan que los beneficiarios serían personas que trabajan en el Municipio de El Torno que se favorecieron con el avalúo -en base a la tabla de valores zonificado por el Municipio- en ninguna parte de los antecedentes procesales figuran personas que no sea Abraham Ortiz Padilla como adjudicatario; 2) Un embargo no es requisito indispensable para un remate ya que éste es simplemente un acto para asegurar el pago a los acreedores y el que no se haya embargado el inmueble, no es causal de nulidad del remate; y, 3) El art. 251 del Código de Procedimiento Civil (CPC), señala que los jueces no pueden anular trámites judiciales sin que esta nulidad no esté expresamente señalada por ley.

 

Abraham Ortiz Padilla, adjudicatario del bien, conforme al texto del memorial presentado de fs. 140 a 142, expresó lo siguiente: i) En los antecedentes del proceso no existe ninguna sentencia o resolución judicial que declare nulos los actos jurídicos del Corregidor que procedió a embargar y levantar el acta de inventario de los bienes embargados y lo que simplemente pasó es que “ha quedado sin efecto la foliatura cursante de fs. 160 a fs. 164” (sic); ii) El embargo busca que el deudor no oculte el bien o transfiera sus derechos, garantizando la eficacia del proceso laboral y su ejecución; iii) A pesar de observarse el embargo, éste cumplió el fin al cual estaba dirigido, así se entiende que por el “principio de instrumentalidad de la forma o finalidad del acto procesal cumplido” (sic), por el que si un acto procesal realizado aún siendo defectuoso ha cumplido la finalidad para el que fue creado, no corresponde declarar su nulidad; y, iv) Los que solicitaron las medidas previas para el remate fueron los “recurrentes” que reiteraron su petición para que se señale día y hora de subasta y remate; el mismo que incluso tras ser suspendido dio lugar a que se señale otra audiencia con la rebaja del veinticinco por ciento (25%) a solicitud del demandante en el proceso laboral.

 

I.2.4. Resolución

 

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 204/2013 de 15 de agosto, cursante de fs. 149 a 150 vta., por la que declara la “improcedencia” (sic) de la acción y por tanto “no conceder” (sic) la tutela solicitada con los siguientes fundamentos: a) Antes de admitirse la presente acción debió advertirse que el bien subastado no es de propiedad de quien plantea la acción de amparo constitucional; b) Es el accionante quien ha estado al pendiente del remate y adjudicación del bien con el fin de hacer efectivo el pago de lo adeudado a los demandantes; c) El valor del inmueble rematado es algo que nunca fue cuestionado dentro del proceso por lo que el accionante carece de “legitimidad” (sic); d) El Auto de Vista de 11 de enero de 2007, resolvió anular obrados “hasta fs. 148 inclusive” (sic) y dispuso se pronuncie nueva sentencia que comprenda a los sujetos procesales y sus derechos, sin que se haya hecho análisis de cuestiones procesales que pudiesen ser causal de nulidad; e) Debe diferenciarse las actuaciones principales del proceso laboral de las cuestiones accesorias como el embargo, por lo que “las nulidades que emerjan en el proceso no están vinculadas a la realización de actos accesorios como son las medidas cautelares” (sic); y, f) Los actos de cautela que se hubiesen tomado no pueden ser considerados como nulos, si no como causa expresa en los cuales se lo haya cuestionado, en este caso el acto de embargo no fue objeto de ningún momento de cuestionamiento por parte de los hoy accionantes en el proceso.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

De conformidad al Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, en el Resuelve Primero, dispone el receso de actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional del 23 al 31 de diciembre de 2013, con suspensión de plazos procesales; a cuyo efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia considerando ésta.

 

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.Mediante memorial de 5 de junio de 2012, Jaime Pérez Viviani en representación legal de María Tetzi Ramírez Medinaceli y otros, dentro el proceso laboral que se tramita ante el Juzgado Quinto de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Santa Cruz, que siguen contra la Empresa BEXSA por pago de beneficios sociales, solicitó la nulidad de remate, en base que la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de ese entonces, mediante Auto de Vista 017 de 11 de enero de 2007, anuló obrados hasta fs. 148, y el acta de embargo que cursa a fs. 160 se encontraría anulada (fs. 34 a 35).

 

II.2.El Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 906 de 12 de julio de 2012, con la “finalidad” (sic) de evitar la vulneración de derechos y garantías de las personas involucradas en el proceso y de terceros que pudiesen ser afectados con los actos procesales que fueron anulados por el Auto de Vista 017 de 11 de enero de 2007; anuló todas las actuaciones relativas al proceso de ejecución de sentencia hasta fs. 398 inclusive, reconociendo la validez de las actuaciones, memorial de fs. 439, decreto de fs. 439 vta., oficios de fs. 442 y 446, memorial de fs. 447, providencia de fs. 447 vta., diligencia de notificación de fs. 454, liquidación de fs. 456 a 459 vta., diligencia de notificación de fs. 460, en aplicación a los arts. 3, 4 y 56 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y ordenó la restitución a los postores de los depósitos judiciales que cursan a fs. 480 y 485 (fs. 36 a 37).

 

II.3.Abraham Ortiz Padilla en su calidad de adjudicatario del inmueble rematado, por memorial de 15 de febrero de 2013, interpuso apelación incidental contra el Auto de 12 de julio de 2012, que en base al art. 251.I del CPC, no podrá existir nulidad por ningún concepto que no este expresamente determinada por la ley y el art. 544 del mismo cuerpo legal que la única forma en que se puede anular la subasta o remate es sólo por falta de publicación, que no se tomó en cuenta los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto y de convalidación. Aduce que por Resolución de 13 de junio de 2011, el Juez de la causa resolvió aprobar el remate y declaró al bien inmueble objeto del remate a su persona, dando así por finalizado todo procedimiento de adjudicación y que no existe recurso que pueda revocar la resolución de aprobación de remate (fs. 38 a 41).

 

II.4.El 17 de abril de 2013, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 53, revocó en todas sus partes el Auto Interlocutorio 906 de 12 de julio de 2012, pronunciado por el Juez Quinto de Partido del Trabajo y Seguridad Social del citado departamento, sin costas, y pronunciándose en el fondo resolvió rechazar la solicitud de nulidad de subasta o remate presentada por Jaime Pérez Viviani, en representación de Julio Cesar Villavicencio y otros, con costas y multa de Bs. 100 (cien bolivianos), con el fundamento, que el embargo de 11 de abril de 2006 de fs. 160 a 190, es anormal, sin embargo, es evidente que dicho acto aunque irregular no causó indefensión de ninguna de las partes, por haberse cumplido con las notificaciones y publicaciones exigidas por el art. 526 y 539 del CPC, razón por la cual no procede la nulidad de la subasta y remate ni de las actuaciones realizadas en ejecución de sentencia en el presente caso de autos y por ajustarse a la improcedencia de nulidad prevista por el art. 544.III del CPC, modificado por el art. 44 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF), máxime si la parte demandante convalidó el embargo al procurar la ejecución de la sentencia durante más de dos años mediante los sucesivos actos procesales para la subasta y remate del bien inmueble de la parte empleadora (fs. 54 a 56 vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes alegan que las autoridades jurisdiccionales demandadas han vulnerado su derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, siendo así que los Vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz al emitir el Auto de Vista 53 de 17 de abril de 2013 que revocó el Auto 906 de 12 de julio de 2013, elevada en revisión disponiendo el rechazo la solicitud de nulidad de subasta o remate, y el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social por dar cumplimiento a dicha Resolución y disponer el desapoderamiento y entrega del inmueble a los adjudicatarios.

 

En revisión, corresponde dilucidar si los hechos expuestos por el accionante son evidentes.

 

III.1.       Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el órgano judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

 

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y los bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que, sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que establece instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

 

Se ha manifestado y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

 

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no solo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “…El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

 

“Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

 

III.2.De la acción de amparo constitucional

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a dicha la acción de amparo constitucional instituida en el Sistema Constitucional boliviano; así, la Constitución Política del Estado, en la Sección II, del Capítulo segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de amparo constitucional.

 

En ese marco, el art. 128 de la CPE establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; a su vez el art. 129.I de la CPE, determina que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

 

En desarrollo de las normas constitucionales citadas, el art. 51 de la Ley 254, del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la acción de amparo constitucional, “… de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir” y que, al referirse el art. 54 de la citada Ley, con referencia a la subsidiariedad e inmediatez, “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.”.

 

La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.3.       La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

En nuestro sistema constitucional, la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario, toda vez que según la norma prevista por el art. 129.I de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal, para la protección inmediata de los derechos y garantías, restringidos, suprimidos o amenazados”. Asimismo en el art. 53.3 del CPCo señala que esta acción tutelar no procede: “Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno”

Las normas anotadas definen la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, pues su procedencia está condicionada que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, es decir, no tiene la finalidad de sustituir o reemplazar los medios o recursos legales establecidos en el ordenamiento jurídico.

Este Tribunal a través de la jurisprudencia constitucional glosada, estableció reglas de improcedencia por subsidiariedad en esta acción de defensa las cuales son: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y; b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución” así lo entendió la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre.

III.4.       Análisis del caso concreto

De la documentación que informa los antecedentes en el expediente y de las conclusiones realizadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro la etapa de ejecución de sentencia del proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido por Jaime Pérez Viviani en representación legal de Julio Cesar Villavicencio y otros contra la empresa BEXSA, a solicitud de los demandantes de nulidad de subasta o remate de bien inmueble, por Auto Interlocutorio 906 de 12 de julio de 2012, pronunciada por el Juez Quinto de Partido del Trabajo y Seguridad Social dispuso la nulidad de obrados hasta fs. 398 inclusive, reconociendo la validez de las actuaciones memorial de fs. 439, decreto de fs. 439 vta., oficios de fs. 442 y 446, memorial de fs. 447, providencia de fs. 447 vta., diligencia de notificación de fs. 454, liquidación de fs. 456 a 459 vta., diligencia de notificación de fs. 460, en aplicación a los arts. 3, 4 y 56 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y ordenó la restitución a los postores de los depósitos judiciales que cursan a fs. 480 y 485.

Resultado de ello, Abraham Ortiz Padilla en calidad de adjudicatario interpuso recurso de apelación contra la Resolución anotada, y la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 53 de 17 de abril de 2013, resolvió revocar en todas sus partes el Auto Interlocutorio 906 elevada en apelación, en consecuencia pronunciándose en el fondo rechazó la solicitud de nulidad de subasta o remate presentada por Jaime Pérez Viviani en representación de Julio Cesar Villavicencio y otros, por ser extemporánea y porque los demandantes al procurar y lograr la subasta del inmueble embargado convalidaron dicho acto.

Por lo expuesto, cabe mencionar que los ahora accionantes, por una parte, no hicieron uso oportuno de solicitar la nulidad de la subasta o remate del inmueble embargado dentro del tercer día de realizada dicha subasta, conforme al art. 544.II del CPC; es decir, si consideraban que el avaluó era muy bajo debieron observarlo y no solicitar ellos mismos su ejecución, tampoco cuestionaron el acta de embargo en todo el desarrollo del proceso, que ahora aducen que es nulo, cuando dicho proceso se encuentra en la fase de ejecución de sentencia.

Los accionantes tratando de burlar a la justicia constitucional y pretendiendo retrotraer el análisis a etapas procesales que ya precluyeron conforme al art. 57 del CPT, los mismos que dicho sea de paso fueron tramitadas al influjo de sus peticiones efectuados por ellos mismos; plantean que se anule obrados, en esencia el remate, arguyendo aspectos relativos a actos procesales que no fueron impugnados por quienes podrían haber sido los directamente afectados, por el contrario, fueron los mismos accionantes quienes procuraron el remate y su adjudicación correspondiente.

De todo lo manifestado el presente caso, se encuentra dentro las causales de improcedencia, conforme al art. 53.3 del CPCo, donde se evidencia en forma precisa que los accionantes, no agotaron los medios o recursos que la ley le franquea, no utilizaron un medio idóneo, inmediato y eficaz que tenían a su alcance para la protección de sus derechos, acudiendo directamente a la vía constitucional, contradiciendo la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de la misma, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, omisión que impide a éste Tribunal ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada.

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del CPCo, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 204/2013 de 15 de agosto, cursante de fs. 149 a 150 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de la problemática de fondo.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0105/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

Expediente:03674-2013-08-AAC

Departamento:La Paz

 

En revisión la Resolución 09 de 26 de marzo de 2013, cursante de fs. 915 a 919, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Isabel Quilla Vásquez por sí y María Eugenia Corcus Pérez en representación de PaulieneAlida de Haan, RandiSimoneMulder, YmkeLisette Ana Mulder y Christa Pauliene Hilda Mulder contra Francisco Bazán Molina, BeimarTorrico Montaño, Francisco Molina Avila, Yolanda CaserunaGayti, Irma SelyComauza; Gladys Aliaga Raldes, José Vismar Calderón Aramayo, Néctor Orlando Torrico Montaño y Dionicia Sánchez Aramayo.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 13 de febrero de 2013, cursante de fs. 84 a 89 vta., las accionantes refieren que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Isabel Quilla Vásquez, PaulieneAlida de Haan, RandiSimoneMulder, YmkeLisette Ana Mulder y Christa Pauliene Hilda Mulder son propietarias de los predios ubicados en La Guardia, zona Norte, Kilómetro nueve del departamento de Santa Cruz, cuyos derechos se encuentran inscritos en Derechos Reales (DD.RR.) bajo las matrículas computarizadas 7.01.1.06.0067416, 7.01.1.06.0067446, 7.01.4.01.0011489, 7.01.4.01.011490, inmuebles que fueron adquiridos a través de un proceso voluntario de declaratoria de herederos al fallecimiento de JanGerritMulder.

 

Añaden que, el 2010 un grupo de personas allanaron sus propiedades de una manera violenta, derivando en que se presente la denuncia penal correspondiente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Guardia, proceso que fue objeto de innecesarias dilaciones hasta la fecha de la interposición de la presente acción de amparo constitucional.

 

Indican que,los actos ilegales fueron cada vez de mayor gravedad, por cuanto inclusive les fue robado semovientes que a su vez son su sustento económico, dando lugar a la presentación de una segunda denuncia penal que tampoco prosperó por cuanto los avasalladores no pudieron ser notificados, debido a que procedieron a evitar el proceso de referencia mediante actitudes evasivas y violentas por lo cual no queda otra acción legal que la acción de amparo constitucional para hacer valer sus derechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

Las accionantes alegan la lesión de sus derechos y los de sus representadas al trabajo, a la propiedad privada, además del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 9.2, 46, 56.I y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La declaración de ilegalidad del ingreso violento y ocupación de sus predios; b) La restitución de la posesión usurpada; c) El desalojo de los demandados de los predios avasallados sea con auxilio de la fuerza pública; y, d) La determinación de costas y daños y perjuicios.

 

I.2. Audiencia

 

Efectuada la audiencia pública el 26 de marzo de 2013, cursante de fs. 907 a 915, en presencia de las partes, se produjeron los siguientes hechos:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la demanda

 

La parte accionante, ratifico los fundamentos de su demanda, señalando los mismos presupuestos fácticos y las normas supuestamente vulneradas.

 

1.2.2. Informe de la parte demandada

 

Mediante informe de fs. 800 a 805, Francisco Molina Ávila, Francisco Bazán Molina, BeimarTorrico Montaño, Néctor Orlando Torrico Montaño, José Vismar Calderón Aramayo y Dionicia Sánchez Aramayo, expresaron que: i) La acción de amparo constitucional interpuesta no es legal por cuanto ya existe denuncias y querellas de orden penal en etapa de investigación y sustanciación, que a su vez deberán ser aclaradas en estrados judiciales; ii) Los accionantes únicamente presentan cuatro folios reales inscritos y obtenidos el 2012, sin especificar superficies ni aportar más datos, pretendiendo confundir al tribunal de garantías, más aún si los supuestos hechos denunciados datan de hace más de treinta y cinco meses; iii) Los poderes notariales utilizados por los accionantes se encuentran debidamente observados, situación que se encuentra judicializada en etapa de apelación para su aclaración; y, iv) Los inmuebles habitados por los demandados cuentan con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable desde hace años atrás, demostrando la función social que cumplen los mismos.

 

En uso de la réplica la parte accionante objetó las observaciones respecto a los poderes de los accionantes.

 

I.2.3. Resolución

 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09 de 26 de marzo de 2013, cursante de fs. 915 a 919, concedió la tutela solicitada, en favor de la accionante Isabel Quilla Vásquez y no así a las otras accionantes PaulineAlida de Haan, Randy SimoneMulder, YmkeLisset Anna Mulder y Christa Mulder, al entender que las mismas carecen de legitimación activa, por cuanto los poderes de representación no establecen la facultad de interponer acciones de amparo constitucional.

 

La Resolución de 26 de marzo de 2013 fue dictada en base a los siguientes argumentos de orden legal: 1) Los poderes de representación 314, 315 y 316/2010, otorgados en Canadá en favor de María Eugenia Corcus Pérez, no otorgan amplias facultades para la presentación de acciones constitucionales, 2) Ha quedado demostrada la vulneración de derechos por parte de la demandante Isabel Quilla Vásquez, por cuanto acreditó derecho propietario a través de sucesión hereditaria y la función social de los predios, mismos que fueron avasallados; y, 3) En septiembre de 2012 ocurrieron nuevos hechos vulneratorios de derechos, ameritando la protección del derecho a la propiedad y al trabajo.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

Mediante Decreto Constitucional de 13 de septiembre de 2013 (cursante a fs. 922), se solicitó documentación complementaria, a cuyo efecto se dispuso la suspensión del plazo. A partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 28 de noviembre de igual año (fs. 936), se reanudó el plazo, por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del mismo.

 

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determino la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

 

II. CONCLUSIONES

 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

 

II.1.Cursan matrículas computarizadas 7.01.4.01.0011489; 7.01.1.06.0067446, 7.01.4.01.011490 extendidas por el registro de DD.RR. Santa Cruz, en las cuales se señala que Isabel Quilla Vásquez, PaulineAlida de Haan de Mulde, AnneLisetteMulderYmke, Christa Pauliene Hilda Mulder, RandiSimoneMulder, son propietarias de los inmuebles de referencia (fs. 2, 34, 37 y 40 vta.).

 

II.2.De fs. 66 a 74 vta., cursan testimonios de poder 315/2010, 316/2010, 314/2010, 2211/2010 y 2262/2010 otorgados por ante Notario de Fe Pública Juana Mery Ortíz Romero por RandiSimoneMulder, Christa Pauliene Hilda Mulder, ImkeLisette Anna MulderyPaulineAlida de Haan en favor de José Adalit Murillo del Castillo y/o María Eugenia Corcus Pérez, en los cuales se otorgó la facultad de presentar acciones legales incluidas las de carácter constitucional.

 

II.3.A fs. 934 vta., se halla folio real 7.01.1.06.0067416, en el que se establece el derecho propietario de PaulineAlida de Haan de un inmueble de 6,05 ha, ubicado en el cantón La Guardia.

 

II.4.El Juez Tercero de Instrucción en lo Civil del Distrito Judicial -hoy departamento- de Santa Cruz, el 13 de diciembre de 2010 declaró herederos ab intestato a Isabel Quilla Vásquez, RandiSimoneMulder, Christa Pauliene Hilda Mulder e YmkeLisette Anna Mulder (fs. 51 a 52).

 

II.5.El 8 de septiembre de 2011, la Jueza Mixta de Instrucción de La Guardia, tomó posesión en misión hereditaria a Isabel Quilla Vásquez, RandiSimoneMulder, Christa Pauliene Hilda Mulder e YmkeLisette Anna Mulder de los inmuebles, correspondientes a los folios reales: 7.01.1.06.0067416, 7.01.1.06.0067446, 7.01.4.01.0011489, 7.01.4.01.011490 (fs. 58 a 59).

 

II.6.Isabel Quilla Vásquez el 6 de septiembre de 2012 presentó querella y ampliación de la misma contra Francisco Molina Avila, José Vismar Calderón Aramayo, Néctor Orlando Torrico Montaño, Dionicia Sánchez, Eddy N.N. y otros, por la supuesta comisión de los delitos de asociación delictuosa, allanamiento de domicilio, lesiones graves y leves, atentado contra la libertad de trabajo y robo agravado (fs. 77 a 79 vta. y 82 a 83 vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

Las accionantes por sí y sus representadas señalan que fueron lesionados sus derechos al trabajo, a la propiedad privada, además del principio de seguridad jurídica, son propietarias de los predios ubicados en La Guardia, Zona Norte, Kilómetro nueve, inscritos en DD.RR., bajo las matrículas computarizadas 7.01.1.06.0067416, 7.01.1.06.0067446, 7.01.4.01.0011489, 7.01.4.01.011490, inmuebles que fueron adquiridos a través de un proceso voluntario de declaratoria de herederos al fallecimiento de JanGerritMulder; sin embargo, un grupo de personas desde el 2010 allanaron violentamente sus propiedades, derivando en que sean presentadasdos denuncias penales ante la FELCC de La Guardia, procesos que fueron objeto de dilaciones hasta la fecha de la interposición de la presente acción de amparo constitucional, con el agravante que los actos ilegales fueron cada vez mayores llegando inclusive al robo de su ganado, por lo cual presentaron una segunda denuncia que no prosperó por cuanto los avasalladores no pudieron ser notificados mediante actitudes evasivas y violentas, razón por la cual interpuso la presente acción de amparo constitucional como último recurso para hacer valer sus derechos.

En consecuencia se procederá a analizar si en el presente caso corresponde la concesión o no de la tutela solicitada.

III.1.       La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional

La SC 0002/2012-R de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza del amparo constitucional estableció lo siguiente:

 

“El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio.

 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

 

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al indicar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que esta acción '(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'.

 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”.

III.2.       El amparo constitucional entre personas particulares

El Tribunal Constitucional Plurinacional ya se ha pronunciado respecto a la procedencia del amparo constitucional entre personas particulares. En ese sentido la SCP 0323/2012 de 18 de junio, ha señalado: “Ahora bien, la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, en su art. 128 señala: 'La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

 

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica que: 'Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales', lo que significa que la violación de derechos podría darse por cualquier persona, adquiriendo la legitimación pasiva por el sólo hecho de lesionar algún derecho constitucional.

 

La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) en su art. 73 dispone: 'La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley'.

 

En conclusión, cabe señalar que no existe limitante alguna respecto a la legitimación pasiva de personas particulares dentro de las acciones de amparo constitucional, sin que necesariamente tenga que concurrir un plano de desigualdad entre ambas partes; ya que lo contrario significaría desconocer el espíritu mismo de nuestra Constitución Política del Estado.

 

Por otra parte, aceptar el hecho de considerar que en las acciones de amparo constitucional necesariamente deba existir un plano de desigualdad entre las partes, importaría que en cada caso específico, la valoración respecto a la supuesta desigualdad pudiera rayar en subjetividades o apreciaciones incorrectas, cuando del análisis de la esencia misma de la Constitución Política del Estado, se puede afirmar que cualquier persona, puede ser objeto de vulneración a sus derechos, no teniendo trascendencia constitucional el que se encuentre en superioridad en relación con el sujeto que lesionó sus derechos.

 

Entendimiento asumido en el presente fallo que modula la SC 0980/2010-R de 17 de agosto y otras derivadas de la misma, para no atentar contra los valores de justicia e igualdad, y por tanto no afectar el principio de razonabilidad, por cuanto cualquier interpretación que se haga de la Ley Fundamental, debe ser siempre extensiva, favorable y de acuerdo a los arts. 13.IV y 256 de la CPE, concordantes con el 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normas de nuestro bloque de constitucionalidad que hacen al principio de favorabilidad para la interpretación de derechos fundamentales y que además, avalan la constitucionalización e irradiación de la Constitución axiomática y dogmático-garantista”.

 

III.3.       El amparo constitucional ante las medidas de hecho relacionadas con la ocupación de inmuebles por terceros

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su copiosa jurisprudencia, ha señalado que no se puede apelar a medidas de hecho en ningún extremo, no se podrá ejercer presión a través de actos contrarios al orden constitucional. También se ha dicho, que la acción de amparo constitucional, se halla dirigida precisamente a impedir que las consecuenciasperniciosas de las medidas de hecho sigan surtiendo efectos, procurando la restitución de los derechos conculcados.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional dijo también, que la simple utilización de medidas de hecho es vulneratoria de derechos, independientemente de la gravedad de los daños ocasionados. La acción de amparo constitucional al definir su naturaleza ha reconocido su propio carácter preventivo y no únicamente reparador.

Ahora bien, en cuanto al plazo de inmediatez para la interposición de la acción de amparo constitucional frente a la ocurrencia de medidas de hecho, efectivamente corre el establecido en el parágrafo II del art. 129 de la CPE; sin embargo, se debe efectuar la siguiente aclaración respecto a que los actos de avasallamiento por su misma naturaleza son permanentes en tanto no exista abandono del bien ocupado; es decir que los efectos de éstos actos ilegales perviven en el tiempodando lugar a que el plazo de caducidad no transcurra, concluyéndose que únicamente para las medidas de hecho relacionadas con avasallamientos no corre el plazo de caducidad de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional.

III.3.1.   Jurisprudencia aplicable al caso concreto

La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, determinó: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas 'vías de hecho', a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.

 

Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra”.

 

En lo relacionado con el plazo de inmediatez cuando concurran medidas de hecho, corresponde citar la SCP 1938/2012 de 12 de octubre, que determina: “Tal como se señaló precedentemente, al constituir las vías de hecho actos contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes, los cuales afectan derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben ser tutelados a través de la acción de amparo constitucional, por ser éste un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho, corresponde ahora, en el marco del principio de favorabilidad plasmado en el art. 256.I de la CPE, interpretar el art. 129.II de la Constitución, como génesis constitucional para la tutela de actos lesivos continuos en vías de hecho.

 

En efecto, para la tarea propuesta, es necesario utilizar pautas de interpretación constitucional como parámetros objetivos de legitimación de decisiones constitucionales, razón por la cual, en la especie, al amparo de los arts. 13.I, 13.III, 256. I y 256.II de la CPE y 29 del Pacto de San José de Costa Rica, se utilizará los principios pro-hómine, pro-actione y la interpretación teleológica para la labor hermenéutica a ser desarrollada en relación al art. 129.II de la CPE.

 

De acuerdo a lo indicado, el tenor literal del art. 129.II de la CPE, señala: 'La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial' (…).

 

La realidad social, obliga al último y máximo intérprete de la Constitución, en base a pautas de interpretación constitucional, a realizar una labor hermenéutica en relación a la última parte del artículo 129.II de la CPE; en ese contexto, el principio de favorabilidad como pauta específica de interpretación de derechos fundamentales y garantías constitucionales, con génesis expresa en el art. 256.II de la CPE, asegura la consolidación del Estado Constitucional de Derecho en el cual prima la eficacia máxima de los derechos fundamentales, en ese orden, para este fin, es necesario interpretar la última parte del art. 129.II de la CPE, a la luz de los principios pro-hómine y pro-actione, para que en el marco de una interpretación extensiva y progresiva de la garantía constitucional de amparo constitucional en cuanto al plazo de caducidad, se procure un acceso eficaz a la tutela constitucional y en el marco de una interpretación teleológica, se asegure una interpretación según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien. Así, los actos lesivos a derechos fundamentales, pueden generar en contra de personas individuales o colectivas, una afectación inmediata o mediata en el tiempo, en ese orden, en el primer supuesto, el plazo de caducidad disciplinado en el art. 129.II de la CPE, se computará desde la notificación con la comisión vulneratoria alegada; por el contrario, en una interpretación que favorezca al acceso a la justicia constitucional y de acuerdo a una pauta teleológica de interpretación que asegure una interpretación según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, cuando los actos lesivos generen una afectación a derechos fundamentales mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, el plazo de caducidad para activar la acción de amparo constitucional, se computará de acuerdo a los postulados del último supuesto disciplinado por el art. 129.II de la CPE, es decir, desde la notificación de la última decisión jurisdiccional o administrativa.

 

Ahora bien, también en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática” (las negrillas son nuestras).

 

La jurisprudencia pronunciada por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-518/11 de 5 de julio de 2011, en relación a los efectos permanentes de los actos ilegales y la inmediatez para ejercer la acción tutelar ha señalado: “En ese contexto, de manera general, la Corte Constitucional ha señalado que no obstante lo anterior, hay casos en los que no cabe aplicar de una manera estricta el criterio de la inmediatez en la interposición de la tutela, y, en particular, ha puntualizado que ello ocurre cuando, (i) se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual” …” (sic). (la negrillas son agregadas).

III.4.       Derecho al trabajo

Las constituciones políticas en diferentes países y la legislación en general, son unánimes al consagrar el derecho al trabajo de toda persona, reconocimiento expresado en el art. 46.I de la CPE, que señala:

 

I. "Toda persona tiene derecho:

 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución".

 

El art. 48.II de la CPE, expresa que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

 

A su vez el art. 49.III, determina que: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones correspondientes”.

 

El art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…) que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…”.

 

La Carta de la Organización de Estados Americanos, en su art. 28, proclama que el hombre, mediante su trabajo, tiene el derecho de alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica.

 

III.5.Legitimación activa en las acciones de amparo constitucional

En la SCP 1113/2012 de 6 de septiembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado: “La SC 0703/2011-R de 20 de mayo, extractando lo establecido por SC 0641/2010-R de 19 de julio, que a su vez cita la SC 0400/2006-R de 25 de abril, del extinto Tribunal Constitucional señaló:

 

'Para hacer referencia a los sujetos activos es necesario partir de una premisa fundamental: así como no existe acción sin sujeto titular y sin sujeto pasivo concretos, tampoco hay acción sin legitimación activa y pasiva.

 

La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente - legitimación pasiva -.

 

En el recurso de amparo la legitimación activa consiste en la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de la acción constitucional, en otras palabras, se tendrá legitimación activa cuando un sujeto jurídico determinado - sujeto activo - se encuentre en la posición que fundamenta la titularidad de la acción, en ese sentido, tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado'.

 

'Teniendo como uno de los requisitos esenciales de la legitimación activa, que el accionante demuestre la concurrencia de un agravio personal y directo a los derechos, tal como lo establece la SC 0626/2002-R de 3 junio, que dice lo siguiente:

 

«…a efectos de plantear un amparo, es preciso que toda persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo…, no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad o particular recurrido, pues las únicas personas que pueden denunciar la violación de un derecho fundamental ajeno, son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público conforme a los arts. 124 y 129-I de la Constitución Política del Estado».

 

Siguiendo tal razonamiento la SC 1732/2003-R de 28 de noviembre, estableció que:

 

(…)

Ahora bien, para activar la acción de amparo constitucional, el legislador, a través de la norma prevista por los arts. 129.I de la Constitución y 75 de la LTCP, ha reconocido esa capacidad procesal a favor de las siguientes personas y funcionarios:

 

a)La persona natural o jurídica afectada, la misma que podrá plantear la acción directamente o mediante un representante con poder notariado.

 

b)La Defensoría del Pueblo, la que podrá plantear la acción sin necesidadpoder notariado expreso.

 

c)El Procurador General del Estado, en el ejercicio de sus funciones.

 

En ese mismo sentido, el recientemente promulgado Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, respecto a la legitimación activa, en su art. 52, determina:

La acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta por:

1)Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otro en su nombre con poder suficiente.

 

2)El Ministerio Público.

 

3)La Defensoría del Pueblo.

 

4) La Procuraduría General del Estado.

 

5) La Defensoría de la Niñez y adolescencia.

 

Con relación a la persona natural o jurídica agraviada, la norma constitucional y la legal referidas, establecen que la misma podrá plantearse de manera directa o mediante otra persona, en cuyo caso, deberá otorgar el poder notariado; de manera que la persona quien concurra ante el juez o tribunal de amparo para plantear la acción, debe acreditar debidamente su personería, pues dicha acreditación se constituye en uno de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional así lo determina la norma prevista por el art. 77. 1 de la Ley del TCP.

 

Del desarrollo jurisprudencial anotado y normas legales citadas precedentemente, se concluye que la legitimación activa es un requisito de procedencia para la activación de la acción de amparo constitucional, refiriendo a que el accionante debe demostrar la vinculación entre el acto que impugna y su derecho legitimo supuestamente vulnerado; es decir, que especifique y detalle con claridad el daño o quebrantamiento a sus derechos fundamentales y la relación causal directa con el acto o resolución impugnada, pues de no ser claros y precisos estos elementos, o cuando no se compruebe que tales actos han afectado directamente sus derechos, la acción de amparo corresponderá ser denegada”.

 

III.6.       Análisis del caso concreto

La parte accionante señala que son propietarias de los predios ubicados en La Guardia, zona Norte, Kilómetro nueve, inscritos en DD.RR., bajo las matrículas computarizadas 7.01.1.06.0067416, 7.01.1.06.0067446, 7.01.4.01.0011489, 7.01.4.01.011490, inmuebles que fueron adquiridos a través de un proceso voluntario de declaratoria de herederos al fallecimiento de JanGerritMulder; sin embargo, un grupo de personas desde el 2010, avasallaron violentamente sus propiedades, derivando en que sean presentadas dos denuncias penales ante la FELCC de La Guardia, procesos que fueron objeto de dilaciones hasta la fecha de la interposición de la presente acción de amparo constitucional, con el agravante que los actos ilegales fueron cada vez mayores llegando inclusive al robo de su ganado, por lo cual presentaron una segunda denuncia que no prosperó por cuanto los avasalladores no pudieron ser notificados mediante actitudes evasivas y violentas, razón por la cual interpuso la presente acción de amparo constitucional como último recurso para hacer valer sus derechos.

 

Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Norma Suprema y la ley, se concluye lo siguiente:

 

III.6.1.   Respecto a la supuesta ausencia de legitimación activa de PaulieneAlida de Haan, RandiSimoneMulder, YmkeLisette Ana Mulder y Christa Pauliene Hilda Mulde

Los testimonios de Poder 315/2010; 316/2010; 314/2010, otorgados por ante Juana Mery Ortíz Romero, Notario de Fe Pública por RandiSimoneMulder, Christa Pauliene Hilda Mulder e ImkeLisette Anna Mulder en favor de José Adalit Murillo del Castillo y/o María Eugenia Corcus Pérez, no consignan la facultad específica de presentación de acciones tutelares; sin embargo, textualmente establecen que María Eugenia Corcus podrá: “Defender y hacer prevalecer el derecho propietario, (…) hacer uso de todos los recursos ordinarios como extraordinarios permitidos por ley” (sic), por lo tanto en una interpretación favorable, del Código Procesal Constitucional, resulta procedente la interposición de la presente acción de amparo constitucional, más aún si se trata de medidas de hecho perpetradas en su contra y que atentan su derecho propietario.

 

III.6.2. Respecto al fondo de la acción de amparo constitucional

Como ya se dijo, indudablemente los “avasallamientos” constituyen vías de hecho y en todos los casos son contrarias al orden establecido, situación en la cual, cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto que se tendrá por demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; ahora bien, en el caso concreto, de la compulsa de antecedentes se evidencia lo siguiente: Como prueba documental la parte accionante presentó los folios reales; 7.01.1.06.0067416, 7.01.1.06.0067446, 7.01.4.01.0011489, 7.01.4.01.011490, de los cuáles se establecen los siguientes aspectos esenciales a saber: a) El citado registro corresponde a los inmuebles ubicados en La Guardia, zona Norte, Kilómetro nueve del departamento de Santa Cruz; y, b)En la casilla referente a la titularidad sobre el dominio, figuran como únicos asientos, aquellos que contemplan como propietarios de los terrenos a Isabel Quilla Vásquez, AnneLisetteMulderYmke, PaulineAlidaMulder de Haan, Christa Pauline Hilda Mulder y RandiSimoneMulder.

 

En base a esta documentación, se establece que dichos documentos acreditan la titularidad de los accionantes, independientemente que el poder otorgado por PaulieneAlida de Haan, RandiSimoneMulder, YmkeLisette Ana Mulder y Christa Pauliene Hilda Mulder, estuviese observado por la supuesta falta de mandato expreso, por lo cual se concluye que efectivamente fueron vulnerados todos los derechos acusados de lesionados, toda vez que: 1) Isabel Quilla Vásquez el 6 de septiembre de 2012, presentó querella contra Francisco Molina Avila, José Vismar Calderón Aramayo, Néctor Orlando Torrico Montaño, Dionicia Sánchez, Eddy N.N. y otros, por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, allanamiento de domicilio, lesiones graves y leves, atentado contra la libertad de trabajo y robo agravado; y, 2) Mediante informe presentado por Francisco Molina Ávila, Francisco Bazán Molina, BeimarTorrico Montaño, Néctor Orlando Torrico Montaño, José Vismar Calderón Aramayo y Dionicia Sánchez Aramayo, los mismos admitieron que los inmuebles habitados por sus personas ya cuentan con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable desde hace años atrás, demostrando la función social que cumplen los mismos; es decir que en vez de rebatir las denuncias efectuadas en su contra, admitieron los hechos, debiendo en consecuencia concederse la tutela por cuanto el derecho de propiedad de los accionantes se vio afectado por las medidas de hecho asumidas en su contra, mismas que se mantenían al momento de la interposición de la acción tutelar.

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Juez de garantías, al conceder parcialmente la tutela, ha evaluado en forma incompleta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte, la Resolución 09 de 26 de marzo de 2013, cursante de fs. 915 a 919, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela en la acción de amparo constitucional interpuesta, en favor de todos los demandantes y respecto a todos los derechos acusados de lesionados.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0103/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente:04365-2013-09-AAC

Departamento:Potosí

En revisión la Resolución 09/2013 de “22 de octubre”, cursante de fs. 109 a 112, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maria Cristina Herbas Estrada y Aydee Isabel Herbas Estrada contra Ana Marizabel Vásquez Torrico y Jorge Oscar Balderrama Berríos, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memoriales presentados el 25 y 31 de julio de 2013, cursantes de fs. 13 a 18 y 21 a 23 vta., las accionantes exponen lo siguiente:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

En el proceso penal de acción privada que siguen contra Luis Dieter Coro León, por la presunta comisión de los delitos de difamación e injuria, que se tramita ante el Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia Penal de Betanzos, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí. El 4 de enero de 2013, presentaron recusación contra el Juez de la causa, en base a los arts. 319 y 316.2 y 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la misma fue rechazada por Auto de 8 de enero de 2013, elevada en consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí para su correspondiente revisión.

 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista 02/2013 de 23 enero, rechazó in limine la recusación planteada por las accionantes, con el argumento “En ningún caso procederá la separación por ataques u ofensas inferidos al juez después que haya comenzado, tampoco en el testimonio de apelación existe ningún elemento probatorio que respalde esta causal” (sic). Dicha apreciación es subjetiva e incoherente con las causales de recusación interpuestas, no teniendo sustento legal menos una motivación, porque en ningún momento se ha referido a ataques u ofensas referidas al juez recusado, lo que genera infracción al principio de la seguridad jurídica y vulneración al derecho del debido proceso, introduciendo en la resolución hechos que no fueron motivos de recusación.

 

Además, el fallo cuestionado aduce: “Asimismo es necesario tener presente que el tribunal debe encuadrar sus actos a lo previsto por el art. 318 del c.p.p. conforme remite el art. 320 del c.p.p. en el cual no le está permitido recibir prueba en audiencia y solo debe pronunciarse sobre el rechazo o la aceptación de la recusación y en caso de autos, por todo lo expuesto corresponde rechazar la misma” (sic). Sin embargo, el art. 320.1 del CPP, establece que el Tribunal previa audiencia en la que recibirá la prueba e informe de las partes; es decir, los Vocales demandados tenían el deber de señalar con carácter previo a la resolución día y hora de audiencia en la que se reciba la prueba e informe de las partes, pero no dieron aplicación a la norma legal anotada, pues el Auto de Vista en cuestión no se ha adecuado al mecanismo procesal previsto en el referido Código, habiéndose vulnerado el derecho a la aplicación objetiva de la ley y con ello al debido proceso.

 

De igual manera, dicha Resolución “AUTO DE VISTA 02/2013 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2012” (sic), contiene incongruencia al cambiar el año, hace referencia al 2012, cuando la recusación fue planteada el 2013; a momento de resolver no indica que clase de falta se cometió por el cual las recusantes merezcan sanción, si fue por una falta leve, grave o gravísima imponiendo una multa de tres días de haber del juez recusado, adecuando esa sanción al art. 7 del Reglamento de Multas, sin especificar además la norma legal o reglamentaria en la que se sustenta dicha determinación, vulnerando así al principio de celeridad, en razón de que se dispuso que no sean admitidos la solicitud o escrito alguno hasta que no se cancele la multa.

 

Habiéndose percatado de esas incongruencias, el 28 de enero de 2013, mediante memorial solicitaron explicación a la Sala Penal Primera, petitorio que no fue respondido hasta la fecha, ni aceptando o rechazando, acto que vulnera así el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

Las accionantes alegan la lesión de sus derechos al debido proceso, a la petición, a los principios de legalidad, de congruencia y a la “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 24, 115.II y 117.I de la CPE.

 

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 2/2013 de 23 de enero, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, y se dicte nueva resolución aceptando la recusación.

I.2. Trámite Procesal

I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional

Mediante Auto Constitucional 005/13 de 31 de julio, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaro improcedente in límine la acción de amparo constitucional interpuesta por Maria Cristina Herbas Estrada y Aydee Isabel Herbas Estrada.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

En virtud de la impugnación efectuada por Maria Cristina Herbas Estrada y Aydee Isabel Herbas Estrada, a la Resolución 005/13, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió el Auto Constitucional 0193/2013-RCA, por el cual dispuso la admisión de la acción de amparo constitucional, revocando la citada Resolución.

 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 13 de noviembre de 2013, cursante de fs. 101 a 108 vta., se produjeron los siguientes actuados:

 

I.3.1. Ratificación de la acción

El abogado de las accionantes ratificó el contenido de la acción interpuesta.

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas

Ana Marizabel Vásquez Torrico y Jorge Oscar Balderrama Berrios, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe cursante de fs. 65 a 66, señalaron: a) El 23 de enero de 2013, conocieron en grado de consulta la recusación contra el Juez de Partido Mixto y Liquidador de “Cotagaita” (sic) planteada por las ahora accionantes, resolvieron rechazar in limine la misma, en base a los arts. 316.2 y 11; 320 y 321 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010; b) Las accionantes no acreditaron ninguna prueba, “inventarse” una declaración jurada y sin tener respaldo jurídico ni orden emanada de autoridad fiscal o judicial, no se enmarca dentro del debido proceso; c) En ningún caso procede la separación de un juez o tribunal por ataques u ofensas inferidas a los mismos después que haya comenzado a conocer el proceso; d) No existe prueba objetiva que demuestre que el Juez recusado haya manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso que conste documentalmente, ni tampoco la supuesta amistad íntima que se exteriorice por frecuencia de trato o enemistad manifiesta con alguno de los interesados; e) Argüir que no se programó audiencia son meras conjeturas porque la ley es clara al establecer que toda recusación debe ser presentada con prueba, hecho que no ocurrió en el caso de su petición de recusación, ni se presentó prueba junto al memorial conforme indica la norma procesal penal, entonces como exigen que se fije audiencia para presentar prueba si no la tienen, queriendo confundir y sorprender al Tribunal de garantías; f) Con relación al principio de legalidad y el derecho de petición, no ha existido tal vulneración porque se dictó el Auto de Vista el 23 de enero de 2013, aunque la parte accionante quiere hacer entrever al señalar que se cambió el año, por cuanto en el auto de vista emitido en mayúscula dice AUTO DE VISTA 02/2013, por un error de taipeo se consignó 2012; y, g) Manifiestan que es una arbitrariedad al imponer una multa equivalente a tres días del haber del juez, sin señalar el monto económico preciso y sin especificar la norma legal, pero existe un Reglamento de Multas Procesales del Poder Judicial y en su art. 7, indica como debe imponerse, donde el monto económico es calificado por el Departamento Administrativo y Financiero del Consejo de Magistratura, por lo que las apreciaciones subjetivas viene de las accionantes y no de la Sala Penal que emitió el Auto de Vista aludida.

 

I.3.3. Intervención del representante del Ministerio Público

 

El representante del Ministerio Público, en audiencia mencionó: 1) El Tribunal de alzada, al rechazar la recusación in limine, ha dado cumplimiento a lo que establece el art. 321 del CPP, que fue modificado por la Ley 007, en este caso no se habría cumplido con la presentación de documentos requisitos sine qua non; y, 2) Los Vocales demandados han obrado conforme a ley, razón por la cual no se ha vulnerado ninguno de los principios que están señalados en la acción de amparo constitucional, por lo que requirió que se deniegue la tutela solicitada.

 

I.3.4. Resolución

La Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 09/2013 de “22 de octubre” (sic), cursante de fs. 109 a 112, “…en desacuerdo con el dictamen fiscal (…) concede la tutela” (sic), disponiendo que los Vocales demandados, dén cumplimiento a la previsión del art. 320 del CPP, dicten nuevo auto de vista conforme a procedimiento; con los siguientes fundamentos: i) El Tribunal de alzada tenía la obligación de señalar audiencia para recibir la prueba e informe de las partes para pronunciar Resolución en base a las mismas, dentro de las cuarenta y ocho horas, conforme al art. 320.1 del CPP; sin embargo, no dio aplicación a esa norma legal, habiéndose vulnerado el debido proceso; ii) Si bien es evidente que las excusas y recusaciones son rechazadas in limine conforme a la Ley 007, en el presente caso de recusación no se encuentra dentro del causales de rechazo in limine, máxime si el Auto de Vista impugnado no se halla fundamentado, conforme manda el art. 124 del CPP; y, iii) A momento de resolver el ad quem, no indica que clase de falta cometió por el que las recusantes merezcan cancelar una multa de tres días del haber del juez recusado, acto que es una flagrante vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, vulnerando el principio de celeridad, en razón de que se dispuso que no sean admitidos la solicitud o escrito alguno hasta que no se cancele la multa.

 

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

De conformidad al Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, en el Resuelve Primero, dispone el receso de actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional del 23 al 31 de diciembre de 2013, con suspensión de plazos procesales; a cuyo efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia considerando ésta.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

 

II.1.El 4 de enero de 2013, Aydee Isabel Herbas Estrada y María Cristina Herbas Estrada, interpusieron recusación sobreviniente contra el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia Penal de Betanzos por encontrarse su conducta en las causales 2 y 11 del art. 316 del CPP, dentro del proceso penal de acción privada que siguen contra Luis Dieter Coro León por la presunta comisión de los delitos de difamación e injuria (fs. 6 a 7).

 

II.2.El Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia Penal de Betanzos mediante Auto motivado de 8 de enero de 2013, rechazó la recusación interpuesta por las accionantes, por no existir la documentación correspondiente para probar su denuncia, dejando sin efecto la audiencia de juicio oral mientras se dilucide la presente recusación, remitiendo antecedentes al Tribunal Departamental de Potosí conforme a procedimiento (fs. 73 a 74).

II.3.La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí por Auto de Vista 02/2013 de 23 de enero de “2012”, rechazó in limine la recusación planteada, en razón de que no existe ningún elemento de prueba, señalando: “Tampoco en el testimonio de apelación existe ningún elemento probatorio que respalde esta causal” (sic), la declaración jurada no constituye prueba por no estar conforme a ley, finalmente indica “Asimismo es necesario tener presente que este tribunal debe encuadrar sus actos a lo previsto por el art. 318 del CPP conforme remite el art. 320 del CPP., (en el cual no le está permitido recibir prueba en audiencia), y solo debe pronunciarse sobre el rechazo o la aceptación de la recusación…” (sic); disponiendo en consecuencia que el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia Penal de Betanzos, continúe con la tramitación del mencionado proceso hasta su conclusión (fs. 63 a 64 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes alegan que las autoridades jurisdiccionales demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso, a la petición, a los principios de legalidad, de congruencia y a la “seguridad jurídica”, al haber resuelto en grado de consulta la recusación contra el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal de Betanzos, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, mediante Auto de Vista 02/2013, sin que previamente se dé cumplimiento al art. 320 del CPP y la falta de fundamentación en dicha Resolución.

 

En revisión, corresponde dilucidar si los hechos expuestos por el accionante son evidentes y si corresponde conceder o denegar la tutela invocada.

III.1.       Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar, cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial asimismo, en base al esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional de los órganos e instituciones del poder público. El órgano judicial a través de su jurisdicción, como también en la función judicial ejercida por sus autoridades en naciones y pueblos indígena originario campesinos, donde los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, contribuirán para el vivir bien, como establece el art. 8.II de la CPE.

 

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, superar la estructura de una visión colonial, lo previsto en el art. 8.I de la CPE, sobre la justicia para ello estableció los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón). Estos últimos mandatos restrictivos resultan ser imperativos para cada persona y en cada hogar de las bolivianas y los bolivianos. Es también la esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos. El Estado ha encontrado como un elemento transformador dichos principios en la sociedad. Una inequívoca señal de esa voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que instituye el principio político-jurídico de irretroactividad de la ley de manera excepcional en materia de corrupción, esto con el fin de investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado.

 

Se ha dicho que la jurisprudencia constitucional, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma, emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, y entre otros, la verdad material y el debido proceso.

 

En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no sólo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad.

 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

“Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones…” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

III.2.De la acción de amparo constitucional

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y sus antecedentes de la presente acción de amparo constitucional elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a la misma. Así, la Constitución Política del Estado, en la Sección II, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías), ha instituido la acción de amparo constitucional.

Al respecto, el art. 128 establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; a su vez el art. 129.I de la CPE, determina que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

En el desarrollo de las normas constitucionales citadas, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la acción de amparo constitucional, “…de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. Por otra, al referirse el art. 54 del citado Código, con referencia a la subsidiariedad, dice: “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgare la tutela”.

La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

 

III.3.       Con relación al trámite específico del incidente de recusación previsto en el art. 320 inc. 1) del CPP

El art. 320 del CPP, con relación al trámite del incidente de recusación, señala:

“Artículo 320º.- (Trámite y resolución de la recusación).- La recusación se presentará ante el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente.

 

Si el Juez recusado admite la recusación promovida, se seguirá el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento:

 

1) Cuando se trate de un Juez unipersonal, elevará antecedentes al Tribunal superior dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada de rechazo. El Tribunal superior, previa audiencia en la que se recibirá la prueba e informe de las partes, se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior. Si acepta la recusación, reemplazará al Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza ordenará al Juez que continúe con la sustanciación del proceso, el que ya no podrá ser recusado por las mismas causales;

 

2) Cuando se trate de un Juez que integre un Tribunal el rechazo se formulará ante el mismo tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior” (las negrillas son nuestras).

 

De la normativa citada, se establece que el Juez de la causa una vez formulada la recusación, pronunciará de manera fundamentada una resolución en la cual si rechaza la misma, remitirá los antecedentes dentro de las veinticuatro horas ante el Tribunal superior, y ésta, previa audiencia en la que se recibirá la prueba e informe de las partes, pronunciará resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes aceptando o rechazando la recusación. La resolución que acepte o rechace la recusación, no es susceptible de ningún recurso; así también, no se admiten recusaciones posteriores por la misma causal.

 

Por otra parte, es necesario señalar que mediante Ley 007, denominada Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, en su artículo primero, establece las reformas parciales al Código de Procedimiento Penal, entre las cuales se encuentra la modificación al art. 321 del precitado Código, estableciendo esta ley para las excusas y recusaciones el siguiente contenido:

 

“Producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo sanción de nulidad.

 

Aceptada la excusa o la recusación, la separación del juez será definitiva aunque posteriormente desaparezcan las causales que las determinaron.

 

Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in límine cuando:

 

1. No sea causal sobreviniente;

 

2. Sea manifiestamente improcedente;

 

3. Se presente sin prueba en los casos que sea necesario; o

 

4. Habiendo sido rechazada sea reiterada en los mismos términos”.

 

Este Tribunal, a través de la jurisprudencia constitucional plurinacional, sobre la mencionada normativa legal señaló lo siguiente: “En ese orden, en una interpretación literal del art. 321 de la Ley 007, acorde con pautas teleológicas y sistémicas, se tiene que la prohibición de conocimiento de ulteriores actos procesales una vez promovida la recusación, es un presupuesto aplicable para las recusaciones formuladas en el marco del art. 320 del CPP; empero, considerando que el rechazo in límine no contempla las causales del art. 320 del CPP, sino por el contrario, sus presupuestos son distintos, del tenor literal del art. 321, se establece que no existe una regulación normativa expresa del procedimiento de rechazo in límine de recusaciones formuladas en procesos penales, razón por la cual, de acuerdo a pautas objetivas de interpretación, a la luz del debido proceso, deberán interpretarse los postulados a seguirse.

En el contexto señalado, siguiendo un criterio teleológico de interpretación, se tiene que el primer supuesto del art. 321 del CPP en el marco de las causales reguladas por el art. 320 del mismo cuerpo adjetivo, cuando establece la prohibición de realización de actos procesales ulteriores bajo sanción de nulidad, tiene una finalidad concreta, que es asegurar el principio de imparcialidad como elemento del debido proceso. Ahora bien, la finalidad de establecer un rechazo in límine cuando se presenten los supuestos regulados en la última parte del artículo 321 del CPP, los cuales por su naturaleza no se encuentran contemplados en el artículo 320, de acuerdo a una pauta teleológica y sistémica, tiene la finalidad de evitar dilaciones procesales indebidas y asegura así la consagración del principio de celeridad como presupuesto de un debido proceso penal.

En base al razonamiento antes esbozado, considerando que la teleología de un rechazo in límine de recusaciones es el resguardo del principio de celeridad y por ende del plazo razonable de juzgamiento, toda vez que su finalidad es evitar dilaciones procesales indebidas, no sería coherente con esta interpretación teleológica, atribuirle a este supuesto los mismos presupuestos disciplinados para la tramitación de recusaciones enmarcadas en las causales plasmadas en el art. 320 del CPP, por cuanto, a la luz de esta interpretación teleológica, es razonable señalar que en este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la Ley 007, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de ninguna manera vicia de nulidad los actos procesales ulteriores” (las negrillas son nuestras), así lo entendió la SCP 0038/2012 de 26 de marzo.

 

III.4.Análisis del caso concreto

De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se evidencia que dentro el proceso penal de acción privada, seguida por María Cristina Herbas Estrada y Aydee Isabel Herbas Estrada contra Luis Dieter Coro León por la supuesta comisión de los delitos de difamación e injuria, las querellantes interpusieron recusación contra el Juez de Partido Mixto y de Sentencia Penal de Betanzos, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, la misma que rechazó la autoridad jurisdiccional, y envió dicho fallo al superior en grado.

 

Recibida en revisión la recusación, los Vocales ahora demandados resolvieron rechazar in limine la recusación mediante el Auto de Vista 02/2013, disponiendo que el Juez de la causa continué con la tramitación del indicado proceso penal hasta su conclusión, fallo que según las accionantes es ilegal, por varios motivos, pues, existiría las causales 2 y 11 del art. 316 del CPP, que el juez recusado habría tenido contacto de manera personal y extra proceso con la parte contraria, que no se habría procedido conforme establece el art 320 del citado Código, en el sentido de que los Vocales no fijaron u omitieron señalar audiencia para que las partes, tengan la oportunidad de que se reciban sus pruebas e informes, vulnerando de esta forma el debido proceso en su falta de fundamentación, la tutela judicial efectiva, y los principios de congruencia y legalidad.

 

De la actuación de los Vocales demandados, se puede observar que los mismos, no obraron conforme establece el trámite y procedimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a la recusación, al no haber señalado previamente la audiencia, que el art. 320 del CPP, en forma taxativa establece; omisión, que se confirma del mismo informe cursante de fs. 65 a 66, que las autoridades demandadas presentaron al Tribunal de garantías, cuando refieren “…ni siquiera se presentó prueba junto al memorial de recusación conforme señala la norma, entonces como exigen que se señale audiencia para presentar prueba si no la tienen…” (sic), y además, se habría rechazado la recusación porque no existía prueba objetiva que demuestre que el Juez recusado haya manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso en cuestión; sin embargo, el art 320 inc. 1) del CPP, es determinante al señalar que el tribunal superior, previa audiencia, recibirá la prueba y los informes de las partes, más no indica en ninguna parte que a criterio del juez o tribunal dicha audiencia no deba instalarse, ese acto evidentemente ha provocado una vulneración al debido proceso, en su elemento a la tutela judicial efectiva, ya que no se ha permitido a las accionantes realizar una adecuada defensa en audiencia sobre los argumentos por los cuales se ha recusado al Juez de Partido Mixto y de Sentencia Penal de Betanzos de la provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí.

 

Con relación a las causales de la recusación, si se ajustarían a lo preceptuado en el Código de Procedimiento Penal, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse; siendo que es atribución de la jurisdicción ordinaria, referirse en audiencia a través de una resolución, sobre la recusación en revisión. En lo que concierne a la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista, tampoco es posible manifestarse, en razón a que la tutela que se concede tendrá efecto anulatorio sobre el mismo.

Por otra parte, se debe aclarar que siendo la acción de amparo constitucional una acción de defensa de los derechos y garantías fundamentales previstas en la Norma Suprema, con relación a los principios constitucionales y valores supremos, que por su naturaleza no son tutelables a través de esta acción.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela invocada, valoró en forma correcta los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución de 09/2013 de “22 de octubre”, cursante de fs. 109 a 112, pronunciada por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA

 

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA PLENA

Magistrada Relatora:  Dra. Soraida Rosario ChánezChire

Acción de inconstitucionalidad abstracta

Expediente:                  03609-2013-08-AIA

Departamento:            Chuquisaca

En la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Juan Luis GantierZelada, Diputado del Estado Plurinacional de Bolivia, demandando la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado (LPGE) Gestión 2013, por infringir las normas de los arts. 1, 8.I y II, 9.4, 14.II, 22, 46.I.1, 2 y II, 47.I, 108.1, 2 y 3, 109.II, 115.II, 116.I y II, 117.I, 120.I, 306.I, II y III, 308.I y II, 318.II, 323.I, 334.4 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2, 7, 8, 10, 11 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 2 y 3; y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5, 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 5, 6, 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 20 de mayo de 2013, cursante de fs. 3 a 18, el accionante, en su condición de Diputado del Estado Plurinacional de Bolivia, expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Relación sintética de la relación

Las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE Gestión 2013, introduce reformas al Código Tributario Boliviano agravando la situación de los contribuyentes, especialmente de los microempresarios bolivianos, atentando los valores y principios de la Constitución Política del Estado.

 

 

 

La Disposición Adicional Quinta de la LPGE, es contraria a la Constitución Política del Estado, porque: a) Mantiene “la clausura inmediata” prescindiendo del debido proceso; b) Agrava las sanciones previstas anteriormente, c) Suprime la posibilidad de convertir la sanción de clausura en multa; y d) Establece la clausura definitiva como sanción.

 

 

 

La norma impugnada mantiene la clausura inmediata del negocio prescindiendo del debido proceso previo a cualquier sanción, “invirtiendo” (sic) el principio de presunción de inocencia, suprimiendo la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa y restringiendo el derecho al trabajo, porque el hecho de clausurar un negocio en forma inmediata implica suprimir el derecho al trabajo.

 

 

 

La limitación de los derechos fundamentales está supeditada al estricto cumplimiento de garantías constitucionales, procesales, judiciales y jurisdiccionales, entre estas el debido proceso legal en sus elementos de presunción de inocencia, a la defensa, derecho a un proceso previo a la sanción, derecho a contar con el tiempo suficiente y los medios para asumir defensa, derecho a presentar prueba para su valoración, derecho a la motivación, congruencia, derecho a la doble instancia.

 

 

 

Manifiesta que, la norma impugnada permite que los funcionarios públicos con una sola actuación, intervengan oficiosamente, califiquen el hecho e impongan la penalidad, prescindiendo totalmente del debido proceso, porque la intervención y clausura suelen durar menos de cuatro minutos, lapso imposible para cumplir el debido proceso; además, la norma no contempla la participación del sancionado, presume la culpabilidad directa, prescinde de la comunicación previa con la acusación o denuncia, no permite el ejercicio del derecho a la defensa y permite que se emita una sanción sin la debida motivación. La norma contraría abiertamente el debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117 de la CPE, por que establece un trámite brevísimo impidiendo que el sancionado tenga la posibilidad de disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa y a comunicarse con un abogado defensor.

 

 

 

La norma, también agrava las sanciones previstas anteriormente, suprime la posibilidad de convertir la sanción de clausura en multa y establece la clausura definitiva como sanción.

 

 

 

La norma tributaria anterior, establecía como sanción la clausura definitiva, no obstante ella se podía convertir en una multa aunque elevada, permitiendo al microempresario continuar con su negocio abierto, hoy la norma impugnada excluye la posibilidad de esa conversión, agravando la situación de los mismos, porque se los obliga a cerrar en forma definitiva sus fuentes de trabajo.

 

 

 

El modelo económico plural del Estado Plurinacional de Bolivia, está orientado a mejorar la calidad de vida, para ello pregona el vivir bien de todos los bolivianos (art. 306), reconoce la iniciativa privada y la libertad de empresa (art. 308); además como política económica, reconoce y prioriza el apoyo a la estructura asociativa de micro, pequeñas y medianas empresas productoras (art. 318); la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa (art. 334). Todas estas normas constitucionales reflejan el interés y compromiso del Estado para proteger la actividad de los microempresarios, pero la Disposición Adicional Quinta, contraría abiertamente esos mandatos constitucionales, porque al establecer la clausura definitiva como sanción, suprime totalmente esos derechos fundamentales; debido a que la clausura implica el cese de las actividades comerciales, privación de ingresos económicos y en definitiva privación del derecho al trabajo.

 

 

 

Por otra parte, manifiesta que la Disposición Adicional Quinta de la LPGE, Gestión 2013 contempla la intervención oficiosa de la administración tributaria mediante operativos de control, estableciendo un procedimiento anticonstitucional, híper sumarísimo, discrecional y arbitrario; exige como único requisito, la elaboración de un acta en presencia de un testigo de actuación, cuando se advierta una contravención tributaria de ipso facto procede el funcionario a la clausura como sanción, sin dar la mínima oportunidad al sancionado de poder defenderse, explicar la circunstancia y presentar descargos. Este procedimiento, genera la prepotencia, el maltrato y la extorsión a vendedores contribuyentes, porque es un instrumento de coacción que atenta contra el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y el derecho a ser sometido a un proceso legal previo.

 

 

 

La sanción de clausura definitiva que contempla la norma impugnada, es un contrasentido flagrante a los valores universales de justicia, igualdad, dignidad, respeto, bienestar común, suma qamaña, ñandereko, tekokavi, la seguridad jurídica, proporcionalidad, capacidad económica, solidaridad y universalidad.

 

 

 

Todos tienen la posibilidad de rehabilitarse, hasta los que vulneran bienes jurídicos superiores como la vida, el patrimonio, el honor, después de cumplir la sanción para luego volver al entorno social; en cambio, a los microempresarios, la norma impugnada los condena a morir de hambre privándolos de sus fuentes de trabajo, porque el procedimiento contemplado, es totalmente parcializado y dirigido a castigar sin permitirles ejercer sus derechos y ser sancionados sin proceso previo.

 

 

 

Con relación a la disposición adicional sexta, manifiesta que ésta crea un nuevo delito tributario, mal configurado, como es la “penalización de la comercialización de facturas y documentos equivalentes” solo cuando no se ha “realizado el hecho generador”. El problema, yace en la delegación de responsabilidad que hace la administración tributaria al contribuyente y hasta a terceros, porque existe situaciones que escapan a la buena fe del comprador y del vendedor contribuyente, por ello el mero hecho de detentar una factura ilegal, siendo su procedencia inicialmente lícita, da lugar a ser acusado como coadyuvar o participar indirectamente en el ilícito tributario.

 

 

 

La sanción que emite la norma cuestionada es desproporcional, porque no diferencia la participación directa o indirecta. Esta norma por todo lo manifestado, vulnera los valores de justicia, igualdad, dignidad, respeto, seguridad jurídica al incorporar un nuevo tipo penal ambiguo que pretende descargar la responsabilidad de la administración tributaria, en desmedro de los derechos del contribuyente.

 

 

 

El mantener las normas, implica una ponderación de valores, fines, bienes colectivos, directrices organizacionales, derechos y garantías en coincidencia con el principio de conservación de la norma establecido en el Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina la presunción de constitucionalidad; pero en el caso, se hace imposible conservar las normas impugnadas, puesto que la incompatibilidad con la Constitución Política del Estado es total.

 

 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita que previo trámites, se dicte Sentencia Constitucional declarando la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE Gestión 2013.

I.2. Admisión y citaciones

Por AC 0213/2013-CA de 18 de junio, cursante de fs. 19 a 23, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por Juan Luis GantierZelada, Diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, ordenando que la acción y el Auto de Admisión se pongan en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, como personero del Órgano que generó la norma impugnada, lo cual se cumplió el 12 de julio de 2013 (fs. 51).

 

 

 

I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada

 

 

 

Álvaro Marcelo García Linera, Vice Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por memorial presentado el 29 de julio de 2013, cursante de fs. 56 a 62 vta., formuló sus alegatos en los siguientes términos: 1) El procedimiento legislativo es un conjunto de pasos que deben seguir los Órganos de gobierno, al momento de producir una norma o bien para realizar una modificación de una norma ya existente, siendo el único límite a la producción normativa, la Constitución Política del Estado como referencia de acción reguladora; 2) La Ley de Presupuesto General del Estado de la Gestión 2013, ha observado el procedimiento legislativo que la norma fundamental le impone al legislador; 3) La Norma Suprema del art. 158.I.3 faculta al Órgano Legislativo emitir leyes en sumisión a la Constitución Política del Estado, en ese sentido no se puede cuestionar de inconstitucional una norma que deviene del mandato expreso de la Ley Fundamental; 4) Por mandato constitucional, la aprobación del Presupuesto General del Estado, es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional; 5) De conformidad al art. 298.I.21 de la CPE, la codificación sustantiva y adjetiva tributaria se encuentra al interior del universo de competencias privativas del nivel central del Estado, en consecuencia el desarrollo legislativo hecho en la Ley del Presupuesto General del Estado de la Gestión 2013, en lo que respecta a materia tributaria, encuentra su génesis normativo en la norma constitucional citada; 6) Las normas tributarias, al ser el sostén económico primario del país, encuentran en el bien común su razón de ser y para su eficacia completa, pueden determinar condiciones especiales, en base a la procura de hacer eficaces las disposiciones que la norma de tributación establece, lo contrario sería dejar en incertidumbre el desarrollo de la política tributaria y como consecuencia de ésta, dejar en suspenso el ejercicio de derechos que son de peso mayor por la naturaleza que les son inmanentes; 7) Para garantizar el cumplimiento de los intereses generales que corresponden al Estado, la administración no solo cuenta con potestades reguladoras, sino también con el poder de sancionar las infracciones al ordenamiento jurídico-administrativo; potestad que tiene como campo de acción el marco de la Constitución Política del Estado; esta potestad de imponer sanciones para quienes vulneran la legalidad administrativa, persigue garantizar la observancia plena de la ley y de las limitaciones y deberes que se imponen a los ciudadanos por el sistema de normas o los actos administrativos de obligatorio cumplimiento; 8) La actividad sancionadora es una de las bases del Estado Constitucional de Derecho, con ello se garantiza el cumplimiento exacto de las determinaciones del ordenamiento jurídico administrativo y por el otro se garantiza el ejercicio pleno de los derechos a favor del administrado; 9) La infracción a la norma administrativa o su incumplimiento, aparejan la sanción, misma que puede ser de diversas formas, pecuniario, suspensión o prohibición definitiva o temporal de actividades o del ejercicio del derecho, los comisos o decomisos, todas estas por separado o algunas coincidentes entre sí, caso en el cual la administración impone una sanción que es contenedora de dos efectos, uno económico y otro de comiso, este último no es más que la sustracción de los bienes de forma definitiva al incumplido por haber quebrantado el orden público, base primera del Estado de Derecho; 10) Todas las condiciones que establece la Constitución Política del Estado a favor de la administración para emitir sanciones, se encuentran cumplidas por las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta LPGE Gestión 2013; 11) Las disposiciones adicionales, al interior de una ley son excepciones, dispensas o reservas a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos o la determinación legislativa de una situación de derecho que requiera por necesidad ser regulada en la norma principal; 12) Las disposiciones adiciónales tienen una condición de vigencia, la relación, por fuerza, con la norma que le hace de habilitadora, ante esto es común advertir que las normas de presupuesto tengan relación estrecha con las disposiciones aduaneras; 13) Toda disposición adicional, transitoria y final, al ser una excepción a la regla, cumple con los requisitos de orden constitucional; en cuanto a la forma, cuando su aprobación es sujeta al criterio del legislador, en sus dos etapas de discusión en grande y en detalle; 14) La modificación al interior de cualquier sistema de normas, implica la necesidad de rediseñar un mandato de regulación por uno nuevo, que obedezca a los parámetros de constitucionalidad, no existe prohibición alguna a la modificación, salvo la pertinencia, en base a ella la modificación debe ser coherente con la norma modificada, la modificación legislativa es una facultad derivada de la producción legislativa, que la teoría denomina facultad legislativa derivada negativa, ya que si bien no elimina la norma, la desplaza por una nueva regulación, cuya previsión se encuentra en la norma fundamental; 15) La disposición adicional quinta contiene tres situaciones jurídicas: i) La referida a la obligación de la Administración Tributaria de verificar el correcto cumplimiento de la emisión de factura, mediante operativos de control; esta actividad es propia de la administración tributaria; ii) La referida a la sanción propiamente dicha frente a un comportamiento ilegal de parte de quien contravenga una obligación tributaria; y, iii) La tercera situación es una expresión de la potestad sancionadora ante la reincidencia, con la condición de la máxima aplicada, momento en el que la sanción será la clausura definitiva del local intervenido; entonces, si existe una situación jurídica que se desprende de las atribuciones propias de la autoridad, si la sanción impuesta condice con la potestad sancionadora del Estado y si la sanción mayor es una expresión de gradación sancionatoria, mal puede cuestionarse de inconstitucional, ya que ésta contiene incólumes los presupuestos constitucionales; 16) Respecto a la Disposición Adicional Sexta, el nivel central del Estado, tiene competencia privativa en materia Tributaria y Penal, por ello cuestionarle la creación de un tipo penal en materia tributaria no tiene sentido práctico en control normativo de constitucionalidad; y, 17) No es cierto que el tipo penal introducido sea deficiente, en cuanto a técnica de regulación penal, porque cuenta con la acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad y culpabilidad, necesaria en toda configuración penal.

 

 

 

Por lo expuesto, pide se declare constitucionales las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE Gestión 2013, observados como inconstitucionales.

 

 

 

 

 

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

 

 

Recibido el expediente el 20 de mayo de 2013, por la Unidad de Registro de Ingresos y Causas (fs. 18), la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, por AC 0213/2013- CA de 18 de junio, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta, disponiendo ponerla en conocimiento del personero legal del Órgano emisor de la norma impugnada, Álvaro Marcelo García Linera, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a objeto de que pueda formular los alegatos que considere necesarios, acto procesal que se realizó el 12 de julio de 2013, conforme informa el formulario de citaciones y notificaciones cursante a fs. 51.

 

 

 

Realizado el sorteo correspondiente y radicada la causa ante el Magistrado Relator, éste al no haber obtenido el conceso necesario en su proyecto, solicitó segundo sorteo y devolvió el expediente a la Comisión de Admisión, disponiéndose el segundo sorteo, conforme proveído cursante a fs. 90, el 5 de diciembre de 2013, recayendo la causa en este despacho.

 

 

 

Asimismo, mediante decreto constitucional de 11 de diciembre de 2013, en aplicación del art. 7.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), se solicitó al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la remisión de las actas de debates de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2013, así también se requirió que la Secretaria Técnica del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por la Unidad de Tratados Internacionales, emita un informe sobre la Legislación comparada respecto al “al ámbito de Regulación de la Ley de Presupuesto General de un Estado”, así como sobre la jurisprudencia existente en los Tribunales Internacionales respecto al mismo tema, disponiéndose la suspensión del plazo conforme previene el art. 7.II del Código citado.

 

 

 

Habiendo sido remitida la documentación solicitada, se admitió la misma y se dispuso la reanudación del cómputo del plazo por decreto de 8 de enero de 2014, a cuyo efecto la presente Resolución se pronuncia dentro de plazo legal.

II. CONCLUSIONES

II.1.  Normas consideradas inconstitucionales

La Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, en su Disposición Adicional Quinta señala, lo siguiente:

“Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto:

‘La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido’”.

 

 

 

La Disposición Adicional Sexta de la misma Ley señala: “Se incorpora el Artículo 177° ter a la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, con el siguiente texto:

 

 

 

‘Artículo 177° ter (EMISIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES SIN HECHO GENERADOR). El que de manera directa o indirecta, comercialice, coadyuve o adquiera facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador gravado, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a seis (6) años’”.

II.2.  Normas constitucionales consideradas infringidas

Se consideran vulnerados los siguientes artículos de la Constitución Política del Estado:

II.2.1.   “Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

 

 

 

II.2.2.   “Artículo 8.

 

 

 

I.   El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble).

 

 

 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

 

 

 

II.2.3.   “Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

 

 

(…)

 

 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.

 

 

 

II.2.4.   “Artículo 14.

 

 

 

(…)

 

 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.

 

 

 

II.2.5.   “Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.

 

 

II.2.6.   “Artículo 46.

 

 

 

I.   Toda persona tiene derecho:

 

 

 

 

Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

 

A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

 

 

 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.

 

 

 

II.2.7.   “Artículo 47.

 

 

 

I.   Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo”.

 

 

 

II.2.8.   “Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

 

 

 

 

Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

 

Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.

 

Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución”.

 

 

 

II.2.9.   “Artículo 109.

(…)

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley”.

II.2.10. “Artículo 115.

(…)

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

II.2.11. “Artículo 116.

I.   Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.

 

 

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”.

 

 

 

II.2.12. “Artículo 117.

 

 

 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”.

 

 

 

II.2.13. “Artículo 306.

 

 

 

I.     El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.

 

 

 

II.   La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

 

 

 

III.  La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo”.

 

 

 

II.2.14. “Artículo 308.

I.     El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.

II.   Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley”.

II.2.15. “Artículo 318.

(…)

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales”.

II.2.16. “Artículo 323.

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”.

 

II.2.17. “Artículo 334.

(…)

4. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado”.

II.2.18. “Artículo 410.

I.   Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.

 

 

 

 

II.   La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país, la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

 

 

 

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante impugna de inconstitucionales las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE Gestión 2013, por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 8.I y II, 9.4, 14.II, 22, 46.I.1, 2 y II, 47.I, 108.1, 2 y 3, 109.II, 115.II, 116.I y II, 117.I, 120.I, 306.I, II y III, 308.I y II, 318.II, 323.I, 334.4 y 410.I y II de CPE; 1, 2, 7, 8, 10, 11 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 2 y 3; y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5, 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; 14 y 15 del PIDCP; 5, 6, 23 y 24 del PIDESC.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal establecer si las infracciones denunciadas son evidentes.

 

III.1.       Naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad abstracta

Las acciones de inconstitucionalidad se encuentran reguladas en nuestra Constitución Política del Estado, así en su art. 132, señala que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”;

En el Código Procesal Constitucional, también se encuentra establecido las acciones de inconstitucionalidad, así en su art. 72 señala: “Las Acciones de Inconstitucionalidad son de puro derecho y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, a instancia de las autoridades públicas señaladas en el presente Código”.

En su art. 73, establece los tipos de acciones de inconstitucionalidad cuando señala lo siguiente: “Las acciones de Inconstitucionalidad podrán ser:

1.            Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales.

2.            Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”.

En su art. 74, establece la legitimación activa para interponer la acción de inconstitucionalidad abstracta y señala que: “Están legitimadas y legitimados para interponer la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional, Cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de las Entidades Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el defensor del Pueblo”.

Conforme a las normas citadas precedentemente, la acción de inconstitucionalidad abstracta, es una acción constitucional de control correctivo o a posteriori, de las disposiciones legales vigentes, acción a través de la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional, verifica la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales promulgadas, con los principios, valores, derechos fundamentales y normas orgánicas de la Constitución Política del Estado Plurinacional, con el objetivo de depurarla del ordenamiento jurídico en caso de comprobarse su incompatibilidad. A su vez se constituye en una acción directa, porque a través de ella la autoridad legitimada efectúa la impugnación sin que la supuesta incompatibilidad esté vinculada a la solución de un caso concreto.

III.2.       Alcances del control de constitucionalidad normativo

En cuanto a los alcances, resulta preciso referirnos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que sobre el particular se ha desarrollado, así la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado en la SC 0051/2005 de 18 de agosto, en cuanto a los alcances del control normativo posterior de constitucionalidad que ejerce a través del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad señaló que: “…abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control”, aclarando que el Tribunal Constitucional en: “…su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas”. Esto implica que a través del control normativo posterior de constitucionalidad se debe: verificar, si las disposiciones legales impugnadas son compatibles con las normas, el sistema de valores supremos, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; interpretar la norma sometida a control y la norma constitucional desde y conforme a la Constitución Política del Estado; realizar un juicio relacional entre la norma legal impugnada y las normas constitucionales determinando el significado de la disposición legal sometida a control con la finalidad de mantener o retirarla del ordenamiento jurídico.

III.3.       La potestad administrativa sancionadora en el marco de nuestro modelo de Estado

En virtud a nuestro modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, la potestad sancionadora del Estado se encuentra limitada por los principios valores, derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.

Efectivamente, debe considerarse que nuestro modelo de Estado tiene, además de características propias como la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización, elementos que lo inscriben dentro del marco de los Estados Constitucionales actuales, en los que se apuesta por Constituciones plurales, garantizadas y normativas, con un amplio catálogo de principios, valores, derechos y garantías fundamentales, que se encuentran dotadas de garantías específicas de interpretación, que hacen que la parte axiológica y dogmática de la Constitución Política del Estado tenga un peso decisivo, no sólo en cuanto a su aplicación directa, sino también porque se constituyen en fundamento y límites de las diferentes funciones del poder público.

Así, respecto a la facultad sancionadora del Estado, constituida no solo por el derecho penal, sino también por el derecho administrativo sancionador[1], es evidente que, en virtud al principio de supremacía constitucional (art. 410 de la CPE), las normas sustantivas y procesales que se crean para el efecto, deben estar enmarcadas en las normas constitucionales, donde tiene un rol fundamental la parte dogmática de la Constitución Política del Estado, pero también en las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Entonces, el legislador y las autoridades administrativas, en la Reglamentación, no poseen una discrecionalidad absoluta al momento de legislar y de definir qué conductas serán consideradas delitos, infracciones o contravenciones, definir las sanciones y el procedimiento para el efecto, sino que deben respetar el sustento axiológico y dogmático de la Constitución Política del Estado, en especial los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder sancionador del Estado y, de no hacerlo, se abre la vía del control normativo de constitucionalidad, ya que, en el marco de nuestro Estado Plurinacional y Comunitario, que recoge los postulados del Estado Constitucional, el carácter normativo de la Constitución Política del Estado se encuentra garantizado a través del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional contenida en la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, estableció que, en virtud a nuestro modelo de Estado, tanto el razonamiento de las juezas y los jueces, como de las servidoras y los servidores públicos del Estado del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, cuando ejerzan potestades administrativas, entre ellas, las potestades sancionadoras de la administración pública del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, “…debe partir de la Constitución, de sus normas constitucionales-principios atendiendo las características del nuevo modelo de Estado que los sustentan”; normas constitucionales-principios que, de acuerdo a la SCP 0112/2012 de 27 de abril “son la pluralidad de valores, principios, derechos fundamentales no sólo individuales (liberales y sociales) sino un amplio catálogo de derechos y garantías, principios y valores plurales y colectivos que la constitución representa como un pacto de postulados distintos y hasta veces contradictorios, pero que al final deben coexistir”.

Conforme a ello, respecto al valor normativo de la Constitución, la jerarquía de las normas constitucionales y su obligatoriedad, precisó que: “…las normas constitucionales-principios, establecidos en el texto constitucional tienen validez normativa, prelación jerárquica y son obligatorias respecto a las normas constitucionales-reglas y con mayor con relación respecto a las normas legales-reglas (contenidas en las leyes en sentido general sustantivas o procesales) por el sólo hecho de estar inscritas en la Constitución, una Constitución ideada dentro del modelo de Estado Constitucional, con todo lo que ello implica”.

A partir de dichos razonamientos las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 y 0142/2012 hicieron referencia a los límites del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, que “…encuentran una barra de contención en el respeto de garantías mínimas, siendo una de ellas, el debido proceso” (las negrillas son nuestras) que de acuerdo a las mismas sentencias, “…controla y limita el campo de acción de la potestad sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública que se torne en ilícita. Ello en aras de la búsqueda de la materialización de los valores, en los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Comunitario e Intercultural (art. 8.II de la CPE), que en lo conducente, al ámbito sancionador disciplinario, principalmente son el de justicia y armonía”.

III.4.       El debido proceso en la Constitución Política del Estado y su aplicación al ámbito administrativo sancionador

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el Estado, en determinados supuestos, otorga a la Administración Pública la potestad sancionadora, cuyas normas que la regulan constituyen el llamado Derecho Administrativo Sancionador. “Esta potestad sancionadora, por los fines que persigue, se bifurca en dos: la disciplinaria y la correctiva. La primera se dirige a proteger los propios intereses de la Administración como organización (eficiencia, puntualidad, etc.); sus sanciones están dirigidas a sus funcionarios, así como a personas vinculadas a la Administración por especiales deberes y relaciones jurídicas. La segunda, se dirige a imponer sanciones a la generalidad de ciudadanos que pudieran transgredir los deberes jurídicos que las normas les imponen como administrados. Este es el caso de las infracciones que establece por ejemplo, el Código Tributario en su Título III, en el que se establecen sanciones específicas para quienes incumplan los mandatos y prohibiciones contenidos en la referida norma legal (Derecho administrativo penal). En estos supuestos, la Administración tiene facultad para imponer sanciones, las que, en algunos casos, tienen igual o mayor gravedad que las establecidas en el Código Penal (este es el caso de las multas), pero tal potestad no alcanza en ninguno de los casos, a imponer la pena privativa de libertad, la cual está reservada al órgano judicial correspondiente” (las negrillas son nuestras) (SC 0757/2003-R de 4 de junio).

En ese ámbito, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y siguiendo el entendimiento contenido en la SC 0035/2005 de 15 de junio, cuando el legislador atribuye a la administración facultades sancionadoras, no debe proceder por puro arbitrio, sino que deben cumplir determinadas condiciones para ser constitucionales, observando las garantías básicas de orden material y formal.

Conforme a ello, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en establecer que el debido proceso debe ser observado no solo en la vía judicial, sino en toda la esfera administrativa sancionadora (SSCC 787/2000-R, 953/2000-R, 820/01-R, 685/2002-R, 0757/2003-R, entre muchas otras). Así, la SC 685/2002-R de 11 de junio, ha establecido que los derechos a la seguridad, a la petición, a la defensa y a la garantía del debido proceso, "…es aplicable no sólo al ámbito judicial sino también al administrativo cuando se tenga que someter a una persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una responsabilidad; por lo mismo, todo proceso de la naturaleza que fuere deberá ser sustanciado con absoluto resguardo y respeto de los derechos y garantías del procesado” (las negrillas son agregadas).

Por su parte, la SC 0757/2003-R, respecto a las garantías del proceso administrativo, señaló:

“Si partimos del hecho de que la sanción administrativa supone la privación de algún derecho o la afectación de algún interés (en el caso de autos, los previstos en el Título III del Código Tributario), y que tal privación debe ser el resultado de la comprobación, conforme a derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, correspondiendo por tanto enjuiciar una conducta, no cabe duda que el proceso administrativo en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales consagradas en la Constitución. Así lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal en las SC 618/2003, al señalar que `...[la garantía del debido proceso, que consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (SC 418/2000-R), la cual no es aplicable únicamente al ámbito judicial, sino que debe efectivizarse en todas las instancias en las que a las personas se les atribuya -aplicando el procedimiento establecido por ley- la comisión de un acto que vulnere la normativa vigente y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, garantizar el respeto a esta garantía constitucional (SC 731/2000-R). De ello se determina que las reglas del debido proceso no sólo son aplicables en materia penal, sino a toda la esfera sancionadora, y dentro de ella se encuentra la materia administrativa disciplinaria (SSCC 787/2000-R, 953/2000-R, 820/2001-R, y otras)"; garantías que, con igual razón, deben estar presentes en el proceso administrativo penal”.

En similar sentido, la SC 0042/2004 de 22 de abril, señaló que:

“…toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actioneó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad” (las negrillas son añadidas).

Por su parte, la SC 0287/2011-R de 29 de marzo, estableció que “El debido proceso, es el derecho de toda persona a un proceso justo, ante el juez natural previamente determinado, proceso que deberá ser llevado a cabo sin dilaciones de una manera equitativa a procesos instaurados a sus pares, dentro del cual se garantice al administrado o procesado la certeza de una notificación con la totalidad de la sindicación a efectos de una defensa efectiva, permitiendo ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, presentar las excepciones que correspondan a criterio suyo, sobre las cuales en todos los casos deberá existir pronunciamiento expreso del Tribunal o autoridad a cargo del proceso disciplinario” (las negrillas nos pertenecen).

Dichos razonamientos fueron reiterados por la SC 0498/2011-R de 25 de abril, en la que se señaló que: “El proceso administrativo, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto al juez natural, legalidad formal, tipicidad y defensa irrestricta ‘…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal´. (García de Enterría, E. y Fernández, T. R., Curso de derecho administrativo, II, Civitas, Madrid, 1999, página 159)”.

El contenido jurisprudencial anotado, fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012, 0143/2012, 0169/2012 y 0851/2012, entre muchas otras.

Así, la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, a partir de las normas de la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo el siguiente razonamiento respecto al debido proceso en el ejercicio de la actividad sancionadora del Estado:

a) El debido proceso, está reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El art. 115.II de la CPE, reconoce que: ‘El Estado garantiza el derecho al proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’.

A su vez, el art. 117.I de la CPE, consagra: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada’.

Por su parte el art. 8 de La CADH, señala:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a)            Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b)            Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c)            Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d)            Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e)            Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f)             Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g)            Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable,

h)            Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia (…).

b) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, interpretando el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ha entendido que el respeto y protección del debido proceso es también aplicable en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración Pública.

Así en el caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas) entendió que: ‘… cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal’, derecho que ‘… es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas’ (párrafos 124 y 127).

El mismo órgano interamericano de protección derechos humanos, en el caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas) a partir de la interpretación del art. 8 de la CADH, señaló:

‘El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención’ (párrafo 68).

‘Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ (párrafo 69).

‘Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal’ (párrafo 70).

‘De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana’. (párrafo 71) (las negrillas son nuestras).

La Sentencia glosada, concluyó que: “El Tribunal Constitucional aplicó este entendimiento a infinidad de casos que fueron resueltos en su jurisdicción entendiendo que todos los principios y garantías propias del derecho penal se aplican también extensivamente en el ámbito administrativo sancionador”.

Conforme a la jurisprudencia glosada, la sanción administrativa debe ser el resultado de un debido proceso, en el que se respete su contenido esencial, garantizando el derecho a la defensa del administrado, para que éste, una vez conocido el cargo por el que se le acusa, tenga la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen la acusación, así como la posibilidad de impugnar la resolución sancionatoria aplicada contra él.

III.5.       Los principios limitadores del poder punitivo del Estado

Conforme se ha señalado, el poder punitivo del Estado se encuentra limitado por los derechos y garantías de las personas; más aún cuando el legislador define qué conductas serán consideradas delictivas y, en ese ámbito, deben considerarse los principios limitadores de dicho poder, respecto a la criminalización de las conductas, a través de la correspondiente tipificación.

Uno de estos principios es el de intervención mínima, del que derivan otros principios como el de idoneidad, proporcionalidad en sentido estricto y subsidiariedad; principios todos ellos que precautelan los derechos fundamentales de las personas y de las colectividades, limitando al mínimo el poder punitivo del Estado, bajo el entendido, que el derecho penal es una de las ramas del derecho más violentas, como anota acertadamente Zaffaroni, “se sustenta en la ilusión de la solución de gravísimos problemas sociales, que en realidad no los resuelve sino que, por el contrario, generalmente potencia, pues no hace más que criminalizar algunos casos aislados, producidos por las personas más vulnerables al poder punitivo. Este no es un efecto inofensivo del discurso, puesto que la ilusión de solución paraliza o neutraliza la búsqueda de soluciones reales o eficaces….Puede asegurarse que la historia del poder punitivo es la de las emergencias invocadas en su curso, que siempre son serios problemas sociales. En ese sentido se ha hablado correctamente de una emergencia perenne o continua, lo que es fácilmente verificable: el poder punitivo pretendió resolver el problema de la brujería, de la herejía, de la prostitución, del alcoholismo, de la sífilis, del aborto, de la insurrección, del anarquismo, del comunismo, de la tóxicodependencia, de la destrucción ecológica, de la economía subterránea, de la corrupción… Cada uno de esos conflictivos problemas se disolvió (dejó de ser problema), se resolvió por otros medios o no lo resolvió nadie, pero absolutamente ninguno de ellos fue resuelto por el poder punitivo”[2].

Ahora bien, de acuerdo al principio de intervención mínima, el derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes[3]. En otras palabras, en virtud a este principio, las sanciones penales deben ser las indispensables, en beneficio de otras sanciones o incluso la tolerancia de los ilícitos más leves[4].

El principio de intervención mínima está íntimamente vinculado al principio de idoneidad que de acuerdo a AlessandroBaratta, obliga al legislador a realizar un atento estudio de los efectos socialmente útiles que cabe esperar de la pena: “sólo subsisten las condiciones para su introducción si, a la luz de un riguroso control empírico basado en el análisis de los efectos de normas similares en otros ordenamientos, de normas análogas del mismo ordenamiento y en métodos atendibles de prognosis sociológica, aparece probado o altamente probable algún efecto útil, en relación a las situaciones en que se presupone una grave amenaza a los derechos humanos”[5].

También debe hacerse mención al principio de proporcionalidad concreta o de adecuación del costo social, en virtud del cual los costos sociales de la pena deben ser valorados desde el punto de vista de la incidencia negativa que la pena puede tener sobre aquellas personas que constituyen su objeto, sus familias y ambiente social y sobre la sociedad misma. Así, entonces, como anota Baratta, se debe considerar que la violencia penal puede agravar y reproducir los conflictos en las áreas específicas en que aquélla interviene, añadiendo el autor que “existen casos muy evidentes en los cuales la introducción de medidas penales produce problemas nuevos y más graves que aquellos que la pena pretende resolver (…) y en los que ésta puede ser considerada como una variable esencial en la estructura de un problema social complejo”[6].

En el ámbito del costo social de la intervención penal debe considerarse además, los efectos desiguales de la sanción penal y sobre su ámbito familiar y social, que dependen, del estatus social de las o los condenados, pues conforme a la selectividad del sistema penal, la sanción penal es mayor en los estratos sociales más bajos[7].

Otro de los principios que debe mencionarse, es el de subsidiariedad, en virtud al cual sólo se justifica la criminalización cuando no existen otros medios o alternativas para enfrentar el conflicto. En otras palabras sólo se justifica la intervención del poder punitivo del Estado cuando no existen modos no penales de intervención para responder a situaciones en las cuales se hallan amenazados los derechos humanos. Conforme a ello, se debe demostrar que la respuesta penal no es sustituible por otros modos de intervención de menor costo social[8].

Finalmente, es preciso hacer referencia al principio de proporcionalidad de la pena según el cual, “las medidas represivas adoptadas para conjurar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico deben ser proporcionales a éste, a la gravedad del delito cometido, el contenido del injusto, al mal causado, y a la mayor o menor responsabilidad del autor”[9].

El juicio de proporcionalidad debe ser ineludiblemente efectuado por el legislador, quien deberá sopesar, al momento de tipificar el delito, el carácter doloso o culposo del hecho, la consumación o la tentativa, las diferentes formas de participación en el delito, en síntesis el mayor o menor reproche que se le pueda atribuir a quien participó en la comisión del ilícito penal. Así, la proporcionalidad “impone la necesidad de tratar desigualmente lo que es desigual en una valoración material y político criminal. Las reacciones del sistema punitivo no tienen uniformidad ciega”[10].

El principio de proporcionalidad de las penas se funda en la dignidad humana, por cuanto se deben proscribir aquellas penas que resultan desproporcionadas y que solo atiendan al desvalor del resultado, es decir aspecto objetivo del acto, el resultado, sin atender el lado subjetivo del comportamiento humano, a la forma y la modalidad en que se perpetró la ofensa. En ese entendido, el legislador debe buscar un equilibrio entre ambos criterios (subjetivo y objetivo, disvalor del acto y del resultado) para lograr una legislación penal equilibrada y proporcionada.

Conforme a los argumentos anotados, la función legislativa está limitada por los principios antes anotados, en el marco del respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado, los cuales se constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado, de ahí que la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0085/2012 de 16 de abril, haya establecido que el control de constitucionalidad en sus diferentes ámbitos debe efectuarse a la luz del principio de razonabilidad, en este caso aplicado a la legislación penal, destinado a materializar los valores igualdad y justicia que se encuentran en el contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado.

III.6.       Análisis del caso y juicio de constitucionalidad de las normas demandadas de inconstitucionales

De acuerdo a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante demanda la inconstitucionalidad de las normas impugnadas con los siguientes argumentos: i) Que la Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta a los funcionarios de la Administración Tributaria a sancionar directamente, con la clausura de la actividad económica, sin que exista una resolución fundamentada y sin poder ejercer el derecho a la defensa y menos otorga la posibilidad de presentar pruebas; y, ii) Que la Disposición Adicional Sexta de la precitada Ley, crea el “delito tributario mal configurado”, por penalizar la comercialización de facturas o documentos equivalentes, cuando no se ha realizado el hecho generador; empero, permite la comercialización de facturas o documentos equivalentes que sean verdaderos y, finalmente, las sanciones establecidas son desproporcionales, sin diferenciar el grado de participación directa o indirecta.

Conforme a ello, y sobre la base de los argumentos cuestionados, a continuación se efectuará el test de constitucionalidad de cada una de las disposiciones legales impugnadas.

III.6.1.   Sobre la Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013

La Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, que modifica el primer párrafo del art. 170 del Código Tributario Boliviano (CTB), establece lo siguiente:

“La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”.

Conforme se aprecia, la Disposición Adicional impugnada contiene cuatro partes: La primera referida a la posibilidad de que la Administración Tributaria verifique de oficio el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control; la segunda, que sostiene que la Administración debe elaborar un acta donde se identifique a la contravención, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable y otros datos; la tercera, que determina que una vez elaborada el acta, se procederá a la clausura inmediata del negocio, de acuerdo a las sanciones establecidas en el parágrafo II del art. 164 del CTB, y la cuarta, que establece que, en caso de reincidencia, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido.

Ahora bien, de conformidad a los argumentos de la acción de inconstitucionalidad formulada, que han sido resumidos al inicio del Fundamento Jurídico III.6 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se impugnan las dos últimas partes; es decir, la tercera y cuarta parte, vinculadas a la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio, sin la existencia de un debido proceso, y la que determina la clausura definitiva del local intervenido en caso de reincidencia; consecuentemente, el test de constitucionalidad únicamente versará sobre estas dos últimas partes y no así sobre las dos primeras partes del artículo; porque, conforme se tiene señalado, el accionante no formuló los correspondientes cargos de inconstitucionalidad con relación a las dos primeras partes de dicha disposición legal.

Efectuada dicha aclaración, se ingresa al análisis de la constitucionalidad de la norma que determina que una vez elaborada el acta, se procederá a la clausura inmediata del negocio, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

a)            El art. 108 de la CPE, establece como deberes de las bolivianas y los bolivianos: “7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley”; es en virtud de este deber constitucional que el legislador tiene facultad para regular los deberes tributarios de las personas naturales o jurídicas, estableciendo la forma en que se debe cumplir la obligación tributaria y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; sanciones que, indudablemente tienen fundamento constitucional, por cuanto el art. 325 de la CPE, contenido en la Sección I “Política Fiscal”, del Capítulo Tercero, Título I, Organización Económica del Estado, de la Cuarta Parte de la CPE, establece que: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley”. En ese sentido, corresponde al legislador aprobar las leyes que hagan efectivo dicho mandato constitucional, estableciendo los instrumentos que permitan exigir a los particulares el cumplimiento de esa obligación, pues de ella depende el desarrollo de los fines y funciones del Estado y la vigencia plena de una de las características de nuestro estado, como es su carácter social (art. 1 de la CPE).

Efectivamente, debe considerarse que la actividad sancionatoria de la Administración en materia tributaria, persigue fines constitucionales legítimos, si se considera que es precisamente a través de la recaudación de impuestos que se logrará una inversión pública en beneficio de los ciudadanos, de donde se desprende que para el cumplimiento efectivo de los fines trazados por el Estado, como ser la de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección, el acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre otros, es indispensable que los ciudadanos cumplan con su deber de tributar y, en caso de no hacerlo, que se apliquen las sanciones previstas en la Ley, en el marco de los principios que rigen la actividad de la Administración Pública, como la legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, honestidad, responsabilidad y resultados, pero también en los principios específicos de la política fiscal, como el de igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria (art. 323 de la CPE).

Es entonces, por la naturaleza constitucional del deber de tributar, así como los fines y funciones que debe cumplir el Estado a través de la recaudación de impuestos, que la existencia en la ley, de sanciones administrativas, así como su aplicación, se encuentran plenamente justificadas constitucionalmente; Sin embargo, el cargo de inconstitucionalidad que se formula en la presente acción es si la clausura del negocio, como sanción administrativa, puede ser aplicada de manera directa, sin un debido proceso, sin dar la oportunidad al administrado de ejercer su derecho a la defensa.

Para responder a dicha interrogante, se debe señalar que el Código Tributario Boliviano, al hacer referencia a las contravenciones tributarias, establece en el art. 161 a las siguientes sanciones: multa, clausura, pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias, la prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres meses a cinco años, comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, y suspensión temporal de actividades.

Ahora bien, la clausura es una de las sanciones más graves para los administrados, por cuanto no solo supone la afectación al patrimonio del administrado, sino también, afecta a otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, y puede incidir directa o indirectamente en los derechos de terceras personas. Así, por ejemplo, la clausura puede afectar no sólo al propietario de un negocio, sino además, a todos quienes dependan de él económicamente, como puede ser su familia y los trabajadores dependientes, inclusive, puede afectar de manera indirecta a terceras personas, en los supuestos en que dichas empresas o instituciones presten algún servicio público.

De ahí que, por la intensidad de la afectación de los derechos, la clausura es considerada como una sanción que reviste gravedad para el administrado y, por lo mismo, es indispensable que el accionante sea escuchado para ejercer su derecho a la defensa.

Por otra parte, debe considerarse que tanto en el ámbito del derecho penal como en el ámbito del derecho administrativo sancionador, al que le son aplicables los principios de aquél, aunque en menor intensidad, rige el principio de culpabilidad, que se asienta en la dignidad de las personas; principio en virtud del cual está vedada la responsabilidad sin culpa, es decir, la responsabilidad puramente objetiva (responsabilidad por los resultados), debiendo en todo caso considerarse que la regla es que para la imposición de las sanciones administrativas, se exija por lo menos la culpa, y sólo de manera excepcional se pueda sancionar por pura responsabilidad objetiva, tomando en cuenta la naturaleza de la sanción y el grado de afectación a los derechos del administrado.

b)            La Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta a la Administración Tributaria a imponer la sanción de clausura sin previamente constatar los motivos y las razones que pudieron haber generado dicha contravención, y si bien el acta de clausura cumple la función de una resolución sancionatoria, en ella se omiten las exigencias del debido proceso; puesto que, la norma demandada de inconstitucional no concede al administrado el derecho a la defensa, por el cual éste pueda ser escuchado por una autoridad competente; asimismo, tampoco se le otorga oportunidad alguna para presentar pruebas, antes que su actividad comercial sea clausurada, restringiéndose al administrado la posibilidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para su defensa.

Con tales argumentos, y considerando la afectación de los derechos que conlleva la clausura, conforme se tiene explicado, la norma impugnada vulnera ciertamente el derecho al debido proceso; por otro lado, si bien es posible la impugnación del acta por el cual se ordenó la clausura, dicha permisión es posterior a la consumación de la sanción, cuando ya el derecho a la defensa fue violentado, y como consecuencia de ello la penalidad fue materializada; no obstante que, como se ha visto en el Fundamento Jurídico III.4 del fallo, tanto la Norma Suprema, como las normas del bloque de constitucionalidad establecen que las sanciones administrativas, y más aún aquellas que afectan con mayor intensidad los derechos fundamentales, deben ser impuestas previo proceso.

Debe señalarse que la vulneración del derecho al debido proceso no encuentra justificativo en la finalidad de luchar contra la evasión fiscal, que se encuentra prevista en el art. 325 de la CPE, pues ésta bajo ninguna circunstancia puede suprimir un derecho fundamental, como efectivamente sucede con la disposición legal que ahora se analiza. En ese sentido, si bien el legislador pudo haber considerado la clausura de los locales comerciales como sanción tendiente a luchar contra la evasión fiscal, debió precautelar la vigencia de los derechos fundamentales, garantizando el debido proceso, para que el administrado tenga la oportunidad de contrarrestar las acusaciones de la administración tributaria, ofrecer sus descargos y pruebas en el ejercicio del derecho a la defensa, exponiendo ante las autoridades correspondientes las razones y motivos por las que incurrió en dicha falta; entonces, comprobada la contravención tributaria, sin necesidad de afectar a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, resultaba legítima la medida de clausura del establecimiento comercial, siempre que dicha penalidad cumpliera con las exigencias y estándares de un proceso justo y equitativo; es decir, que la sanción haya surgido de un proceso, en el que se respete su contenido esencial, garantizando el derecho a la defensa del administrado, para que éste, una vez conocido el cargo por el que se le acusa, tenga la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen la acusación, así como la posibilidad de impugnar la resolución sancionatoria aplicada contra él.

Consiguientemente, conforme a los razonamientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial tiene como requisito de validez el respeto de los derechos fundamentales, y que emerja de un debido proceso dotado de sus elementos esenciales. En ese orden de cosas, la directa imposición de la sanción de clausura de locales comerciales, prescindiendo de las garantías mínimas que le asisten a los administrados, vulnera efectivamente el debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117.I y el derecho a la defensa previsto en el art. 119, todos de la CPE; asimismo, tal medida afecta el derecho al trabajo de los administrados, porque con la clausura del local comercial, efectivamente se ven restringidos en generar recursos económicos y, con ello incluso se estaría ante una afectación de otros derechos conexos, como la alimentación, dejando de lado el mandato constitucional de proteger el derecho al trabajo en condiciones estables, equitativas y satisfactorias en todas sus formas; consiguientemente, la norma de la disposición legal impugnada que determina que concluida la actuación, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el parágrafo II del art. 164 del CTB, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.

Los razonamientos antes señalados también deben ser aplicados para la norma de la Disposición Adicional Quinta que dispone que en caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido; toda vez que una sanción de tal magnitud, que afecta el derecho al trabajo, bajo ninguna circunstancia puede ser aplicada sin un debido proceso, en el que se respeten los elementos esenciales anotados precedentemente y, por lo mismo, también debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.

c)            Los mismos argumentos, por conexitud, deben ser aplicados a la primera parte del inc. 2) del art. 162.II del CTB, que sostiene:

“II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código (…).

2) La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y en la omisión de inscripción en los registros tributarios, verificadas en operativos de control tributario” (negrillas añadidas).

Efectivamente, dicha norma prevé la aplicación directa de sanciones, sin la existencia de un debido proceso, en los casos de no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes; sanción, que, de acuerdo al art. 164 del CTB, consiste en la clausura del establecimiento donde se desarrolla la actividad gravada y que se encuentra vinculada directamente con la norma cuya inconstitucionalidad ha sido comprobada en el presente análisis; la Disposición Adicional Quinta, conforme se ha analizado, hace referencia a la clausura inmediata del negocio cuando la Administración Tributaria verifique el incumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control.

Entonces, conforme a los argumentos desarrollados precedentemente, la primera parte del inc. 2) del art. 162.II del CTB lesiona el derecho al trabajo, así como los derechos y garantías previstas en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE; puesto que, la sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través de un proceso administrativo sancionador, en el que el administrado tenga la oportunidad de ejercer sus derecho a la defensa; consiguientemente, debe declararse su inconstitucionalidad, por conexitud, exhortando al Órgano Legislativo a que, en el plazo de seis meses, regule un procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la infracción aquí analizada, referida a la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, que garantice el contenido esencial de la garantía del debido proceso, en los términos aquí explicados.

III.6.2.   Sobre la Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013

La Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013, incorpora el art. 177 del CTB, conforme al siguiente texto:

“Artículo 177° ter (EMISIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES SIN HECHO GENERADOR). El que de manera directa o indirecta, comercialice, coadyuve o adquiera facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador gravado, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a seis (6) años”.

Conforme se aprecia, la Disposición Adicional Sexta de la Norma Supra, crea un tipo penal, en el cual, la conducta típica está constituida por las siguientes acciones alternativas: comercializar, coadyuvar o adquirir facturas notas fiscales o documentos equivalentes, sin que se hubiere realizado el hecho generador. Para las tres conductas antes descritas, se establece una sola pena: privación de libertad de dos a seis años.

Ahora bien, conforme se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el legislador, al momento de legislar y de definir qué conductas serán consideradas delictivas, no posee una discrecionalidad absoluta, sino que debe respetar el sustento axiológico y dogmático de la Constitución Política del Estado, fundamentalmente los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado.

Así, se estableció que uno de los principios es el de proporcionalidad de la pena según el cual, ésta debe ser proporcional a la lesión o la puesta en peligro de los bienes jurídicos que protege el derecho penal, debiendo el legislador sopesar, al tipificar el delito, el carácter doloso o culposo del hecho, la consumación o la tentativa, las diferentes formas de participación en el delito, en síntesis el mayor o menor reproche que se le pueda atribuir a quien participó en la comisión del ilícito penal.

En el tipo penal creado por la Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013, no se ha respetado dicho principio, pues no se efectúa distinción alguna entre las diferentes acciones tipificadas como delito, aplicándoles a todas ellas la misma sanción penal; sin considerar que entre la comercialización, la adquisición y el coadyuvar en dichas actividades, existen diferencias sustanciales en cuanto a la intensidad de la ofensa al bien jurídico, la forma de participación y, en consecuencia, el mayor reproche penal; aspectos que debieron estar necesariamente diferenciados en el tipo penal, pues de lo contrario, no solo se afecta a la dignidad de las personas (art. 22 de la CPE), sino también el principio-derecho y garantía a la igualdad (arts. 8.II y 14 de la CPE) que implica que supuestos iguales deben ser tratados de manera igual y que, al contrario, los supuestos diferentes, deben merecer un tratamiento diferenciado; así, en la norma analizada, acciones diferentes tienen una misma sanción penal, es decir, reciben el mismo tratamiento, cuando, a partir de la valoración individualizada de las diferentes acciones, en razón a los criterios señalados con anterioridad, debe existir un reproche penal diferente para cada una de las acciones típicas.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, comercialización, implica “dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta”, “poner a la venta un producto”; lo que supone, entonces que, quien comercializa es una persona dedicada a la venta de un determinado producto. En el caso del tipo penal analizado, el sujeto activo, en la primera acción típica, debe ser la persona dedicada a la venta de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador.

Por su parte, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, adquirir, implica comprar algo con dinero y, por tanto, en el tipo penal que se analiza, el sujeto activo es la persona que compra las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador.

Finalmente, de acuerdo al mismo Diccionario coadyuvar, implica contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo y, en ese sentido en el tipo penal que se estudia, el sujeto activo es la persona que ayuda en la comercialización o adquisición de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haber realizado el hecho generador.

De las descripciones antes anotadas, se concluye que no existe proporcionalidad entre las diferentes acciones típicas y la igual sanción anotada para todas ellas; pues, por una parte, es mayor el injusto de quien comercializa las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, sin que se hubiere realizado el hecho generador, que de quien simplemente las adquiere, y por otra parte, no se efectúa una adecuada distinción respecto a los partícipes en el hecho, sancionando al que presta colaboración como si fuera autor, sin distinguir si se trata de una cooperación determinante para la comisión del delito supuesto en el cual es correcto considerarlo como autor, de acuerdo al art. 20 del Código Penal (CP), o si se trata de una cooperación no determinante para la comisión del hecho (supuesto en el cual se sanciona como complicidad de acuerdo al art. 23 del CP).

En mérito a lo anotado, la norma impugnada, efectivamente lesiona el principio de dignidad contenido en el art. 22 de la CPE, el principio-derecho y garantía a la igualdad, prevista en los arts. 8 y 14 de la CPE; que son la base del principio de proporcionalidad de las penas, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, último de los cuales, en una de sus manifestaciones, exige que la ley sea cierta, clara precisa y accesible al pueblo y que se traduce en el principio de taxatividad, que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los miembros de la sociedad. En ese sentido, lo entendió la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0034/2006 de 10 de mayo, que señaló: “…serán contrarias al principio de taxatividad aquellas normas que configuran los presupuestos de hecho de manera abierta, difusa, discrecional o indeterminada, quedando en poder de los jueces regular efectivamente los supuestos”.

Efectivamente, debe señalarse que, en mérito al principio de taxatividad, las conductas típicas deben estar claramente definidas y precisadas en el tipo penal, sin lugar a confusión; más aún cuando se advierte que las acciones descritas contenidas en la Disposición Adicional Sexta que se analiza, podrían subsumirse en los tipos penales descritos en el Capítulo III, Falsificación de Documentos en General, del Título IV, Segunda Parte del Código Penal y en los delitos tributarios previstos en el Código Tributario Boliviano.

Por lo expuesto, la Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, exhortando al Órgano Legislativo a que en el futuro, considere los principios de taxatividad, igualdad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las penas, además del principio de intervención mínima del que derivan los principios de idoneidad, proporcionalidad en sentido estricto y subsidiariedad; principios todos ellos que precautelan los derechos fundamentales de las personas y de las colectividades, y que deberán ser analizados ampliamente a través del procedimiento legislativo previsto en el Capítulo Segundo, Título I, Segunda Parte de la Constitución Política del Estado; pues, en el ámbito penal, en el marco del principio democrático (art. 1 de la CPE) que sustenta al principio de legalidad penal, la definición de las conductas consideradas delictivas y sus respectivas sanciones, deben estar establecidas necesariamente en una ley, como producto de la decisión de los representantes del pueblo, mediante un suficiente debate o discusión parlamentaria.

Por los argumentos expresados precedentemente, tanto la parte in fine de la Disposición Adicional Quinta como la totalidad de la Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013, deben ser declaradas inconstitucionales, con los efectos previstos en el art. 78.II.4 del Código Procesal Constitucional; por otra parte, corresponde declarar la inconstitucionalidad, por conexitud de la primera parte del inc. 2) del art. 162.II del CTB.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, declara:

1.            La INCONSTITUCIONALIDAD de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala:

“Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”.

La declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido del parágrafo II del art. 164 del Código Tributario Boliviano, por no haberse sometido a control de constitucionalidad.

2.            La INCONSTITUCIONALIDAD de la Disposición Adicional Sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013.

3.            La INCONSTITUCIONALIDAD por conexitud de la frase, “La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y”, del art. 162.II inc. 2) del Código Tributario Boliviano.

4.            Se EXHORTA al Órgano Legislativo, a que en el plazo de seis meses, regule el procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la contravención de la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, verificadas en operativos de control tributario; en tanto se proceda con la regulación de dicho procedimiento sancionador y en el marco de una interpretación previsora, se aplicará el procedimiento contravencional establecido en el art. 168 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No intervienen el Presidente, Dr. Ruddy José Flores Monterrey y la Magistrada Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez, ambos por ser de voto disidente.

Fdo. Dra. Soraida Rosario ChánezChireMAGISTRADA

Fdo. Dra. Mirtha Camacho QuirogaMAGISTRADA

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez CastañosMAGISTRADA

Fdo. Efren Choque CapumaMAGISTRADO

Fdo. Tata Gualberto Cusi MamaniMAGISTRADO

 

 

[1]  Sobre el Derecho Administrativo Sancionador, la SC 0757/2003-R de 4 de junio, ha señalado lo siguiente: “El Estado, en determinados supuestos, otorga a la Administración Pública potestad sancionadora. El conjunto de normas que regulan esa potestad, lo constituye el llamado Derecho Administrativo sancionador. Esta potestad sancionadora, por los fines que persigue, se bifurca en dos: la disciplinaria y la correctiva. La primera se dirige a proteger los propios intereses de la Administración como organización (eficiencia, puntualidad, etc.); sus sanciones están dirigidas a sus funcionarios, así como a personas vinculadas a la Administración por especiales deberes y relaciones jurídicas. La segunda, se dirige a imponer sanciones a la generalidad de ciudadanos que pudieran transgredir los deberes jurídicos que las normas les imponen como administrados. Este es el caso de las infracciones que establece por ejemplo, el Código Tributario en su Título III, en el que se establecen sanciones específicas para quienes incumplan los mandatos y prohibiciones contenidos en la referida norma legal (Derecho administrativo penal). En estos supuestos, la Administración tiene facultad para imponer sanciones, las que, en algunos casos, tienen igual o mayor gravedad que las establecidas en el Código penal (este es el caso de las multas), pero tal potestad no alcanza en ninguno de los casos, a imponer la pena privativa de libertad, la cual está reservada al órgano judicial correspondiente”.

[2]  ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Derecho Penal Parte General; Ed. Ediar; Buenos Aires, 2002; pág. 24.

[3]  MUÑOZ CONDE, Francisco, GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal. Parte General, Sexta edición. Tirant lo Blanch, libros, Valencia 2004, p. 72.

[4]  SALA SÁNCHEZ, Pascual, Rasgos generales del nuevo Código Penal, en Estudios sobre el Código Penal de 1995. Escuela Judicial. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996, p. 22.

[5]  BARATTA, Alessandro, Principios de Derecho Penal Mínimo, en “Criminología y Sistema Penal (Compilación in memorian), Editorial B de F, Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 309.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9]  GARCÍA DEL RÍO, Flavio, Manual de Derecho Penal, Ediciones Legales Iberoamericana E.IR.L, Perú 20012, p. 22.

[10] Ibid. p. 23.


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2014

Sucre, 3 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrado Relator: Tata Gualberto Cusi Mamani

Acción de amparo constitucional

Expediente: 04482-2013-09-AAC

Departamento: Chuquisaca

 

En revisión la Resolución 289/2013 de 21 de agosto, cursante de fs. 83 a 85, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Leidy Diana Caumol Ribera en representación legal de VikRayCaumol Ribera contra Deysi Villagómez Velasco, Lucio Fuentes Hinojosa y Javier Peñafiel Bravo, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 y 31 de julio de 2013, cursantes de fs. 24 a 29; y, 33, la accionante a través de su representante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su representado, el 2005, inició proceso de saneamiento simple de oficio del predio “Monte Sión II”, cumpliendo todos los requisitos previstos en la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria; dentro del cual, Juanito Félix Tapia García, Director Nacional a.i., y Jaqueline Tolaba Serrano, Coordinadora Jurídica de Beni, ambos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), emitieron la Resolución Administrativa (RA) RA-SS 0009/2012 de 10 de enero, vulnerando los derechos y garantías de su representado, ya que de manera arbitraria e injusta resolvieron la ilegalidad de la posesión, declarando tierras fiscales y disponiendo el desalojo al tercer día, sin considerar que los predios constituyen su vivienda y el modo de subsistencia donde desarrolla su trabajo cotidiano, refiriendo que según “el informe de control topológico, el predio MONTE SIÓN II se encuentra sobrepuesto a tierras de producción forestal permanente”; sin embargo, en las conclusiones del informe, en la casilla correspondiente a la sobreposición con área protegida y con otros predios se consigna “ninguna”, enfatizando que existen bosques, que no son naturales sino fueron sembrados por su persona, con más de cuatro especies que hacen un total de 20 000 árboles.

 

Amparado en el art. 68 en relación al 78 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, el 13 de abril de 2012, interpuso proceso contencioso administrativo, contra la cuestionada Resolución del INRA, ante el Tribunal Agroambiental, solicitando la revocatoria de la misma y la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el estado de pericias de campo y verificación del cumplimiento de la función económica social (FES), demanda resuelta mediante la “Sentencia Agroambiental Plurinacional” S2ª 01/2013 de 21 de enero, pronunciada por las autoridades demandadas, por la cual se declaró improbada la misma y subsistente en todas sus partes la RA-SS 0009/2012, sin haber efectivizado un estudio íntegro de todo el proceso de saneamiento tramitado en el INRA, limitándose únicamente a lo ya contenido en la Resolución emitida por dicha entidad, sin haber valorado las pruebas existentes en el predio, referente a la siembra de pasto y vacas lecheras que demuestran las características de una pequeña propiedad ganadera, omitiendo la aplicación del principio de verdad material, siendo que en el proceso de saneamiento no se evidencia verificación de campo del predio, basándose el Tribunal sólo en fotografías satelitales, sin tomar en cuenta la certificación de los comunarios, alcaldías y otras instancias que dieron por bien hecha la posesión de su mandante desde 1995; además, no se tomó en cuenta lo considerado por la empresa “Tijamuchi”, autorizada por el INRA, a efectos de proceder con el saneamiento.

 

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

 

La parte accionante estima lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, al trabajo y a la vivienda así como el principio a la verdad material; citando al efecto los arts. 13; 14.III.IV y V, 19, 20.I.III, 35; 46.I.II; 56; 115.II; 180.I; 399; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de la Sentencia Agroambiental Nacional S2ª 01/2013 de 21 de enero; y, en consecuencia, se ordene que el INRA, valore nuevamente la solicitud de saneamiento del predio “Monte Sion II” del polígono 130 ubicado en el municipio de San Javier, provincia Cercado del departamento de Beni, sea con la imposición de daños y perjuicios.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Realizada la audiencia pública el 21 de agosto de 2013, conforme consta en el acta cursante de fs. 79 a 82, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante ratificó el contenido de su demanda.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Lucio Fuentes Hinojosa y Deysi Villagómez Velasco, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, codemandados, a través de su representante legal José Napoleón Arnau López, en el informe escrito cursante de fs. 57 a 60 vta., así como en audiencia, manifestaron lo siguiente: a) El accionante se limitó a efectuar una transcripción de la norma constitucional, convenios y tratados internacionales, sin especificar con precisión en forma clara y objetiva la violación de esa normativa; b) En relación a la vulneración del derecho al trabajo, no sería cierto, por cuanto durante el proceso de saneamiento del polígono 130, el propietario del predio “Monte Sión II”, no demostró el cumplimiento de la FES, tampoco la anterioridad de su posesión a la vigencia de la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996, por cuya razón el INRA, determinó la ilegalidad de dicha posesión, sobre 244,4575 ha, declarándola tierra fiscal a través de la RA-SS 0009/2012 de 10 de enero. Tampoco es evidente la vulneración del principio de seguridad jurídica, porque el INRA, aplicó de manera correcta la normativa agraria, constitucional; y, c) Se estableció que el accionante participó en las diferentes etapas del saneamiento, inclusive por negligencia suya, no ejerció dentro del plazo previsto por ley, su derecho a la réplica, como consta en obrados, por lo que no existió violación al debido proceso y a la defensa.

Javier Peñafiel Bravo, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, codemandado, presentó informe escrito cursante de fs. 61 a 64, manifestando los mismos argumentos precedentemente transcritos.

I.2.3. Intervención de terceros interesados

Juanito Félix Tapia García, Director Nacional a.i. y Leonor Sonia Flores Gómez, Coordinadora Jurídica de Saneamiento de Beni, ambos del INRA, mediante su abogada apoderada, en el memorial cursante de fs. 75 a 78, así como en audiencia, expresaron: 1) El accionante basó sus apreciaciones en consideraciones de orden subjetivo y contradictorio, al pretender derecho propietario, sin cumplir los preceptos establecido por el art. 397 de la CPE, que señala: “el trabajo es la fuente fundamental para la conservación y adquisición de la propiedad…”, por lo mismo se advierte que en su pretensión, faltó a la verdad material, pues no demostró actividad productiva alguna, tampoco acompañó la identificación y registro de la marca de ganado durante las pericias de campo, menos su posesión legal del predio “Monte Sión II”; a la vez, se evidenció que la posesión del beneficiario era con posterioridad a la promulgación de la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996, por lo cual según el art. 310 del Decreto Supremo (DS) 29215, es ilegal, sin derecho a dotación o adjudicación y sujeto a desalojo, por lo que no existe vulneración al derecho al trabajo y a la vivienda. Asimismo el art. 159 del citado cuerpo legal, instituye la utilización de instrumentos complementarios como ser imágenes de satélite, fotografías, y toda información idónea que resulte útil; y, 2) La Sentencia Agraria Plurinacional 01/2013, efectuó una relación de hecho y de derecho para respaldar su fallo, tomando como base los datos de la carpeta predial, por lo cual observó el cumplimiento al debido proceso, la legítima defensa, la seguridad jurídica, actuando de manera imparcial y equitativa, acorde a las disposiciones legales que rigen la materia agraria.

 

I.2.4. Resolución

La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 289/2013 de 21 de agosto, cursante de fs. 83 a 85, por la que denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos: i) Se solicitó la nulidad de la Sentencia 01/2013, y se disponga que el INRA, valore nuevamente la solicitud de saneamiento del predio “Monte Sión II”, por lo que si la pretensión es lograr una nueva valoración, dicha entidad también debería tener calidad de demandada y no de tercero interesado; y, ii) La garantía prevista en el art. 128 de la CPE, es protectora de derechos y no de principios, como la verdad material y seguridad jurídica, no pudiendo ser tutelados vía acción de amparo constitucional, sino a través del control normativo.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

De conformidad al acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, en el Resuelve Primero, dispone el receso de actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional del 23 al 31 de diciembre de 2013, con suspensión de plazos procesales; a cuyo efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia considerando ésta.

 

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.Cursan certificaciones de 7 de enero de 2004, suscritas entre otros, por Ramón Mercado Cortéz y GumercindoGuasico Correa, Secretarios General y de Relación respectivamente, del Sindicato Agrario Campesino “Villa Nazareth”, municipio de San Javier, provincia Cercado del departamento de Beni, en la que hacen constar que VikRayCaumol Ribera y su esposa, poseen una fracción de terreno, denominada “Monte Sión II” y que son miembros de dicha comunidad, dedicados a la actividad ganadera y forestal, predios que habrían sido cedidos por sus padres (fs. 3 y 8 a 9 vta.).

 

II.2.Por memorial de 19 de septiembre de 2005, dirigida al “Comandante Departamental de la Policía Montada del Beni”, el accionante solicitó registro de marca de ganado vacuno, con el gráfico “VR”, el cual se encontraría pastando en la propiedad denominada “Monte Ray”. Dicha petición fue providenciada el 20 del mismo mes y año, por el Comandante de la Policía Rural y Fronteriza de Beni, en sentido de que por la sección correspondiente, se de curso a lo solicitado (fs. 4).

 

II.3.La Sentencia Agroambiental Nacional S2ª 01/2013 de 21 de enero, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declaró improbada la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por René Darío Morales Molina en representación de VikRayCaumol Ribera -hoy accionante-, contra Juanito Félix Tapia García, Director Nacional a.i. y Jaqueline Tolaba Serrano, Coordinadora Jurídica del Beni, ambos del INRA; y en consecuencia, subsistente la RA-SS 0009/2012 de 10 de enero, emitida dentro del proceso de saneamiento simple de oficio de la propiedad denominada “Monte Sión II”, con costas (fs. 11 a 21 vta.).

II.4.A fs. 6, corre la certificación de 17 de junio de 2013, expedida por Hugo Baldiviezo Cardozo, Comandante de la Policía Rural Fronteriza de Trinidad Beni, en la que hace constar que VikRayCaumol Ribera, marca su ganado vacuno y caballar con el gráfico VR, según registro de 20 de septiembre de 2005.

II.5.De acuerdo a la certificación UFM 042/2013 de 25 de junio, suscrita por el Alcalde municipal de San Javier - Beni, señala que VikRayCaumol Ribera, es poseedor de un fundo rústico con una superficie de 246.729 ha., dentro de la comunidad campesina “Villa Nazareth” (fs. 5).

 

II.6.Cursa certificado de vacunación extendido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), figurando como productor VikRayCaumol Ribera y como unidad productiva “Monte Sión II”, que acredita la vacunación a once ganados vacunos (fs. 7).

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia que los Magistrados del Tribunal Agroambiental demandados, vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, al trabajo, a la vivienda y a la verdad material, por cuanto dentro del proceso contencioso administrativo que interpuso contra el INRA, en Sentencia, declararon improbada la demanda y por lo tanto, subsistente en todas sus partes la RA-SS 0009/2012 de 10 de enero, dictada dentro del proceso de saneamiento simple de oficio sobre el predio “Monte Sión II, según la cual, su posesión es ilegal, declarando tierras fiscales y disponiendo su desalojo a tercer día; no habiendo las autoridades judiciales efectuado una adecuada valoración de las pruebas existentes en el predio, referente a la siembra de pasto y vacas lecheras, que demostrarían las características de una pequeña propiedad ganadera, omitiendo la aplicación del principio de verdad material, pues en el proceso de saneamiento, no se evidencia verificación de campo del predio, basándose el Tribunal sólo en fotografías satelitales, sin tomar en cuenta la certificación de los comunarios, Alcaldía y otras instancias que dan por “bien hecha” su posesión desde 1995, tampoco se tomó en cuenta lo considerado por la empresa “Tijamuchi” que participó en el saneamiento. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela requerida.

 

III.1.       Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

La presente garantía jurisdiccional se halla instituida por el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley. El art. 129.I de la Norma Suprema, determina: “…La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. En esa línea, la SC 0046/2012 de 26 de marzo, señaló lo siguiente: “La acción de amparo constitucional, comprendida en el art. 128 de la CPE, está instituida por mandato constitucional, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales y garantías constitucionales.

 

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural".

En la misma línea, la SCP 1171/2012 de 6 de septiembre, refirió: "La acción de amparo constitucional establecida en el art. 128 de la CPE, como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Norma Suprema y las leyes.

Según expresa, Pablo Dermmizaky Peredo, el amparo constitucional…es una garantía jurisdiccional que protege los derechos fundamentales de la persona (con excepción de la libertad de locomoción), cuando éstos son violados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o por particulares (Dermizaky Peredo Pablo, Derecho Constitucional, Décima Edición, Cochabamba: Ed. Kipus, 2011 pág. 161). En ese sentido, la acción de amparo constitucional, tiene por finalidad única resguardar los derechos fundamentales de quien acude buscando tutela, lo que determina su alcance con relación a la protección de derechos y garantías constitucionales…”.

 

Con la cita jurisprudencial realizada se puede afirmar que la acción de amparo constitucional es una medida de protección efectiva de los derechos contra los actos u omisiones ilegales o indebidas tanto de los servidores públicos o personas particulares o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley.

III.2.       La valoración de la prueba a través de la justicia constitucional

En relación a la valoración de la prueba, la jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera uniforme, que ello corresponde a las instancias judiciales ordinarias; así se tiene establecido en la doctrina constitucional, como la contenida en la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, misma que identificó los supuestos, en que ésta jurisdicción puede ejercitar el control de constitucionalidad, sobre labores propias de la jurisdicción ordinaria, como es la valoración de las pruebas, conforme al siguiente entendimiento: “…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del tribunal constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma.

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente:

 

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes…” (las negrillas son nuestras).

 

Conforme la jurisprudencia citada, la atribución de la jurisdicción constitucional es analizar los casos en que, al realizar la valoración de las pruebas, el juez ordinario se distanció de la legalidad y razonabilidad respecto a la valoración y con ello, incurrió en un acto ilegal u omisión indebida, como efecto de lo cual se vulneraron derechos fundamentales de las partes en litigio. En esa línea instituyó este Tribunal en la SCP 0647/2012 de 2 de agosto, que determinó: “…la valoración de la prueba, así como de los antecedentes del caso, constituyen una facultad privativa de jueces y tribunales ordinarios y que a la jurisdicción constitucional, le corresponde analizar los actos procesales en los cuales pudo haber existido un acto ilegal, omisión indebida que lesione derechos fundamentales de alguna de las partes, sin realizar valoraciones de fondo de las pruebas o antecedentes producidos en la sustanciación de un proceso judicial, ya que no constituye una instancia adicional a la ordinaria y sólo en caso de existir apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o haberse adoptado una conducta omisiva, de no recibir, compulsar y producir cierta prueba pertinente al caso, la justicia constitucional realizará esta valoración”.

 

Asimismo, la SCP 0832/2012 de 20 de agosto, señaló: “…la acción de amparo constitucional no puede constituirse en una instancia más de revisión de resoluciones, a menos que dentro de esa valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales…”. Este entendimiento fue reiterado por la SCP 0044/2013 de 11 de enero, que estableció: “En ese sentido la Jurisprudencia Constitucional ha señalado: '…el Tribunal Constitucional Plurinacional, al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino más bien de tutela de los derechos fundamentales; en los casos de las acciones de defensa, no tiene atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar, puesto que ello es también atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que como resultado de esa valoración se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba' (SCP 0929/2012, de 22 de agosto)”.

Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia glosada, la justicia constitucional puede realizar el examen sobre la tarea cumplida por la autoridad judicial, con el propósito de advertir si éste, no se ha apartado de los marcos legales de razonabilidad y equidad, que son razones fundamentales para decidir o, si adoptó una conducta omisiva, respecto a la recepción y producción de determinados medios probatorios; ya que el control de constitucionalidad, tiene por finalidad garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables, en la medida que las autoridades encargadas de impartir justicia, cumplan su tarea, sin comprometer la integridad de la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad, pues advertida del apartamiento del marco legal, la razonabilidad, equidad o en su caso la omisión referente a la recepción, producción de la prueba, este Tribunal Constitucional Plurinacional puede disponer que la misma jurisdicción ordinaria corrija los errores advertidos conforme a derecho.

III.3.       Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que la Sentencia Agroambiental Nacional S2ª 01/2013 de 21 de enero, declaró improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por el ahora accionante y por ende, subsistente la RA-SS 0009/2012 de 10 de enero, dictada por el INRA en el proceso de saneamiento simple de oficio, iniciado por el indicado sobre el predio denominado “Monte Sión II”, determinando que la posesión del mismo es ilegal, declarándolo tierra fiscal y disponiendo el desalojo al tercer día.

 

Ahora bien, de acuerdo a lo alegado por el representante del accionante, en el memorial de acción de amparo constitucional, el problema jurídico que se plantea, tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de valoración de la prueba en la jurisdicción ordinaria, puesto que se denuncia, que en el aludido fallo agroambiental: i) No se valoraron adecuadamente “las pruebas existentes en el predio”, referente a la siembra de pasto y vacas lecheras que demostrarían las características de una pequeña propiedad ganadera, omitiendo la aplicación del principio de verdad material; ii) Que en el proceso de saneamiento no se evidenciaría la verificación de campo del predio, habiéndose basado el Tribunal, sólo en fotografías satelitales;

iii) No se habrían tomado en cuenta la certificación de los comunarios, alcaldías y otras instancias que dieron por “bien hecha” la posesión del accionante desde 1995; y, iv) No se tomó en cuenta lo considerado por la empresa “Tijamuchi”, autorizada por el INRA, que participó en el proceso de saneamiento.

De la revisión exhaustiva de la Sentencia Agroambiental Nacional cuestionada, se establece que lo denunciado por el representante del accionante, no es evidente, por cuanto no ha existido valoración inadecuada de la prueba, que de mérito a la revisión de dicha valoración, en los parámetros establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Así, respecto a lo señalado en el punto i) del párrafo anterior, en cuanto a las pruebas relativas a la siembra de pasto y vacas lecheras que demostrarían las características de pequeña propiedad ganadera del predio, no se tiene en modo alguno acreditado que dichas pruebas hubieran sido debidamente aportadas en el proceso por el entonces demandante y que pese a lo cual se haya omitido su compulsa por las autoridades judiciales demandadas. Tampoco es evidente que en el proceso de saneamiento no se haya evidenciado la verificación de campo del predio, pues la Sentencia de manera reiterada hace alusión y por lo tanto establece que sí se llevaron a cabo las pericias de campo, en las cuales a decir del fallo, la parte demandante habría tenido una “activa participación” a través de su representante -su padre-. Sobre el argumento sostenido de que no se hubiesen tomado en cuenta las certificaciones de los comunarios, alcaldías y otras instancias que dieron “por bien hecha” la posesión del accionante sobre el predio desde 1995, tampoco se ha acreditado que dicha prueba haya sido aportada o introducida en el proceso y que la misma no haya sido valorada dentro los marcos de razonabilidad o equidad, o que a pesar de haber sido aportada -cosa que se reitera, no se acreditó- se haya omitido arbitrariamente su valoración, siendo así que extrañamente, cursan en los actuados de la presente acción de amparo constitucional, conforme se tiene referido en la Conclusión II.2 de este fallo, los originales de las certificaciones expedidas por el Sindicato Agrario Campesino “Villa Nazareth” respecto a que serían miembros de dicha comunidad, cuando al tratarse de documentos que a juicio del representante del accionante constituyen prueba, como tal, tendrían que estar consignadas y arrimadas al expediente original del proceso que ha motivado la presente acción de amparo constitucional, lo mismo que el memorial a través del cual se solicita el registro de marca de ganado, así como los otros documentos, entre los cuales la certificación del Alcalde de San Javier, los que por lo demás consignan fechas que son posteriores a la Sentencia Agroambiental, de donde sería hasta ilógico reclamar su omisión o inadecuada valoración. Finalmente, tampoco es evidente que no se haya tomado en cuenta lo considerado por la empresa “Tijamuchi”, que participó en el proceso de saneamiento, por cuanto en la Sentencia Agraria se hace referencia a su intervención, concluyéndose que de las pericias de campo realizadas por ésta y otros medios, fueron suficientes para determinar la ilegalidad de la posesión.

De lo desarrollado precedentemente, se tiene que el representante del accionante, se limitó a señalar de manera general una supuesta inadecuada valoración de la prueba, que conforme se tiene establecido no existió, sin mayor fundamento jurídico constitucional; por lo que no se cumplen los requisitos que hagan viable una contrastación, para efectuar la revisión de la valoración de los elementos de prueba realizada por la jurisdicción ordinaria agraria, pretendiendo más bien el accionante, utilizar la acción de amparo constitucional como una instancia adicional frente a un fallo que resultó adverso al accionante, lo cual no condice con la naturaleza jurídica de este medio de defensa de los derechos fundamentales, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.

 

Por las consideraciones precedentes, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, compulsó de manera correcta los antecedentes del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 289/2013 de 21 de agosto, cursante de fs. 83 a 85, pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

 

 

 

 

 

 

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2014

Sucre, 3 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de libertad

 

Expediente:04553-2013-10- AL

Departamento:Pando

 

En revisión la Resolución 13 de 24 de agosto de 2013, cursante de fs. 56 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juana LeonildaPalomeque Camaya en representación sin mandato de su hijo menor de edad AA contra Diego Valdir Roca Saucedo, Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Pando; y, Cleto Ayaviri Guzmán, Fiscal de Materia.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de agosto de 2013, cursante de fs. 3 a 4, la accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de febrero de 2013, su hijo menor de edad fue detenido preventivamente y trasladado al penal de Villa Busch, por lo que, en cuanto se enteró, se apersonó a la Fiscalía y presentó fotocopia legalizada de su partida de nacimiento, la misma que demuestra que en el momento de la privación de libertad, éste contaba con catorce años, habiendo cumplido quince en el recinto penitenciario; asimismo, requirió varias veces al representante del Ministerio Público que le reciba su declaración testifical para corroborar el extremo señalado. Ante las negativas de dicha autoridad, se apersonó a un notario de fe pública para que le tome su declaración, la cual luego presentó al investigador asignado al caso; empero, éste ni siquiera la tomó en cuenta.

 

Refiere que, por las razones expuestas, solicitó al Juez cautelar que decline su competencia al Juez de la Niñez y Adolescencia, en razón de la minoría de edad del procesado, autoridad que se limitó a correr traslado al Fiscal de Materia; empero, hasta la fecha no se pronunció y resolvió el petitorio, provocando la detención de su hijo, desde hacen más de seis meses atrás.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

 

La accionante alega la lesión del derecho del menor AA al debido proceso y del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 7 inc. 2) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se declare “procedente” la acción y se disponga la libertad irrestricta e inmediata del privado de libertad.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

 

En audiencia pública celebrada el 24 de agosto de 2013, en presencia de la accionante, de las autoridades demandadas y de la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, en ausencia del menor AA hijo de la accionante; conforme consta en el acta cursante de fs. 52 a 55, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

La parte accionante ratificó los términos del memorial de demanda y los amplió señalando lo siguiente: a) En el momento de la detención, el menor fue agredido por personeros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); b) Uno de los funcionarios de la FELCN, indicó al afectado que si no declaraba su edad le iban a ayudar en el proceso; por ello, éste guardo silencio al respecto; c) El menor de edad tiene nacionalidad peruana y su madre no cuenta con los suficientes recursos económicos para trasladarse hasta de La Paz, para seguir los trámites vía Cancillería, ya que, a criterio de las autoridades a cargo del proceso, la fotocopia legalizada de la partida de nacimiento presentada por su parte, no constituye prueba suficiente para acreditar su edad; d) El procesado no cuenta con el Documento Nacional de Identificación (DNI), porque aún no alcanzó los dieciocho años; y, e) Solicita que se ponga el caso a conocimiento de la autoridad competente, como es el Juez del Niño, Niña y Adolescente.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

 

El Juez demandado, presente en audiencia informó lo siguiente: 1) El documento presentado por la madre del procesado no acredita de manera suficiente su minoría de edad; 2) Desconoce si la audiencia para resolver la excepción de incompetencia planteada por la parte afectada se llevó a cabo, siendo que su autoridad estaba declarada en comisión; 3) Dicha excepción fue planteada con posterioridad a la acusación; 4) No puede presumir la minoridad del procesado, dado que en la imputación formal consta como fecha de nacimiento el año 1996; por lo que llegaría a tener más de dieciséis años; y, 5) Para hacer valer las documentaciones extranjeras, se deben seguir los conductos regulares, y en el caso, el certificado debe tener el sello de legalización.

 

A su turno, el Fiscal asignado al caso, Cleto Ayaviri Guzmán, señaló lo que sigue: i) El menor AA hijo de la accionante, fue interceptado con un maletín que contenía once paquetes forrados con cinta masquin color beige en forma de ladrillos; los cuales, una vez sometidos a narco test dieron resultado positivo a cocaína; ii) Se inició la investigación y se puso a conocimiento del Juez cautelar contralor de garantías constitucionales, quien dispuso la detención preventiva del imputado, quien negó contar con documentación sobre su identidad y edad; iii) Consta en el cuaderno de investigaciones que el imputado no cuenta con flujo migratorio y tampoco está registrado en el padrón biométrico; iv) El documento que supuestamente acredita la edad del imputado es escaneada a colores; por lo tanto, no tiene validez al no estar legalizada por la Cancillería; v) A simple vista se puede comprobar que el año del documento presentado, fue adulterado de 1997 a 1998, además de haber sido emitido en día domingo; y, vi) Actualmente se está trabajando para que el vecino país, vía Cancillería remita el correspondiente certificado.

 

I.2.3. Resolución

 

Mediante Resolución 13 de 24 de agosto de 2013, cursante de fs. 56 a 61, el Juez de Sentencia Penal del departamento de Pando, concedió la acción de libertad disponiendo que el Juez a cargo del proceso, en el plazo de veinticuatro horas, resuelva la excepción de incompetencia planteada por la ahora accionante; asimismo, llamó severamente la atención al Director del recinto penitenciario por no haber trasladado al imputado a la audiencia señalada, con los siguientes fundamentos: a) Con relación a las primeras actuaciones donde se determinó la detención preventiva del hijo de la accionante, no existe procesamiento indebido, en razón a que en ese momento no se conocía la edad del imputado; b) Una vez asumido conocimiento sobre la edad del menor detenido, conforme se evidencia de los memoriales presentados por la madre del imputado, acta de declaración voluntaria ante notario de fe pública y acta de nacimiento del menor, el Fiscal debió haber impreso el trámite conforme estipula el art. 308 concordante con los arts. 234 y 235 inc. 1) del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA); c) Al no haber actuado así, se infiere la existencia de un procesamiento indebido, d) Teniendo en cuenta la aplicación de los principios de objetividad y legalidad, debió haber requerido la declinatoria de competencia del Juez cautelar; e) No existe constancia del supuesto requerimiento dirigido al Consulado del Perú, para desvirtuar la edad del menor imputado; f) Con relación a la autoridad jurisdiccional, una vez recibidos los oficios e informes remitidos por la policía, y copia legalizada del acta de nacimiento del menor, debió seguir el trámite correspondiente; al no haber actuado así, incurrió en procesamiento indebido; y, g) Tampoco se evidencia que hubiera resuelto la excepción de incompetencia.

 

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determinó la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

 

II. CONCLUSIONES

 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

 

II.1. Mediante informe de 9 de febrero de 2013, dirigido al Fiscal de Materia de Sustancias Controladas; Ezequiel Limachi Cruz, efectivo policial de la FELCN asignado al caso, señaló que en la citada fecha, aproximadamente a horas 20:30, en la tranca de control en la carretera Cobija-Porvenir, aprehendieron al menor AA y otro, en posesión de 11 paquetes, que sometidos a prueba de narco test, dieron resultado positivo para cocaína. Documento en el que consta como fecha de nacimiento del precitado, el 25 de mayo de 1996 (fs. 34).

 

II.2.El 10 de febrero de 2013, el Fiscal de Materia de Pando informó al Juez de Instrucción en lo Penal de turno, el inicio de investigaciones e imputó formalmente al hijo de la ahora accionate y otro, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, solicitando la aplicación de detención preventiva para ambos (fs. 24 a 26).

 

II.3.En la precitada fecha, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación tomó la declaración al imputado, quien señaló haber nacido el 25 de mayo de 1996 en Madre de Dios, Puerto Maldonado del Perú (fs. 32 a 33).

 

II.4.De la fotocopia del acta de nacimiento 008698, consta que AA nació en la localidad de Cachuela, Distrito Tambopata, provincia Tambopata del departamento Madre de Dios; el 25 de mayo de 1998 (13).

 

II.5.De la certificación emitida por el Órgano Electoral Plurinacional, el 21 de febrero de 2013, se evidencia que el ciudadano AA, no reporta registro en la base de datos del Padrón Electoral Biométrico (fs. 23).

 

II.6. Por memorial presentado el 8 de marzo de 2013, ante el Fiscal de Materia asignado al caso; Juana LeonildaPalomeque Camaya, hace conocer que su hijo AA detenido en la cárcel Villa Bush, cuenta con catorce años de edad, adjuntando como prueba una fotocopia del Registro Civil de Puerto Maldonado; solicitando que se tome ampliación de declaración de su hijo (fs. 20 a 21). No consta respuesta alguna.

II.7.En audiencia pública de medida cautelar celebrada el 15 de abril de 2013, el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Pando, mediante Resolución de la misma fecha, dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva del imputado, ahora representado de la accionante (fs. 37 a 38).

 

II.8. Mediante memorial presentado el 25 de abril de 2013, ante el Fiscal de Sustancias Controladas de la FELCN; la progenitora del imputado, señaló que no obstante que en repetidas ocasiones solicitó de forma verbal y escrita que se le tome su declaración para corroborar la certificación sobre la minoría de edad de su hijo; no se le dio respuesta, por lo que una vez más reitera el mismo petitorio, además pide que requiera al Juez de la causa, la declinatoria de competencia ante el Juez “del menor” (sic) (fs. 9). No consta que el precitado memorial hubiera sido decretado.

 

II.9.Del acta de declaración jurada realizada por los progenitores del procesado ante Notario de Fe Pública de Primera Clase de Pando, se tiene que ambos afirmaron que su hijo y representado de catorce años de edad, se encuentra detenido en la cárcel de Villa Busch, desde el 9 de febrero de 2013 (fs. 31).

 

II.10. Por escrito presentado ante la misma instancia el 15 de mayo de 2013, la ahora accionante, por tercera vez reiteró el mismo petitorio (fs. 10 a 11). El que tampoco mereció respuesta.

 

II.11.Mediante notas de 23 de mayo y 13 de junio, ambas de 2013, el Fiscal de Materia, solicitó al Fiscal Departamental de Pando que oficie a la Cancillería y al Consulado de la República del Perú, para que se expida copia legalizada del Registro Civil del imputado (fs. 28 y 29).

 

II.12.El 2 de agosto de 2013, la ahora accionante, planteó ante el Juez cautelar, excepción de incompetencia, impetrando la declinatoria y remisión de obrados ante el Juzgado de Partido de la Niñez y Adolescencia (fs. 46 y vta.), memorial que mereció decreto de la misma fecha, por el cual, la señalada autoridad dispuso que se notifique al Ministerio Público para que se pronuncie sobre lo planteado, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su legal notificación (fs. 47).

 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

La accionante alega que las autoridades demandadas lesionaron el derecho de su hijo mejor de edad y ahora representado, al debido proceso y el principio de seguridad jurídica, habida cuenta que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de tráfico de sustancias controladas, pese a que presentó fotocopia de la partida de nacimiento del imputado que demuestra su minoría de edad y en reiteradas oportunidades solicitó la remisión de actuados ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, hasta la fecha, no se le otorgó respuesta alguna ni se resolvió la excepción de incompetencia y declinatoria, presentada por su parte, provocando que el menor se encuentre bajo detención preventiva en la cárcel de Villa Busch, desde hacen más de seis meses.

 

En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Juez de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen persecución, aprehensión, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.La acción de libertad y el debido proceso

La acción de libertad constituye un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

 

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), donde dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Norma constitucional concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual establece que su objeto es garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro.

 

En tal sentido, debe señalarse que la dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía; es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular; es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE se resumen en cuatro: 1) Atentados contra el derecho a la vida; 2) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 3) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, 4) Acto u omisión que implique persecución indebida.

 

De lo señalado, es posible inferir que uno de los presupuestos que activa este mecanismo de defensa, es el procesamiento indebido; sin embargo, éste será objeto de protección por esta vía de control tutelar, únicamente cuando tenga relación directa o incida con los derechos a la libertad y a la vida.

 

Extremos que se verificaron en el caso de análisis, siendo que como consecuencia del proceso penal seguido contra el representado del accionante, éste se encuentra privado de libertad, debido a la aplicación de la detención preventiva en el penal de Villa Busch de Cobija; dispuesta por el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Pando a cargo del proceso; autoridad de la cual, se impugna su competencia, por cuanto, sostiene la accionante, que el imputado es menor de edad y por lo tanto, corresponde su juzgamiento al Juez de la Niñez y Adolescencia de acuerdo a las normas promulgadas para el efecto.

 

III.2.       Derecho de la Niñez y Adolescencia

El Derecho del Niño, Niña y Adolescente es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto regir y regular los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la prevención, atención y protección de esta categoría social, buscando su desarrollo integral en función a su interés superior.

Respecto a la protección legal otorgada a este grupo etario, en la SC 0893/2011-R de 6 de junio, se señaló lo siguiente: “La Constitución Política del Estado, en la Sección V denominada 'Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud', prescribe el régimen legal de este grupo, que concuerda plenamente con la legislación nacional e internacional; en ese orden, el mandato contenido en el art. 58, previene que: 'Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones'. A ello se agrega lo dispuesto por el art. 60 de la citada Carta Fundamental, en sentido que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

A partir de la promulgación del Código del Niño, Niña y Adolescente o Ley 2026 de 27 de octubre de 1999, se pretende que dicha normativa se enmarque en los principios que rigen la doctrina de protección integral, cuya característica principal radica en que los niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos sociales, cuya participación y protagonismo en las decisiones de su vida presente y futura, sea garantizada por el Estado y la Sociedad. Se trata de un cuerpo legal que reconoce los derechos de los sujetos comprendidos entre cero a dieciocho años. En ese sentido, el art. 2 dispone que: 'Se considerará niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos'.

Las disposiciones del referido Código son de orden público y de aplicación preferente; se destinan a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio boliviano sin ninguna forma de discriminación. En caso de duda sobre su edad, se presume su minoridad, en tanto no se pruebe lo contrario mediante documento público o por otros medios, previa orden judicial (arts. 2, 3 y 4 del CNNA). A ello se agrega el art. 5 del citado Código, por el cual gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a todo ser humano; constituyendo obligación del Estado asegurarles por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades, con el propósito de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad”.

De lo manifestado es posible concluir que tanto la Constitución Política del Estado como los instrumentos internacionales y las normas legales en vigencia, otorgan una protección reforzada y priorizada a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio boliviano y se encuentren comprendidos entre los cero y los dieciocho años. En ese sentido, refiriéndonos al derecho penal juvenil específicamente, éste abarca a las personas mayores de doce y menores de dieciséis años, siendo que antes de dicho rango son considerados inimputables; y con posterioridad a él, se encuentran sujetos a las normas sustantivas y adjetivas penales.

 

Entonces, toda conducta tipificada como delito en la ley penal que hubiere sido cometida por personas que pertenecen a este grupo social, constituye una infracción; y por esa razón se los denomina como adolescentes infractores pasibles a la aplicación de las medidas socio educativas señaladas en el Código Niño, Niña y Adolescente. Se encuentran sometidos a la competencia de los jueces de la niñez y adolescencia y gozan de un trato diferenciado con el saldo de la población; en virtud a la primacía de su interés superior; por ello, gozan de un procedimiento especial, dado que prima fundamentalmente, la finalidad educativa y resocializadora. Entre sus características, Sandra Pacheco de Kolle, en su libro Derecho Penal Juvenil, Principios y Salinas Alternativas al Proceso, citó a las siguientes: i) Especificidad del derecho penal juvenil; ii) Desjudicialización o diversificación de la intervención penal; iii) Intervención mínima y principio de subsidiariedad; iv) Diferenciación del grupo etario; v) Proceso garantista, flexible, sumario, único y confidencial; y, vi) Amplio cuadro de sanciones.

III.3.Presunción de minoridad

Por ser de importancia para el estudio del caso, a continuación nos referiremos a la presunción de minoridad, comprendido en el art. 4 del CNNA, sobre el que, la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 0018/2011-R de 7 de febrero, precisó: “Entre las garantías normativas, el Código Niño, Niña y Adolescente, instituyó la presunción de minoridad (art. 4), la favorabilidad interpretativa (art. 6), la prioridad social del respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (art. 7), la prioridad en el acceso a la justicia (art. 8), la limitación restrictiva de su derecho de locomoción (art. 102), debido proceso (art. 214), etc. Por su pertinencia al caso, es necesario referirse a dos de ellas, específicamente a la presunción de minoridad y a la limitación restrictiva de su libertad de locomoción; según establece el art. 4 del CNNA, por la primera en caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá su minoridad, en tanto no se pruebe lo contrario mediante documento público o por otros medios, previa orden judicial.

 

Por la segunda, es decir, por la garantía de limitación restrictiva de la libertad de locomoción, ningún niño, niña o adolescente puede ser internado, detenido ni citado de comparendo sin que la medida sea dispuesta por el juez de la niñez y adolescencia y de acuerdo con lo dispuesto por el Código de la materia”.

 

De donde se concluye que ante el sólo hecho de invocar la minoridad, respaldando ese extremo con los elementos de convicción o pruebas que posean, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a presumir la existencia de aquella; momento desde el cual, deben operar de inmediato todas las consecuencias jurídicas que le son inherentes de conformidad a la normativa señalada precedentemente, lo que involucra la obligatoriedad de la autoridad que conoce la causa, conforme a lo dispuesto por el art. 4 del CNNA, de poner al procesado a conocimiento del juez de la niñez y adolescencia, como único competente, de acuerdo a la previsión contenida en el párrafo segundo del art. 221 del mismo cuerpo legal, para que asuma competencia y sustancie la tramitación del proceso, conforme a las normas del citado cuerpo legal.

 

En consecuencia, para que opere la presunción de minoridad, lo ideal es que la edad del imputado se respalde con elementos de convicción o pruebas que posean los involucrados o sus progenitores que hagan presumir dicho extremo. Sin embargo, dicha garantía rige de manera temporal para los casos en los que no exista ningún elemento de convicción que demuestre lo contrario o ponga en duda o tela de juicio lo afirmado por el afectado o sus representantes legales, mientras se dilucide la verdad histórica de los hechos, casos en los cuáles se aplica la mencionada presunción; otorgándose un plazo de quince días para la presentación de la pruebas pertinentes, conforme se desprende del mandato contenido en el art. 218 del CNNA. Empero, cuando se evidencia la presencia de documentos y declaraciones contradictorios con relación a la minoridad de los imputados, no se puede exigir a las autoridades policiales, fiscales y/o jurisdiccionales a cargo del caso, de su investigación o del proceso, que la apliquen sin realizar un juicio previo o que antes de ello, se les permita desplegar los esfuerzos necesarios para dilucidar la duda razonable sobre la imputabilidad de los procesados según su edad; actuaciones que por la naturaleza de los implicados, deberán ajustarse al principio de celeridad, con mayor razón cuando éstos se encuentran privados de libertad; lo contrario implicaría vulneración flagrante de los derechos a la libertad, al debido proceso y previsiblemente los inherentes a la niñez y adolescencia.

 

III.4.Principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad

La libertad física supone un derecho fundamental de carácter primario, protegido y consagrado por el art. 23.I de la CPE, por el cual, toda persona tiene derecho a la libertad personal y sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; por su parte el parágrafo III del mismo precepto constitucional, dispone que nadie será detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. En atención a esos criterios, el constituyente boliviano previó una acción exclusiva para la protección del citado derecho, con características de extraordinario, informal y sumarísimo.

 

Por esa razón, el trámite que debe cumplirse en las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal y de locomoción, debe regirse al principio de celeridad, ello en resguardo al derecho primario protegido, como es la libertad, habida cuenta que, como se señaló, el mismo ocupa un lugar importante junto con la dignidad humana en el catálogo de derechos civiles como parte integrante a su vez de los derechos fundamentales. En ese orden, las normas previstas por el art. 22 de la CPE, disponen que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, norma constitucional que debe ser interpretada conforme a los valores contenidos en la propia Constitución que en el art. 8.II establece que el Estado se sustenta en los valores de dignidad y libertad, entre muchos otros; más aún, afín a ello, existen normas específicas que imponen dicha obligación, como son los arts. 40.2 inc. b) de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 20 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, las cuales establecen que la rapidez en la tramitación de los casos de menores es de fundamental importancia. De no ser así; es decir, si se omite resolver las pretensiones que se formulen, dentro de los plazos previstos, peligrarían los efectos positivos en el procedimiento establecido.

 

Con relación a la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad, corresponde recordar que la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, aplicado el razonamiento comprendido en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. De donde se concluye, que el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, despachar los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo.

 

De modo tal, que cuando se provoca una dilación injustificada al margen de lo prescrito en la normativa legal y ello repercute directamente con la libertad física o de locomoción, corresponde otorgar la tutela solicitada mediante la presente acción.

 

Complementando el criterio jurisprudencial glosado precedentemente, en cuanto a la aplicación del principio de celeridad en casos en los que se encuentran involucrados menores infractores, en la SC 1917/2011-R de 28 de noviembre, se estimó lo siguiente: “En ese marco, se tiene que en toda actuación administrativa o proceso jurisdiccional en el que se encuentre involucrado un menor de edad, respecto del cual se tenga que adoptar una determinación sea administrativa o judicial, por imperio expreso del art. 8 del CNNA, se requiere que la autoridad responsable, lo resuelva con prioridad y celeridad, disposición concordante con el espíritu de los convenios internacionales suscritos por el país, la Constitución Política del Estado y otras leyes internas, de tal suerte que todo menor de edad sometido a conocimiento de la autoridad administrativa o judicial, no esté en incertidumbre prolongada y menos cuando se trate de su libertad y dignidad; en este marco interpretativo, se debe señalar así mismo, que el carácter 'referente' de la normativa especial, definida por el art. 3 del CNNA, supone la sobreposición de las normas más favorables contenidas en el Código del Niño, Niña y Adolescente a cualesquier otra que le sea contraria y deben interpretarse, velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes, y las leyes de la República”.

 

III.5 Análisis del caso concreto

En la especie, es posible evidenciar que el representado de la accionante fue aprehendido el 9 de febrero de 2013, oportunidad en la cual, él mismo declaró haber nacido el 25 de mayo de 1996, en Madre de Dios, Puerto Maldonado del Perú. Al siguiente día, una vez puesto a disposición del Fiscal de Materia de Sustancias Controladas de Cobija, se le tomó su declaración informativa; en la que corroboró la misma información sobre su fecha y lugar de nacimiento.

 

El citado 10 de febrero de 2013, el representante del Ministerio Público comunicó al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, el inicio de las investigaciones, imputó formalmente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y solicitó la aplicación de detención preventiva contra S.I.R.P.; petitorio que se dio curso para ser ejecutado en el penal de Villa Busch de la ciudad de Cobija.

 

Casi un mes después de la aprehensión del representado de la accionante, mediante memorial presentado el 8 de marzo de 2013 ante el Fiscal de Materia; la progenitora del aprehendido, se apersonó e hizo conocer que su hijo contaba con catorce años de edad en el momento del operativo, adjuntando como prueba una fotocopia del Registro Civil de Puerto Maldonado, solicitando además que se tome ampliación de la declaración informativa; petición reiterada el 25 de abril y el 15 de mayo, ambos del mismo año, adjuntando en esta última oportunidad una declaración jurada realizada por ambos progenitores ante Notario de Fe Pública; las mismas que no obtuvieron respuesta alguna por parte de su remitente.

 

Mediante notas de 23 de mayo y 13 de junio, ambas de 2013, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, solicitó al Fiscal Departamental de Pando que oficie a la Cancillería y al Consulado de la República del Perú, para que se expida una copia legalizada del Registro Civil del imputado; dado que el mismo, no reporta registro alguno en la base de datos del Padrón Electoral Biométrico de Bolivia.

 

Finalmente el 2 de agosto de 2013, Juana LeonildaPalomeque Camaya, planteó ante el Juez de la causa, excepción de incompetencia, impetrando la declinatoria y remisión de obrados ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, alegando la minoría de edad de su hijo procesado; memorial que mereció decreto de la misma fecha, por el que se dispuso la notificación al Ministerio Público para su pronunciamiento en el plazo de tres días hábiles siguientes a su diligenciamiento. Ante el silencio en la resolución de la excepción, el 23 de agosto del año que transcurre, la progenitora del afectado, planteó la presente acción tutelar.

 

Dentro de ese marco, a continuación se debe verificar si conforme a los antecedentes del caso, corresponde a esta jurisdicción ingresar al análisis de fondo de lo demandado.

 

En ese orden, es preciso señalar que al momento de la aprehensión de AA, no consta que éste hubiera hecho valer su minoría de edad, al contrario, se demuestra en los datos consignados en el informe remitido por el policía asignado al caso al Fiscal de Materia que el precitado sujeto nació en Madre de Dios, Puerto Maldonado de Perú el 25 de mayo de 1996, información corroborada posteriormente a tiempo de tomarle su declaración informativa, y que no fue desvirtuada ni observada en la audiencia pública de medida cautelar celebrada ante el Juez cautelar el 15 de abril de 2012, oportunidad en la cual, el abogado de la defensa en ningún momento hizo prevalecer la supuesta inimputabilidad del ahora representado de la accionante, al contrario, expresa que su defendido se encuentra arrepentido por la infracción cometida; por lo que, no se generó duda respecto a la edad que éste declaró; por tanto, la detención se produjo dentro del marco legal, ya que, en definitiva, no se puso en tela de juicio la minoridad del procesado.

 

De otro lado, es innegable que la madre del imputado, recurrió ante el Fiscal de Materia a cargo de la investigación para hacer valer un documento que adjunta como prueba, como es la fotocopia de la partida de nacimiento, que a su criterio, demuestra fehacientemente su edad, solicitando que se haga prevalecer la presunción de minoridad y se solicite al Juez cautelar, la remisión de la causa ante el Juez de la Niñez y Adolescencia; para finalmente, ante el silencio del representante del Ministerio Público, acudir ante el Juez cautelar a pedir su declinatoria de competencia.

 

Tales extremos, sin duda generan duda sobre la minoridad, con mayor razón teniendo presente que las autoridades demandadas arguyen que no pueden dar validez al documento presentado como prueba, para demostrar la edad del imputado, porque no se encuentra legalizado por la Cancillería; el sello impreso en él no es original sino se trata de una impresión a color; el año se encuentra adulterado; y según su fecha el mismo habría sido emitido el 13 de diciembre de “1998”, fecha que recae en día domingo; además, “La señora Palomeque Camaya, nace en 1961, el 1998 según este certificado debería tener 35 años, pero al nacimiento de su hijo ella tenía 35 años, pero según su nacimiento tiene 36 años el 98 ya tendría 37 años, lo que no coincide con los datos del certificado de nacimiento, todo eso pone en duda…” (sic).

 

Si bien, los derechos de la niñez y adolescencia obligan a las autoridades a actuar dentro del marco de sus previsiones, sin duda, en el caso que se analiza no se encuentra debidamente consolidado que el imputado detente la calidad de adolescente infractor, al contrario, existen pruebas y hechos que dan lugar a presumir lo contrario; extremo que por lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no puede dar lugar a la aplicación de la presunción de minoridad por parte de las autoridades ahora demandadas. Extremos que determinan la denegatoria de la acción con relación a la solicitud de aplicación de la presunción señalada.

No obstante lo señalado, existen actuados procesales que no se ajustaron al principio de celeridad que rige para este tipo de procesos, en los que se encuentra en tela de juicio, la detención preventiva del imputado que podría variar de recinto penitenciario y de las condiciones para su imposición y ejecución por la edad que detenta; así como las normas procesales a imponerse durante la tramitación de la causa. Análisis que debe hacérselo de manera independiente, respecto de las autoridades demandadas:

III.5.1.   Con relación a las actuaciones del Fiscal de Materia a cargo de la investigación

Con relación a las actuaciones del Fiscal de Materia, Cleto Ayaviri Guzmán, se tiene que la ahora accionante, en diversas oportunidades solicitó a dicha autoridad, la aplicación de la presunción de minoridad y que por ende, el proceso seguido contra su hijo sea remitido y tramitado ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, peticiones que hasta la fecha no merecieron atención alguna y menos respuesta por parte de la referida autoridad; es más, desde la presentación del primer escrito de solicitud de 8 de marzo de 2013, hasta las fechas en las que recién dicha autoridad requirió al Fiscal Departamental que oficie a la Cancillería y al Consulado de la República del Perú, para que se expida copia legalizada del Registro Civil del imputado (23 de mayo y 13 de junio, ambas de 2013), transcurrió un plazo irrazonable, que no puede ser soslayado ni justificado desde ningún punto de vista.

 

Extremos que merecen concesión de tutela por falta de celeridad en la atención a su petitorio, dado que no se tomó en cuenta, de un lado, que se encuentran en discusión, las condiciones de la detención, y de otro, la minoridad del imputado, aspectos que debieron ser tomados en cuenta tanto para dar respuesta inmediata a las constantes peticiones de la ahora accionante, como para acelerar el trámite de investigación para la averiguación de la verdad histórica sobre la minoridad del procesado.

III.5.2.Con relación a las actuaciones del Juez cautelar

Con relación a las actuaciones de la autoridad jurisdiccional demandada, se constata que el 2 de agosto de 2013, la accionante planteó excepción de incompetencia, la cual no fue tramitada de acuerdo a las normas legales en vigencia; con la celeridad que ameritaba el caso, al tratarse de un supuesto menor de edad; provocando dilaciones innecesarias en su resolución.

 

Los medios procesales deben justificar su utilización y estar a merced de la materialización de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por tanto, no pueden ser empleados como mecanismos que provoquen dilación en su trámite; y menos aun cuando de por medio se encuentra en discusión la situación jurídica del imputado, quien previsiblemente puede ser menor de edad, manteniéndolo en incertidumbre. En virtud a lo cual, correspondía a la autoridad jurisdiccional demandada disponer el traslado del petitorio dentro de los tres días siguientes a su notificación, para que las otras partes contesten y ofrezcan prueba (art. 314 del Código de Procedimiento Penal [CPP]), para luego señalar audiencia dentro de los plazos establecidos en el art. 315 del mismo cuerpo legal, en la cual, debió haber resuelto la petición en el fondo, retardación que, al igual que en el caso anterior, repercute directamente en la libertad del afectado.

 

En esta etapa del análisis es pertinente recordar que los plazos emergentes de las normas contenidas en los arts. 314 y 315 del CPP, como todo plazo perentorio, son de cumplimiento obligatorio y no así discrecional, por ello, su respeto es la única opción constitucional y legal que sitúa al juzgador en el marco de seguridad jurídica y legalidad exigible por el usuario del sistema de justicia; dicho de otro modo, en caso de superar los plazos previstos en las normas descritas, la autoridad jurisdiccional corrompe el proceso judicial con un reprochable acto de dilación no consentido por el orden constitucional instituido. Términos que si bien son máximos, incluso se pudieron haber acortado por la naturaleza del problema jurídico planteado.

 

Si bien, las excepciones son medios de defensa, distintos o diferentes al litigio principal, empero están relacionadas directamente con él, se sustancian y deciden por separado; pueden ser planteadas en cualquier momento a lo largo del proceso penal. En consecuencia, correspondía al Juez ahora demandado, cumplir con las exigencias establecidas vía normativa y jurisprudencial, y si dicha autoridad hubiera estado declarada en comisión por cualquier circunstancia, tal como señala en su informe evacuado en audiencia; la causa debió haber sido remitida al Juez suplente legal, más nunca postergarla en su tramitación, con mayor razón, teniendo presente las condiciones del afectado, quien además se encontraba detenido.

 

De lo relatado, se advierte que el derecho a la libertad del representado del accionante, ha sido lesionado con la falta de tramitación del proceso penal seguido en su contra; lo que implica que lo denunciado en la presente acción, merece la tutela constitucional.

 

III.5.3.Finalmente, cabe advertir que el art. 49.2 del CPCo, de manera imperativa, dispone que el juez o tribunal tutelar, debe asegurar la presencia del accionante privado de libertad en una cárcel u otro lugar de detención, a la audiencia señalada, para lo cual, lo constriñe a notificar a la encargada o encargado de dicho centro, a efectos que conduzca a la persona privada de libertad al lugar de la audiencia, en el día y hora y hora señalados, agregando en la última parte que dicha disposición debe ser obedecida sin observación ni excusa alguna.

 

En la especie, de la revisión del expediente, se constata que dicha obligación fue cumplida de manera oportuna por el Juez de garantías, quien dispuso la emisión de la orden de salida, para que el Director del recinto penitenciario de Villa Busch que determine el traslado del imputado con las debidas medidas de seguridad, a la audiencia pública de la acción de libertad, señalada para el 24 de agosto de 2013. Documento con el cual, se notificó a la Dirección del establecimiento penitenciario, el 23 del citado mes y año, conforme consta de su sello de recepción; sin embargo de lo cual, la precitada autoridad no dio cumplimiento a la orden judicial, porque dicho sujeto procesal, no se presentó al verificativo señalado.

 

En consecuencia, el Director del recinto penitenciario de Villa Busch incumplió con su obligación de conducir al representado de la accionante a la audiencia pública de la presente acción de defensa y tampoco justificó dicha ausencia, lo que demuestra que desobedeció no sólo a una resolución judicial sino también a una norma constitucional.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la acción de libertad, en los mismos términos que en la presente, ha aplicado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve:

1º CONFIRMAR la Resolución 13 de 24 de agosto de 2013, cursante de fs. 56 a 61, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente por vulneración al principio de celeridad.

2ºDisponer la inmediata resolución por parte del Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del mismo departamento, a la excepción de incompetencia planteada por la progenitora del imputado; de acuerdo a los datos del proceso.

3ºLlamar la atención al Director del recinto penitenciario de Villa Busch de Cobija, por el incumplimiento a la orden judicial de traslado del detenido a la audiencia de la presente acción; advirtiéndole que de reiterar su desobediencia, se remitirán obrados a las instancias pertinentes para su procesamiento.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

 

 


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