Revista Boliviana de Derecho - La Fundación IURIS TANTUM desarrolla sus actividades en Santa Cruz de la Sierra
Super User

Super User

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0697/2013

Sucre, 3 de junio de 2013

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de libertad

Expediente:02855-2013-06-AL

Departamento:Chuquisaca

 

En revisión la Resolución 7 de 20 de febrero de 2013, cursante de fs. 45 a 48, dentro de la acción de libertad interpuesta por KinishCastagne Arce en representación sin mandato de Luis Alberto Taboada Aceituno contra Hilda Carucho, funcionaria policial.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de febrero de 2013, cursante de fs. 7 a 8 vta., el representante, manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El mismo día de la presentación de la acción de libertad, en horas de la tarde, el accionante fue buscado en su domicilio, por policías que le condujeron a la Brigada de Protección a la Familia de la zona de Poconas; al llegar la policía Hilda Carucho, dispuso que le bajaran a celdas de la calle Lemoine, zona de Surapata, disponiendo su detención ilegal, por haber golpeado a su esposa, siendo más bien que contra ésta inició una demanda por violencia intra Familia r.

 

Cuando su abogado preguntó la razón de su detención, “…el policía encargado le indico que ignoraba el por qué estaba detenido manifestándole que así siempre traen de la defensoría de poconas…” (sic).

 

También alega que, es la autoridad judicial quien podrá disponer un arresto y previo un debido proceso “…y no directamente endilgándome y suponiendo mi culpabilidad…” (sic); en el caso no existe flagrancia, ni sabe de qué hechos le atribuyen responsabilidad.

 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El representante, estima como lesionado el derecho a la libertad del accionante, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la presente acción, se disponga su libertad inmediata y sesancione a la funcionaria policial.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Señalada la audiencia para el 20 de febrero de 2013, según consta en el acta de fs. 16 a 18 vta., presentes el accionante y la demandada, asistidos de sus respectivos abogados, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

El abogado del accionante, en audiencia ratificó in extenso los términos expuestos en su memorial de interposición de la acción y ampliando la misma dijo que a tiempo de presentar acción de libertad, Luis Alberto Taboada Aceituno aún se encontraba arrestado; en el presente caso, no hubo flagrancia por cuanto lo arrestaron en su domicilio. Cuando lo llevaron a celdas de la calle Lemoine zona Surapata, preguntó por qué lo estaban deteniendo y le dijeron que era por haber golpeado a su esposa.

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

Hilda Carucho, funcionaria policial, en audiencia manifestó que el arresto fue por incumplimiento a un acta de 2012, el accionante no se hizo presente a dos citaciones, así que la “policía lo lleva a Poconas” (sic) donde fue protagonista de insultos y palabras soeces contra la autoridad, disponiéndose su arresto por faltas y contravenciones, “…no se arrestó por violencia doméstica, sino mas bien por otras situaciones como el incumplimiento a citaciones por violencia … ya era la segunda citación a efectos de investigar una conducta del accionante en la que incumplió una acta que el mismo suscribió” (sic).

 

I.2.3. Resolución

 

Eduardo Gonzáles Romero, Juez Primero de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 7 de 20 de febrero de 2013, cursante de fs. 45 a 48, concedió la tutela solicitada; con el fundamento que: a) El accionante fue conducido a celdas de la Brigada de Protección a la Familia , sin mandato u orden de ley emitido por autoridad competente, permaneciendo arrestado más de ocho horas en dependencias del módulo policial de Surapata por reiterados problemas Familia res y actos de malacrianza, a sola orden de la autoridad demandada; y, b) La autoridad demandada, no demostró que el arresto dispuesto y denunciado por el recurrente se haya regido conforme a normativa legal.

 

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.Por memorial presentado el 18 de febrero de 2013 a horas 15:15, asignado al Juzgado Segundo de instrucción de Familia , el accionante interpuso demanda de violencia intra Familia r contra su esposa AnaidJheimy Calderón León (fs. 3 a 5).

 

II.2.Cursa denuncia de 27 de agosto de 2012, contra el accionante, por agresión física y psicológica, además declaraciones de la víctima y del sindicado (fs. 33 a 35).

 

II.3.Ante el Encargado de Conciliación Ciudadana 1 de la Policía Boliviana, se suscribió el acta de buena conducta y garantías personales, de 29 de agosto de 2012, entre Luis Alberto Taboada Aceituno y AnaidJheimy Calderón León (fs. 36).

 

II.4.Consta denuncia de 15 de febrero de 2013, contra el accionante, por agresión física y psicológica; además, formularios de declaraciones, muestrario fotográfico y certificado médico legal con incapacidad física de ocho días -policontusa por agresión física- (fs. 37 a 39 y 41 a 42).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El representante, estima como vulnerado el derecho a la libertad del accionante, por cuanto fue detenido ilegalmente por funcionaria policial sin que exista flagrancia ni orden judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.       Arresto en procesos de violencia Familia r o doméstica

En la SC 2125/2010-R de 19 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3.2, el Tribunal Constitucional señaló que: “La Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, determina en su art. 7, que los hechos de violencia en la Familia o doméstica que no constituyan delitos tipificados en el Código Penal, serán sancionados con las penas de multa o arresto. Asimismo, el art. 14 de la citada ley, determina que el conocimiento de estos casos es de competencia de los jueces de instrucción de Familia . Los hechos de violencia que constituyan delitos tipificados en el Código Penal son de competencia de los jueces penales, según determina el art. 15 de la misma disposición legal. Por otra parte, la norma contenida en el art. 25 de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica (LCVF) establece: 'Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta remitirá los antecedentes a conocimiento del juez competente, dentro de las 24 horas de recibida la denuncia, sin costo alguno', en cuanto a la actuación de las Brigadas de Protección a la Familia , la norma prevista por el art. 26 del mismo cuerpo legal dispone lo siguiente: 'Las Brigadas de Protección a la Familia se encargarán de practicar las diligencias orientadas a la individualización de los actores y partícipes, reunir o asegurar los elementos de prueba y prestar el auxilio necesario e inmediato a la víctima. Donde no existan Brigadas de Protección a la Familia , cumplirán estas funciones las autoridades policiales existentes'; finalmente, en relación a la detención en flagrancia la previsión de la norma del art. 27 de la LCVF dispone que: 'En caso de flagrancia el autor podrá ser aprehendido aún sin mandamiento por cualquier persona, con el único objeto de ser conducido inmediatamente ante la autoridad competente'.

 

Al respecto existe uniforme jurisprudencia constitucional, referida a la competencia que atribuyen los arts. 26 y 27 de la LCVF. Así la SC 0263/2000-R de 22 de marzo, reiterada por la 0125/2006-R de 1 de febrero, entre otras, estableció: '…si bien la Brigada de Protección a la Familia tiene atribuciones para elaborar diligencias de policía en los casos de violencia Familia r, no puede excederse de dichas funciones y aprehender a los presuntos autores directamente, sino solamente cuando se trata de delito flagrante'".

 

III.2.       Arresto policial por faltas y contravenciones

El Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la procedencia de arresto por parte de funcionarios policiales, a través de la SCP 1007/2012 de 5 de septiembre, estableció la siguiente jurisprudencia constitucional: “El art. 251.I de la CPE, establece que: 'La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado'

 

En ese sentido, el art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), determina que esta entidad tiene por misión fundamental conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad. Por su parte, de acuerdo al art. 7 de la misma Ley, que señala sus atribuciones, entre las que se encuentran: '…c) Prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales; d) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con sus funciones…; y v) Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial, cumpliendo otras funciones que no estuviesen previstas en las precedentes…'.

 

Sobre el tema, la jurisprudencia constitucional señalo: '…en problemáticas suscitadas emergentes de denuncias de arrestos por parte de efectivos policiales ante una supuesta situación de 'faltamiento a la autoridad', en su oportunidad, a través de la SC 0309/2007-R de 23 de abril, este Tribunal señaló lo siguiente: '…al haberse prohibido la auto-tutela, el Estado ha establecido conductas que las incorpora al derecho penal para la protección del bien jurídico que le interesa resguardar, por otra parte, muchas acciones y conductas que no se encuentran tipificadas como delitos, también atentan a la convivencia social, estas conductas son las llamadas faltas o contravenciones'.

(…)

'…el Reglamento de Comisarías Policiales de Orden y Seguridad, aprobado por Resolución Suprema 212334 de 25 de marzo de 1993, en su art. 10. inc. d) faculta a las Comisarías Policiales a conocer de las faltas y contravenciones policiales sujetas a pena de arresto o sanción pecuniaria, estableciendo el Reglamento de Unidades de Conciliación Ciudadana y Familia r, cuyo art. 28. 2) señala que se entenderá por faltas y contravenciones policiales, las riñas y peleas en locales, instalaciones y en vía pública'” (así las SCCC 0103/2011-R, 1346/2004-R y 1164/2005-R).

Asimismo; siguiendo la jurisprudencia constitucional sostuvo: '…sin embargo, ésta atribución debe ser ejercida dentro del marco establecido por la Constitución Política del Estado y las leyes, siendo necesario recordar que en mérito a la garantía reconocida en el art. 9 de la CPEabrg., y ahora en el art. 23.III de la CPE, nadie puede ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley.

 

No obstante, existen faltas y contravenciones policiales, que sin ingresar al ámbito penal, son sancionadas con medidas punitivas a cargo de las Unidades Policiales, cuya misión es coadyuvar en el mantenimiento del orden público, con facultades de conocer, tramitar, resolver y sancionar las contravenciones policiales que afecten a la seguridad, tranquilidad y moral de los habitantes, según establece el art. 5 del Reglamento que rige el accionar de dichas dependencias policiales' (así la SC 1250/2010-R y 0103/2011-R).

En ese mismo sentido: '…el arresto por parte de funcionarios de la Policía, no es ilegal ni indebido tratándose de contravenciones policiales, dado que como se tiene referido, la Policía por mandato de la Constitución Política del Estado tiene facultad para preservar el orden público, cuando éste pretende ser alterado por una persona rebasando la autoridad de los efectivos policiales' SC 0040/2006-R de 11 de enero.

 

En consecuencia el arresto policial, se hace efectivo para la protección del bien jurídico contra las acciones y conductas que atentan a la convivencia social, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad, por lo que la Policía Boliviana como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional, ejerciendo la función policial de manera integral y bajo mando único, en conformidad a la Constitución Política del Estado, su Ley Orgánica y las leyes del Estado Plurinacional” (las negrillas son nuestras).

 

III.3.Análisis del caso concreto

El representante, expresa que se vulneró el derecho del accionante invocado en la presente acción de libertad, debido a que fue conducido a la Brigada de Protección a la Familia de la zona Poconas y la funcionaria policial demandada dispuso que le llevaran a celdas del módulo policial de la calle Lemoine, zona Surapata y su arresto, sin que exista flagrancia ni orden judicial alguna.

 

Examinado el expediente venido en revisión, se establece que las partes procesales reconocen que el accionante fue privado de libertad; así, el tercero interviniente Mario Ángelo Canedo, en audiencia de acción de libertad manifestó que el accionante “Estuvo arrestado desde las 14:15, le dejamos la ropa, y a las 20:00 horas lo llevaron a Poconas, fuimos ahí y nos dijeron que estaba en reunión con la Policía y fue hasta las 10:30…”, lo que no fue observado por las partes procesales; sin embargo, debe identificarse dos escenarios diferentes uno referido a actos relacionados a violencia intra Familia r y a la supuesta realización de faltas y contravenciones invocado por la autoridad demandada.

 

Respecto al primer escenario de investigación de violencia intra Familia r, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.I de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las Brigadas de Protección a la Familia , en los casos de violencia Familia r, a través de sus funcionarios policiales pueden elaborar diligencias de policía a fin de individualizar a los actores y partícipes, reunir o asegurar los elementos de prueba y prestar el auxilio necesario e inmediato a la víctima; pero, no pueden aprehender directamente a los presuntos autores sino únicamente tratándose de flagrancia, con el único objeto de conducirlo ante la autoridad judicial competente -juez de instrucción de Familia - quien conocerá los hechos de violencia Familia r o doméstica que no constituyan delitos y podrá sancionar con arresto si así correspondiere, lo que no ocurre en el presente caso.

 

Asimismo, como la propia autoridad demandada informó en audiencia, “…el arresto, ha sido por un incumplimiento a un acta de 2012, asimismo el 15 de febrero se lo cito para el 16 del mismo mes y no se presentó, se realizó una segunda citación y tampoco se presentó…”; sin embargo, el incumplimiento a un acta o citaciones realizadas por la Brigada de Protección a la Familia , no significa que pueda procederse al arresto a la persona que faltare su cumplimiento, por no estar previsto en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Sobre el segundo escenario, la funcionaria policial demandada, en audiencia manifestó que el ahora accionante fue “…protagonista de insultos palabras soeces contra la autoridad” y que “…de acuerdo al Reglamento de la Policía, se dispuso su arresto por faltas y contravenciones … no se arrestó por violencia doméstica…” de forma que sostiene que no se habría producido al interior del proceso de violencia intra Familia r.

 

Respecto a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que los funcionarios policiales tienen como misión conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes; también, conforme al Reglamento de Unidades de Conciliación Ciudadana y Familia r, las faltas y contravenciones policiales facultan a la Policía Boliviana, a proceder al arresto de quienes incurrieren en dichas conductas.

 

En el presente caso, la autoridad demandada ante una pregunta del Juez de garantías concluye su participación, informando que respecto a las supuestas faltas y contravenciones: “…no se ha elaborado el acta correspondiente al trámite sumariante que dispuso el arresto, ya que las partes estaban prestas a conciliar si se le reducían el arresto, por lo que distrajo la función policial, y por buena fe no se tiene el acta que se pide”, aseveración que permite inferir que no existe documento o antecedentes que objetivamente acrediten la existencia de faltas y contravenciones; por ende no resulta admisible haber procedido a la detención del ahora accionante, pues como se infiere del Fundamento Jurídico III.2., tanto en el orden penal como en el orden contravencional, existe un escenario normativo de procedibilidad de privación de libertad que no se dio en el caso de autos. Situación por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada por el accionante.

 

III.4.Otras consideraciones

Sobre la participación del tercero interviniente en acciones de libertad, el Tribunal Constitucional Plurinacional, moduló la línea jurisprudencial contenida en la SCP 0204/2012 de 24 de mayo, asimismo la SCP 2252/2012 de 8 de noviembre, determinó que: “…si bien por la naturaleza sumaria de la acción de libertad no es admisible la doctrina del tercero interesado desarrollada en materia de amparo constitucional; en virtud al principio de verdad material y el carácter democrático de los procesos constitucionales cuando un tercero mutuo propio se presente a la acción de libertad y el juez o tribunal de garantías considere necesaria su participación o en lo referente a la aportación de pruebas atinentes al objeto procesal y no se produzca una dilación indebida a la tramitación de la causa, dicha participación no debe ser rechazada.

 

Asimismo, se aclara que la participación de terceros interesados implica no solamente que éstos ingresen a la audiencia de la acción de libertad, sino más bien, que puedan presentar pruebas y/o ejercer otras facultades dentro de la acción de libertad, como plantear solicitudes de aclaración, complementación y enmienda, apersonarse al Tribunal Constitucional Plurinacional, y otras que ingresan dentro de la lógica del razonamiento desarrollado”.

 

En el presente caso, es necesario aclarar respecto a la intervención de Mario Ángelo Canedo en la audiencia de acción de libertad de 20 de febrero de 2013, considerado equivocadamente como testigo; sin embargo, conforme a la jurisprudencia constitucional precedente, será considerado como tercero interviniente en la acción de libertad, por cuanto la actuación de éste fue pertinente y en procura de la verdad material, con la finalidad de determinar la certidumbre del objeto procesal, más aun tomando en cuenta que la defensa no tuvo ninguna observación; además, sin contrariar el carácter sumario de esta acción ni haberse producido dilación alguna, no debiendo confundirse como si fuere la participación de un testigo de cargo tal como mal entendió el Juez de garantías, por cuanto en esta acción tutelar no puede ordinarizarse, por lo que el tercero interviniente en una acción de libertad condice con el principio de informalismo, dejando de lado la rigidez enteramente formalista.

En consecuencia el Juez de garantías, al conceder la acción tutelar, ha actuado correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7 de 20 de febrero de 2013, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por Eduardo Gonzáles Romero, Juez Primero de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, con costas.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade MartínezMAGISTRADA

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez CastañosMAGISTRADA


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1175/2013-L

Sucre, 4 de octubre de 2013

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Magistrada Relatora:Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco

Acción de amparo constitucional

Expediente:2012-25172-02-AAC

Departamento:Santa Cruz

 

En revisión la Resolución 027 de 10 de febrero de 2012, cursante de fs. 193 vta. a 195 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Max Sfeir Byron y Edgard EarlPetersenKelley en representación legal de Michael Mayo Macke contra Edgar Carrasco Sequeiros y William TorrezTordoya, Vocales; Alain Nuñez Rojas y Editha Pedraza Becerra, ex Vocales, de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz; y, Adolfo Rueda Artunduaga, Juez Sexto de Sentencia Penal del mismo Distrito Judicial -ahora departamento-.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2011, cursante de fs. 52 a 58 y vta., el accionante por medio de sus representantes expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Inició un proceso penal contra Rubén Orlando Córdova Serrano, Gustavo Álvaro Dellien Bianchi, Gerardo Ignacio Córdova Cortez, Carmen Inés Domínguez Saavedra, Teresita Elizabeth Paz Saucedo y Sugami Ishikawa Onaga, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y estelionato; y, que al tratarse de delitos de contenido patrimonial se solicitó convertir de acción pública a privada, conversión que fue autorizada por el Fiscal de Materia.

 

Indica que autorizada dicha conversión de acción, se presentó querella y acusación a los efectos de la tramitación de una acción penal privada que fue autorizada por el Fiscal de Distrito -ahora Departamental-, por medio de Mario Cadima Cano, Fiscal de Materia, que radicó ante el Juez Sexto de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Santa Cruz.

 

Una vez planteada la querella y la acusación privada, con las notificaciones respectivas, Gustavo Álvaro Dellien Bianchi -imputado- presentó ante el Juez referido incidente de actividad procesal defectuosa y excepción de falta de acción, quien por Auto 53/11 de 23 de mayo de 2011, dispuso erróneamente que: “…Acepta el incidente por defecto absoluto y la excepción de falta de acción y los declara procedentes, anulando obrados incluso hasta la conversión de la acción, consecuentemente dispone archivo de obrados”(sic). Señala que tal Resolución estaría vulnerando los derechos y garantías constitucionales del accionante y excede los límites de la competencia del Juez de Sentencia, ya que al disponer la nulidad hasta la conversión de la acción, estaría anulando la resolución sobre la misma conversión que el referido Fiscal dictó, excediéndose de las competencias que el art. 53 del Código de Procedimiento Penal (CPP) le otorga; en consecuencia, el accionante presentó memorial en el que pide al Juez referido la explicación, complementación y enmienda sobre el Auto 52/11 de 23 de mayo de 2011, a lo que responde con el Auto 65/11 de 6 de junio de mismo año, no dando a lugar a lo peticionado, toda vez que no existe nada que explicar, complementar ni enmendar en el Auto 53/11 de 23 de mayo de ese año.

 

Dentro del plazo legal, el 12 de julio de 2011 interpuso apelación incidental ante la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, que por el Auto 94/2011 de 8 de agosto, declaró: Admisible e Improcedente la Apelación Incidental interpuesta por el querellante Michael Mayo Macke contra el Auto Interlocutorio, obrando así de manera errónea y consintiendo en la vulneración al derecho de acceso a la Justicia y sus garantías constitucionales al debido proceso, a la igualdad procesal en su vertiente la resolución fundada y a los principios de “seguridad jurídica” y “legalidad”.

 

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante señala la vulneración del derecho al debido proceso, en su vertiente de igualdad procesal y legalidad, así como la garantía de acceso a la justicia y al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 6.I, 115, 118.I, 119.I, y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela con expresa condenación de costas y en consecuencia: a) Declaren la nulidad del Auto de Vista 94/2011; b) Se disponga que el Tribunal de Segunda instancia dicte nueva Resolución y sea declarado admisible y procedente el recurso de apelación; c) Que dicho recurso sea resuelto en el fondo rechazando los incidentes y la excepción intentada por el imputado; y, d) Se disponga la continuación de la acción penal privada.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 10 de febrero de 2012, conforme consta en el acta cursante a fs. 183 y 193 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Michael Mayo Macke a través de su abogado accionante y representante legal, ratificó in extenso el contenido de su acción, y en audiencia reiteró los hechos contemplados en el mismo.

En uso de su derecho a la replica señaló: 1) Que el informe de los Vocales incurre en un error al hablar de una supuesta improcedencia por cuanto se hubiera argumentado acerca de la violación al debido proceso, que lo que se denuncia, la violación de la garantía del acceso a la justicia por un lado y la igualdad procesal; y, 2) Que del informe del Juez Sexto de Sentencia Penal, se percibe la idea de que el Juez puede ejercer competencia en un proceso penal que ya no está bajo su control.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

 

Edgar Carrasco Sequeiros y William TorrezTordoya, Vocales; Alain Nuñez Rojas, Editha Pedraza Becerra, ex Vocales, todos de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, por el informe cursante de fs. 122 a 124 señalaron: i) Que el art. 128 de la CPE, refiere sobre la acción de amparo constitucional, determinando la procedencia del recurso, contra los actos ilegales u omisiones indebidas de autoridades o funcionarios o de persona individual o colectiva, que amenacen suprimir o restringir los derechos y garantías reconocidos por la Ley fundamental; ii) Que las autoridades como Magistrados del Tribunal de garantías constitucionales, vienen a constituirse en un Tribunal de puro derecho, al cual no le está permitido entrar a considerar hechos controvertidos producidos dentro de un proceso judicial, iii) Que luego de haber leído el recurso, no entendieron el motivo legal por el cual se encuentra frente a este recurso en calidad de demandados, simplemente reconocen que ese Tribunal, en forma y tiempo oportuno y legal, conoció y resolvió el recurso de Apelación interpuesta, por el ahora accionante, mediante el Auto de Vista 94/2011 de 8 de agosto, mismo que fue debidamente fundamentado y en el cual aplicaron las reglas de la sana crítica y el prudente arbitrio, iv) Que de su parte consideran haber cumplido la normativa al respecto, toda vez que se declaró ADMISIBLE E IMPROCEDENTE LA APELACIÓN INTERPUESTA por el accionante, confirmando en todas sus partes el Auto 53/11 de 23 de mayo de 2011, dictado por el Juez Sexto de Sentencia del departamento de Santa Cruz; el referido Tribunal indicó, que el accionante mencionó que se vulneró sus derechos al debido proceso, al principio de la seguridad jurídica, sobre estos derechos citaron las SSCC. 0096/2010-R, 0655/2010-R, 0365/2005-R y 0740/2007-R, señalando preceptos referidos a los mismos, de lo expuesto, informan que se tiene demostrado en el cuaderno procesal que no incurrieron en ningún acto ilegal, menos omisión indebida, peor aún que hayan vulnerado algún derecho constitucional, solicitaron que la tutela impetrada por el accionante sea denegada.

Adolfo Rueda Artunduaga, Juez Sexto de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 106 a 111 vta., señaló que: i) Se colige una simple denuncia sin ningún fundamento signado en el caso FELCCC-SCZ-0908449 incoado por Max Sfeir Byron contra varios, presentado el 25 de septiembre de 2009; sin embargo, por otro memorial en esa fecha se reiteró la querella y simultáneamente solicitó la conversión de la acción, con lo que el entonces Fiscal de Distrito autorizó la conversión de la acción el 28 de igual mes y año, cuya causa fue radicada en el Juzgado Cuarto de Sentencia en lo Penal; ii) El imputado por memorial de 21 de abril de 2011, interpuso incidentes y excepción de falta de acción apoyado en la SSCC 0421/2007-R, 0522/2005-R, 0511/2010-R, 1664/2003-R y 1711/2005-R, arts. 308 y 169 del CPP y 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, opuesta dentro del proceso seguido en su contra y otros por Marco Antonio López Gonzáles, Eduardo Duabyakiski Aguirre y Eduardo Max Sfeir Byron en representación de Michael Mayo Macke por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y estelionato; iii) Que la causa se puso en conocimiento del Juez Instructor del Control Jurisdiccional y se dispuso el inicio de las investigaciones; iv) Que se suscitaron dudosas actuaciones con premura y celeridad el 25 de Septiembre de 2009, donde el investigador, asignado al caso emitió un informe pidiendo una complementación del plazo para la investigación preliminar, habiéndose requerido el mismo día por el Fiscal Omán Arias por noventa días como el conocimiento de la ampliación al Juez del Control Jurisdiccional; y, v) Que en la misma fecha el Fiscal recibió la querella sin identificar al presunto autor haciendo referencia su nombre como responsable y en el mismo memorial se solicitó la conversión de la acción; sin embargo, de una manera contradictoria se requiere la remisión de la conversión solicitada al entonces Fiscal de Distrito sin pronunciarse sobre dicha querella, donde el fiscal coordinador autorizó la conversión de acción y no así el Fiscal referido. Por tanto presentó los incidentes referentes a la presentación de la querella e identificación del imputado, de falta de notificación con la misma y así como la excepción de falta de acción, y de actividad procesal defectuosa, haciendo la valoración correspondiente de los mismos, es que el Juez Sexto de Sentencia en lo Penal de la Capital, en cumplimiento a los arts. 168, 169 inc. 3) del CPP, 115, 117 y 119 de la CPE con relación a 314 y 315 de la citada norma procesal y las SSCC 0712/2006-R, 1272/2006-R y 0162/2007-R, aceptó el incidente por defecto absoluto y la excepción de falta de acción y los declaró procedente, debiendo en consecuencia anularse obrados incluso hasta la conversión de la acción, consiguientemente dispone el archivo de obrados.

1.1.3. Intervención de los terceros interesados

Gustavo Álvaro Dellien Bianchi a través de su representante legal, en audiencia manifestó: a) Que la parte accionante se confundió al recurrir a una tutela jurisdiccional frente a derechos fundamentales; b) Que existen una serie de irregularidades desde las notificaciones de la acción de amparo constitucional a terceros interesados, hace notar que no están presentes, y que ellos mismos dan cuenta de que no fueron notificados de acuerdo a procedimiento; c) Que no se habría vulnerado ningún derecho supuesto, en relación a la vulneración del art. 53 del CPP, que el accionante hace referencia por la supuesta falta del Juez de Sentencia Penal a éste artículo, para evitar confusiones se remite al art. 279 del citado Código, que estaría avalando el actuar del Juez y en sí que no se habría vulnerado ningún derecho; d) Que curiosamente el accionante pide la anulación del Auto de Vista, y no así la Resolución emitida por el referido Juez que supuestamente habría vulnerado el art. 53 del CPP; e) Que dicha petición no puede ser tramitada a través de un recurso constitucional, sino debió ser tramitado a través de un recurso de Nulidad; y, f) Que la seguridad jurídica no es tutelable en una acción de amparo constitucional, toda vez que ésta es un principio y no así un derecho fundamental, hace referencia a las SSCC 1370/2002-R, 0485/2006-R, 0384/2006-R, 0323/2010-R, 0291/2010-R, 2330/2010-R, 0486/2011-R, 1333/2011-R y 1469/2011-R; por lo tanto solicitó, se deniegue la tutela solicitada.

 

Rubén Orlando Córdova Serrano, Gerardo Ignacio Córdova Cortéz, Carmen Inés Domínguez Saavedra, Teresita Elizabeth Paz Saucedo y SugamiIshikaweOnaga, no se apersonaron, pese a su legal notificación cursante de fs. 56 vta. y 113 vta.

 

I.2.4. Resolución

La Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 027 de 10 de febrero de 2012, cursante de fs. 193 vta. a 195 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto la Resolución de 8 de agosto de 2011, dictada por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, ingresando a despacho sin esperar turno, para su resolución respectiva; en base a los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a los derechos de debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y la igualdad efectiva de las partes, se encuentra jurisprudencia muy clara sobre la sub regla que por el principio de favorabilidad y carácter expansivo de los derechos fundamentales ante casos de evidente lesión, es posible la tutela de derechos no invocados por el accionante, por lo mismo el Tribunal de garantías no hace omisión abstracta y no deja de lado la tutela; 2) Que uno de los componentes esenciales y fundamentales del debido proceso es la motivación de los fallos, todo juzgador tienen el deber de pronunciarse de manera fundamentada en cuanto a las peticiones, así lo demostró la jurisprudencia; y, 3) Que no se considera la preclusión de etapas como lo actuado ante el Juez de Instrucción que concluyó con la conversión de acción, consiguientemente resuelve conceder la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto la resolución en controversia.

 

I.3. Consideraciones de Sala

Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011,en el marco del Código Procesal Constitucional vigente desde el 6 de agosto de 2012,conforme la modificación efectuada por su Disposición Transitoria Segunda. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose Resolución dentro de plazo.

 

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.Por memorial presentado el 28 de abril de 2011, Michael Mayo Macke -ahora accionante-, mediante sus representantes interpuso y ratificó querella por delitos de estafa, estelionato, falsedad material, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica, contra Rubén Orlando Córdova y Gustavo Álvaro Dellien Bianchi, Gerardo Ignacio Córdova Cortez, Carmen Inés Domínguez Saavedra, Teresita Elizabeth Paz Saucedo y Sugami Ishikawa Onaga, en la cual además solicitó la conversión de acción penal pública a acción privada, debido a que el querellante indica que al conformar una “Asociación Accidental” con los arriba nombrados, habría aportado más de $us300,000.-(trescientos mil 00/100 dólares estadounidenses) para la compra de terrenos y conformación de la misma, hechos en los cuales señaló que se incurrió en los delitos indicados (fs. 2 al 15).

 

II.2.Mediante memorial presentado el 24 de abril de 2011, por el cual Gustavo Álvaro Dellien Bianchi, se apersonó en calidad de querellado y planteó incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos y excepción de falta de acción, señalando que no se siguieron requisitos procedimentales; no habiéndose cumplido la ampliación de un término de investigación antes de entrar al caso de fondo; que la querella fue totalmente defectuosa al no haberse identificado al posible autor o imputado; no se le habría notificado con la querella; que al conceder la conversión se habría suprimido el derecho a la objeción; que la carta poder con la que el representante legal presentó la misma, no sería suficiente -ya que requiere un segundo apoderado- para poder representarlo ante tribunales, siendo completamente nulos sus actuados, y por lo tanto debió rechazarse la misma, además que no se cumplieron con todos los requisitos legales para la aceptación; por lo cual interpuso la excepción de falta de acción, solicitando se determine el archivo de obrados hasta que la acción sea legalmente promovida, y se declaren probados los incidentes de la actividad procesal defectuosa, determinándose la nulidad de obrados de todos los actos procesales (fs. 17 al 25 vta.).

 

II.3.Auto 53/11 de 23 de mayo de 2011 por el cual Adolfo Rueda Artunduaga Juez Sexto de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Santa Cruz -hoy codemandado-, aceptó el incidente por defecto absoluto y la excepción de falta de acción y ambos los declaró procedentes, anulando obrados incluso hasta la conversión de la acción, consecuentemente dispuso el archivo de obrados, con los siguientes fundamentos: i) El investigador al inicio de las indagaciones, omitió y abrevió varias actuaciones; ii) El referido Fiscal, ese referido día recibió una querella contra los acusados, en la cual pidieron la conversión de la acción, remitida al Fiscal de Distrito -ahora Departamental-, y sin que éste se haya pronunciado sobre el asunto, es que el Fiscal coordinador autorizó la conversión; iii) Sobre el incidente de presentación de querella é indefensión del imputado; por lo dispuesto en el requerimiento fiscal, se le pudo identificar y por lo tanto notificarle, por lo cual no existe defecto absoluto alguno en la presentación de la querella ni la identificación del imputado; iv) Sobre el incidente de falta de notificación con la querella, no puede alegarse falta de notificación, si se desconocía la identidad del mismo, no puede alegarse la violación del derecho a la defensa, por lo que no se infiere la existencia de defecto absoluto; y, v) En cuanto a la excepción de falta de acción é incidente de actividad procesal defectuosa, estableció, tanto en la denuncia inicial como la querella, que no se adjuntó el poder correspondiente de representación, hecho que debió de haber observado el Fiscal, a efecto de no permitir otras actuaciones defectuosas y que el Poder Especial fue presentado después de los actos que iniciaron la acción penal; y, vi) Que el entonces Fiscal de Distrito fue quien debió ordenar la conversión de la acción (fs. 27 a 32 vta.).

 

II.4.El 5 de julio de 2011 el accionante presentó memorial a través de sus representantes legales, solicitando explicación, complementación y enmienda sobre el Auto 53/11 señalando que éste sería oscuro y contradictorio, y bajo el amparo de lo establecido en el art. 152 del CPP (fs. 38 a 39).

 

II.5.Auto 65/2011 de 6 de julio, donde el Juez codemandado resolvió la solicitud precedentemente citada, por el cual no dio ha lugar lo peticionado, por considerar que no hacía nada que necesite explicación, complementación ni enmienda (fs. 40).

II.6.Por memorial de 12 de julio de 2011, en el cual el accionante a través de su representante, planteó apelación incidental contra el referido Auto 53/11, argumentando que: a) Carecería de fundamentación legal; b) El incidente que se admitió estaría fuera de la etapa correspondiente; c) no se abre término probatorio; d) Se resolvió el incidente de nulidad, sin tener la competencia necesaria, incurriendo en un claro ejemplo de “Usurpación de Funciones”; y, e) Dispone de archivo de obrados, sin dar lugar a ninguna opción legal viable. Por lo tanto solicitó se revoque y anule el Auto 53/11 y su Auto complementario de 6 de igual mes y año (fs.33 a 37).

II.7.Auto de Vista 94 de 8 de agosto de 2011, que declaró admisible e improcedente la apelación incidental interpuesta por el accionante contra el Auto 53/11 mediante memorial de 12 de julio de ese año, con los siguientes fundamentos: 1) Se notó inobservancia de las formas y requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales, basándose en la “SC 0957/2004-R de 17 de junio de 2005” (sic) que hace referencia al entendimiento que no le esta permitido al Juez el convalidar actos en los que vulnere derechos con el deber de pronunciarse sobre la legalidad; 2) Que se vulneraron reglas del debido proceso y a la tutela judicial, aspectos cuales deben de llegar a definirse condicionando su validez y su eficacia en torno al respeto de los derechos fundamentales; 3) Pese a que la apelación incidental que interpuso el querellante contra el incidente de actividad procesal defectuosa no se encuentra previsto en ninguno de los casos de procedencia que determina el Código de Procedimiento Penal, la nueva jurisprudencia con relevancia jurídica establece que todos lo fallos judiciales en materia penal sobre incidentes son apelables según a la referencia que hace mediante las SSCC 0253/2010-R y 1878/2010-R; 4) Que el interesado debió de cumplir con todos los requisitos exigidos por el referido Código de 25 de marzo de 1999, y en cambio no se identificó plenamente por su nombre y apellido a los imputados, por ende no se pudo proceder a la notificación correspondiente; y, 5) No se adjuntó poder notariado que lo habilite como representante legal de la víctima por lo que no se cumple con lo previsto en la Ley 1970, en este estado el Juez inferior no puede convalidar actuaciones defectuosas que en su momento el Fiscal de Materia tuvo que haber observado y corregido (fs. 41 a 45).

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante señala la vulneración del derecho al debido proceso, en su vertiente de igualdad procesal y legalidad, así como la garantía de acceso a la justicia y al principio de seguridad jurídica toda vez que, el Juez demandado aceptó el incidente por defecto absoluto y la excepción de falta de acción planteado por el imputado y los declaró procedentes, debiendo anularse obrados incluso hasta la conversión de acción, consiguientemente disponiendo el archivo de obrados; y, que los Vocales codemandados al resolver la apelación incidental interpuesta por el accionante la declararon admisible e improcedente, confirmando la Resolución del Juez referido, sin una fundamentación objetiva ni razonable.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.       Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

Al respecto la SCP 1311/2012 de 19 de septiembre refiere:“De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE.

En cuanto a su configuración procesal, la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser una acción extraordinaria de tramitación especial y sumaria y fundamentalmente investida del principio de inmediatez en la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados, no reconoce ningún fuero, privilegio ni inmunidad respecto de las autoridades o personas demandadas.

Asumiendo este entendimiento la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1 precisó que: 'La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela'.

III.2.       Del debido proceso

Sobre el tema, la SCP 0978/2012 de 22 de agosto, señala: “La Norma Suprema del Estado Plurinacional de Bolivia, establece en su parte dogmática que: 'Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones' (arts. 115.1 y II).

En ese mismo sentido de protección, de igual manera prevé que, 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley' (art. 117.I, II y III).

La parte orgánica de la Ley Fundamental, establece que: 'La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país' (art. 410.II).

En ese entendido el Sistema Universal de Protección de los derechos humanos, mediante los siguientes Instrumentos Internacionales, protegen las garantías que componen el derecho al debido proceso:

1)            La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 10, establece: 'Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal'.

2)            El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone en su art. 14.3 que: 'Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas

a)            A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b)            A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c)            A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d)            A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e)            A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f)             A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g)            A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

(…).

De acuerdo a la doctrina en la evolución del debido proceso se identifican, entre otras, garantías específicas tales como: El derecho a ser emplazado y gozar de un tiempo razonable para preparar defensa, el derecho al juez natural, derecho a la prueba, derecho a la Igualdad, derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, derecho a un proceso público, el derecho de doble instancia, la garantía de presunción de inocencia, la garantía de prohibición de persecución penal múltiple non bis in ídem, la garantía de no auto incriminación nemotenetur, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a recurrir. La jurisprudencia constitucional ha acogido ese criterio, asila SC 0917/2003-R de 2 de julio, ha señalado que: '…de otro lado con relación al debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la Constitución, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este Tribunal Constitucional ha entendido, en su uniforme jurisprudencia, como «el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos…»'”.

III.3.       Características de la competencia

La SCP 0756/2011-R 20 de mayo, define y caracteriza a la competencia como: la capacidad o aptitud reconocida a un Juez o Tribunal para ejercer funciones respecto de un asunto o materia, con la finalidad que la conozca y resuelva. En los procedimientos constitucionales, también la competencia del tribunal de garantías es de vital importancia, considerando que sus decisiones sólo serán válidas, si emergen de quién o quienes estén revestidos de la facultad legal para asumir y decidir acerca de la presunta vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Al respecto, conviene precisar que del debido proceso en su faceta adjetiva, se desprende uno de sus componentes esenciales, el del juez natural, que en síntesis constituye la legitimación de una decisión proveniente de quien la ejerce por mandato legal, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, de la propia Ley Fundamental, por ello coincidimos en afirmar que la competencia no puede ser prorrogable por la voluntad del juzgador, ni la tolerancia de las partes, no puede delegarse por decisión personal, sólo es admisible excepcionalmente por excusa o recusación, tampoco puede ser atribuida o apropiada indebidamente por un juez o tribunal, de hacerlo, sus actos y decisiones son nulos de pleno derecho, no tienen ningún efecto, ni causan consecuencia jurídica alguna”.

III.4.       La garantía al debido proceso en su vertiente resolución fundada

Sobre la resolución fundada la doctrina constitucional entiende que dentro de las obligaciones sobre la fundamentación, no se la puede tener por satisfecha ni cumplida, cuando la voluntad del juzgador haya salido a la luz con una simple emisión de su voluntad, por lo que una argumentación fundada debe de ser necesariamente el precedente de todo fallo. Esto no debe considerarse como una exigencia de que los órganos jurisdiccionales tengan que presentar una argumentación extensa, exhaustiva y pormenorizada, como respuesta a lo que las partes alegan, por lo que puede incurrir en la omisión de realizar una fundamentación concisa; por lo que se infiere que es de vital importancia que se deben someter a discusión y debate, las pretensiones de las partes y la intervención del Juez, debiendo ser éste diálogo dialéctico, de una manera argumentada y razonada, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre indica: “La jurisprudencia del anterior Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso: '…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. En consecuencia, es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa.

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, este mismo Tribunal aclaró los alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la resoluciones, así señaló: "…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió” (las negrillas son nuestras).

III.5.       De la querella que en los hechos constituye acusación particular

Al respecto la SC 0039/2004-R de 14 de enero, refiere a la querella como acusación particular de la siguiente manera: “El art. 375 CPP, señala: 'Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá presentar su acusación ante el Juez de sentencia por sí o mediante apoderado especial'. En relación con la parte final del art. 290 CPP, que señala 'El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella, la misma que será puesta en conocimiento del imputado'.

(…).

(…) Los procesos penales por delitos de acción penal privada se tramitan conforme señalan los arts. 375 y siguientes CPP, normas de las que se evidencia que la acusación particular resulta ser el primer actuado de la víctima o damnificado, por cuanto en estos procesos no interviene el Ministerio Público como acusador”.

En caso de faltar alguno de los requisitos previstos para la querella el Juez puede desestimar la misma, caso en el cual el querellante está facultado para repetirla por una sola vez, corrigiendo sus defectos, conforme señala el art. 376 CPP.

Por consiguiente el Auto de 22 de abril de 2002, que repone obrados emitido por la Jueza Cuarta de Sentencia Penal, no tomó en cuenta la referida querella que en los hechos constituye la acusación particular, exigiendo formalismos no previstos por Ley, a pedido de la defensa del ahora recurrente” (las negrillas nos pertenecen).

III.6.       De la objeción de la querella

Al respecto la SCP 0859/2013-L de 15 de agosto, señala: “'Sobre la temática la SC 1069/2010-R de 23 de agosto, señaló: 'El art. 291 del CPP, establece el mecanismo procesal a través del cual el fiscal o el imputado pueden objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante, cuyo procedimiento se encuentra descrito en el referido artículo del CPP.

De acuerdo a la última parte del art. 290 del CPP, una vez presentada la querella, ésta debe ser puesta en conocimiento del imputado; pudiendo éste o el fiscal objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante, conforme sostiene el art. 291 del CPP; objeción que debe ser formulada en el plazo de tres días computables a partir de su notificación, debiendo el juez convocar a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de los tres días de presentada la objeción, en la que -a su finalización- resolverá la objeción planteada.

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0115/2004-R de 28 de enero, reiterada por la SC 0751/2004-R de 14 de mayo «La objeción de querella es una facultad que la Ley le confiere al imputado para que observe la admisibilidad de la misma y la personería del querellante por consiguiente debe ser resuelta antes de su admisión y antes de cualquier otro actuado procesal».

Conforme a la interpretación de los arts. 290 y 291 del CPP, primero debe notificarse con la querella al imputado, quien puede presentar la objeción a su admisibilidad, para luego -si presenta la objeción- celebrar una audiencia oral para que el juez la resuelva inmediatamente, y una vez finalizada la audiencia, disponer -si corresponde- la admisión de la querella'.

No obstante ser evidente que el capítulo referente al procedimiento para delitos de acción privadano prevé de forma expresa que el denunciado pueda objetar la querella y/o acusación planteada en su contra, en atención al derecho a la defensa, este Tribunal considera que, resulta aplicable al caso lo establecido por el art. 291 del CPP, es decir, la facultad que tiene de objetar la querella (acusación en procesos de acción privada) y la forma de resolución, en el mismo sentido, el criterio esbozado por el constitucionalista William Herrera Añez que señala: 'La querella se interpone ante el juez de sentencia, quien la debe poner en conocimiento del imputado para que la examine y, en su caso, pueda objetar su admisibilidad por cuestiones formales. Aunque en la práctica algunos jueces admiten directamente la querella y señalan audiencia de conciliación, lo correcto es que con carácter previo se corra en traslado para que el imputado tome conocimiento de la acusación particular ejerza su derecho a la defensa y, como parte de la misma pueda pedir su desestimación u objetarla.

(…).

El imputado también tiene el derecho de objetar la querella por cuestiones formales o personería ante el juez, en el plazo de tres días computables a partir de su notificación (art. 291). En este caso, el Juez convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de los tres días de presentada la objeción y resolverá la misma en audiencia. En caso de que haya la omisión o defectos de los requisitos formales de admisibilidad, el juez ordenará su corrección en el plazo de tres días, caso contrario se la tendrá por no presentada'”.

III.7.       Sobre el principio de seguridad jurídica

Al respecto la SCP 0551/2012 de 20 de julio, establece que: “La seguridad jurídica es un principio y por lo tanto no puede ser tutelado por la acción de amparo constitucional, este lineamiento ha sido desarrollado por la SC 0511/2011-R de 25 de abril, de la siguiente manera: “(…) en el sentido de que cuando se alegue la vulneración de la seguridad jurídica, no es posible conceder la tutela, dado que en el nuevo orden constitucional no está instituido como derecho, sino como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, indicándose en lo pertinente: '(…) al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). (…) se debe tener claramente establecido que 'la seguridad jurídica' al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento'.

En este nuevo orden constitucional, la seguridad jurídica se constituye en principio, como tal, no puede ser tutelado por la acción de amparo, porque esta acción protege derechos y no principios dado su naturaleza jurídica”.

III.8.       Análisis del caso concreto

En el caso que nos ocupa, el accionante señala la vulneración del derecho al debido proceso, en su vertiente de igualdad procesal y legalidad, así como la garantía de acceso a la justicia y al principio de seguridad jurídica, por cuanto afirma que el Juez Sexto de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Santa Cruz, declaró admisible y procedente el “incidente de nulidad por defectos absolutos y la excepción de falta de acciónviolando el limite de su competencia; al disponer la nulidad de la resolución de conversión de acción y el archivo de obrados, ya que el juzgador dictó resolución fuera de la norma legal, y en consecuencia impidió que la víctima acceda al sistema judicial. Y por otra parte, en respuesta a tal resolución dictada por el mencionado Juez es que, el accionante recurrió en apelación incidental ante los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con el fin de hacer valer sus derechos en esta instancia, pero señala que también se vulneraron sus derechos, por el hecho de que los referidos Vocales declaran admisible e improcedente el recurso planteado, de ese modo dieron la razón al Juez inferior.

En el marco señalado nos referimos a que el 7 de abril de 2011 el accionante se querelló por delitos de estafa, estelionato, falsedad material, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica, contra Rubén Orlando Córdova, Gustavo Álvaro Dellien Bianchi, Gerardo Ignacio Córdova Cortez, Carmen Inés Domínguez Saavedra, Teresita Elizabeth Paz Saucedo y Sugami Ishikawa Onaga, interponiendo al mismo tiempo conversión de acción pública a privada, en respuesta, el 21 de abril de 2011 el imputado Gustavo Álvaro Dellien Bianchi, presentó un memorial, en el cual se apersonó y planteó incidente de actividad procesal defectuosa y excepción de falta de acción, debido al supuesto incumplimiento de cuestiones procesales respecto a la identificación del imputado, la notificación en la querella, la representación del querellante, arguyendo lo que dejó a su persona en indefensión, vulnerando de esa manera la garantía al debido proceso.

En ese sentido, el 23 de mayo de 2011, el Juez Sexto de Sentencia Penal -juzgado donde radicó la causa- resolvió el incidente por actividad procesal defectuosa y la excepción de falta de acción mediante Resolución 53/11, declarándolos procedentes a la luz de los arts. 168, 169.3, 314 y 315 del CPP.

En consecuencia el accionante presentó apelación incidental contra el Auto 53/11, por lo cual el 8 de agosto de 2011, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 94, declaró admisible e improcedente la apelación incidental interpuesta mediante memorial de 12 de julio de dicho año.

De todo lo expuesto se tiene, que en caso de haberse cometido una acción u omisión por el Juez, que vulnere derechos y garantías, es el Tribunal de alzada el llamado a corregir los defectos procesales.

Por otra parte, los Vocales codemandados, no se pronunciaron de forma adecuada, sobre el conflicto, omitiendo referirse a la incompetencia cuestionada por el accionante, vulnerando así derechos y garantías nombrados por el mismo y referidos en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que indica, que debieron referirse sobre la competencia, observando los entendimientos a los cuales hace referencia el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo, haciendo una relación jurídica en la cual se pronuncie de manera adecuada y correcta, sobre la legitimación que adquiere el juez natural capacitado por mandato para la resolución de los conflictos que llega a conocer, ante tal cuestión además debe de referirse a todos los puntos y conflictos que debido al mandato legado debe de resolver y pronunciarse. No es menos cierto, que uno de los componentes esenciales del debido proceso, es el del Juez natural, que con éste viene atribuida a la capacidad o aptitud reconocida para ejercer funciones respecto de un asunto o materia, con la finalidad que la conozca y la resuelva, por tal motivo la competencia es de previo y especial pronunciamiento, a razón que la misma, resguarda el derecho al juez natural, por lo cual correspondía al Tribunal de apelación pronunciarse ya sea de manera positiva o negativa sobre todos los puntos cuestionados en el incidente planteado, al respecto lo lineamientos del Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo nos remarca que toda resolución debe fundamentarse en derecho y de manera correcta, no solo declarando la voluntad del juzgador, sino que toda decisión judicial debe de estar precedida por una argumentación que fundamente en derecho, por lo que el Auto de Vista recurrido debe cumplir y responder a todos los puntos que se cuestionen en la apelación incidental.

Por lo que corresponde tomar en cuenta lo planteado por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que indica que el Estado es quien garantiza una justicia pronta, oportuna y efectiva de parte de los jueces y tribunales competentes, reconociendo expresamente lo tutelado por los organismos internacionales, entre otros derechos, el debido proceso y el acceso a la justicia.

En lo referido a la petición de la conversión de acción el Código de Procedimiento Penal (CPP), en su art. 26.2 -modificado por la Ley 045 del 8 de octubre de 2010- refiere: “Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos que no tengan por resultado la muerte siempre que no exista un interés público gravemente comprometido, y que se realizará durante la etapa preparatoria hasta la presentación del requerimiento conclusivo, por lo que el hoy accionante enmarcó su actuar de acuerdo a tal procedimiento.

Los num. 1 y 2 de la citada norma, en su parte in fine sostiene que para la autorización de la conversión de acción, a petición de la parte querellante, es una atribución exclusiva del Fiscal Departamental o por quien él delegue, en tal sentido en el caso que nos ocupa, debió de haber existido una nota en la cual el referido Fiscal a razón de sus atribuciones, expresamente haya hecho constar que delegaba sus atribuciones referidas a la conversión de acción por el caso de autos al Fiscal de Materia.

Sobre la notificación de la querella, el art. 290 del CPP, prevé la forma en que debe ser presentada; en su parte in fine indica que será puesta en conocimiento del imputado, misma que está conexa a lo que el art. 291 del citado cuerpo legal determina en su primera parte que: “El fiscal o imputado podrán objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante. La objeción se formulará ante el juez, en el plazo de tres días computables a partir de su notificación, como refiere el entendimiento jurisprudencial contemplado en el Fundamento Jurídico III.6. de la presente Resolución. Asimismo el Fundamento Jurídico III.5 de este Fallo, señala que la SC 0039/2004-R, establece que en los hechos la querella se constituye en la acusación particular.

Concretamente los Vocales demandados, al no haber fundamentado debidamente sobre las resoluciones que respondieron a los puntos apelados, entre los que resolvía la incompetencia del Juez a quo, incurrieron en falta de fundamentación y vulneraron los derechos y garantías invocadas por el accionante.

Finalmente sobre el principio de seguridad jurídica el entendimiento que revela el Fundamento Jurídico III.7 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, nos deja claro la posición que la supuesta denuncia de vulneración de este principio debe ser parte de la carga argumentativa del accionante y no de los derechos reclamados como vulnerados.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, efectuó una parcial compulsa de los antecedentes del caso, la normativa y la jurisprudencia constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 027 de 10 de febrero de 2012, cursante de fs. 193 vta. a 195 vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1º           CONCEDER la tutela solicitada en lo que corresponde a la falta de fundamentación del Auto de Vista 94 de 8 de agosto de 2011;

2º           DENEGAR la tutela solicitada respecto a la seguridad jurídica por los argumentos expuestos en este fallo;

3º           Disponer la nulidad del Auto de Vista 94/2011, debiendo emitirse uno nuevo con las formalidades de ley tomando en cuenta los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resolviendo y fundamentando adecuadamente cada uno de los puntos cuestionados en la apelación.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Hacer constar que la Magistrada Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi, es de voto aclaratorio

Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón YampasiMAGISTRADA

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez ChávezMAGISTRADO

Fdo. Dra. Carmen Silvana Sandoval LandivarMAGISTRADA

Fdo. Dra. Edith Vilma Oroz CarrascoMAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza MoralesMAGISTRADO


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0187/2014

Sucre, 30 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de libertad

Expediente: 04716-2013-10-AL

Departamento: Cochabamba

 

En revisión la Resolución de 10 de septiembre de 2013, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Jorge Magne Calle, abogado del Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP) en representación sin mandato de Celso Blanco Huarachi contra Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 10 de septiembre de 2013, cursante de fs. 2 a 4 vta., el representante del accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el actor, por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, el 14 de agosto de 2013, el representante del Ministerio Público presentó la imputación formal pertinente, requiriendo la aplicación de medidas cautelares; celebrando el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal, hoy demandado, audiencia el 15 de igual mes y año, a cuya conclusión dictó Resolución determinando su detención preventiva, fallo apelado oralmente en mérito a la previsión contenida en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

 

Agrega que, no obstante la obligación que tenía la autoridad judicial demandada de elevar obrados ante el Tribunal Departamental de Justicia, para que se resuelva la apelación formulada, cumpliendo los plazos procesales establecidos en el procedimiento penal, no existe constancia que se hubiera procedido en dicho sentido, habiendo transcurrido veinticinco días desde la imposición de la medida restrictiva de la libertad del accionante, hasta la interposición de la presente acción de defensa; evidenciándose una clara afectación al derecho de impugnación, al dificultarse el uso de esta vía, transgrediendo asimismo el derecho a la libertad y el principio de celeridad procesal, por el que todos los jueces y funcionarios de apoyo jurisdiccional, se hallan compelidos a observar los plazos y procedimientos reconocidos en la norma.

 

Finalmente, insiste que al no haber remitido el demandado la apelación dentro de las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 del CPP, para que la sala respectiva la resuelva a su vez dentro del plazo de los tres días siguientes de recibidos los antecedentes, incurrió en una dilación injustificada olvidando que este medio de impugnación debe ser resuelto con la celeridad y prontitud que merece, al estar vinculado a la libertad del procesado, quien precisamente exige la revisión de su situación jurídica, al estar privado de libertad.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

Denuncia la lesión de los derechos del accionante a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, además del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 116.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se le conceda la tutela que impetra, ordenando al Juez demandado proceda de forma inmediata a la remisión de la apelación de medidas cautelares formulada por el accionante, ante el “Tribunal superior”, para su consideración respectiva.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa se realizó el 10 de septiembre de 2013, en presencia del accionante y de su abogado representante, ausentes la autoridad judicial demandada y el representante del Ministerio Público, según consta en el acta cursante a fs. 17 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

El abogado representante del accionante, ratificó el tenor íntegro de la acción de defensa presentada.

 

Con el uso de su derecho a la réplica, señaló que debe tenerse presente lo establecido por la SC “875/2007”, que “toma como parámetro el art. 180 de la C.P.E. respecto a la gratuidad” (sic), así como también el art. 10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en ese mismo orden.

 

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

Ronando Enrique Vargas Díaz, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba, demandado en la presente acción tutelar, presentó el informe escrito cursante a fs. 13, expresando: a) En audiencia de 15 de agosto de 2013, dispuso la detención preventiva del accionante, al concurrir los requisitos y riesgos procesales previstos en los arts. 233, 234 y 235 del CPP, decisión que fue apelada por la defensa técnica del imputado, concediéndose el recurso en ese acto procesal; b) Si bien no derivó la apelación ante la Sala Penal de turno, ello respondió a que no se proveyeron los recaudos correspondientes para las fotocopias legalizadas, estando determinado en el art. 251 del citado Código, que este medio de impugnación es en el efecto devolutivo y no suspensivo. Por lo que, la dilación injustificada sería plenamente atribuible al procesado o a su defensa técnica y no a su autoridad, no existiendo tampoco vulneración al debido proceso, al estar todos los actuados procesales dentro del plazo establecido por la norma; y, c) Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada, al no tener la demanda tutelar -según afirmó- sustento legal y constitucional.

 

I.2.3. Resolución

 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución de 10 de septiembre de 2013, cursante de fs. 18 a 20, por la que concedió la tutela solicitada por el representante del accionante, ordenando que la autoridad judicial demandada, previa provisión de los recaudos necesarios, remita oportunamente el recurso de apelación del Auto que dispuso la detención preventiva del actor, en el plazo determinado en el art. 251 del CPP. Fallo dictado en base a los siguientes fundamentos: 1) El derecho a la libertad, instituido por el art. 23.I de la CPE, se halla íntimamente vinculado con la celeridad, emergiendo de ello la obligación que tiene toda autoridad que conoce solicitudes relacionadas con este derecho, de tramitarlas y resolverlas con la mayor diligencia posible, o cuando menos, dentro de plazos razonables; obrar contrariamente, implicaría una restricción indebida del mismo, lo que no significa que siempre tenga que otorgarse lo impetrado; 2) A efectos de resolver dilaciones injustificadas que vulneran el derecho a la libertad, se abre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, advirtiéndose de la jurisprudencia emitida por el órgano de constitucionalidad que, la celeridad y diligencia, son máximas que deben ser cumplidas en todos los casos relacionados con la libertad, sean apelaciones sobre medidas cautelares o solicitudes de cesación de detención preventiva, que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes pertinentes al superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal, en el que se fijan los plazos procesales al efecto; 3) En el caso de análisis, determinada la cesación la detención preventiva del accionante, su abogado defensor interpuso recurso de apelación incidental oralmente en la audiencia, decretando el demandado: “A mérito de la apelación planteada en contra de la resolución emitida se dispone la remisión de actuados ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia” (sic), evidenciándose que posteriormente a ello, no se procedió en ese sentido, en restricción del principio de celeridad y de la jurisprudencia constitucional, al estar establecido en el art. 251 del CPP, que este recurso debe ser remitido al tribunal superior dentro del plazo de veinticuatro horas; 4) En cuanto a la falta de provisión de recaudos atribuida al actor, el Tribunal de garantías señaló que correspondía “reflexionar” sobre dicha situación, siendo que si bien se advertía ser cierto ese extremo, no se evidenciaba que el Juez demandado, hubiera dispuesto que el apelante los provea, ni que existiera conminatoria para aquello, olvidando que tenía el control de la investigación, razón que le compelía a respetar los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Norma Suprema, exigiendo y conminando a la provisión citada; y, 5) Debe tenerse presente que, aunque la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial, reconocen el principio de gratuidad, no existe en la realidad práctica asignación de recursos del Estado para la provisión de los medios indispensables a efectos que los juzgadores puedan obtener fotocopias gratuitas, permitiéndoles remitir inmediatamente los recursos de apelación a los tribunales de alzada; por lo que, la parte interesada debe proveerlos para la efectivización de su recurso, sin que ello implique la vulneración de derechos; sin embargo, en el asunto de examen, al no haberse conminado oportunamente al accionante, a ese fin, se lesionó su derecho a la libertad, correspondiendo conceder la tutela solicitada, por la falta de celeridad en la remisión de los antecedentes del proceso a la instancia superior, para su consideración pertinente.

 

II. CONCLUSIONES

 

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, además de lo aseverado por las partes accionante y demandada, se establece lo siguiente:

 

II.1.Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Presilia Fernández Huarachi y otros contra Celso Blanco Huarachi, hoy accionante, por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, previsto en el art. 335, en relación al art. 346 BIS, ambos del Código Penal (CP); presentada la imputación formal, se celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 15 de agosto de 2013, a cuya conclusión, el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba, dictó la Resolución de la misma fecha, determinando la detención preventiva del actor en el recinto penitenciario de “San Antonio”, ordenando la expedición del mandamiento respectivo, al advertir la existencia de los peligros de fuga y de obstaculización previstos en el Código de Procedimiento Penal, además de la concurrencia de lo prescrito en el art. 233.2 del mismo Código.

 

En ese actuado procesal, el abogado defensor del ahora impetrante de tutela, apeló del fallo que dispuso la medida restrictiva de libertad, pidiendo a ese efecto, la remisión de antecedentes al tribunal superior conforme a la previsión contenida en el art. 251 del Código citado. Proveyendo el Juez demandado: “A mérito de la apelación planteada en contra de la resolución emitida se dispone la remisión de actuados ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia” (sic) (fs. 8 a 12).

II.2. Según lo afirmado por el accionante -a través de su abogado representante-, en la audiencia tutelar, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad -10 de septiembre de 2013-, no se remitieron los actuados procesales pertinentes al tribunal superior, a efectos de la consideración de la apelación que interpuso (fs. 2 a 4 vta.). Situación corroborada por la autoridad demandada en su informe, al señalar que: “…si bien no derivó ante la Sala Penal de turno la apelación formulada se debió a que la defensa técnica no proveyó recaudos para las fotostáticas legalizadas (...) los actuados procesales se dieron dentro del plazo de la norma legal y apelada que fuere la resolución se concedió la misma en audiencia” (sic) (fs. 13).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El representante del accionante alega la vulneración de los derechos de éste a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, además del principio de celeridad, aduciendo que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, imputado formalmente el actor, se ordenó su detención preventiva en la audiencia cautelar de 15 de agosto de 2013, a cuya conclusión, apeló oralmente la imposición de dicha medida restrictiva de libertad; sin que hasta la fecha de formulación de la presente acción de defensa, el Juez demandado hubiera remitido los antecedentes del proceso a la instancia superior, para su consideración, inobservando los plazos procesales establecidos en el art. 251 del CPP, habiendo transcurrido más de veinticinco días en los que no pudo obtener la revisión de su situación jurídica, por la omisión denunciada.

 

En consecuencia, compele en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

 

III.1.       Naturaleza jurídica, alcances y ámbito de protección de la acción de libertad: presupuestos de activación

La Constitución Política del Estado, instituye dentro de las “Acciones de Defensa”, a la acción de libertad -que encuentra fundamento asimismo, en instrumentos normativos de orden internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad, según prevé el art. 410.II.2 de la Norma Suprema-, precisando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (art. 125). En ese orden, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé en cuanto a su objeto que está destinada a: “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”.

 

Destaca en la ingeniería dogmática de esta garantía jurisdiccional, tal como se estableció en la jurisprudencia sentada por este Tribunal, entre otras, en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, que la misma se halla diseñada sobre dos pilares esenciales. El primero, en cuanto a su naturaleza procesal, caracterizada por una tramitación especial y sumarísima reforzada por la inmediatez en la tutela, informalismo, generalidad e inmediación, procediendo contra servidores públicos o personas particulares, sin reconocer fueros ni privilegios. El segundo, alusivo a los presupuestos de activación que la configuran, resumidos en cuatro de acuerdo al art. 125 de la Ley Fundamental, consistentes en: i) Atentados contra el derecho a la vida; ii) Afectación de los derechos a la libertad física o de locomoción; iii) Actos y omisiones que constituyan procesamiento indebido; y, iv) Actos u omisiones que impliquen persecuciones indebidas.

 

En relación a lo expuesto, el art. 47 del Código antes citado, dispone que la acción de libertad es factible cuando la persona afectada considere que: “1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”. Infiriéndose de las normas señaladas, su triple carácter tutelar: Preventivo, que responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, que opera a efecto de evitar se agraven las condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; y, reparador, que busca reparar una lesión ya consumada; es decir, que resulta viable ante la verificación de una detención ilegal o indebida como consecuencia de la inobservancia de formalidades legales.

 

III.2.       De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: Principios inherentes a la misma que se vulneran en casos de dilación en peticiones que involucran el derecho a la libertad

Desarrollados la naturaleza jurídica, los alcances, el ámbito de protección y los presupuestos de activación de la acción de libertad; concierne referirse a su tipología, en la que se identifica, la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional dictada por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad, cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese orden, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad y el “ama qhilla”, que rigen en la actualidad como máximas que deben ser observadas en el Estado Plurinacional de Bolivia; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización. Resulta imprescindible además precisar que, la exigencia de conocer céleremente las peticiones de los privados de libertad, se incrementa aún más cuando se advierte que está en riesgo también el derecho a la vida, tutelado también por esta acción de defensa, o indistintamente por la acción de amparo constitucional, por el gran valor que merece, que obliga a un actuar más diligente de parte de las autoridades judiciales y administrativas, ante una amenaza inminente que la ponga en peligro.

 

En ese orden, al tenerse determinado que las acciones que incurren en demora en la resolución de las peticiones que involucran el derecho a la libertad física, transgreden de igual manera el principio de celeridad y el “ama qhilla”, cabe hacer referencia a los mismos a continuación.

 

III.2.1. Principio de celeridad

 

El art. 178.I de la CPE, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. A su vez, el art. 180.I de la citada Ley Fundamental, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la Norma Suprema, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son añadidas).

 

De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia, están obligados en sus funciones, a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo -ahondándose más la exigencia en el caso de personas cuya vida corre una amenaza inminente por un deterioro en su salud-, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad o peticiones de cesación a la detención preventiva-.

 

Este principio se halla regulado también en diversos instrumentos internacionales, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [art. 14.3 inc. c)], los que instituyen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. Su inobservancia, provoca la vulneración del derecho a la libertad, consagrado en el art. 23.I de la Ley Fundamental, al no imprimir la celeridad oportuna a una solicitud que involucra este derecho de vital importancia para las personas, siendo que además la Norma Suprema, presume la inocencia del encausado durante toda la tramitación del proceso penal seguido en su contra (art. 116.I), por lo que la detención preventiva no debe constituirse en una condena prematura en desmedro de los derechos de los implicados.

 

III.2.2. El “ama qhilla” como principio ético - moral

 

En conexitud al principio de celeridad, se encuentra el “ama qhilla”, establecido en la Ley Fundamental, en su Capítulo Segundo “Principios, valores y fines del Estado”, art. 8.I, al determinar que el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia: “…asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble)” (negrillas agregadas); máximas milenarias que conforme puntualizó la SCP 0015/2012 de 16 de marzo: “…fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.

Los principios ético morales constitucionalizados: 'ama qhilla, ama llulla y ama suwa', vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional" (las negrillas son nuestras).

 

Como lógica de dicho razonamiento, resulta claro que el “ama qhilla” o no seas flojo, cuya aplicación es directa en la jurisdicción indígena originaria campesina, se relaciona también con los principios de la administración de justicia y de la jurisdicción ordinaria, por lo que es de cumplimiento obligatorio para las autoridades de la misma, en el desempeño de sus funciones, estando éstas compelidas a lograr la materialización y efectivización de los derechos fundamentales de los justiciables. En consecuencia, todo administrador de justicia debe dirigir su conducta y sus labores, evitando cualquier dilación que provoque dilación en desmedro de los derechos de los involucrados, con actitudes de desgano, pereza, desidia, etc; dado que dichos comportamientos no condicen con los principios proclamados en nuestra Norma Suprema y la adecuada administración de justicia a la que se aspira en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 

III.3.       Marco normativo y jurisprudencial sobre el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares

Impugnándose en el presente caso, la omisión en la remisión de los antecedentes del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del accionante, contra la Resolución que determinó su detención preventiva, en el plazo determinado por el art. 251 del CPP, lo que constituiría según refiere el accionante, una transgresión de su derecho a la libertad, en relación del principio de celeridad; corresponde referirse a la normativa aplicable y a la jurisprudencia constitucional pronunciada por este órgano de constitucionalidad, en casos en los que se demandó la dilación en el envío de antecedentes a la instancia superior -tribunal de apelación-, a objeto del conocimiento del recurso y de revisar la situación jurídica del imputado.

III.3.1.Marco normativo

El art. 250 del CPP, establece que las medidas cautelares de carácter personal, son revisables y modificables, aún de oficio; estableciéndose en consecuencia, dentro del sistema de recursos reconocido en el procedimiento -en observancia del art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales-, en el art. 251, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), el recurso de apelación en el efecto no suspensivo contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, otorgando a las partes a ese efecto -en el primer párrafo-, el término de setenta y dos horas; previendo a continuación que: “…Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de 24 horas.

El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas nos corresponden).

Disposiciones que de manera incontrastable determinan que, formulada la apelación, la autoridad judicial cautelar, está obligada a remitir los antecedentes procesales necesarios al tribunal de alzada, en el plazo improrrogable de veinticuatro horas; encontrando cause en los derechos en juego, como es la libertad del imputado, que no puede ser objeto de dilaciones tendentes a retardar la definición de su situación jurídica, más aún si se considera conforme se refirió en el Fundamento Jurídico anterior, que la detención preventiva no debe implicar de modo alguno una condena prematura, por el reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia emergente de nuestra Ley Fundamental.

 

III.3.2.   Jurisprudencia constitucional relativa a la celeridad con la que se deben remitir antecedentes al tribunal de alzada y la imposibilidad de paralizar la causa por omisión en la provisión de recaudos de ley en mérito al principio de gratuidad instituido en la Norma Suprema

Sobre el particular, este órgano de constitucionalidad, tanto en fallos anteriores, como en la actualidad, fue constante en determinar que las peticiones que involucran el derecho a la libertad física de las personas, deben ser resueltas céleremente, o dentro de plazos razonables, en observancia precisamente de lo señalado ut supra, en sentido que la detención preventiva, no constituye de modo alguno una condena anticipada en desmedro de la presunción de inocencia del procesado; razones por las que, la diligencia pronta y oportuna que se requiere de los operadores de justicia, no abarca únicamente el señalamiento de la audiencia pertinente a objeto de considerar las solicitudes de cesación de detención preventiva u otros, sino también el trámite posterior de impugnación, circunstancia que denota que de provocarse una demora injustificada en la remisión de la apelación, incumbe a la justicia constitucional, conceder la tutela impetrada por restricción del derecho a la libertad en conexitud del principio de celeridad inherentes al imputado. No existiendo justificativo alguno que explique una demora en ese sentido, en desmedro de los intereses del agraviado, quien por lógica espera una pronta resolución y revisión de su situación jurídica.

 

Al efecto, la SCP 0286/2012 de 6 de junio, señaló que: “…una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, éste deberá ser tramitado dentro los plazos previstos por la normativa procesal penal (art. 251 del CPP), es decir, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas. El Tribunal ad quem, resolverá sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

 

Ahora bien, (…) 'El Código de Procedimiento Penal no prevé explícitamente que deban cumplirse ciertas formalidades para elevar la apelación al ad quem; empero, en un caso similar, interpretando el citado art. 251 del CPP, la SC 0146/2006-R de 6 de febrero, sostuvo: «…De la lectura del precepto anotado se establece que si el juez tiene la obligación de remitir el recurso de apelación planteado dentro del término de veinticuatro horas, se entiende que el apelante en su propio interés, deberá proveer los recaudos correspondientes hasta antes del vencimiento de dicho plazo; empero, la autoridad judicial de su parte, no podrá exigir, en cuanto a dichos recaudos, más allá de lo que sea estrictamente necesario, puesto que en observancia del principio pro actione no puede dificultar o entorpecer la viabilidad y celeridad en la tramitación de un recurso que ya fue concedido, tomando en cuenta muy especialmente la situación jurídica de la imputada…»'.

 

En ese sentido, (…): 'No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y que la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal que no puede superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución conforme a ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de los recaudos de ley, no puede ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese motivo postergando su consideración. En estas circunstancias, corresponde resolver el recurso con la celeridad necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia. El tribunal de alzada, podrá imponer el cumplimiento de la omitida formalidad previa notificación a las partes en el juzgado de origen'.

 

Por ello es imperante el cumplimiento de la obligación del apelante, respecto a la provisión de los recaudos necesarios a objeto de la remisión de una apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional de grado superior; sin embargo, esta condición no puede considerarse un impedimento para dilatar su tratamiento; de actuar en contrario, se dificultaría o entorpecería la tramitación de un recurso que ya fue concedido.

 

(…)

 

De donde se infiere que, al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares” (las negrillas nos pertenecen).

 

En similar sentido, la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, sobre la misma temática, precisó: “En virtud a dicha comprensión y a lo estipulado por el art. 7 de la Ley 212, a partir del 3 de enero de 2012, se suprimieron todos los timbres judiciales; por lo tanto, no es exigible su cumplimiento desde ningún punto de vista; no obstante ello, el pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, aún persiste hasta el 3 de enero de 2013, lo que hace presuponer que su presentación es exigible por parte del órgano judicial hasta esa fecha; sin embargo, ello no significa que en ciertos casos, la falta de provisión de cédulas, papeletas valoradas de apelación, formularios de notificación, hojas bond, y otros, signifique un impedimento para que la autoridad jurisdiccional, pueda disponer la prosecución del proceso con cargo a reintegro, porque lo contrario implicaría que ella misma provoque la dilación procesal, al esperar que el obligado se apersone al juzgado para cumplir con la carga de suministrar dichos valores, y menos devolver obrados cuando, la causa ya se radicó ante el Tribunal de apelación, dilatando innecesariamente la consideración de la impugnación planteada; y, con mayor razón, cuando se encuentra de por medio el derecho a la libertad de los apelantes; casos en los cuales, se exigirá el cumplimiento de dichas cargas, como reintegro, es decir, exigir su regularización en tiempo posterior a la remisión del expediente” (las negrillas son nuestras).

 

Criterios coincidentes que fueron reiterados y unificados por la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, que concluyó expresando sobre el particular, lo siguiente: “…los recaudos de ley, no pueden constituirse en un mecanismo que obstaculice la celeridad en el trámite del recurso de apelación incidental de la Resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, en razón a que la norma fundamental ha introducido el principio de gratuidad, que debe ser reflejado y plasmado de manera progresiva, ello impele a que en observancia del principio de celeridad, la autoridad judicial competente guíe su actuación con la debida diligencia a efectos de cumplir con los plazos procesales previstos en el procedimiento penal, descartando toda actuación pasiva u omisión que implique un obstáculo o una dilación indebida en el tratamiento de las solicitudes y recursos vinculados con la libertad personal. Al mismo tiempo, en tanto el principio de gratuidad se plasme en su integridad en la administración de justicia, finalidad a la que debe estar orientada la política y gestión pública, corre a cargo de la parte procesal proveer los recaudos correspondientes, concretamente al apelante, para que todas las actuaciones necesarias sean remitidas al Tribunal de apelación, recaudos que deberán ser proporcionados de manera inmediata a efectos que se remitan las actuaciones pertinentes en el plazo previsto por la norma procesal; en cuyo mérito, corresponde exigir a la parte procesal una conducta que demuestre una actuación acorde con el principio de celeridad, así como una actitud de lealtad procesal con el sistema de administración de justicia en el diligenciamiento de los recaudos referidos.

 

En este entendido, se reitera, la inobservancia de la parte procesal en proporcionar inmediatamente los recaudos necesarios no faculta convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; ante estos supuestos corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física. En cuyo mérito, a fin de evitar dilaciones indebidas en el tratamiento de la remisión de actuados por parte del Juez a quo ante el Tribunal de alzada, cumple a la autoridad judicial competente la observancia de lo siguiente:

i)             Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación; y,

ii)            Sin perjuicio de cualquier determinación que viabilice la continuidad con el trámite de apelación, adoptar la diligencia necesaria a efectos de dar curso a la tramitación de la apelación formulada de manera inmediata, independientemente de las medidas a adoptarse para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley por parte del apelante.

A su vez la parte apelante:

1) Deberá proporcionar los recaudos necesarios para remitir las actuaciones que correspondan a la apelación.

2) Deberá adoptar una actitud diligente a fin de no dilatar el tratamiento de la apelación formulada.

Consecuentemente, ante la falta de remisión de los recaudos de ley, lo que corresponde es dar la continuidad inmediata al trámite de la apelación de la medida cautelar en resguardo del derecho a libertad y al principio de celeridad procesal, sin perjuicio de las facultades conducentes para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley, en el entendido que ante el incumplimiento por parte del apelante en no proveer los recaudos de ley, se suma la actitud pasiva de la autoridad judicial, que genera una obstaculización indebida en la tramitación del recurso de apelación, al originar la paralización de su trámite, lo que supone -se reitera- no sólo una dilación indebida e injustificada que pone en riesgo indebido la libertad personal, al provocar un estado de indefinición jurídica, sino una obstaculización en el ejercicio del derecho a recurrir de los fallos con su grave afectación al derecho a la libertad física y el debido proceso” (las negrillas nos corresponden).

III.4.       Análisis del caso en concreto

Los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos precedentes, son aplicables a la problemática de autos, en la que el representante del accionante denuncia actuaciones ilegales de Juez demandado, centrándose las mismas en la omisión en la que habría incurrido al no remitir -dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de estafa con víctimas múltiples- los antecedentes de la causa a la instancia superior, para la consideración del recurso de apelación que formuló contra la Resolución que determinó su detención preventiva; transcurriendo, de acuerdo a lo que alegó, desde la dictación de dicho fallo -15 de agosto de 2013-, hasta la interposición de la presente acción tutelar -10 de septiembre de igual año-, veinticinco días, en los que no pudo obtener la revisión de su situación jurídica, por la dilación y demora injustificada en la que habría incurrido la autoridad judicial.

 

Por su parte, el Juez demandado, en el informe presentado a efectos de desvirtuar los extremos denunciados en su contra en la acción tutelar, manifestó que no obstante que no derivó la apelación ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ello sería atribuible al accionante, quien no proveyó los recaudos necesarios para las fotocopias legalizadas necesarias a dicho efecto, no siendo por ende, permisible -según enfatizó- acusarle de dilación injustificada e indebida, al haber cumplido su autoridad todos los plazos procesales, no habiendo lesionado derecho alguno del actor.

 

Ahora bien, del detalle efectuado en las Conclusiones del presente fallo, se evidencia que, el accionante fue sometido a un proceso penal a denuncia de Presilia Fernández Huarachi y otros, quienes atribuyeron en su contra la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples. En dicha causa, imputado formalmente, se celebró la audiencia cautelar, en la que el Juez demandado, dispuso su detención preventiva, al constar los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, además de concurrir lo previsto en el art. 233.2 del CPP. Conocida dicha decisión, el defensor técnico del actor, formuló apelación oralmente, a lo que se decretó, ordenando la remisión de actuados ante la Sala Penal de turno correspondiente.

 

Empero de dicha disposición, se comprueba de lo aseverado por el representante del accionante, en la demanda tutelar, corroborado por el informe del Juez cautelar demandado, que efectivamente hasta la fecha de su presentación, no se habían remitido aún los actuados procesales pertinentes al tribunal superior, imposibilitando la consideración del recurso de apelación formulado; lo que de acuerdo a lo expresado por la autoridad judicial demandada, tendría sustento en la falta de recaudos que no fueron provistos por el actor.

 

Así las cosas, se evidencia del marco normativo aplicable y la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico anterior que, evidentemente el accionante sufrió un menoscabo en su derecho a la libertad, al haberse vulnerado éste, además del principio de celeridad, por la demora excesiva en la remisión de antecedentes de actuados a la instancia superior, a efectos de la consideración del recurso de apelación que se interpuso contra la medida restrictiva de libertad, el que incluso, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no había sido ni siquiera enviado, incumpliendo lo dispuesto en el art. 251 del CPP, que prevé que presentada la apelación, el juez cautelar debe despachar las actuaciones pertinentes ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, a efectos que, el tribunal de apelación, lo resuelva dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

 

Lo expuesto, exigía que la autoridad judicial hoy demandada, actúe con la celeridad y prontitud debida, más aun considerando los derechos en juego, al tratarse de una solicitud relacionada con el derecho a la libertad, que conforme a lo determinado por la jurisprudencia, merece una respuesta oportuna respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales del procesado, cuya detención preventiva, no debe implicar en ningún caso, una condena prematura; por lo que, de acuerdo a lo consignado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, la diligencia a la que debe ceñir su actuar, un juez cautelar, no se limita al señalamiento de la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de detención preventiva, sino que se extiende incluso al trámite de impugnación, el que debe ser efectuado dentro de los plazos procesales previstos en la norma, siendo que precisamente lo que se impetra se revise, es la situación jurídica del imputado, la que podría cambiar posteriormente a su conocimiento por el tribunal superior.

 

En este punto cabe precisar que, el argumento del Juez demandado, en cuanto a que obró en ese sentido, por falta de la provisión de los recaudos de ley, no encuentra justificativo alguno, siendo precisamente en mérito al principio de gratuidad instituido en nuestra Norma Suprema, y de un equilibrio y ponderación de los derechos e intereses en juego, este Tribunal concluyó en otras problemáticas similares resueltas con anterioridad que, en mérito a este principio, que debe ser reflejado y plasmado de manera progresiva en el Estado, si bien el imputado está constreñido en su beneficio a proveer los recaudos necesarios a objeto de la remisión de su apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional de grado superior, el juez cautelar no puede de modo alguno, dificultar o entorpecer la tramitación de un recurso ya concedido, bajo el sustento de dicha omisión, lo que provocaría que sea él quien cause una dilación procesal en desmedro de los derechos fundamentales del procesado, al esperar que acuda al juzgado a cumplir con la carga de suministrar valores, sin considerar el principio de gratuidad y el derecho a la libertad que se encuentra de por medio.

 

Por ende, en el caso de examen, el demandado actuó en total desconsideración de los derechos del imputado, obrando con pasividad y desidia, al no observarse siquiera que hubiera decretado en sentido que el actor debía proveer los recaudos de ley ni haberlo conminado en ese sentido; dejando transcurrir veinticinco días en los que no remitió los antecedentes pertinentes al tribunal superior, para la consideración del recurso de apelación que presentó contra la decisión de su detención preventiva. De esa manera, se reitera, no sólo se incurrió en una dilación indebida e injustificada, sino que se puso en riesgo indebido la libertad personal del accionante, al provocarle un estado de indefensión de su situación jurídica, transgrediendo a su vez su derecho a recurrir; cuando lo que correspondía ante la falta de provisión de los recaudos de ley, era dar continuidad al trámite de la apelación, sin perjuicio de las facultades que tenía el juzgador para lograr el cumplimiento de los mismos. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció que el tribunal de alzada puede imponer la observancia de la formalidad omitida, previa notificación a las partes, en el juzgado de origen; o, que la causa debe proseguir con cargo a reintegro; es decir, sujeto a regularización en tiempo posterior a la remisión del expediente; circunstancias que exigen entonces que, la autoridad judicial competente, tome las medidas pertinentes a efectivizar la remisión de actuados procesales a la instancia superior, en resguardo del principio de celeridad y a la libertad física, asumiendo asimismo, las conducentes a lograr la posterior provisión de los recaudos debidos al efecto.

 

Conforme a lo expuesto, se reitera, concierne conceder la tutela impetrada, modificando lo dispuesto por el Tribunal de garantías, que dispuso la remisión oportuna previa provisión de recaudos de ley, siendo que de acuerdo a lo desarrollado, el envío de antecedentes debe ser inmediato, y en caso de omitirse la provisión de recaudos de ley, únicamente despachar los actuados consignados en la SCP 0381/2013, por cuanto a lo que se propende es al respeto de los derechos fundamentales del procesado, quien merece la consideración célere de su situación jurídica, teniendo a su alcance la autoridad judicial cautelar, las medidas conducentes a efectos de lograr el pago posterior de los recaudos, sin entorpecer la consideración de la apelación por la instancia superior. Un actuar contrario, implica un desconocimiento total de la normativa procedimental penal así como de la jurisprudencia constitucional en perjuicio de los derechos del imputado, en inobservancia que por disposición constitucional y de diversos instrumentos internacionales, toda persona tiene derecho a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, que materialice los principios, valores, derechos y garantías insertos en nuestra Norma Suprema; lo que obliga a que toda labor de los operadores de justicia sea ejecutada tomando en cuenta los principios que rigen la función de impartir justicia.

Por las consideraciones precedentes, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del tribunal Constitucional plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 10 de septiembre de 2013, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, con la modificación que la autoridad judicial demandada remita inmediatamente los actuados procesales pertinentes a la instancia superior, para la correspondiente consideración del recurso de apelación presentado por el accionante; de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

 

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0182/2014

Sucre, 30 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de libertad

 

Expediente: 04645-2013-10-AL

Departamento: Santa Cruz

 

En revisión la Resolución 37 de 26 de julio de 2013, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Celina Viri Vaca en representación sin mandato de Rubén Barrios Paniagua contra Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez Décimo cuarto de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 25 de julio de 2013, cursante de fs. 4 a 6, la representante del accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

El 11 de julio de 2013, se celebró audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva del accionante, habiendo conocido dicha solicitud el Juez Decimocuarto de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz -en suplencia legal-, hoy demandado, quien dictó Resolución declarándola procedente, imponiéndole medidas sustitutivas a la medida restrictiva de su libertad, de conformidad a los arts. 239.1 y 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en relación al art. 240 de dicha norma, disponiendo su arraigo y la fianza de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos); cuestiones que le compelían cumplir en el marco de la previsión contenida en el art. 245 del Código citado, a fin de efectivizar su libertad.

 

Agrega que, a ese efecto, “todos los días desde hacen más de 13 días”, los abogados y familiares del accionante, acudieron al Juzgado aludido, pidiendo la entrega de la autorización para realizar el depósito judicial de la fianza, así como el mandamiento de arraigo respectivo, presentando incluso a ese fin, el memorial de 12 de ese mes y año, indicándoles el personal subalterno, de forma verbal, que el acta y copias legalizadas que se requerían, estaban “para ser firmadas por el Sr. Juez”; aspecto falso, siendo que no consta la existencia de ninguna providencia ni acta y mucho menos se procedió a la otorgación de la orden para el depósito referido, obviándose asimismo, la remisión de actuados al Juzgado de origen -Décimo Segundo cautelar-, cuyo titular no conoció esa petición, por vacación judicial, evidenciándose de la presentación de otro escrito de 19 de igual mes y año, que el proceso no se encontraba en el mismo.

 

Finaliza señalando que, al no existir otra vía para el restablecimiento de los derechos del accionante, acude a la acción de libertad de pronto despacho, que busca la efectivización de una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, máxima inobservada por el demandado, quien además no habría considerado en su actuar, el delicado estado de salud del accionante, internado en ese momento en la clínica “Bilbao”, por cuanto con la omisión en la entrega de los documentos respectivos que requería para cumplir con las medidas sustitutivas de arraigo y fianza, atribuible a la autoridad judicial demandada, corría el riesgo de ser trasladado nuevamente a la cárcel, con el peligro de no lograr la atención debida a sus problemas de salud, al no tener donde pedir la ampliación de su tratamiento, en desmedro de sus derechos a la vida y a la salud. Teniéndose comprobadas -según concluye- las dilaciones indebidas que sufrió a objeto de hacer efectiva su libertad, no justificadas de modo alguno.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

La representante la vulneración de los derechos del accionante a la libertad y a la vida -éste en relación a la salud-, citando al efecto los arts. 8, 9, 13.IV, 22, 23, 115, 178.I, 180.I, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se le conceda la tutela que impetra, ordenando la remisión inmediata del proceso penal seguido en su contra, al Juzgado de origen -Décimo Segundo cautelar-, a efectos que radicado en dicha instancia, se le permita sin mayor dilación, oblar la caución de fianza entregándole la autorización respectiva a efectos de realizar el depósito judicial, así como el mandamiento de arraigo correspondiente, oficiado a Migración, para posteriormente, cumplidas dichas medidas sustitutivas, se expida mandamiento de libertad, restituyendo su derecho de manera inmediata, bajo prevenciones de ley. Con costas, daños y perjuicios.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa se realizó el 26 de julio de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 11, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El abogado del accionante, ratificó el tenor íntegro de la acción de defensa presentada, insistiendo en la dilación ocasionada por el Juez demandado, que le impidió a su defendido, hacer efectiva su libertad, hasta el momento de la interposición de la presente garantía constitucional, pese al transcurso de más de trece días de los que se benefició de las medidas sustitutivas de fianza, arraigo y otras, dos primeras a cuyo efecto, debían entregarle la autorización para realizar el depósito judicial respectivo y el mandamiento de arraigo dirigido a Migración, para el cual no debía esperarse la transcripción del acta de consideración de la cesación de la detención preventiva del actor. Enfatizó además que, la solicitud para proceder en ese sentido, fue cursada al Juez demandado el 12 de julio de 2013, cuando aún era competente en el caso, no siendo válido el pretexto de que aún se encontraba en transcripción el acta respectiva, la que además no se entregó hasta esa fecha, al Juez titular, incumpliendo con la remisión oportuna del proceso al Juzgado de origen, lo que imposibilitó que su cliente efectivice su libertad, en desmedro de los derechos que invoca y en especial, sin considerar su delicado estado de salud, comprobado por los certificados médicos que denotan que “…en cualquier momento puede ocurrir lo inesperado como es la pérdida de su vida, porque sufre de arritmia cardiaca”.

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez Décimo cuarto de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, demandado en la presente acción de libertad, presentó el informe escrito cursante a fs. 9, rechazando todos los extremos vertidos por la representante del accionante en la demanda tutelar, manifestando a su vez que había perdido competencia en la causa penal seguida por el Ministerio Público y “otros” contra el actor, por la presunta comisión del delito de estafa agravada -el 15 de julio de 2013-, del que tuvo conocimiento por la vacación judicial, en la que actuó en suplencia de su similar Décimo Segundo.

 

I.2.3. Resolución

 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 37 de 26 de julio de 2013, cursante de fs. 11 a 12 vta., por la que concedió la tutela solicitada por la representante del accionante, ordenando que la autoridad judicial demandada, remita en el plazo de veinticuatro horas, los antecedentes correspondientes al proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia de Ana María “Valdivieso” y “otros”, contra el accionante, por la supuesta comisión del delito de estafa, al Juez titular de la causa -Juez Décimo Segundo de Instrucción en lo Penal de ese departamento-, a efectos que dicha autoridad a su vez, atienda la solicitud del imputado en igual plazo, emitiendo los documentos “existentes” en la boleta de depósito judicial y el mandamiento de arraigo respectivo, otorgándole así la posibilidad de hacer efectiva su libertad conforme a lo dispuesto en la normativa procedimental penal. La Resolución se dictó en base a los siguientes fundamentos: a) De los datos del expediente, se observa que el Juez demandado, inobservó los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE, que consagran el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, siendo que no cumplió en sus funciones, los plazos y términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, tanto para evacuar las actas como en la remisión de antecedentes del proceso ante el Juez titular de la causa, una vez concluido el motivo legal por el que asumió su conocimiento, por efecto de la vacación judicial; b) Al no proceder a la remisión citada, se vulneró el derecho a la libertad del actor, en lesión además de los principios de celeridad, y -se reitera- de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al haber impedido por causas atribuibles a la autoridad judicial demandada, que no pudiera efectivizar su libertad; debiendo tomar en cuenta en consecuencia, la jurisprudencia constitucional sentada por el órgano de constitucionalidad que prevé que toda solicitud vinculada con la libertad debe ser resuelta en un plazo razonable, no siendo posible alegar excesiva recarga procesal, ya que si bien ésta impide u ocasiona en ciertas oportunidades, la imposibilidad de cumplir plazos procesales, en la mayoría fijados en veinticuatro horas o tres días; este plazo, en atención a dichos motivos, según disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue ampliado “entre tres a cinco días”; y, c) Lo expuesto, amerita la concesión de la tutela impetrada a fin de hacer efectiva la libertad del accionante, dispuesta previo cumplimiento de las medidas sustitutivas que se le impuso.

 

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, además de lo aseverado por las partes accionante y demandada, se establece lo siguiente:

II.1.Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Ana María “Valdivieso” y otros, contra el accionante, por la supuesta comisión del delito de estafa; el imputado solicitó la cesación de su detención preventiva, a cuya consecuencia, se celebró la audiencia de 11 de julio de 2013, en la que el Juez Décimo Cuarto de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Décimo Segundo -por vacación judicial-, dictó Resolución declarando la procedencia de la cesación de dicha medida restrictiva de libertad, imponiéndola las medidas sustitutivas de arraigo, fianza de Bs20 000.-, prohibición de comunicación con las víctimas y presentación periódica ante el Fiscal de Materia, entre otras (fs. 4; 10 vta.)

 

II.2. Por memorial presentado el 12 de julio de 2013, el actor solicitó fotocopias legalizadas del acta y Resolución de cesación de su detención preventiva; impetrando asimismo en el otrosí, el respectivo mandamiento de arraigo y la orden de depósito judicial a efectos de oblar la fianza impuesta, documentos necesarios que requería para hacer efectiva su libertad en el marco de lo dispuesto en el art. 245 del CPP; haciendo mención de igual manera al art. 132 inc. 1) de ese Código, que prevé que las providencias de mero trámite deben ser dictadas en el plazo de veinticuatro horas de su presentación, norma que -según añadió- debía ser cumplida más aún si se observaba que su abogada esperó todo ese día por el mandamiento y orden de depósito aludidos, que supuestamente no le fueron entregados “…por las recargadas labores del personal…” (sic) y de la autoridad judicial demandada (fs. 2). No consta respuesta ni proveído alguno a dicho memorial.

 

II.3.Conforme a lo aseverado por el Juez demandado en el informe descrito, conoció únicamente el caso penal de referencia, en suplencia legal de su similar Décimo Segundo, por vacación judicial; habiendo perdido competencia desde el 15 de julio de 2013, al reiniciarse las labores judiciales (fs. 9).

 

II.4.De acuerdo a lo afirmado por el accionante, desde el 12 de ese mes y año, sus abogados y familiares acudieron al Juzgado Décimo Cuarto cautelar, requiriendo la otorgación de lo impetrado por memorial de esa misma fecha, transcurriendo trece días desde la dictación de la Resolución de 11 de julio de 2013 -que dispuso la cesación de su detención preventiva-, sin obtener respuesta formal alguna de la autoridad judicial demandada, impidiéndole hacer efectiva su libertad al no contar con el mandamiento de arraigo ni la orden de depósito judicial; sin tomar en cuenta asimismo su delicado estado de salud, recibiendo únicamente como respuesta que el acta y copias legalizadas que solicitó se encontraban para firma del Juez cautelar, no existiendo aún providencia ni acta y mucho menos remisión al Juzgado de origen, cuyo titular reasumió competencia de la causa, a partir del 15 del citado mes y año (fs. 4; 10 vta.).

 

II.5.Al no obtener respuesta alguna a sus peticiones ante el Juez demandado, mediante memorial presentado el 19 de igual mes y año, dirigido al Juez Décimo Segundo cautelar, el actor solicitó a dicha autoridad la emisión del mandamiento de arraigo respectivo y la orden de depósito judicial para pagar la fianza impuesta (fs. 3).

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la vida -éste en relación a la salud-, denunciando que pese a que se dispuso la cesación de su detención preventiva dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estafa, ordenándose la imposición de las medidas sustitutivas de arraigo, fianza y otras, no pudo hacer efectiva su libertad por causas atribuibles a la autoridad demandada, quien no obstante a sus peticiones verbales y escrita de 12 de julio de 2013, no le entregó el mandamiento de arraigo respectivo ni la orden de depósito judicial de la fianza de Bs20 000.-. Así tampoco, procedió a la remisión de los actuados del proceso, una vez reasumida la competencia del Juez titular, a partir del 15 de ese mes y año, al reiniciarse las labores judiciales en el departamento de Santa Cruz, imposibilitándole en consecuencia, lograr la materialización de su libertad, sin considerar incluso su delicado estado de salud por el que se encontraba en la clínica “Bilbao”; corriendo el riesgo de ser recluido nuevamente. En consecuencia, compele en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

 

III.1.       Naturaleza jurídica, alcances y ámbito de protección de la acción de libertad: Presupuestos de activación

La Constitución Política del Estado, instituye dentro de las “Acciones de Defensa”, a la acción de libertad -que encuentra fundamento asimismo, en instrumentos normativos de orden internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad, según prevé el art. 410.II.2 de la Norma Suprema-, precisando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (art. 125). En ese orden, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé en cuanto a su objeto que está destinada a: “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”.

 

Destaca en la ingeniería dogmática de esta garantía jurisdiccional, tal como se estableció en la jurisprudencia sentada por este Tribunal, entre otras, en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, que la misma se halla diseñada sobre dos pilares esenciales. El primero, en cuanto a su naturaleza procesal, caracterizada por una tramitación especial y sumarísima reforzada por la inmediatez en la tutela, informalismo, generalidad e inmediación, procediendo contra servidores públicos o personas particulares, sin reconocer fueros ni privilegios. El segundo, alusivo a los presupuestos de activación que la configuran, resumidos en cuatro de acuerdo al art. 125 de la Ley Fundamental, consistentes en: “…a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física de locomoción; c) Actos y omisiones que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida.

 

En correspondencia a lo expuesto, el art. 47 del CPCo, dispone que la acción de libertad es factible cuando la persona afectada considere que: “1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”. Infiriéndose de las normas señaladas, su triple carácter tutelar: Preventivo, que responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, que opera a efecto de evitar se agraven las condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; y, reparador, que busca reparar una lesión ya consumada; es decir, que resulta viable ante la verificación de una detención ilegal o indebida como consecuencia de la inobservancia de formalidades legales.

 

III.2.       De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: Principios inherentes a la misma que se vulneran en casos de dilación en solicitudes que involucran el derecho a la libertad

Desplegados la naturaleza jurídica, los alcances, el ámbito de protección y los presupuestos de activación de la acción de libertad; concierne referirse a su tipología, en la que se identifica, la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad, cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad y el “ama qhilla”, que rigen en la actualidad como máximas que deben ser observadas en el Estado Plurinacional de Bolivia; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización. Es necesario precisar en este punto que, la exigencia de conocer céleremente las peticiones de los privados de libertad, se incrementa aún más cuando se advierte que está en riesgo también el derecho a la vida, tutelado también por esta acción de defensa, o indistintamente por la acción de amparo constitucional, siendo que el gran valor que merece, compele a un actuar más diligente de parte de las autoridades judiciales y administrativas, ante una amenaza inminente que la ponga en peligro.

 

En ese orden, al haberse advertido que las actuaciones citadas, que incurren en demora en la resolución de las peticiones que involucran el derecho a la libertad física, transgreden de igual manera el principio de celeridad y el 'ama qhilla', cabe hacer referencia a los mismos en los siguientes párrafos.

 

III.2.1. Principio de celeridad

El art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (negrillas añadidas).

 

De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia, están obligados en sus funciones, a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo -ahondándose más la exigencia en el caso de personas cuya vida corre una amenaza inminente por un deterioro en su salud-, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad o peticiones de cesación a la detención preventiva-.

 

En ese marco, este principio se halla regulado también en diversos instrumentos internacionales, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[art. 14.3 inc. c)], los que instituyen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. Su inobservancia, provoca la vulneración del derecho a la libertad, consagrado en el art. 23.I de la Ley Fundamental, al no imprimir la celeridad oportuna a una solicitud que involucra este derecho de vital importancia para las personas, siendo que además la Norma Suprema, presume la inocencia del encausado durante toda la tramitación del proceso penal seguido en su contra (art. 116.I), por lo que la detención preventiva no debe constituirse en una condena prematura en desmedro de los derechos de los implicados.

 

III.2.2.   El 'ama qhilla' como principio ético - moral

En relación al principio de celeridad, se encuentra el 'ama qhilla', establecido en la Constitución Política del Estado, en su Capítulo Segundo “Principios, valores y fines del Estado”, art. 8.I, al determinar que el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia: “…asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble)” (negrillas agregadas); máximas milenarias que conforme puntualizó la SCP 0015/2012 de 16 de marzo: “…fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.

 

Los principios ético morales constitucionalizados: 'ama qhilla', ama llulla y ama suwa', vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional" (las negrillas nos corresponden).

 

Como lógica de dicho razonamiento, resulta claro que el 'ama qhilla' o no seas flojo, cuya aplicación es directa en la jurisdicción indígena originaria campesina, se relaciona también con los principios de la administración de justicia y de la jurisdicción ordinaria, por lo que es de cumplimiento obligatorio para las autoridades de la misma, en el desempeño de sus funciones, estando éstas compelidas a lograr la materialización y efectivización de los derechos fundamentales de los justiciables. En consecuencia, todo administrador de justicia debe dirigir su conducta y sus labores, evitando cualquier dilación que provoque retraso en desmedro de los derechos de los involucrados, con actitudes de desgano, pereza, desidia, etc; dado que dichos comportamientos no condicen con los principios proclamados en nuestra Norma Suprema y la adecuada administración de justicia a la que se aspira en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 

En conexitud a lo explicado precedentemente, la SCP 0507/2012 de 9 de julio, dictada en un caso en el que se impugnó el señalamiento de la audiencia de un incidente de actividad procesal defectuosa que formuló la entonces accionante -quien se hallaba detenida preventivamente-, para después de un mes y once días de la solicitud; efectúo consideraciones necesarias a ser observadas por los administradores de justicia en el conocimiento de los procesos sometidos a su conocimiento, en ese caso específico, en la sustanciación y tramitación de incidentes y excepciones en materia penal, siendo sin embargo, los razonamientos asumidos en la misma, aplicables a todos los casos que involucren solicitudes vinculadas con la libertad y la vida, debiendo en consecuencia priorizarse la atención de los detenidos preventivamente, por la supresión que sufren en su libertad y también de aquellos procesados que impetren cuestiones relativas a su derecho a la vida, derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, al cual podría provocarse un grave perjuicio irreparable, en el supuesto de no merecer una respuesta oportuna a requerimientos que se hallen relacionados a éste.

 

En ese orden de ideas, la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, expresó: “Para impartir justicia conforme imponen los mandatos de la Constitución Política del Estado, las autoridades jurisdiccionales deben cultivar los valores y principios que son la base del nuevo documento constituyente, el cual contiene una vocación axiológica, principista y finalista que configura un Estado sustentado en valores y principios con una convicción progresista en relación a la clásica confección estatal de tipo positivo; dicho de otro modo, nuestra Carta Fundamental construye el Estado Plurinacional sobre la base de valores, principios y principios ético morales, que erigen una sociedad respetuosa de la libertad, la igualdad, la equidad y la justicia, los cuales se encuentran previstos en muchos de los artículos del texto constitucional, además del Capítulo Segundo del Título Primero, de la Primera Parte, titulado: 'Principios, Valores y Fines del Estado'.

 

En ese contexto, de la lectura del texto constitucional, es posible identificar valores y principios en los arts. 1, 2, 11, 178, 180, 186, 190, 196 y otros del documento constitutivo del Estado Plurinacional boliviano; muchos de esos principios son dedicados con exclusividad a la función de impartir justicia, siendo imprescindibles en la labor jurisdiccional, por lo que se constituyen en la dogmática constitucional inexcusable en todo acto judicial. Por ello, este Tribunal afirma que la labor del juez sólo será acomodada a la Constitución Política del Estado, cuando cada uno de los actos jurisdiccionales sea ejecutado tomando en cuenta los principios que rigen la función de impartir justicia; a tal efecto, no es suficiente la simple enunciación de los principios constitucionales rectores de la jurisdicción, pues su aplicación debe ser verificable por medios de la racionalización y análisis del acto jurisdiccional; de modo tal, que el usuario del sistema judicial, luego de cumplidos los actos jurisdiccionales, pueda percibir en los resultados de tal actuación, la vigencia y materialización de los principios constitucionales que otorgan validez a los eventos judiciales.

 

(…)

 

Conforme a lo afirmado, este Tribunal arriba al siguiente convencimiento: la aplicación del principio de celeridad, también obliga a las autoridades jurisdiccionales a otorgar pronta respuesta a la tramitación de incidentes procesales, actuando de forma oportuna de acuerdo a la necesidad que emerja de la evaluación de la situación particular de cada caso; la prontitud, necesariamente implica actuación antes del cumplimiento del plazo y a la brevedad posible; así, siendo una situación común que los jueces atiendan varios casos al mismo tiempo, deberán priorizar la atención de excepciones e incidentes de quienes se encuentren detenidos preventivamente, por la supresión del derecho a la libertad de que son objeto, siendo merecedores de que dicha autoridad abrevie los plazos procesales resolviendo sus peticiones y solicitudes” (las negrillas son nuestras).

 

Enfatizando nuevamente que si bien el fallo constitucional glosado, se refiere a la atención célere de las excepciones e incidentes de quienes se encuentren detenidos preventivamente, resulta lógico que dicho actuar debe ser siempre la regla, en todas las peticiones que involucren el derecho a la libertad y a la vida, dados los principios que involucran, postulados por nuestra Norma Suprema.

 

III.3.       Del arraigo y la fianza como medidas sustitutivas a la detención preventiva: Exigencia de la autoridad judicial de emitir el respectivo mandamiento de arraigo y el depósito judicial, céleremente, a objeto que el imputado efectivice su libertad

Desarrollada la jurisprudencia dictada por este Tribunal, en cuanto a la obligación que tienen todas las autoridades judiciales de atender con celeridad las solicitudes que involucren el derecho a la libertad, de los detenidos preventivamente, observando que dicha medida restrictiva de libertad, no debe implicar una condena prematura en menoscabo de los involucrados en un proceso penal; corresponde referirse al arraigo y a la fianza -como medidas sustitutivas reconocidas, entre otras, en el Código de Procedimiento Penal, en los casos en que existan nuevos elementos que la desvirtúen o no sea procedente la misma en el marco del art. 232 de esa norma-, al haberse impuesto esas medidas al hoy accionante, quien denuncia que a consecuencia de su no efectivización, por omisión del demandado, de expedir oportunamente, el depósito judicial ordenando el pago de la fianza y el mandamiento de arraigo a efectos de lograr el cometido en oficinas de Migración, se estaría vulnerando su derecho a la libertad y a la vida, al estar ésta deteriorada, encontrándose en el momento de la interposición de su acción tutelar, en la clínica “Bilbao”.

 

Bajo esas precisiones, debe tenerse en cuenta lo establecido en la SCP 0339/2012 de 18 de junio, que en cuanto a la detención preventiva, y el principio por el que la misma, no debe constituirse en una condena prematura, aludió refiriéndose a doctrina emitida al respecto, que: “…como pone de manifiesto Silvia Barona, 'la proclamación de excepcionalidad y del carácter restrictivo que efectúa el Código procesal de la detención preventiva no queda como una mera declaración programática sino, antes al contrario, lleva pareja una decisión legal de que así sea', «estas medidas se convierten en un sustituto de la detención preventiva, son menos gravosas pero sirven al fin de sujetar al sujeto pasivo durante la tramitación del»”.

 

Dentro de las medidas sustitutivas consignadas en el art. 240.3 y 6 de la normativa procedimental penal, se tiene el arraigo y la fianza económica, al establecer dichas normas a su turno, lo siguiente: “Prohibición de salir del país de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes” y “Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca”.

 

Sobre el arraigo, SCP 0559/2012 de 20 de julio, señaló: “…el arraigo efectivamente es una medida cautelar de carácter temporal, misma que constituye un medio de restricción o limitación al ejercicio del derecho fundamental de locomoción o de libre tránsito, entendido éste como la libertad del hombre de poder mantenerse, circular, transitar, salir de su radio de acción cuando él así lo desee; situación prevista constitucionalmente por el art. 21.7 de la CPE, la cual establece que el derecho 'a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país'. Por ello, es una medida sustitutiva a la detención preventiva que limita el ejercicio de un derecho fundamental, por eso mismo y a la luz de los valores y principios de la Constitución que irradian en nuestro ordenamiento jurídico, en el marco previsto por los arts. 7, 221 y 222 del CPP, su aplicación deberá efectuarse con criterio restrictivo y cumpliendo con las condiciones de validez legal previstas por las normas procesales respectivas. Empero, una vez aplicada la medida en el marco referido, su cumplimiento es obligatorio para el imputado o procesado a quien se impone la medida de arraigo.

…su finalidad es asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; los sujetos que intervienen en esta medida, son necesariamente el órgano jurisdiccional competente, el Ministerio Público y el imputado o procesado que debe quedar arraigado, a no ser en otros delitos donde el Ministerio Público no participa.

…la prohibición abarca la imposibilidad de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Juez o tribunal; en este sentido y desentrañando teleológicamente la figura del arraigo, se tiene que la demarcación geográfica puede corresponder o no al lugar donde se halle el domicilio del arraigado, pues de lo que se trata no es simplemente mantenerlo en dicho domicilio, sino más bien, de que no salga del área dispuesta como -demarcación o zona geográfica- temporalmente; así cumplir con la finalidad de la persecución penal y la efectividad en su materialización, misma que irradia en la justicia y la propia sociedad” (las negrillas son nuestras).

 

Continuando la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, ahondando más sobre el tema y en específico sobre la exigencia del cumplimiento de la respectiva certificación que debe otorgar Migración sobre el registro apropiado del arraigo, que la misma: “…de ninguna manera constituye una restricción u obstaculización de la libertad, sino simplemente la verificación por parte del juez o tribunal, de que las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas, han sido efectivamente cumplidas conforme a lo dispuesto por la norma y la resolución judicial correspondiente”; haciendo especial mención que: “…claro está que, quien conozca de la medida de arraigo impuesta, debe actuar con la diligencia debida y no pasividad, para que de esta forma cumpla y acredite que la medida sustitutiva ha sido plenamente cumplida” ; y a que, una vez emitido el certificado de arraigo: “…bajo el principio de celeridad y legalidad, -la autoridad judicial cautelar- deberá expedir el mandamiento de libertad correspondiente de forma inmediata, tomando en cuenta que se hayan cumplido otras medidas impuestas a la vez” (negrillas adicionadas).

 

Concluyendo finalmente que: “…a la luz de los valores y principios constitucionales que irradian y sustentan nuestro ordenamiento jurídico, (…) si bien la efectivizacion de una orden de arraigo se encuentra sujeta a un trámite previo regulado por el Decreto Supremo 24423, el mismo debe ser materializado en el menor tiempo posible al encontrarse de por medio el derecho a la libertad y locomoción del interesado, misma que no podrá ser cumplida en su cabalidad si no existe celeridad en la referida tramitación” (las negrillas nos corresponden).

Jurisprudencia que si bien hace alusión a la finalidad misma del arraigo, a la exigencia del imputado de obtener la certificación respectiva de su registro en Migración a efectos que el juez cautelar compruebe el cumplimiento de dicha medida sustitutiva y a la celeridad que debe imprimirse en el trámite una vez emitida la orden; es claro que los razonamientos asumidos se extienden a la autoridad judicial que la determina, ordenando la cesación de la detención preventiva del procesado, imponiéndola, a cuyo fin debe expedir con la celeridad y diligencia que amerita, el mandamiento de arraigo pertinente, para que con éste, el imputado acuda a Migración para obtener la certificación a ser presentada a esa autoridad y así lograr rápidamente su libertad.

Por su parte, sobre la fianza determinada en el art. 240.6 del CPP, y en específico sobre la real, consagrada en el art. 244 de esa norma procedimental, estableciendo que se constituye con bienes inmuebles o muebles, valores o dinero, previendo por su parte, el art. 245, que: “La libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza”; la SCP 0559/2013, desarrollada, refirió: “…para hacer efectiva la libertad, necesariamente debe haberse otorgado la fianza, sea juratoria, personal o real; sin que posteriormente, el juez o tribunal que impuso esa medida sustitutiva, pueda establecer otras condiciones o la realización de nuevas diligencias para dar curso a la libertad, pues ello implicaría el desconocimiento de las propias determinaciones asumidas por el juzgador y una lesión al derecho a la libertad del imputado.

 

En ese entendido, la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, ha establecido que: '...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva'.

 

Conforme a ello, una vez que el imputado ha otorgado la fianza, se materializa el derecho del atribuido a exigir al Juez su libertad, como también se impone al juzgador la obligación de concederla sin más trámite (SC 1447/2004-R), y es en ese sentido que debe ser entendida la norma prevista en el art. 245 del CPP.

 

Bajo esta interpretación, si bien para dar curso a la libertad es necesario acreditar que efectivamente se ha cumplido con la fianza económica impuesta en la medida sustitutiva; sin embargo de ello, no es menos cierto que la tramitación del mismo, debe ser resultado de la celeridad y la diligencia debida, al encontrarse de por medio justamente el derecho a la libertad y de locomoción, razón por la cual, todo juzgado en materia penal, debe procurarse con todos los documentos que sirvan para hacer cumplir y materializar en su caso, toda orden emanada por autoridad competente dentro del régimen cautelar reconocido en nuestro sistema procesal penal y de esta forma otorgar seguridad y certeza en las decisiones asumidas en el proceso; pues es incomprensible que en algunos juzgados no tengan documentos imprescindibles para la ejecución de algunos actos procesales, demostrando así, desinterés y por ende negligencia en las funciones que desempeñan, por ello, el hecho de que no existan en el juzgado documentos necesarios y precisos para efectivizar o cumplir una medida impuesta por el Juez donde se encuentre bajo condición la libertad, resulta un acto dilatorio a las pretensiones jurídicas de la parte interesada” (las negrillas nos pertenecen).

Comprensiones que son precisas al respecto, advirtiendo que la autoridad judicial cautelar que impone la medida sustitutiva de fianza, debe actuar con celeridad, emitiendo con la prontitud debida, la orden para efectuar el depósito judicial que la materialice, tomando en cuenta que el imputado, debe cumplir la fianza impuesta a efectos de hacer efectiva su libertad. No siendo razonable ni lógico, que una vez determinada la cesación de la detención preventiva, el procesado no pueda efectivizar su derecho, por causas dilatorias atribuibles al juez cautelar, por actitudes de desidia o negligencia que provoquen la persistencia de la medida restrictiva de libertad.

III.4. Análisis del caso en concreto

Los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos precedentes, son aplicables a la problemática de autos, en la que la representante del accionante denuncia vulneración de los derechos de éste a la libertad y a la vida, con el argumento de que pese a que el Juez demandado, le concedió la cesación de su detención preventiva, imponiéndole -entre otras- las medidas sustitutivas de arraigo y fianza económica, no pudo efectivizar su libertad, por las dilaciones de la autoridad, a quien atribuye la omisión en expedir céleremente la orden de depósito judicial de la fianza de Bs20 000.- y el mandamiento de arraigo respectivo para oficiarlo en Migración. Añadiendo a aquello que, tampoco remitió los actuados del proceso, una vez reasumida la competencia del Juez titular, a partir del 15 de julio de 2013, inobservando incluso el delicado estado de salud del accionante, por el que se hallaba internado, con el grave riesgo de ser conducido nuevamente al Recinto Penitenciario, por incumplimiento de las medidas sustitutivas que se le impuso.

Por su parte, la autoridad demandada refirió en su informe que, perdió competencia en la causa penal seguida contra el accionante por la presunta comisión del delito de estafa -la que conoció por la vacación judicial en el departamento de Santa Cruz, en suplencia de su similar Décimo Segundo-, rechazando a su vez todos los extremos vertidos por su representante en la demanda tutelar; sin referirse en momento alguno, a los extremos impugnados en su contra, ni presentar prueba alguna que denote que emitió oportunamente el mandamiento de arraigo ni la orden de depósito judicial para hacer efectiva la fianza.

En ese marco, se evidencia de las Conclusiones descritas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que, el accionante fue sometido a un proceso penal a denuncia de Ana María “Valdivieso” y “otros”, atribuyéndole la supuesta comisión del delito de estafa; habiendo pedido la cesación de su detención preventiva, en cuyo mérito, el Juez hoy demandado -quién conoció el asunto en suplencia del Décimo Segundo, por vacación judicial- celebró la audiencia de 11 de julio de 2013, dictando a su conclusión la Resolución por la que dispuso la cesación impetrada por el accionante, ordenando las medidas sustitutivas de arraigo, fianza de Bs20 000.-, prohibición de comunicación con las víctimas y presentación periódica ante el Fiscal de Materia, entre otras. Posterior a ello, al día siguiente -12 de ese mes y año-, el accionante presentó memorial impetrando fotocopias legalizadas del acta y el fallo respectivo, requiriendo asimismo, el mandamiento de arraigo y la orden de depósito judicial para hacer efectiva la fianza que se le impuso, los que no le habían sido entregados, según lo referido a su abogada, “por las recargadas labores del personal” y de la autoridad judicial demandada.

A su vez, de lo aseverado por la parte accionante también se evidencia que, desde el 12 de julio de 2013, sus abogados y familiares asistieron al Juzgado Décimo Cuarto de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, insistiendo sobre la entrega de la orden y mandamiento referidos, sin conseguir aquello, transcurriendo trece días desde que fue beneficiado con la cesación de su detención preventiva hasta la interposición de su acción de defensa, sin obtener respuesta alguna, lo que le imposibilitó efectivizar su libertad, inobservando además su estado de salud, que según señala se hallaba deteriorada por la arritmia cardiaca que padecía. Recibiendo sólo como respuesta, que los documentos se hallaban para firma del Juez cautelar, reasumiendo la competencia en el proceso, el Juez Décimo Segundo, a partir del 15 de igual mes y año, a quien incluso se comprueba se presentó un memorial solicitando la entrega del mandamiento y orden al no haberlas obtenido del demandado, no pudiendo obrar en ese sentido la mencionada autoridad, por la falta de remisión del expediente a ese Juzgado.

En este punto cabe enfatizar que si bien el demandado presentó informe escrito que cursa a fs. 9, se limitó únicamente a referir que había perdido competencia, sin desvirtuar en momento alguno, los actos ilegales atribuidos en su contra, ni referir además nada sobre el mandamiento de arraigo y la orden de depósito judicial que debía expedir presentando la prueba pertinente que acredite que obró en ese sentido; tomando en cuenta que desde la emisión del fallo de cesación de la detención preventiva del accionante hasta el 15 de julio de 2013 -fecha en la que perdió competencia-, pudo actuar conforme a lo requerido. Así, no consideró que la jurisprudencia sentada por este Tribunal, como la SCP 0087/2012 de 19 de abril, dentro de sus fundamentos concluyó que: “…la parte demandada se encuentra impelida por su propio interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede incluso dar lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor público en cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de la CPE, que establece que las y los servidores públicos deben 'cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública' y el art. 113.II que refiere: 'En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño'. Es decir, en estos últimos casos en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad todo servidor público no sólo cuenta con la obligación de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la acción de libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal emitan fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones” (las negrillas nos corresponden).

Efectuada dicha precisión y glosados los antecedentes del caso, se comprueba que efectivamente, el accionante fue beneficiado con la cesación de su detención preventiva, el 11 de julio de 2013; sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la autoridad judicial demandada hubiera procedido a expedir el arraigo y la orden judicial de depósito de la fianza, documentos que requería el actor a efectos de cumplir las medidas sustitutivas de arraigo y fianza que se le impusieron, para hacer efectiva su libertad, por lo que debían ser emitidos céleremente al estar vinculados con la misma. Debiendo obrarse aún con mayor diligencia, observando que el actor se encontraba internado en la clínica “Bilbao”, por las afecciones que sufría en su salud, y que de no efectivizar su libertad, corría el riesgo de volver a ser recluido, en franco desmedro de los derechos que invoca.

Cabe resaltar que, el argumento del demandado, en sentido que perdió competencia en el caso, no tiene sustento alguno, siendo que desde la emisión de la Resolución de cesación de la detención preventiva hasta que perdió competencia, transcurrieron tres días, en los que estaba obligado a obrar conforme a lo impetrado por el accionante, en cumplimiento de los principios constitucionales que rigen en la administración de justicia del Estado, desarrollados en fundamentos jurídicos anteriores, los cuales exigen que los operadores de justicia, actúen en sus funciones con la debida celeridad, acuciosidad y preocupación por los intereses en juego y derechos de los justiciables. Conforme a lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada por el impetrante de tutela, por cuanto además de la omisión reiterada del demandado en oficiar los documentos que requería el actor a efectos de cumplir las determinaciones que él mismo le impuso, reasumida la competencia del titular, Juez Décimo Segundo, no remitió los antecedentes oportunamente. Observándose con estas dos actitudes, falta de emisión del depósito judicial y mandamiento de arraigo y remisión al Juzgado titular, de los antecedentes del proceso, una actitud de desidia que en efectiva lesionó los derechos del hoy accionante cuya tutela impetra. Es necesario precisar que, la diligencia con la que deben actuar las autoridades judiciales, en las solicitudes de cesación de detención preventiva, no concluye con el señalamiento oportuno de la audiencia -veinticuatro horas- ni con su celebración -en tres días-, sino que debe continuar posteriormente, elaborando oportunamente los documentos necesarios para el imputado a efectos de cumplir las medidas sustitutivas impuestas a fin de hacer efectiva su libertad. No resultando lógico que se le exija la observancia de las medidas sustitutivas como requisito para efectivizar su derecho y al mismo tiempo, se le pongan trabas como la no entrega de órdenes judiciales y mandamientos, para que el imputado pueda lograr dicho cumplimiento.

En consecuencia, de acuerdo a lo fundamentado ut supra, concierne conceder la tutela solicitada, aprobando la Resolución del Tribunal de garantías, al evidenciarse incontrastablemente que el demandado no otorgó la importancia debida a las peticiones del accionante, provocándole perjuicios considerables en la efectivización de su libertad, por la falta de una respuesta oportuna a sus pretensiones; lo que ocasionó que no pudiera hasta la fecha de interposición de su acción de libertad, efectuar el depósito judicial de fianza ni seguir el trámite respectivo en Migración para obtener el certificado de registro de su arraigo, documentos que le compelían presentar para demostrar el cumplimiento de esas medidas sustitutivas. Actitudes dilatorias de la autoridad judicial demandada, que implican un desconocimiento total de la normativa procedimental penal así como de la jurisprudencia constitucional en perjuicio de los derechos del impetrante de tutela, inobservando que por disposición constitucional y de diversos instrumentos internacionales, toda persona tiene el derecho a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, que materialice los principios, valores, derechos y garantías consagrados en nuestra Ley Fundamental.

 

Por las consideraciones precedentes, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37 de 26 de julio de 2013, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

 

 

 

 

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0178/2014

Sucre, 30 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de libertad

Expediente: 04586-2013-10-AL

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 34/2013 de 28 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marianela Escobar Olivera contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2013, cursante de fs. 3 a 4 vta., la accionante, manifiesta que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Dentro del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, en la audiencia conclusiva interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por defecto absoluto, siendo que, su declaración informativa no cumplió con las exigencias procedimentales ya que no cuenta con la firma del Fiscal, lo que refleja la ausencia de dicho sujeto en la merituada declaración.

 

Así, el juez cautelar-ahora demandado- emitió en la audiencia conclusiva el Auto 392/2013 en el que declaró la nulidad de obrados hasta la declaración informativa inclusive; ante dicha determinación solicitó complementación y enmienda, siendo que, no puede seguir la detención preventiva sin imputación y acusación, por lo que correspondía la libertad inmediata; sin embargo, la autoridad demandada negó dar curso su libertad con el fundamento que previamente debe ejecutoriarse el Auto que dispone la nulidad de obrados.

 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

 

La accionante alega la vulneración a su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23.I, IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela y se disponga su libertad inmediata, mas el pago de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 28 de agosto de 2013, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

La parte accionante, ratificó íntegramente los términos de la acción interpuesta.

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

Javier Rolando Chaca Quina, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, a través del informe escrito cursante a fs. 21 y vta., manifestó que: a) El 21 de agosto de 2013 se llevó adelante la audiencia conclusiva donde la imputada planteó actividad procesal defectuosa en relación a la declaración informativa, demostrando que la misma no tendría la firma del representante del Ministerio Público; evidenciando ese extremo y al constituirse defecto absoluto, es que se dispuso la nulidad de obrados hasta la declaración informativa inclusive y demás antecedentes; y, b) Si bien posteriormente a la nulidad, la accionante solicitó la libertad; sin embargo, ejecutoriada la misma, recién se atenderá dicha solicitud, además, el querellante presentó apelación incidental contra el Auto que dispone la nulidad de obrados, misma que se encuentra en trámite y conforme a la SC 1008/2010-R todo incidente es impugnable.

 

I.2.3. Resolución

 

Mediante Resolución 34/2013 de 28 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, el Juez Tercero de Sentencia Penal del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada convoque a audiencia cautelar para considerar la situación jurídica del accionante por encontrarse la Resolución 392/2013 sujeta a apelación; en base a los siguientes fundamentos: 1) Mediante Resolución 392/2013 de 21 de agosto, el juez cautelar anuló obrados, incluso hasta la declaración informativa, lo que significa que la imputación y la acusación presentadas por el Ministerio Público quedaron sin efecto, dicha resolución fue emitida con todas las facultades que le otorga la norma a la autoridad jurisdiccional; y, 2) Al haberse anulado obrados y una vez que se concluyó con la resolución, la parte ahora accionante solicitó de conformidad al art. 125 del CPP complementación y se le otorgue la libertad, pero fue denegada porque existe una apelación la cual se encuentra en trámite y por tanto no existe ejecutoria de la determinación, pues ante la solicitud de una medida cautelar para obtener la libertad, la misma requiere de tramitación conforme a procedimiento.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determinó la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.Cursa acusación fiscal de 8 de abril de 2013, contra Marianela Escobar Olivera -hoy accionantes-, por la presunta comisión del delito de estafa.

 

II.2.De fs. 15 a 16 vta., cursa el acta de audiencia conclusiva realizada el 21 de agosto de 2013; actuado procesal en el que la accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa (fs. 15 a 16 vta.).

 

II.3.Por Auto Interlocutorio 392/2013 de 21 de agosto, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal -ahora demandado, “acepto” el incidente de actividad procesal defectuosa, disponiendo la nulidad de la declaración informativa de la imputada, conforme establece el art. 169.1 del CPP, “…anulando inclusive obrados hasta el momento de la declaración informativa inclusive…” (fs. 17 a 18); conocida dicha resolución, la accionante, en mérito a la anulación de obrados, solicitó complementación y su libertad; la indicada autoridad dispuso no haber lugar a lo solicitado, siendo que, la resolución es susceptible de apelación y por tanto atenderá el pedido una vez se ejecutorié la misma.

 

III.          FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

La accionante alega la vulneración a su derecho a la libertad, siendo que, el Juez demandado pese a disponer en la audiencia conclusiva la nulidad de obrados inclusive hasta la declaración informativa -lo que alcanzaría a la imputación y acusación- se niega a dar curso a su libertad, con el argumento de que existe eventualmente la posibilidad de que se interponga apelación, por lo que una vez ejecutoriado el mismo, recién se pronunciara al respecto.

 

En consecuencia, corresponde analizar, si en el presente caso, se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.       La Acción de libertad y su naturaleza jurídica

Según señaló la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, la acción de libertad, “…es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad.

Está consagrada por el art. art. 125 de la CPE, cuando dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'.

 

Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que el objeto de esta acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

 

Teniendo presente la importancia de los derechos primarios protegidos como son la vida y la libertad física, de manera general no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; al contrario, se activa sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias, es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular y tampoco reconoce fueros ni privilegios, correspondiendo conocer y resolver dicha acción constitucional, al juez en materia penal debido al principio de especialidad reconocido en la Ley Fundamental.

 

De manera excepcional opera el principio de subsidiariedad ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico tanto en la vía constitucional como en la ordinaria”.

 

Esta acción tutelar, se halla dotada de un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador; preventivo: por cuanto persigue frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, siendo que su objetivo es evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; finalmente, reparador, en el entendido de que pretende reparar una lesión ya consumada; es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

III.2.       El principio de celeridad

La acción de libertad, consagrada por el art. 125 de la CPE, que dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”, materializa la existencia de un mecanismo constitucional extraordinario de defensa, cuya función esencial se traduce en la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares, así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad; esta acción tutelar, se halla dotada de un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador; preventivo: por cuanto persigue frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, siendo que su objetivo es evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; finalmente, reparador, en el entendido de que pretende reparar una lesión ya consumada; es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la CPE, la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ)y art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional.

La SCP 1079/2012 de 5 de septiembre, señala que: “El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación.

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, siendo que, conforme razonó el anterior Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal.

 

Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia.

 

En este contexto y al tenor del art. 115.I de la CPE, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna “sin dilaciones”, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la Constitución Política del Estado, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: “…la justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales (…) (entre las cuales se encuentran), la garantía de la celeridad en los procesos judiciales (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida”; en otras palabras, es “…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos” .

 

Por su parte la SCP 0673/2013 de 3 de junio, señalo lo siguiente:

“De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad “ (las negrillas son nuestras).

 

III.3.       La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La acción de libertad, establecida en el art. 125 CPE, ampliamente analizada en el Fundamentos Jurídicos III.1 de este fallo, se halla dotada de un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador: preventivo, por cuanto persigue frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, siendo que su objetivo es evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; finalmente, reparador, en el entendido de que pretende reparar una lesión ya consumada; es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales.

 

Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del anterior Tribunal Constitucional a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, en ese sentido la SC 0044/2010-R de 20 de abril, sostuvo que por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

 

Entendimiento que siendo afianzado, fue complementado por el razonamiento asumido en la SC 0337/2010-R de 15 de junio, que analizando la naturaleza jurídica de la acción de libertad, señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

(…)

'…para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, (…). Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…” (las negrillas son nuestras).

Lo que significa que, a partir de la jurisprudencia construida por el Tribunal Constitucional, se adopta el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, como mecanismo especial idóneo para reclamar las dilaciones indebidas ocasionadas por actos u omisiones de las autoridades jurisdiccionales, que ocasionan dilaciones indebidas que inciden en lesión al derecho a la libertad.

III.4.       Análisis del caso concreto

Según informan los antecedentes del proceso, se tienen que la imputada interpuso incidente de actividad procesal defectuosa en la audiencia conclusiva porque supuestamente su declaración informativa no contendría la firma del representante del Ministerio Público; incidente que mereció el Auto Interlocutorio 392/2013 de 21 de agosto, por el que el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, “acepto” el incidente de actividad procesal defectuosa, disponiendo la nulidad de la declaración informativa de la imputada y de obrados hasta ese momento procesal.

Conocida la resolución principal, la imputada, en mérito a la anulación de obrados, solicito complementación de la misma y su libertad; pero el juez dispuso no haber lugar a lo solicitado, siendo que, la resolución es susceptible de apelación y por tanto atenderá el pedido una vez se ejecutorié la misma.

En este sentido, se tiene que el Juez al anular obrados hasta la declaración de la imputada inclusive, sustrajo en el proceso penal todo lo actuado hasta el momento procesal de la referida declaración.

Ahora bien, una vez que ha sido anulado todo el proceso penal en curso, hasta la declaración informativa de la imputada, todos los supuestos que hacen viable la detención preventiva previstos quedaron anulados; aquí conviene recordar que conforme a las normas del art. 233 del CPP, la detención preventiva sólo puede ser ordenada una vez: “Realizada la imputación formal…”; pues bien, el fundamento básico y primigenio, que posibilita la solicitud de restricción a la libertad personal es la existencia de una imputación formal.

 

La imputación formal, es un acto jurisdiccional que tiene contenido sustantivo y material, así como formalidades ineludibles que la justifican, pues se constituye en el sustento de todo el proceso penal y la persecución estatal en contra de una persona, por lo que es ineludible que su emisión se sustente en la existencia real y material de las condiciones que la ley prevé, es así que el art. 302 del CPP determina que la imputación formal sólo procede: “Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado…”, ello implica la asistencia de la convicción absoluta en el fiscal de tales condiciones, la que no dependen de las apreciaciones subjetivas de dicha autoridad, sino que deben emerger de elementos objetivos que permitan la razonable justificación de ese acto fiscal. En tal caso, la imputación formal debe revestirse de las condiciones previstas por el mismo art. 302 de la normativa procesal penal.

 

Con esos antecedentes legales, como ha sido explicado, la medida de la detención preventiva sólo es posible ante la existencia de determinadas circunstancias, la primera de ellas la vigencia de una imputación formal.

De otro lado, ante la inexistencia de imputación formal o la declaratoria de nulidad de esta; se tiene que la primera condición, aquella que es habilitante para solicitar la detención preventiva de las personas desaparece, desvaneciéndose con ello toda posibilidad de siquiera solicitar la detención preventiva de una persona, debiendo respetarse la libertad inmanente al ser humano intangible e invulnerable por parte del Estado; en ese orden, no es una situación diferente la nulidad de una imputación formal a aquella situación de inexistencia de la misma, puesto que la nulidad entraña la desaparición de lo anulado, como si nunca hubiera existido porque nunca debió existir del modo en que se dio, ello implica que su supresión se debió a causas estrictamente subyacentes en el mismo acto, dicho de otro modo, a los propios vicios del acto irregular.

 

Una de las consecuencias de la nulidad de la imputación formal es su efecto suspensivo del proceso, puesto que la continuidad del mismo es imposible, desapareciendo con ello cualquier posibilidad de mantener la detención preventiva de las personas, porque esa medida cautelar tiene siempre naturaleza instrumental a los efectos del proceso; es decir, que sólo es justificable mientras se desarrolla un proceso penal; más, cuando éste se suspende, no se puede mantener la restricción de la libertad personal, porque ha quedado carente de sustento material.

 

La nulidad de un proceso penal hasta el estado previo a la imputación formal, contiene también la nulidad de la detención preventiva, por ser actos secuenciales, pues el segundo, la detención preventiva, depende del primero; es decir de la existencia de imputación formal, ello implica que ante la anulación de la imputación formal, toda orden de privación de libertad queda automáticamente inexistente, siendo exigible la inmediata libertad de las personas.

El razonamiento precedente emerge de la naturaleza de la nulidad de un proceso penal hasta la imputación formal, que provoca la desaparición de todo justificativo y acto material constitucionalmente aceptado para la restricción de la libertad, lo que califica a este tipo de determinaciones judiciales a una consecuencia definitiva, no ocurriendo lo mismo con otro tipo de nulidades de actos procesales posteriores a la imputación formal, puesto que ninguna configura una situación tal de cuestionamiento a los actos iniciales del proceso penal, por lo que necesariamente este tipo de nulidades tiene una importancia definitiva para el proceso despojándolo de todo sustento legal, arrancándole también toda posibilidad de mantener sus efectos, como la detención preventiva, puesto que no resulta racional mantener detenida a una persona, ante el reconocimiento de un vicio procesal por parte del órgano judicial que extrae del proceso todo justificativo legal.

Una situación particular resalta en casos de nulidad del proceso penal hasta antes de la imputación formal, cual es la situación de las personas que se encuentran con detención preventiva, en caso de apelación de la resolución anulatoria, en tales circunstancias, el art. 396 inc.1) del CPP dispone que la apelación tiene efecto suspensivo; lo que implica la postergación de la aplicación de la decisión impugnada; pero también supone que el proceso penal no puede continuar; es decir que aunque la decisión anulatoria sea apelada, el proceso penal no puede continuar, llevándonos ello a la misma circunstancia de que el proceso penal queda en suspenso, lo que hace inviable la continuidad de la detención preventiva por la trascendencia del derecho a la libertad personal.

 

En definitiva, la jerarquía del derecho a la libertad personal, se manifiesta en su preeminencia frente a situaciones de duda o imprevistas por la norma penal; que, como en el caso presente se manifiestan en circunstancias injustas y de privación de la libertad inconstitucional, puesto que no obstante de que el proceso penal ha sido anulado hasta antes de la imputación formal, la autoridad demandada mantiene la detención preventiva de la accionante sin que exista un justificativo material para mantenerla por la anulación de la imputación formal, lo que a su vez supone la suspensión del proceso penal y de la detención preventiva por la inexistencia de condiciones básicas para ella.

En ese orden, puesto que para la detención preventiva se necesita legalmente una imputación y/o un requerimiento debidamente fundamentado, se debe entender entonces que si la misma fue anulada, ello fue conjuntamente con la resolución que dispuso la restricción al derecho a la libertad de la imputada, y por ello no existe argumento alguno para que la libertad no se efectivice inmediatamente.

Consiguientemente, la autoridad demandada debió en la audiencia conclusiva al momento de emitir la resolución que anuló obrados, disponer en el acto la libertad de la imputada, pues el argumento y la actitud del Juez cautelar se constituye en dilatoria, siendo que, si bien la resolución que resuelve un incidente de actividad procesal defectuosa es susceptible de apelación, la duda emergente de esta revisión no justifica la privación de libertad de la imputada, debido a la entidad del derecho a la libertad, que no puede depender de la incertidumbre y la posibilidad de revisión de la nulidad del proceso mediante una apelación, cuando en casos como el presente se anuló el proceso hasta antes de la imputación formal e incluso de la declaración informativa, lo que supone una actividad procesal defectuosa de tal magnitud que no se puede mantener ninguna consecuencia de tales persecuciones ilegales, menos la detención preventiva de las personas; siendo que ella sólo se justifica en la emisión de actos jurisdiccionales legales e incuestionables, ante aquellos actos dudosos, esta jurisdicción constitucional se encuentra impelida a resguardar los supremos valores constitucionales como la libertad de las personas.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la acción de libertad, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2013 de 28 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia Penal del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, debiendo la autoridad demandada, disponer la inmediata libertad de la accionante, a no ser que su situación jurídica ya se haya resuelto.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez CastañosMAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi MamaniMAGISTRADO

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0178/2014

Sucre, 30 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de libertad

Expediente: 04586-2013-10-AL

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 34/2013 de 28 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marianela Escobar Olivera contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2013, cursante de fs. 3 a 4 vta., la accionante, manifiesta que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Dentro del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, en la audiencia conclusiva interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por defecto absoluto, siendo que, su declaración informativa no cumplió con las exigencias procedimentales ya que no cuenta con la firma del Fiscal, lo que refleja la ausencia de dicho sujeto en la merituada declaración.

 

Así, el juez cautelar-ahora demandado- emitió en la audiencia conclusiva el Auto 392/2013 en el que declaró la nulidad de obrados hasta la declaración informativa inclusive; ante dicha determinación solicitó complementación y enmienda, siendo que, no puede seguir la detención preventiva sin imputación y acusación, por lo que correspondía la libertad inmediata; sin embargo, la autoridad demandada negó dar curso su libertad con el fundamento que previamente debe ejecutoriarse el Auto que dispone la nulidad de obrados.

 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

 

La accionante alega la vulneración a su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23.I, IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela y se disponga su libertad inmediata, mas el pago de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 28 de agosto de 2013, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

La parte accionante, ratificó íntegramente los términos de la acción interpuesta.

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

Javier Rolando Chaca Quina, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, a través del informe escrito cursante a fs. 21 y vta., manifestó que: a) El 21 de agosto de 2013 se llevó adelante la audiencia conclusiva donde la imputada planteó actividad procesal defectuosa en relación a la declaración informativa, demostrando que la misma no tendría la firma del representante del Ministerio Público; evidenciando ese extremo y al constituirse defecto absoluto, es que se dispuso la nulidad de obrados hasta la declaración informativa inclusive y demás antecedentes; y, b) Si bien posteriormente a la nulidad, la accionante solicitó la libertad; sin embargo, ejecutoriada la misma, recién se atenderá dicha solicitud, además, el querellante presentó apelación incidental contra el Auto que dispone la nulidad de obrados, misma que se encuentra en trámite y conforme a la SC 1008/2010-R todo incidente es impugnable.

 

I.2.3. Resolución

 

Mediante Resolución 34/2013 de 28 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, el Juez Tercero de Sentencia Penal del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada convoque a audiencia cautelar para considerar la situación jurídica del accionante por encontrarse la Resolución 392/2013 sujeta a apelación; en base a los siguientes fundamentos: 1) Mediante Resolución 392/2013 de 21 de agosto, el juez cautelar anuló obrados, incluso hasta la declaración informativa, lo que significa que la imputación y la acusación presentadas por el Ministerio Público quedaron sin efecto, dicha resolución fue emitida con todas las facultades que le otorga la norma a la autoridad jurisdiccional; y, 2) Al haberse anulado obrados y una vez que se concluyó con la resolución, la parte ahora accionante solicitó de conformidad al art. 125 del CPP complementación y se le otorgue la libertad, pero fue denegada porque existe una apelación la cual se encuentra en trámite y por tanto no existe ejecutoria de la determinación, pues ante la solicitud de una medida cautelar para obtener la libertad, la misma requiere de tramitación conforme a procedimiento.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determinó la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.Cursa acusación fiscal de 8 de abril de 2013, contra Marianela Escobar Olivera -hoy accionantes-, por la presunta comisión del delito de estafa.

 

II.2.De fs. 15 a 16 vta., cursa el acta de audiencia conclusiva realizada el 21 de agosto de 2013; actuado procesal en el que la accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa (fs. 15 a 16 vta.).

 

II.3.Por Auto Interlocutorio 392/2013 de 21 de agosto, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal -ahora demandado, “acepto” el incidente de actividad procesal defectuosa, disponiendo la nulidad de la declaración informativa de la imputada, conforme establece el art. 169.1 del CPP, “…anulando inclusive obrados hasta el momento de la declaración informativa inclusive…” (fs. 17 a 18); conocida dicha resolución, la accionante, en mérito a la anulación de obrados, solicitó complementación y su libertad; la indicada autoridad dispuso no haber lugar a lo solicitado, siendo que, la resolución es susceptible de apelación y por tanto atenderá el pedido una vez se ejecutorié la misma.

 

III.          FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

La accionante alega la vulneración a su derecho a la libertad, siendo que, el Juez demandado pese a disponer en la audiencia conclusiva la nulidad de obrados inclusive hasta la declaración informativa -lo que alcanzaría a la imputación y acusación- se niega a dar curso a su libertad, con el argumento de que existe eventualmente la posibilidad de que se interponga apelación, por lo que una vez ejecutoriado el mismo, recién se pronunciara al respecto.

 

En consecuencia, corresponde analizar, si en el presente caso, se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.       La Acción de libertad y su naturaleza jurídica

Según señaló la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, la acción de libertad, “…es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad.

Está consagrada por el art. art. 125 de la CPE, cuando dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'.

 

Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que el objeto de esta acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

 

Teniendo presente la importancia de los derechos primarios protegidos como son la vida y la libertad física, de manera general no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; al contrario, se activa sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias, es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular y tampoco reconoce fueros ni privilegios, correspondiendo conocer y resolver dicha acción constitucional, al juez en materia penal debido al principio de especialidad reconocido en la Ley Fundamental.

 

De manera excepcional opera el principio de subsidiariedad ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico tanto en la vía constitucional como en la ordinaria”.

 

Esta acción tutelar, se halla dotada de un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador; preventivo: por cuanto persigue frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, siendo que su objetivo es evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; finalmente, reparador, en el entendido de que pretende reparar una lesión ya consumada; es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

III.2.       El principio de celeridad

La acción de libertad, consagrada por el art. 125 de la CPE, que dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”, materializa la existencia de un mecanismo constitucional extraordinario de defensa, cuya función esencial se traduce en la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares, así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad; esta acción tutelar, se halla dotada de un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador; preventivo: por cuanto persigue frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, siendo que su objetivo es evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; finalmente, reparador, en el entendido de que pretende reparar una lesión ya consumada; es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la CPE, la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ)y art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional.

La SCP 1079/2012 de 5 de septiembre, señala que: “El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación.

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, siendo que, conforme razonó el anterior Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal.

 

Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia.

 

En este contexto y al tenor del art. 115.I de la CPE, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna “sin dilaciones”, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la Constitución Política del Estado, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: “…la justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales (…) (entre las cuales se encuentran), la garantía de la celeridad en los procesos judiciales (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida”; en otras palabras, es “…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos” .

 

Por su parte la SCP 0673/2013 de 3 de junio, señalo lo siguiente:

“De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad “ (las negrillas son nuestras).

 

III.3.       La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La acción de libertad, establecida en el art. 125 CPE, ampliamente analizada en el Fundamentos Jurídicos III.1 de este fallo, se halla dotada de un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador: preventivo, por cuanto persigue frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, siendo que su objetivo es evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; finalmente, reparador, en el entendido de que pretende reparar una lesión ya consumada; es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales.

 

Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del anterior Tribunal Constitucional a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, en ese sentido la SC 0044/2010-R de 20 de abril, sostuvo que por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

 

Entendimiento que siendo afianzado, fue complementado por el razonamiento asumido en la SC 0337/2010-R de 15 de junio, que analizando la naturaleza jurídica de la acción de libertad, señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

(…)

'…para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, (…). Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…” (las negrillas son nuestras).

Lo que significa que, a partir de la jurisprudencia construida por el Tribunal Constitucional, se adopta el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, como mecanismo especial idóneo para reclamar las dilaciones indebidas ocasionadas por actos u omisiones de las autoridades jurisdiccionales, que ocasionan dilaciones indebidas que inciden en lesión al derecho a la libertad.

III.4.       Análisis del caso concreto

Según informan los antecedentes del proceso, se tienen que la imputada interpuso incidente de actividad procesal defectuosa en la audiencia conclusiva porque supuestamente su declaración informativa no contendría la firma del representante del Ministerio Público; incidente que mereció el Auto Interlocutorio 392/2013 de 21 de agosto, por el que el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, “acepto” el incidente de actividad procesal defectuosa, disponiendo la nulidad de la declaración informativa de la imputada y de obrados hasta ese momento procesal.

Conocida la resolución principal, la imputada, en mérito a la anulación de obrados, solicito complementación de la misma y su libertad; pero el juez dispuso no haber lugar a lo solicitado, siendo que, la resolución es susceptible de apelación y por tanto atenderá el pedido una vez se ejecutorié la misma.

En este sentido, se tiene que el Juez al anular obrados hasta la declaración de la imputada inclusive, sustrajo en el proceso penal todo lo actuado hasta el momento procesal de la referida declaración.

Ahora bien, una vez que ha sido anulado todo el proceso penal en curso, hasta la declaración informativa de la imputada, todos los supuestos que hacen viable la detención preventiva previstos quedaron anulados; aquí conviene recordar que conforme a las normas del art. 233 del CPP, la detención preventiva sólo puede ser ordenada una vez: “Realizada la imputación formal…”; pues bien, el fundamento básico y primigenio, que posibilita la solicitud de restricción a la libertad personal es la existencia de una imputación formal.

 

La imputación formal, es un acto jurisdiccional que tiene contenido sustantivo y material, así como formalidades ineludibles que la justifican, pues se constituye en el sustento de todo el proceso penal y la persecución estatal en contra de una persona, por lo que es ineludible que su emisión se sustente en la existencia real y material de las condiciones que la ley prevé, es así que el art. 302 del CPP determina que la imputación formal sólo procede: “Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado…”, ello implica la asistencia de la convicción absoluta en el fiscal de tales condiciones, la que no dependen de las apreciaciones subjetivas de dicha autoridad, sino que deben emerger de elementos objetivos que permitan la razonable justificación de ese acto fiscal. En tal caso, la imputación formal debe revestirse de las condiciones previstas por el mismo art. 302 de la normativa procesal penal.

 

Con esos antecedentes legales, como ha sido explicado, la medida de la detención preventiva sólo es posible ante la existencia de determinadas circunstancias, la primera de ellas la vigencia de una imputación formal.

De otro lado, ante la inexistencia de imputación formal o la declaratoria de nulidad de esta; se tiene que la primera condición, aquella que es habilitante para solicitar la detención preventiva de las personas desaparece, desvaneciéndose con ello toda posibilidad de siquiera solicitar la detención preventiva de una persona, debiendo respetarse la libertad inmanente al ser humano intangible e invulnerable por parte del Estado; en ese orden, no es una situación diferente la nulidad de una imputación formal a aquella situación de inexistencia de la misma, puesto que la nulidad entraña la desaparición de lo anulado, como si nunca hubiera existido porque nunca debió existir del modo en que se dio, ello implica que su supresión se debió a causas estrictamente subyacentes en el mismo acto, dicho de otro modo, a los propios vicios del acto irregular.

 

Una de las consecuencias de la nulidad de la imputación formal es su efecto suspensivo del proceso, puesto que la continuidad del mismo es imposible, desapareciendo con ello cualquier posibilidad de mantener la detención preventiva de las personas, porque esa medida cautelar tiene siempre naturaleza instrumental a los efectos del proceso; es decir, que sólo es justificable mientras se desarrolla un proceso penal; más, cuando éste se suspende, no se puede mantener la restricción de la libertad personal, porque ha quedado carente de sustento material.

 

La nulidad de un proceso penal hasta el estado previo a la imputación formal, contiene también la nulidad de la detención preventiva, por ser actos secuenciales, pues el segundo, la detención preventiva, depende del primero; es decir de la existencia de imputación formal, ello implica que ante la anulación de la imputación formal, toda orden de privación de libertad queda automáticamente inexistente, siendo exigible la inmediata libertad de las personas.

El razonamiento precedente emerge de la naturaleza de la nulidad de un proceso penal hasta la imputación formal, que provoca la desaparición de todo justificativo y acto material constitucionalmente aceptado para la restricción de la libertad, lo que califica a este tipo de determinaciones judiciales a una consecuencia definitiva, no ocurriendo lo mismo con otro tipo de nulidades de actos procesales posteriores a la imputación formal, puesto que ninguna configura una situación tal de cuestionamiento a los actos iniciales del proceso penal, por lo que necesariamente este tipo de nulidades tiene una importancia definitiva para el proceso despojándolo de todo sustento legal, arrancándole también toda posibilidad de mantener sus efectos, como la detención preventiva, puesto que no resulta racional mantener detenida a una persona, ante el reconocimiento de un vicio procesal por parte del órgano judicial que extrae del proceso todo justificativo legal.

Una situación particular resalta en casos de nulidad del proceso penal hasta antes de la imputación formal, cual es la situación de las personas que se encuentran con detención preventiva, en caso de apelación de la resolución anulatoria, en tales circunstancias, el art. 396 inc.1) del CPP dispone que la apelación tiene efecto suspensivo; lo que implica la postergación de la aplicación de la decisión impugnada; pero también supone que el proceso penal no puede continuar; es decir que aunque la decisión anulatoria sea apelada, el proceso penal no puede continuar, llevándonos ello a la misma circunstancia de que el proceso penal queda en suspenso, lo que hace inviable la continuidad de la detención preventiva por la trascendencia del derecho a la libertad personal.

 

En definitiva, la jerarquía del derecho a la libertad personal, se manifiesta en su preeminencia frente a situaciones de duda o imprevistas por la norma penal; que, como en el caso presente se manifiestan en circunstancias injustas y de privación de la libertad inconstitucional, puesto que no obstante de que el proceso penal ha sido anulado hasta antes de la imputación formal, la autoridad demandada mantiene la detención preventiva de la accionante sin que exista un justificativo material para mantenerla por la anulación de la imputación formal, lo que a su vez supone la suspensión del proceso penal y de la detención preventiva por la inexistencia de condiciones básicas para ella.

En ese orden, puesto que para la detención preventiva se necesita legalmente una imputación y/o un requerimiento debidamente fundamentado, se debe entender entonces que si la misma fue anulada, ello fue conjuntamente con la resolución que dispuso la restricción al derecho a la libertad de la imputada, y por ello no existe argumento alguno para que la libertad no se efectivice inmediatamente.

Consiguientemente, la autoridad demandada debió en la audiencia conclusiva al momento de emitir la resolución que anuló obrados, disponer en el acto la libertad de la imputada, pues el argumento y la actitud del Juez cautelar se constituye en dilatoria, siendo que, si bien la resolución que resuelve un incidente de actividad procesal defectuosa es susceptible de apelación, la duda emergente de esta revisión no justifica la privación de libertad de la imputada, debido a la entidad del derecho a la libertad, que no puede depender de la incertidumbre y la posibilidad de revisión de la nulidad del proceso mediante una apelación, cuando en casos como el presente se anuló el proceso hasta antes de la imputación formal e incluso de la declaración informativa, lo que supone una actividad procesal defectuosa de tal magnitud que no se puede mantener ninguna consecuencia de tales persecuciones ilegales, menos la detención preventiva de las personas; siendo que ella sólo se justifica en la emisión de actos jurisdiccionales legales e incuestionables, ante aquellos actos dudosos, esta jurisdicción constitucional se encuentra impelida a resguardar los supremos valores constitucionales como la libertad de las personas.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la acción de libertad, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2013 de 28 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia Penal del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, debiendo la autoridad demandada, disponer la inmediata libertad de la accionante, a no ser que su situación jurídica ya se haya resuelto.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0127/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

Expediente: 04572-2013-10-AAC

Departamento: Cochabamba

 

En revisión la Resolución 010/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 194 a 200, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sonia Isidora Encinas Lamas de Mercado contra José Domingo Claros Fernández y Oscar Raymundo Yucra Loza; Director Técnico y Jefe de Recursos Humanos, respectivamente, ambos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba.

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memorial presentado el 31 de julio de 2013, cursante de fs. 89 a 100, la demandante señala que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

El año 2006 a través de un proceso de selección de personal, ingresó a trabajar en el SEDES de Cochabamba, como Odontóloga del Hospital de Aiquile, cargo en el cual fue objeto de varias transferencias debido a su delicado estado de salud, situación que fue representada en sede administrativa, llegando a la etapa de presentación de Recurso Jerárquico ante el Gobernador del Departamento de Cochabamba, quien emitió la Resolución Administrativa (RA) 003/2009 de 31 de marzo, en la que se determinó en su favor el plazo de sesenta días para demostrar su situación médica y tramitar lo que correspondiere, derivando en que su persona cumpla con lo ordenado, consecuentemente fue emitida la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, en la que se recomendó que sus actividades laborales sean realizadas en la ciudad de Cochabamba, motivo por el cual se dispuso su transferencia definitiva al Hospital Viedma situación que debía ser formalizada a fines de 2011, a cuyo efecto realizó las solicitudes pertinentes a las autoridades competentes.

 

Indica que, no obstante de todo lo acontecido, el 9 de julio de 2013, la autoridad demandada le notificó con el Memorándum 24468 de 27 de junio de ese año, a través del cual se determinó nuevamente su transferencia al Hospital de Aiquile, motivo por el cual el 10 de julio de la misma gestión presentó recurso de revocatoria, recibiendo por respuesta que su persona debía apersonarse en el referido centro de salud, razón por la cual logró que se emitan los certificados médicos correspondientes que acreditaron su precaria condición de salud, mismos que fueron puestos en conocimiento del SEDES.

 

Agrega que, fue impedida de trabajar en su oficina, recibiendo presiones para que se presente en Aiquile, razón que le motivó a presentar la queja correspondiente ante el Defensor del Pueblo y en definitiva a trasladarse en bus el 13 de julio de 2013 de Aiquile; sin embargo, en el recorrido a su destinó sufrió de pérdida de conocimiento derivando en que sea atendida en el Centro Médico Señor de Mayo ubicado en el Km. 4 de la Av. Petrolera, hecho lamentable que fue comunicado al SEDES el 15 del mismo mes y año, acompañando la correspondiente baja médica que posteriormente fue otorgada también por los días 29 y 30 de julio del indicado mes y año.

 

Indica que, mediante proveído notificado el 22 de julio de 2013 se le hizo conocer que no se accedió a su pedido de permanencia en el Hospital Viedma de Cochabamba, sin considerar los descargos presentados y su condición de funcionaria de carrera, motivo por el cual interpuso Recurso Jerárquico el 29 de ese mes y año, el cual al momento de la interposición de la presente acción de amparo constitucional no fue resuelto por el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas (Dirección General del Servicio Civil), encontrándose impedida de asistir a su fuente laboral, quedando subsistente el peligro de cumplirse la amenaza de su destitución, por lo cual tuvo que acudir directamente a la jurisdicción constitucional.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

La accionante, alega la vulneración de sus derechos a la vida y a la integridad física, a la salud, a la dignidad, a la estabilidad laboral y al debido proceso, citando al efecto los arts. 13.I; 15.I y II; 18.I y II; 22; 49.III y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 35.I inc. a); 35.II; 41.I inc. a) del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud y Deportes Tercera Versión, aprobado mediante Resolución Ministerial 177 de 9 de abril de 2002 y art. 60 del Decreto Supremo 28909 de 6 de noviembre de 2006, arts. 3, 8 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

I.1.3. Petitorio

 

De acuerdo a lo expuesto, la accionante solicita se conceda la tutela y se disponga: a) Quede sin efecto el Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013; b) Mantener vigente la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, mediante la cual fue transferida al Hospital Viedma perteneciente a la Red de Salud de Cercado; c) Se determine su permanencia indefinida en el Hospital Viedma, entre tanto continúe con las mismas patologías que ponen en riesgo su vida y salud; y, d) Se disponga la reparación de daños y perjuicios causados.

 

I.1.4. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 22 de agosto de 2013, encontrándose presentes la parte accionante, el demandado Oscar Raymundo YucraLozay los abogados de José Domingo Claros Fernández codemandado-, conforme consta en el acta cursante de fs. 190 a 193 vta., se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.2.Ratificación de la acción

 

La parte accionante ratificó plenamente el contenido de su acción, aclarando los presupuestos fácticos y el petitorio, citando las mismas normas supuestamente vulneradas.

 

I.2.3. Informe de las autoridades demandadas

 

Ximena Raquel Asillanes Lazcano, Luis Alberto Rivera Arauco y Carla Patricia Oña Salazar en representación legal de José Domingo Claros Fernández y de Oscar Raymundo Yucra Loza, mediante informe cursante de fs. 121 a 132, expresaron que: 1) La demandante al haber ganado la convocatoria y examen de competencia para un cargo cuyo ítem tiene por sede de Aiquile, debe ejercer sus funciones en el Hospital Carmen López de dicha ciudad; 2) La demandante fue designada de manera irregular en otros cargos de los cuales no fue ganadora y no concurrían causales de fuerza mayor para justificar dichas transferencias; 3) En respeto precisamente de la estabilidad laboral es que se pretende reubicar a la demandante en el cargo del cual es titular; 4) Si bien mediante el Memorándum 16601 se le asignaron funciones temporales por una gestión en el Hospital Viedma, éstas dependían de la presentación de exámenes médicos periódicos tanto de la Caja Nacional de Salud (CNS)como del Instituto de Salud Ocupacional, lo contrario implica que ya no tiene los problemas de salud que dieron origen a su transferencia temporal; 5) Si la accionante no estuvo de acuerdo con el hecho que las funciones que le asignaron sean únicamente por una gestión, debió representar dicho acto administrativo a través del recurso jerárquico y no consentir con su silencio; 6) A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso jerárquico planteado por la accionante y que debe ser resuelto por la Dirección General del Servicio Civil; y, 7) El Hospital Viedma únicamente requiere un profesional odontólogo a medio tiempo, modalidad que no es aplicable al ítem de la demandante.

 

I.2.4Resolución

 

La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 010/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 194 a 200, concedió en parte la tutela impetrada disponiendo: i) La anulación del Memorándum 24468 que dispuso la transferencia de la demandante al Hospital de Aiquile; y, ii) Se mantenga vigente la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, en tanto subsistan las patologías que la aquejan en tanto la resolución administrativa jerárquica no sea pronunciada; en base a los siguientes fundamentos: a) La excepción al principio de subsidiaridad es aplicable al caso específico por cuanto existe riesgo en la vida de la accionante, por cuanto de Aiquile se encuentra a más de doscientos kilómetros de Cochabamba, hecho que permite abstraerse de la resolución del recurso jerárquico pendiente de resolución; b) Todas las certificaciones médicas diagnosticaron cardiopatía congénita cianótica, comunicación interventricular perimembranoso, insuficiencia mitral y tricuspideo leve, por lo cual la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril determinó que la demandante requería de permanentes controles médicos haciendo necesaria su permanencia en su lugar de trabajo en la ciudad de Cochabamba; y, c) Por lo anteriormente fundamentado, las normas básicas, reglamentos y estatutos no pueden ser aplicadas al caso concreto, mismas que serán objeto de análisis en la resolución administrativa de recurso jerárquico aún no pronunciada.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determinó la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.El 7 de abril de 2011, el entonces Director Técnico del SEDES de Cochabamba, pronunció la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, en la que determinó: “Revocar el memorándum Nº 19407 fechado con 3 de Marzo de 2011, mediante el cual se le transfería a cumplir funciones como odontóloga de planta al C. Arani, disponiendo y autorizando su TRASLADO TEMPORAL al Hospital Viedma por los motivos de salud expuestos en líneas precedentes , y sea solo por la gestión 2011, estableciéndose que para determinar y considerar la procedencia o improcedencia de la continuación de su traslado para la próxima gestión 2012, deberá someterse a otros exámenes médicos (particular, INSO, etc.) y presentar su solicitud correspondiente al SEDES a fines de noviembre de 2011 sea sin perjuicio de la obligación que tiene de informar al SEDES de cualquier cambio que aconteciese en su situación actual de salud” (sic) (fs. 16 a 17 vta.).

 

II.2.Mediante Carta presentada el 17 de noviembre de 2011, Sonia Isidora Encinas Lamas de Mercado -hoy accionante-, solicitó a la Unidad de Servicios Médicos del SEDES de Cochabamba, proceda a la realización de sus exámenes médicos para dar cumplimiento a la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril (fs. 20).

 

II.3.El 30 de noviembre de 2011, la accionante presentó a la Unidad de Servicios Médicos del SEDES de Cochabamba, certificados médicos que, a su criterio, acreditaban su delicado estado de salud, solicitando se determine la permanencia en su lugar de trabajo (fs. 21).

 

II.4.A través de carta de 12 de noviembre de 2012, la accionante, solicitó a la unidad de Servicios Médicos del SEDES de Cochabamba, se proceda a sus exámenes médicos para dar cumplimiento a la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, para lo cual requirió se elaboren los estudios necesarios (fs. 22).

 

II.5.El 3 de abril de 2013, la accionante requirió de José Domingo Claros Fernández, Director técnico del SEDES de Cochabamba -ahora codemandado- ordene se le practiquen los exámenes médicos para acreditar su delicado estado de salud (fs. 25).

 

II.6.Memorándum 24159 de 16 de abril de 2013, Director del SEDES de Cochabamba, determinó la transferencia de la accionante a la Red de Salud de Aiquile (fs. 10), situación ratificada mediante Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013 (fs. 11).

 

II.7.El 10 de julio de 2013, la accionante, presentó Recurso de Revocatoria contra el Memorándum 24159 de 16 de abril de 2013, por el cual se determinó su transferencia a la Red de Salud de la ciudad de Aiquile, decisión que no consideró su delicado estado de salud (fs. 32 a 33 vta.), recurso que dio lugar a la emisión del Auto de 19 de julio de 2013, en el que José Domingo Claros Fernández, determino “no se concede” (sic), la petición efectuada por la accionante, instruyendo el cumplimiento del Memorándum impugnado (fs. 58).

II.8.A fs. 60 y 61 cursan certificaciones de 24 de julio de 2013 del Sindicato “15 de Octubre Tiraque y de la empresa TransCotoca Cochabamba” en las que se detalla un evento relacionado con el delicado estado de salud de la accionante, quien en el recorrido de Cochabamba hacia la ciudad de Aiquile requirió de asistencia médica.

II.9.El 29 de julio de 2013, la ahora accionante interpuso Recurso Jerárquico, solicitando la revocatoria del Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013, mismo que no fue resuelto hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional (fs. 62 a 64).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, alega la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral, por cuanto el año 2006 después de un proceso de selección, ingresó a trabajar en el SEDES de Cochabamba, más propiamente como odontóloga del Hospital de Aiquile, cargo en el cual fue objeto de varias transferencias, para finalmente ser ubicada en la Red de Salud de la Provincia Cercado de Cochabamba en virtud de un proceso de reclamaciones por su parte que dieron lugar a dicho extremo, hasta que mediante Memorándum de 16 de abril de 2013 la autoridad ahora demandada dispuso su transferencia al Hospital de Aiquile, decisión que no pudo cumplir en virtud de su grave estado de salud que le impide realizar viajes y esfuerzos físicos, por lo cual recibió presiones, razón que le motivó a activar los recursos de impugnación en sede administrativa, quedando pendiente de resolución el Recurso Jerárquico interpuesto, no obstante de haber procurado trasladarse de Aiquile el 13 de julio de ese año, cometido que no fue cumplido debido a que en el recorrido a su destino sufrió de pérdida de conocimiento derivando en que sea atendida en el Centro Médico Señor de Mayo, situación que fue comunicada al SEDES el 15 del mismo mes y año acompañando la correspondiente baja médica, justificaciones que no lograron revertir el Memorándum de transferencia.

 

En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde la conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, ha señalado: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

 

Del contenido del texto constitucional de referencia puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías.

 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz actos y omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio.

 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

 

Finalmente cabe señalar que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la Constitución que esta acción “(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela“.

 

III.2.       Derecho a la vida y a la salud

La Constitución Política del Estado en su art. 15.I consagra el derecho a la vida, dentro del catálogo de derechos fundamentales, señalando que: “Toda persona tiene derecho a la vida…”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 3 establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 6 señala: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo refiere: I “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 4.1 dejo establecido que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

 

La Declaración de Viena, adoptada por la segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año 1993 señala que: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos la misma importancia” (punto 5).

 

“Con respecto al derecho a la vida el Estado tiene obligaciones tanto positivas como negativas. En su Observación General No. 6, el Comité de Derechos Humanos comenta que la cabal protección del derecho a la vida requiere, entre otras cosas, medidas destinadas a prevenir la guerra y medidas para la protección de la salud pública”.

 

En cuanto al derecho a la salud, el art. 18.I de la CPE dispone que: “Todas la personas tienen derecho a la salud”.

 

En lo referente al derecho a la salud, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su numeral 25, encontramos que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que, entre otras cosas, le asegure su salud.

 

A decir de Guillermo Soberón Acevedo, “La salud es ámbito predilecto de la sociedad igualitaria. Poca importancia tiene la disminución de otras desigualdades sociales, si no se manifiesta en una vida sana y de mejor calidad”.

III.2. Jurisprudencia

Sobre el alcance de estos derechos primigenios, el Tribunal Constitucional Plurinacional en a la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, ha señalado: . Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”.

 

La jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional a través de la SC 0653/2010-R de 19 de julio, reiterando lo señalado por la SC 0026/2003 ha expresado: “…es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales- especialmente la familia-como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de estas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida'. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común, respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien, como previene el art. 8,II de la Ley Fundamental; pero también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9.5 de la referida norma suprema, al señalar que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley 'Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y el trabajo'”.

 

En lo que se refiere al derecho a la salud, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0776/2012 de 13 de agosto, determinó: “El derecho a la salud reclamado por los accionantes, se halla previsto como derecho fundamental en el art. 18.I de la CPE, sobre cuyo entendimiento, en la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0653/2010-R de 19 de julio, se estableció que está: '…desarrollado por los arts. 35 al 44, de dicha norma Suprema Sección II «La salud y a la seguridad Social» del Capítulo Quinto sobre los «Derechos Sociales y Económicos», Título Segundo «Derechos Fundamentales y garantías», de la Primera Parte de la «Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías». Derecho, sobre cuyo entendimiento este Tribunal en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, estableció que: «es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida'. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia, puesto, que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común respetando el 'vivir bien', como previene el art. 8.II de la CPE; pero es un fin, tal cual lo establece el art. 9.5 de la CPE, al señalar que: Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley 'Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”' (resaltado añadido).

 

III.3.Jurisprudencia respecto al derecho a la dignidad

 

La SCP 0579/2012 de 20 de julio, señala que: “El art. 21.2 de la CPE, instituye dentro de los derechos civiles y políticos, el derecho a la dignidad; el art. 22 a su vez, menciona que la dignidad y la libertad personal son inviolables y que el respetarlas y protegerlas son un deber primordial del Estado.

 

Por su parte, el art. 8.II de la Norma Suprema, indica que el Estado se sustenta entre otros valores en el de 'dignidad'.

 

La dignidad humana es inherente a la condición misma del ser humano, lleva en sí la obligatoriedad del respeto al ser humano como un ser pleno de derechos. Este es un derecho que ha sido desarrollado por la doctrina y la abundante jurisprudencia internacional en el orden constitucional.

 

La SC 0483/2010-R de 5 de julio, dispuso: 'En lo que respecta a la supuesta violación del derecho a la dignidad, cabe señalar que el art. I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH), señala que: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». La dignidad personal, implica reconocer al otro como otro yo, y al Estado, le corresponde reconocer, garantizar y promover la dignidad y los derechos humanos, desechando los obstáculos que se oponen a ello, su acatamiento es la base del Estado de Derecho. Definir la dignidad de la persona no es posible, sólo podemos apreciar su vulneración, la que se concreta cuando se perturba, amenaza o priva de los derechos esenciales a la persona, o se denigra o humilla, cada vez que se discrimina. De esta forma, la dignidad de la persona, constituye una realidad ontológica constitucional, siendo la esencia y fundamento de los derechos humanos”.

 

III.4.       Sobre la estabilidad laboral

El nuevo orden constitucional protector de los trabajadores y de la estabilidad laboral instaurado en el Estado Plurinacional de Bolivia a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, cuando en su art. 49. III, determina que: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones correspondientes”.

 

“El derecho al trabajo y los derechos en el trabajo constituyen un núcleo, no sólo de los derechos socioeconómicos, sino también de los derechos humanos fundamentales. Un denominador central de derechos relacionados con el trabajo, en términos de su objeto o contenido, parece ser 'una labor' (trabajo). En su tradicional por estrecho sentido, el trabajo ha sido percibido como un medio de ganarse la vida, o en otras palabras, sólo un medio de supervivencia económica. A principios del siglo XX, otra perspectiva más importante y global empezó a ser discutida: la interdependencia entre las condiciones laborales, la justicia social y la paz universal. Adicionalmente las percepciones modernas han intensificado positivamente el concepto del trabajo como valor humano, una necesidad social y un medio de auto-realización y desarrollo de la personalidad humana” (Drzewcki).

 

El art. 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que le asegure a ella como a su familia, una existencia con forme a la dignidad humana”.

 

En ese sentido el art. 46 de la CPE, consagra:

 

“I. Toda persona tiene derecho:

 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución".

 

El art. 48. II, que expresa que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.

 

“El vocablo estabilidad deriva del latín stabilitás, que denota la idea de estabilidad, solidez, firmeza, consistencia; es la base de la vida económica del trabajador y su familia”.

 

Respecto al proteccionismo estatal, Guillermo Cabanellas de Torres señala: “Se delinea el derecho al trabajo como el que tiene todo individuo, en relación al Estado, para que éste le facilite o provea, en caso de crisis o falta de actividad laboral productiva (…). El derecho al trabajo no sólo se correlaciona con el deber y la función social del trabajo, sino que deriva de otros derechos, como el de la propia subsistencia y el del mantenimiento familiar”.

 

“A manera de colofón, el intervencionismo del Estado, se concreta preferentemente a través de la jornada laboral máxima, y de los descansos mínimos, el establecimiento de salarios mínimos, el resarcimiento por despidos injustificados (…)”.

 

Humberto Podetti, al referirse al principio in dubio pro operario ha señalado que éste ha pasado a ser "una especie, dentro del principio generalizado, del favor debilis. Mozart Víctor Russomano, por su parte, señala que toda estabilidad "o es absoluta o no es estabilidad”.

 

El Convenio C158 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Por otra parte este Convenio en su art. 8, reconoce el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

 

III.4.1. Jurisprudencia

La SCP 0718/2012 de 13 de agosto, ha señalado: “La Constitución Política del Estado vigente, a diferencia de la Constitución Política del Estado abrogada, refuerza la protección al trabajador en cuanto sujeto de la relación jurídico-laboral, estableciendo y en su caso elevando a rango constitucional, principios procesales inherentes a la materia que protegen al trabajador, como el sujeto más débil de dicha relación, sometido a las contingencias del capital y de modelos económicos de explotación de la fuerza laboral, que en situaciones de crisis o de desempleo, puede verse forzado a resignar condiciones de trabajo dignas e inclusive derechos, que por naturaleza son 'irrenunciables', lo que se traduce en condiciones de subempleo, rebaja de salarios, ausencia de pago de prestaciones sociales, contratación temporal, etc. que en caso de no ser acatadas por el trabajador, pueden determinar inclusive su despido, por no someterse a las nuevas condiciones de trabajo que se le plantean, lo que naturalmente tendrá incidencia en su entorno familiar y social.

En ese sentido, el art. 48.I de la CPE, establece que: 'Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio'. El parágrafo II de dicho artículo prescribe que: 'Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador' El parágrafo III, prevé que: 'Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos…'.

 

Al respecto, la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, conceptualizando los principios informadores del derecho al trabajo, señaló: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección, de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador.

 

b) Principio de imperatividad o irrenunciabilidad de derechos laborales.- Se funda en la imposibilidad jurídica de privarse por voluntad propia de los derechos que se consagran a favor del trabajador; es decir, la renuncia a los beneficios legales no tienen validez alguna.

 

c) Principio de buena fe.- Constituye un elemento esencial que debe primar en todo contrato de trabajo, para que las relaciones laborales no se quebranten y pierdan consistencia, concibiéndose el objeto de las leyes laborales como de protección y amparo del trabajador.

 

d) Principio de justicia social.- Se integra con los deberes de colaboración y solidaridad; es decir, como aquella justicia que rectifica una situación social que implique una injusticia.

 

e) Principio de equidad.- Constituye un elemento importante para el esclarecimiento de un precepto legal previamente formulado; dicho de otra forma, la aplicación de la equidad hace posible humanizar sin desvirtuar la norma legal cuando ésta es oscura o dudosa”.

 

Asimismo, siempre sobre el principio de protección al trabajador, el extinto Tribunal Constitucional en la SC 0049/2003-R de 21 de mayo, donde se sometió a juicio de constitucionalidad el principio de inversión de la prueba, se señaló: 'La razón del nacimiento del Derecho del Trabajo es esencialmente protectora. Se sancionan las normas legales precisamente para proteger a los trabajadores con el fundamento de tratar de disminuir, reducir o paliar la desigualdad notoria, objetiva y evidente que existe entre el trabajador y el empleador en la sociedad, desde el punto de vista material, económico y social'. Asimismo, la SC 0059/2006-R de 5 de julio, estableció: 'Este principio protectorio, llamado también, de protección tutelar, a favor del trabajador, pro operario, -entre otros-, responde a la necesidad de mantener la igualdad entre las partes que intervienen en el contrato de trabajo, compensando la desigualdad económica y la debilidad del trabajador frente al empleador. Se entiende que la norma de trabajo quebranta el tradicional principio de la igualdad jurídica de las partes creando una desigualdad protectora del trabajo humano y de la persona del trabajador; sin embargo, esta desigualdad protectora persigue en definitiva una igualdad de hecho, para paliar la menor capacidad de negociación del trabajador a la hora de pactar las condiciones de su contrato.

 

La base de la relación laboral es la situación de hiposuficiencia del trabajador, situación socio real que lo lleva a incorporarse como trabajador subordinado a las empresas. Esta hiposuficiencia que en época de crisis se agudiza y aumenta, torna imperiosa la necesidad de afirmar con más fuerza el principio protectorio. Sólo basta observar la caracterización que se ha dado a la relación de dependencia personal, propia del contrato de trabajo, como la posibilidad que tiene el empleador de dar órdenes y de sustituir en todo momento la voluntad del trabajador por la suya (dependencia jurídica), para comprender aún más la necesidad de un estado protector y garantista'”.

 

III.5.Excepción al principio de subsidiaridad

El Auto Constitucional 0160/2012-RCA de 2 de octubre ha señalado: “Dentro de la amplia línea jurisprudencial, se ha establecido excepciones al principio de subsidiariedad cuando la remisión a los procedimientos ordinarios signifique un perjuicio irremediable o irreparable en los derechos o garantías del actor; entendimiento que ha sido asumido por el Tribunal Constitucional; cuando por ejemplo, ha otorgado la tutela provisional del amparo por perjuicio o daño irreparable. Como la SC 0119/2003-R de 28 de enero, estableció que: '…una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del Amparo Constitucional es la subsidiariedad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o no cuenta con ningún otro recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, salvo que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el Amparo Constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia irremediable', entendimiento que se ha mantenido en las SSCC 0131/2010-R y 0126/2010-R en entre otras.

 

Dicha excepción, debe ser aplicada a los supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social debido a su vinculación con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad, de los cuáles son base y fundamento.

 

En ese sentido, debe entenderse que el ejercicio de estos derechos no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que los derechos protegidos exigen; y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que requieren una rápida protección, pues en la medida en que exista demora en hacerlo efectivo el derecho social, la persona no podrá desarrollar su vida dignamente, ante la falta de recursos para afrontar las necesidades básicas que tiene como ser humano.

 

A ello debe agregarse que, como se tiene señalado, la seguridad social es un instrumento de justicia social; y, en ese entendido, debe prevalecer el derecho sustantivo frente a las formalidades. En este sentido, debe buscarse la justicia material que ha sido desarrollada por este Tribunal en diferentes sentencias, haciendo excepciones, inclusive a los principios de subsidiariedad e inmediatez, siendo necesario hacer notar que el accionante concluyó con todos los reclamos pertinentes ante la instancia administrativa quienes no dieron una atención oportuna a sus observaciones, reclamos y peticiones que fueron constantes”.

 

III.5.Análisis del caso concreto

La accionante, alega la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral, por cuanto el año 2006 después de un proceso de selección, ingresó a trabajar en el SEDES de Cochabamba, más propiamente como odontóloga del Hospital de Aiquile, cargo en el cual fue objeto de varias transferencias, para finalmente ser ubicada en la Red de Salud de la provincia Cercado de Cochabamba en virtud de un proceso de reclamaciones por su parte que dieron lugar a dicho extremo, hasta que mediante Memorándum de 16 de abril de 2013 la autoridad ahora demandada dispuso su transferencia al Hospital de Aiquile, decisión que no pudo cumplir en virtud de su delicado estado de salud que le impide realizar viajes y esfuerzos físicos, por lo cual recibió presiones, razón que le motivó a activar los recursos de impugnación en sede administrativa, quedando pendiente de resolución el Recurso Jerárquico interpuesto, no obstante de haber procurado trasladarse de Aiquile el 13 de julio de ese año, cometido que no fue cumplido debido a que en el recorrido a su destino sufrió de pérdida de conocimiento derivando en que sea atendida en el Centro Médico “Señor de Mayo”, situación que fue comunicada al SEDES el 15 del mismo mes acompañando la correspondiente baja médica que posteriormente fue otorgada también por el 29 y 30 de igual mes y año, justificaciones que no lograron revertir el Memorándum de transferencia.

 

Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley, se concluye lo siguiente:

 

La Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, pronunciada por el Director Técnico del SEDES de Cochabamba determinó revocar el Memorándum 19407 de 3 de marzo de 2011, determinando y autorizando su traslado al Hospital Viedma de Cochabamba por los motivos de salud que hacen a la presente acción de amparo constitucional, estableciéndose que para la continuación de su traslado para la gestión 2012, debía someterse a otros exámenes médicos a fines de noviembre de 2011, debiendo además cumplir con la obligación de informar al SEDES de cualquier cambio que aconteciese en su situación de salud.

 

Dando cumplimiento a la condición inserta en la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, la ahora demandante presentó solicitud a dicho efecto a la unidad de Servicios Médicos del SEDES Cochabamba el 17 de noviembre de 2011, misma que fue reiterada el 30 del mismo mes y año a través de la presentación de certificados médicos que a su criterio acreditaban su delicado estado de salud, requiriendo se determine su permanencia en su lugar de trabajo, pedido que fue repetido a través de carta de 12 de noviembre de 2012; sin embargo, no existe constancia alguna de actuados administrativos por parte del SEDES para efectivizar los controles médicos destinados a determinar la condición de salud de la ahora accionante.

 

El 3 de abril de 2013, la ahora demandante requirió de José Domingo Claros Fernández, ordene se le practiquen los exámenes médicos para acreditar su estado de salud; sin embargo, fue emitido el Memorándum 24159 de 16 del mismo mes y año, en el que la autoridad demandada determinó la transferencia de la accionante Sonia Isidora Encinas Lamas de Mercado a la Red de Salud de Aiquile, situación ratificada mediante Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013, motivo por el cual el 19 de abril de la misma gestión, presentó Recurso de Revocatoria contra el Memorándum 24159 de 16 de abril del mismo año, recurso que dio lugar a la emisión del Auto de 19 de julio de ese año, en el que José Domingo Claros Fernández determino “ no se concede” (sic) la petición efectuada por la ahora demandante, instruyendo el cumplimiento del Memorándum impugnado sin considerar las advertencias expresadas por la ahora demandante respecto a su grave estado de salud, tanto es así que cursan certificaciones de 24 de julio de 2013 del Sindicato “15 de Octubre Tiraque y de la empresa TransCotoca Cochabamba” en las que se detalla el evento relacionado al desvanecimiento de Sonia Encinas Lamas de Mercado, quien en el recorrido de Cochabamba hacia la ciudad de Aiquile requirió de asistencia médica.

 

 

Si bien, el 29 de julio de 2013, la accionante interpuso Recurso Jerárquico, solicitando la revocatoria del Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013, mismo que no fue resuelto hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional, la situación amerita la concesión de la tutela inmediata de la tutela, por cuanto las afirmaciones de Sonia Encinas Lamas de Mercado respecto a que su salud y su propia vida se halla en riesgo no fueron refutadas por la autoridad demandada, siendo intrascendente el hecho que el año 2011 y 2012 no se hubiesen efectuados los exámenes médicos de respaldo para consolidar el traspaso al Hospital Viedma por cuanto no es atribuible a la demandante, debido a que en tres ocasiones solicitó a la unidad de Servicios Médicos del SEDES Cochabamba la realización de los referidos controles médicos.

 

Del análisis de lo ocurrido, se advierte que en efecto, existió una lesión a los derechos a la vida y a la salud de la accionante, resultando claro que la autoridad demandada, ignoró la delicada situación de la ahora demandante, debiendo, en atención a los argumentos expuestos en la presente resolución reconsiderar los memorándums de transferencia, tomando siempre en cuenta la protección que brinda el Estado a la vida y a la salud, más allá de contar con las facultades y atribuciones de disponer el desplazamiento de sus dependientes.

 

De todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela aunque con otros argumentos, evaluó de manera completa los datos del proceso y las normas aplicables al mismo, debido a que se constata la lesión de los derechos invocados por la accionante, no obstante que los efectos serán modulados en la parte resolutiva.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

 

1°CONFIRMAR la Resolución 010/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 194 a 200, pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia

 

2°CONCEDER tutela respecto a los derechos a la vida y a la salud invocados por la accionante hasta que se practiquen los exámenes médicos que correspondan y que permitan concluir de manera veráz y efectiva en relación a su estado de salud para posteriormente determinar lo que en derecho corresponda, a través del jerárquico.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

 


 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2014

Sucre, 10 de enero 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

Expediente:04550-2013-10-AAC

Departamento:La Paz

 

En revisión la Resolución 52/13 de 9 de agosto de 2013, cursante de fs. 284 a 287 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Ramos Rocabado contra Alberto Jorge Aracena Martínez, Alberto Jacobo ArmalyRasguido, Rigoberto Sánchez Villanueva, Gino Antonio Catacora Belmonte y WálterJonnyVillarpando Moya; Comandante General de la Policía Boliviana y miembros de la Comisión Interinstitucional de Revisión del Proyecto de Orden General de Ascensos, gestión 2013, respectivamente.

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memorial presentado el 25 de julio de 2013, cursante de fs. 122 a 140 vta., subsanando el 1 de agosto del mismo año (fs. 144 a 149), el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

 

I.1.1.Hechos que motivan la acción

 

En la gestión 2011, solicitó ser convocado al Curso Comando y Alta Dirección para la gestión académica 2012, por la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, petición que fue desestimada bajo el argumento que aún no contaba con la antigüedad requerida en el grado, sin tomar en cuenta que su persona tenía el derecho a este beneficio por haber concluido sus estudios universitarios y contaba con título profesional en trámite, el que le beneficiaba para acumular por una sola vez, dos años de antigüedad a los efectos de ascenso, de acuerdo a lo estipulado por el art. 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, norma concordante con el art. 32 inc. a) del Reglamento de Personal; que además impone que el trámite de reconocimiento de esta antigüedad deberá ser efectuado en el plazo improrrogable de treinta días a partir de la fecha de obtención del título; término que transcurrido impide el reconocimiento del beneficio.

 

Luego, el 6 de febrero de 2012, cuando prestaba sus servicios en el departamento de Santa Cruz, solicitó de manera oficial constituirse en La Paz, para presentarse ante la Comisión de Apelación a la Convocatoria a Cursos de Post Grado, con sede en el Comando General de la Policía, al haberse desestimado su solicitud de convocatoria; sin embargo, por circunstancias ajenas a su voluntad, debido a conflictos sociales ocurridos en Yapacani - Ichilo, se vio impedido de constituirse en dicha instancia superior y en cuanto pudo hacerlo, recibió como respuesta que su tiempo había pasado.

 

Ante dicha situación, solicitó ser puesto a disposición del Comando General de la Policía para que pueda exponer ante las autoridades policiales, los motivos que justificaban su convocatoria al precitado Curso; petición que fue concedida. Posteriormente, el 1 de marzo de 2012 cuando aún se encontraba en trámite su título en provisión nacional como abogado y estando a disposición del Comando General de la Policía, pudo evidenciar que algunos de sus compañeros de promoción fueron convocados al Curso, por la administración policial, de manera condicional, siendo admitidos en el sistema universitario policial; situación que lo motivó a apersonarse ante el Comando General de la Policía Boliviana y mediante memorial solicitó un trato similar.

 

Luego de un profundo análisis de su petición, el entonces Comandante General de la Policía Boliviana emitió el memorándum 1112/2012 de 27 de marzo, por el cual, se lo declaró en comisión estudios e incorporó al Curso Comando y Alta Dirección, debiendo presentarse en el término establecido por el Reglamento. Disposición refrendada el 23 de abril del mismo año mediante la emisión de la Resolución Administrativa (RA) 135/12, suscrita por la misma autoridad. En la cual, conforme comprendió, estaba condicionada a la presentación de su título en provisión nacional, una vez el mismo sea validado por el Ministerio de Educación.

 

El 14 de mayo de 2012, recibió su título profesional de abogado, el mismo que mediante memorial de 13 de junio siguiente, lo presentó solicitando su reconocimiento a efectos de su ascenso para la gestión que transcurría; luego, durante el segundo semestre de la gestión académica 2012, estando ya vencidos los módulos programados en la currícula, se apersonó ante el Comando General, donde le indicaron que su solicitud estaba con informe de Asesoría en Despacho. En diciembre de 2012, días previos a su egreso del Curso Comando y Alta Dirección en la Gestión Académica 2012, se produjo cambio de mando de las altas autoridades en la Policía Boliviana, habiéndose quedado sin resolver su solicitud. Posteriormente, después de haber vencido los diez módulos del Curso, ocupando el sexto lugar de aprovechamiento, el 6 de diciembre de, se llevó a cabo su egreso en la Academia Nacional de Policías (ANAPOL).

 

En la segunda quincena de ese mismo mes y año, al haber concluido su comisión estudios, por instrucciones del Comando General, quedó sin destino y a disposición de dicha instancia, pues al igual que todos los cursantes, aguardó la disposición para el retorno a sus lugares de origen, firmando el libro de asistencia del Departamento Movimiento de Personal del Comando General, hasta enero de 2013, cuando el Director Nacional de Personal le hizo conocer verbalmente que habían ciertas cosas que no estaban en orden respecto a los datos de algunos egresados y que por ello se atrasaba la publicación de la Orden General de Ascensos gestión 2013, entre los que se encontraba su caso.

 

Ante tal situación, explicó de manera detallada al Director Nacional todo lo sucedido, por lo cual, dicha autoridad le instruyó que presente nuevamente su título de abogado para subsanar la falla; por lo que, asumiendo que era de buena fe, para evitar mayores dilaciones, el 23 de enero de 2013, presentó nuevamente su solicitud que en los puntos 6 y 7, a sugerencia de la precitado Director, afirmó que por razones ajenas a su voluntad, los engorrosos trámites burocráticos, sumados a eso, los servicios programados que incluía viajes al interior del país, imposibilitó la presentación del título académico.

 

El 1 de febrero de 2013, se publicó la Orden General de Ascensos de la Policía Boliviana 01/2013, de la cual fue excluido sin justificativo legal. Irregularidad que se inició por la omisión en la emisión de la resolución administrativa de acumulación de dos años de antigüedad para su ascenso, dentro del plazo de seis meses establecido en el art. 17.I, II, III y IV de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), lo que le ocasionó un grave perjuicio en su ascenso al grado inmediato superior (Coronel), para la gestión 2013, normativa supletoria dado que la Policía Boliviana no cuenta con reglamentación que establezca plazos y términos.

 

Ante tales hechos, el 4 de febrero de 2013, por conducto regular, solicitó que le se hagan conocer los motivos por los que su persona fue excluida de la orden general de ascensos al grado de Coronel, pero no obtuvo respuesta. Silencio que motivó que el 5 del citado mes y año, mediante orden judicial, exigiera una respuesta al Comando General de la Policía Boliviana; y ante el incumplimiento, la autoridad jurisdiccional, el 19 del mismo mes y año, emitió una conminatoria al Comandante General de la Policía, para que emita respuesta dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, el cual fue respondido veinte días después (12 de marzo) por la mencionada autoridad, apoyando su contenido en un informe de la Comisión Interinstitucional de Revisión del Proyecto de la Orden General de Ascensos gestión 2013. Documentos en los que se consignaron datos falsos sobre su persona, tal como en la nota de respuesta; concluyendo que no era sujeto de convocatoria y ascenso porque no reunía el puntaje y antigüedad requeridos de acuerdo al Reglamento, por lo tanto, pese a haber aprobado el Curso, no cumplía con los requisitos para el ascenso al grado inmediato superior; más nunca fue notificado con ninguna respuesta.

 

En lo referente a que no cumple los requisitos, es un aspecto atribuible a la administración policial, pues su puntaje del Curso sobrepasó los 2459 puntos; y su antigüedad no alcanzó a lo requerido, debido a la falta de reconocimiento de sus años, en virtud a su título en provisión nacional. Por lo que, el 7 de mayo de 2013, presentó por cuarta vez su solicitud, haciendo mención a otro caso que se encontraba en similar situación que la suya, en la que reconocieron los dos años de antigüedad para efectos del ascenso, lo que demuestra la desigualdad de trato.

 

Posteriormente, en tres oportunidades, Alberto Jorge Aracena Martínez lo convocó a su despacho para tocar el tema de su ascenso, pero sólo sirvió para dilatar la solución al problema, incluso en la última oportunidad estuvieron presentes el Director Nacional de Personal, el Jefe del Departamento de Escalafón de Personal, tres asesores de esa misma Dirección y el Asesor Jurídico Personal del Comandante General de la Policía Boliviana, reunión en la que se le impidió ejercer su derecho a la defensa.

 

No obstante lo señalado, como resultado de la conminatoria emitida por la autoridad jurisdiccional, el Comandante General de la Policía, ordenó que se le inicie un proceso administrativo disciplinario, el que se encuentra radicado en la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna, basado en las conclusiones y sugerencias contenidas en el informe de la Comisión Interinstitucional.

 

Después de su egreso del Curso, desde el 14 de diciembre de 2012, quedó a disposición del Comando General, sin cargo ni destino, firmando el libro de asistencia del Departamento de Movimiento de Personal hasta el 16 de mayo de 2013, que lo destinaron al Comando Departamental de La Paz, perjudicándole nuevamente, dado que no tiene ningún puntaje para la calificación y por lo tanto, percibe un sueldo sin ejercer trabajo alguno en beneficio de la colectividad.

 

El 10 de julio de 2013, luego de su vacación, le entregaron el memorándum 4887/13 de 20 de junio del citado año, ordenando su cambio de destino al Comando Departamental de Santa Cruz, en abuso de poder, puesto que tiene un proceso en su contra iniciado en La Paz, y además porque inició una querella como servidor público contra Alberto Jorge Aracena Martínez y otros jefes policiales.

 

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante señala como lesionados sus derechos a la promoción de grado (ascenso), al debido proceso, petición, dignidad humana y defensa; y a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, citando al efecto los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3.Petitorio

 

Solicita que se conceda la acción, y se ordene a la administración policial: a) Emitir Resolución Administrativa disponiendo su ascenso al grado de Coronel de la Policía Boliviana y sea retroactivo a efectos del cómputo de su antigüedad y puntaje; b) En lo concerniente a sus haberes, la consignación de los montos respectivos desde enero del presente año a la fecha; y, c) Condenación de costas, daños y perjuicios por existir responsabilidad funcionaria.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 9 de agosto de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 272 a 283 vta., en presencia del accionante y de los representantes legales de las autoridades demandadas, y en ausencia del representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1.Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó los argumentos del memorial de demanda y en respuesta a lo cuestionado por el Tribunal de garantías, señaló que el memorial presentado el 13 de junio de 2012, por el que solicitó reconocimiento de su título de abogado a efectos de permitir su asenso no ha sido respondido, es más, no consta su registro en el sistema ni en los libros de registro.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

 

El representante legal del Comandante General de la Policía Boliviana, Alberto Jorge Aracena Martínez, en informe oral, explicó lo siguiente: 1) El ahora accionante no cumple con los requisitos que exige el Comando General para ostentar el grado inmediato superior; 2) El memorándum que emitió el entonces Comandante General es contrario a las normas; 3) El Curso se inició en febrero de 2012 y el solicitante se incorporó recién a mediados de abril; 4) A mediados de diciembre, se hizo cargo el Comandante actual Alberto Jorge Aracena Martínez, quien observando tales irregularidades, conformó una Comisión para la verificación del cumplimiento de requisitos para el Curso de Especialización de Post Grado; 5) Esta Comisión realizó una revisión minuciosa de todo el personal y concluyó en que se debe remitir a los observados a la Inspectoría, entre los que se encuentra, Juan Carlos Ramos Rocabado; y, 6) Existe el privilegio del reconocimiento de los dos años, previa condicionante de presentar el título en provisión nacional dentro de los treinta días a partir de su extensión, pero a la fecha, no se evidencia que se hubiera presentado, por ende no existe petición y menos resolución que acredite dicho extremo.

 

Respondiendo a la pregunta del Tribunal de garantías, agregó que en ningún momento se dejó sin efecto el memorándum supuestamente ilegal, al contrario, se reconoció que el accionante realizó el curso de post grado, lo que se hace constar, es que el mismo no cumplió con la antigüedad requerida, y asistió al curso de manera irregular.

 

La representante legal de Walter JonnyVillarpando Moya, miembro de la Comisión Interinstitucional de Revisión del Proyecto de Orden General de Ascensos, gestión 2013, presente en audiencia señaló lo siguiente: i) Entre los requisitos que se exigen para el ascenso al grado de Coronel, se encuentra la antigüedad de cuatro años como Teniente Coronel; ii) Cuando se convocó al ahora accionante, éste contaba con un año y once meses en el precitado grado, toda vez que su último ascenso data de 1 de enero de 2010; iii) Si bien existe en la normativa policial la posibilidad de que puedan acumular dos años de antigüedad, conforme al art. 86 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana (LOPB) y el art. 32 inc. a) del Reglamento de Personal, el mismo que debe ser tramitado después de obtener el título profesional académico universitario de alguna carrera en el plazo de treinta días; sin embargo, tal como menciona el interesado, obtuvo su título en provisión nacional de abogado en mayo de 2012, y solicitó la acumulación de dos años de antigüedad conforme a ese título, el 13 de junio del citado año. Sin embargo, tal como la Comisión informó, revisado el file personal del ahora accionante, no existe tal trámite, y a la fecha cuenta con tres años y siete meses; es decir, tampoco cumple con la antigüedad en el cargo; iv) Respecto del derecho de petición, no es evidente su vulneración, pues se emitieron en su oportunidad informes técnicos legales y oficios para cada una de las solicitudes que nunca fueron recogidas por el interesado, no obstante que en sus memoriales señaló su domicilio en Secretaría de Despacho; v) Con relación al derecho a la igualdad, no manifiesta de manera clara en qué sentido se hubiera vulnerado el mismo; vi) Las personas que no estén en la Convocatoria de cursos de post grado tienen derecho a apelar hasta el 3 de febrero de ese año, y se puede evidenciar que el ahora accionante presentó su impugnación de manera extemporánea; pese a lo cual, mediante el memorándum 1112/2012 y Resolución 0135/2012 se lo convocó de manera irregular a este Curso de Comando y Alta Dirección y evidentemente concluyó el 6 de diciembre de 2012, situación que llevó al Comandante General a conformar la Comisión de Revisión, conforme al memorándum 629/2013 de 17 de mayo, la cual concluyó con la observación de diez funcionarios que fueron convocados irregularmente; vii) El accionante y otros dos funcionarios, iniciaron una acción penal por incumplimiento de deberes, el 6 de marzo de 2013, en tal sentido, debe denegarse la tutela por subsidiariedad; viii) Existe una Resolución Suprema (RS) 221631 de 7 de abril de 2013, en la cual se establece que para ascender al grado de Coronel, debe tener una antigüedad de cinco años; sin embargo, el ahora accionante presentó una solicitud de licencia indefinida, otorgada mediante Resolución 042/96, extremo que lo retrasa un año, por lo tanto, su egreso de la ANAPOL de la promoción 85 pasa a ser gestión 86; lo que significa que su asistencia al Curso de Alto Comando de Alta Dirección debe materializarse el 2013; y, ix) No se presentó prueba alguna que respalde que el Comando General dio un trato distinto a dos casos iguales.

 

Más adelante, en respuesta al cuestionamiento del Presidente del Tribunal de garantías, añadió que los memoriales de 1 de marzo de 2013, 13 de junio de 2012, 7 de mayo y 25 de marzo de 2013, reiterados, el 31 de mayo y 18 de junio del mismo año, ambos de 2013, presentados por el accionante, merecieron respuestas, mediante informes jurídicos y oficios, incluso en uno de ellos, consta la firma y rúbrica de recepción del interesado. Pues, como no señaló su domicilio procesal ni real en su memorial de 8 de marzo de 2013, se le diligenció en Secretaría.

 

Rigoberto Sánchez Villanueva, mediante su abogado, señaló: a) La Orden General de Destinos se emitió el 1 de enero de 2013 y la conformación de la Comisión de la que funge como Presidente, se realizó al siguiente día; cuyo informe se elevó el 7 del mismo mes y año; por lo tanto, los miembros de esta Comisión, no cuentan con legitimación para ser demandados; y, b) Tampoco se demandó contra las autoridades suscribientes de la Orden General de Ascensos 01/2013.

 

El representante legal de Gino Antonio Catacora Belmonte, a nombre de su mandante: 1) Se adhirió a la fundamentación del Comandante General; 2) Estima no contar con legitimación pasiva, dado que si bien formó parte de la Comisión revisora, la misma “…es parte de las atribuciones que tiene el Comandante de conformar diferentes niveles de asesoramiento, lo que pueden ser tomados en cuenta o no por la Máxima Autoridad Ejecutiva…” (sic), por tanto, no tiene obligación de responder a supuestas vulneraciones y transgresiones denunciadas. Por lo señalado, pide la denegatoria de la acción; y, 3) Aun cuando se hubiera reconocido el título en provisión nacional de Juan Carlos Ramos Rocabado, habría alcanzado la antigüedad mínima para ascender al grado inmediato superior. A la fecha cuenta con tres años y siete meses, por lo tanto, con dicho reconocimiento contaría con cinco años y siete meses; empero, todos los miembros de la Institución, incluida mi persona, cumplimos seis años y al 1 de enero de 2014, recién les correspondería ascender, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos establecidos para el efecto.

 

I.2.3. Intervención del tercero interesado

No existen terceros interesados.

I.2.4. Resolución

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 52/13 de 9 de agosto de 2013, cursante de fs. 284 a 287 vta., concedió en parte la tutela solicitada, sólo contra Alberto Jorge Aracena Martínez, disponiendo que dicha autoridad responda en el plazo máximo de setenta y dos horas a los escritos presentados por el accionante; y denegó contra los demás demandados, por no haberse demostrado en forma objetiva que los mismos hubieran vulnerado el derecho de petición y el debido proceso; bajo los siguientes argumentos: i) No se atendieron las solicitudes del actor en tiempo oportuno; ii) Ninguno de los memoriales presentados por el accionante están dirigidos a las demás autoridades demandadas, por tanto, no tenían obligación de responder a los mismos, y por ende, los argumentos del derecho de petición no son valederos contra éstas; iii) La certificación emitida por el Comandante General de la Policía dirigido al Juez Segundo de Instrucción en lo Civil de El Alto, no constituye un acto administrativo y menos responde al contenido de las peticiones contenidas en los memoriales; y, iv) En cuanto al fondo de lo solicitado, su pronunciamiento le corresponde al Comandante General y no al Tribunal de garantías.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determinó la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

 

II. CONCLUSIONES

 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

 

II.1. El 2 de marzo de 2012, la Universidad Nur de Santa Cruz, emitió el Diploma Académico que acredita a Juan Carlos Ramos Rocabado como Licenciado en Derecho (fs. 56).

 

II.2.Por memorándum 1112/2012 de 27 de marzo, el Comandante General de la Policía Boliviana, Jorge Renato SantiestebanClaure, declaró al accionante en comisión estudios y lo incorporó al Curso Comando y Alta Dirección dependiente de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza (fs. 57). Determinación ratificada mediante RA 0135/12 de 23 de abril de 2012, pronunciada por la misma autoridad (fs. 4 y 58).

 

II.3.El 25 de abril de 2012, Juan Carlos Ramos Rocabado obtuvo su Título en provisión nacional de Abogado (fs. 55). Legalizado por el Ministerio de Educación, el 14 de mayo del mismo año (fs. 55 vta.).

 

II.4.Por Resolución Administrativa del Consejo Académico de la Escuela Superior de Policías 017/2012 de 23 de mayo, se resolvió entre otras cosas, habilitar excepcionalmente a Juan Carlos Ramos Rocabado, al Primer Semestre de la gestión 2012, del Curso Comando y Alta Dirección de la Policía Boliviana (fs. 59 a 61).

 

II.5.En memorial presentado el 13 de junio de 2012, ante el Comandante General de la Policía Boliviana, Juan Carlos Ramos Rocabado solicitó reconocimiento de su título de abogado a efectos de su ascenso al grado inmediato superior, adjuntando una copia legalizada del mismo (fs. 37 a 45).

 

II.6.Del Certificado emitido por la Escuela Superior de Policías de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, se evidencia que Juan Carlos Ramos Rocabado egresó del Diplomado “Comando y Alta Dirección”, el 6 de diciembre de 2012 (fs. 6), con un puntaje final de 2459.5 (fs. 15).

 

II.7.De la Orden General de Ascensos de la Policía Boliviana 01/2013 de 1 de enero, se constata que Juan Carlos Ramos Rocabado, no se encuentra consignado en el mismo (fs. 64 a 69).

 

II.8. Del informe de 7 de enero de 2013, elaborado por la Comisión Revisora del Proyecto de Orden General de Ascensos - gestión 2013, es posible evidenciar que el ahora accionante se encuentra dentro de la nómina de observados, por no cursar su trámite de reconocimiento de dos años de antigüedad; y haber sido irregularmente declarado en Comisión de Estudios e incorporado al Curso Comando y Alta Dirección (fs. 75 a 86). Notificado al interesado personalmente, el 29 de mayo del precitado año (fs. 88).

 

II.9.Por memorial presentado el 23 de enero de 2013, ante el Comandante General de la Policía Boliviana, Juan Carlos Ramos Rocabado, señaló que por “…razones ajenas a mi voluntad, los engorrosos trámites burocráticos sumados a esto los servicios programados que incluía viajes al interior del país, imposibilitó la presentación del (…) Título Académico” (sic), solicitando que se lo admita y se cumpla con la previsión normativa referida al cómputo de la antigüedad (fs. 46 a 54).

 

II.10.Por proveído de 4 de febrero de 2013, el Juez Segundo de Instrucción en lo Civil y Comercial de El Alto del departamento de La Paz, a petición expresa del interesado, solicitó al Comando General de la Policía que certifique (fs. 91) sobre los puntos señalados en el memorial presentado por el accionante (fs. 92 y vta.).

 

II.11.Por decreto de 20 de febrero de 2013, emitido por la misma autoridad jurisdiccional, se conminó al Comando de la Policía, que emita respuesta a la orden recepcionada el 5 de febrero del citado mes y año (fs. 93). Lo que se cumplió mediante nota de 12 de marzo del mismo año (fs. 70 a 73).

 

II.12.Mediante memorial presentado el 1 de marzo de 2013, ante el Ministerio Público, Juan Carlos Ramos Rocabado y otros, iniciaron un proceso penal contra Alberto Jorge Aracena Martínez, Comandante General, Walter JonnyVillarpado Moya, Director Nacional de Personal, ambos de la Policía Boliviana, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes (fs. 203 a 208).

 

II.13.El 25 de marzo de 2013, el accionante solicitó al Comandante General de la Policía Boliviana, una copia legalizada de la RA 0135/12 de 23 de abril de 2012 (fs. 102). No consta respuesta

 

II.14.A través del memorial presentado el 27 de marzo de 2013, ante el Comandante General de la Policía Boliviana, el precitado, solicitó que se considere su ascenso a grado de Coronel y se emita la correspondiente Resolución (fs. 95 a 97 vta.).

 

II.15.Por memorándum 0974/2013 de 6 de mayo, el Comandante General de la Policía Boliviana a.i., Alberto Jorge Aracena Martínez destinó a Juan Carlos Ramos Rocabado, a prestar servicios en el Comando Departamental de Policía de La Paz (fs. 7).

 

II.16.Mediante memorial presentado el 7 de mayo de 2013, ante el Comandante General de la Policía Boliviana, Juan Carlos Ramos Rocabado reiteró la presentación de documentación y solicitó el cumplimiento a la RA 221/2006 (fs. 62 a 63), el que mereció hoja de trámite 13910 de 12 de junio del mismo mes, dando lugar al informe 997/2013 de 24 del mismo, emitido por la Asesora Legal de la Dirección Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana, el cual señala que el solicitante cuenta con una antigüedad de tres años y cinco meses; y que no cursa ninguna documentación a la que se hubiere adjuntado el Título en Provisión Nacional como tampoco Resolución Administrativa de Reconocimiento de dos años, en mérito a los arts. 86 de la LOPN y 32 del Reglamento de Personal; por lo tanto, no cumplió con la antigüedad en el grado ni el puntaje mínimo exigido (fs. 176 a 178).

 

II.17.Por memorándum 4887/13 de 20 de junio 2013, el Comandante Departamental de la Policía a.i. de La Paz, comunicó a Juan Carlos Ramos Rocabado, que fue destinado a prestar sus servicios al Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz (fs. 100).

 

II.18.El 31 de mayo de 2013, Juan Carlos Ramos Rocabado pidió que se le otorguen resoluciones y condecoraciones a los diez años, veinte años y veinticinco años, respectivamente (fs. 103). No consta decreto alguno.

 

II.19.El 18 de junio de 2013, el accionante solicitó a la máxima autoridad del Comando, fotocopias legalizadas del Informe 0193/2013 de 5 de marzo, remitido por María Luisa Rojas Quispe, Asesora Legal de la Dirección Nacional de Personal al Director Nacional de Personal, ambos del Comando General de la Policía Boliviana, con relación a su caso (fs. 106). No consta respuesta.

 

II.20.En la misma fecha, requirió fotocopias legalizadas de las Resoluciones Administrativas (RR AA)0680/07 de 31 de agosto de 2007, 021/12 de 26 de enero de 2012, de la Comisión de Apelación a la convocatoria a Cursos de Post Grado de la Universidad Policial 002/2012 de 7 de febrero, informe sin número de 7 de enero de 2013 elaborado por la Comisión Interinstitucional de Revisión del Proyecto de la Orden General de Ascensos gestión 2013, y del oficio 992/13 de 12 de marzo de 2013 de Secretaría General del Comando General de la Policía Boliviana (fs. 104 a 105). No respondido ni decretado.

 

II.21.Mediante memorándum 041/2013 de 9 de julio, el Comandante de la Estación Policial Integral de San Pedro, por instrucciones superiores convocó a varios funcionarios, entre ellos, al ahora accionante a presentarse en La Paz el 10 de julio de 2013, en el Despacho del Comandante General de la Policía Boliviana (fs. 101).

 

II.22.Por memorándum 5677/13 de 1 de agosto de 2013, el Comando Departamental de la Policía de La Paz, destinó y designó a Juan Carlos Ramos Rocabado, como Subcomandante de la Estación Policial Integral de “Cotahuma” (fs. 161).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega que las autoridades demandadas lesionaron sus derechos a la promoción de grado (ascenso), al debido proceso, petición, dignidad humana y defensa; y a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, dado que no obstante haber cumplido con los requisitos para ascender al grado de Coronel, y egresado del Curso de Comando y Alta Distinción, al que fue convocado bajo la condición que presente su título en provisión nacional para alcanzar el mínimo de antigüedad requerido; posteriormente, pese a haber cumplido con la exigencia y culminado el Curso de manera satisfactoria; lo excluyeron del Orden General de Ascensos, gestión 2013, con el argumento que no cuenta con la antigüedad mínima, tampoco cursa en el Comando General ninguna documentación a la que se hubiere adjuntado el título en provisión nacional, y no existe resolución administrativa de reconocimiento de dos años, en mérito a los arts. 86 de la LOPN y 32 del Reglamento de Personal.

 

En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales del accionante, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.La acción de amparo constitucional y principios que la rigen

El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los “actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

 

Dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la subsidiariedad y la inmediatez, al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que esta acción: “…se interpondrá (…), siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. En virtud al primero de los citados, corresponde a los accionantes, agotar todos los recursos de impugnación idóneos que la ley les otorga para el reclamo de sus derechos y garantías que consideren vulnerados; y de persistirse en su lesión, recién podrán solicitar la tutela constitucional, cuidando, en virtud al segundo principio de los citados, que sea activada dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión judicial o administrativa que se considere lesiva de los derechos y garantías alegados, en cumplimiento a lo preceptuado por el art. 129.I y II de la Norma Suprema, que impele a las partes al cumplimiento de ambos principios previa interposición de este mecanismo de defensa preventivo y reparador, norma concordante con los arts. 54 y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

 

Sobre el principio de subsidiariedad, la SC 0150/2010-R de 17 de mayo, señaló lo siguiente: “… el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron la vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia”.

 

La SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez afirmó que: “…el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto, vale decir, que el recurso no podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses esté superabundantemente vencido o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se acudió previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión al derecho fundamental”. Plazo de caducidad que como se demostró precedentemente se instituyó expresamente por nuestra Ley Fundamental, dado que: “…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos” (SC 1157/2003-R de 15 de agosto).

 

III.2.       Causales de activación de la presente acción

Previo a ingresar al estudio de fondo de la problemática planteada, es necesario analizar si el accionante, a tiempo de activar la presente acción, superó los principios que la rigen, dado que las autoridades demandadas, aluden que Juan Carlos Ramos Rocabado no hubiera agotado los medios de impugnación idóneos, de un lado, al haber planteado apelación contra la exclusión a la Convocatoria al Curso Comando y Alta Dirección, de manera extemporánea; y de otro, por encontrarse en trámite un proceso penal iniciado por su parte y otros contra Alberto Jorge Aracena Martínez, Comandante General; y, Walter JonnyVillarpado Moya, Director Nacional de Personal, ambos de la Policía Boliviana, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes.

 

Sobre el primer aspecto, se tiene que el actor expresa que cuando desempeñaba sus funciones como Teniente Coronel, solicitó ser convocado al Curso Comando y Alta Dirección para la gestión académica 2012, de la Universidad Policial Antonio José de Sucre; petición que de inicio le fue desestimada bajo el argumento que no reunía la antigüedad mínima requerida en el grado que ostentaba en ese momento, sin tomar en cuenta que contaba con título profesional en trámite, extremo que le habilitada para asistir al precitado Curso, de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 86 de la LOPN, que disponen que el personal de la Policía Nacional que obtenga título profesional universitario a nivel superior en provisión nacional, tendrá derecho a acumular por una sola vez, dos años de antigüedad en su grado, a los efectos del ascenso. Norma concordante con el mandato contenido en el art. 32 inc. a) del Reglamento de Personal de la Policía Nacional, que además de reiterar lo señalado, agrega que el trámite de reconocimiento de esta antigüedad deberá ser efectuado en el plazo improrrogable de treinta días, desde la fecha de obtención de su título. Transcurrido este plazo, no se reconocerá el beneficio.

 

En virtud a lo señalado, posteriormente solicitó ser puesto a disposición del Comando General de la Policía para poder exponer sus motivos. Así en marzo de 2012, cuando aún se encontraba en trámite su título, se enteró que otros funcionarios policiales en similar situación, fueron admitidos en el Curso de Post Grado de manera condicional, hasta que regularicen la presentación de su título; extremo que le motivó a solicitar un trato igualitario; obteniendo finalmente una respuesta satisfactoria a través del memorándum 1112/2012, mediante el cual, el entonces Comandante General de la Policía Boliviana, Jorge Renato SantiestebanClaure, lo declaró en comisión estudios y lo incorporó al Curso Comando y Alta Dirección para la gestión 2012, dependiente de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza. Determinación refrendada mediante RA 0135/12 de 23 de abril, pronunciada por la misma autoridad; y, 017/2012 de 23 de mayo emitida por el Consejo Académico de la Escuela Superior de Policías, habilitándolo excepcionalmente para cursar el post grado.

 

De lo señalado es posible evidenciar que el ahora accionante fue Convocado oficialmente y mediante conducto regular para asistir al Curso Comando y Alta Distinción de la Gestión Académica 2012, adquiriendo a partir de ese momento, un derecho subjetivo consolidado; en virtud a actos administrativos emitidos en su favor, que gozan de estabilidad y firmeza en sede administrativa; por tanto, se presumen legales y legítimos. Por ende, no es lógico luego pretender exigir que éste hubiera apelado de la exclusión de la Convocatoria al Curso, porque ello no ocurrió, al contrario fue legalmente llamado a cursar el post grado. Extremo que no puede ser confundido con el hecho de que la supuesta falta de presentación de su título lo hubiera inhabilitado por no cumplir con la condición impuesta; y que por ese motivo se supondría tácitamente también el rechazo a la Convocatoria, pues, como se demostró en antecedentes, dicho extremo no es evidente; la Convocatoria fue evidentemente materializada.

 

Consiguientemente, el memorial presentado por su parte el 23 de enero de 2013, a través del cual, interpone apelación ante el Comandante General de la Policía Boliviana, impugnando su exclusión de la Convocatoria al Curso de Post Grado de la gestión 2012, resulta irrelevante; y de ninguna manera puede considerarse como óbice para afirmar que no se agotaron la vías de impugnación, por cuanto, como se explicó, el mismo es innecesario e inidóneo; habida cuenta que la Convocatoria fue cumplida en su favor en tiempo oportuno; claro está que bajo una condición, como es la presentación de su título en provisión nacional emitido por el Ministerio de Educación, una vez el mismo sea extendido, a efectos del cómputo de su antigüedad en el grado.

 

El segundo de los aspectos a analizar respecto a la subsidiariedad es el proceso penal iniciado por su parte y otros contra Alberto Jorge Aracena Martínez, Comandante General; y, Walter JonnyVillarpando Moya, Director Nacional de Personal, ambos de la Policía Boliviana; por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes.

 

Al respecto, es importante destacar que el proceso penal tiene otros fines y objetivos, como es la persecución de los delitos y la imposición de sanciones, según corresponda; en cambio el ámbito constitucional protege entre otras cosas, el ejercicio pleno de derechos fundamentales y de las garantías constitucionales y en aquellos casos en los que se detecten vulneraciones persigue su reparación inmediata, como es el caso de análisis; en consecuencia, tampoco resulta viable exigir su agotamiento previo a acudir ante esta jurisdicción.

 

De lo descrito, se concluyo que en ninguno de los casos descritos precedentemente existe subsidiariedad, por las circunstancias explicadas.

 

En cuanto al principio de inmediatez, resulta que ante las constantes solicitudes de regularización de la situación de Juan Carlos Ramos Rocabado, el Comando General de la Policía Boliviana nunca dio respuesta positiva o negativa, manteniéndolo en incertidumbre, sino hasta el 29 de mayo de 2013, fecha en la cual, se lo notificó personalmente con el informe elaborado por la Comisión Revisora de la Orden General de Ascensos de la gestión 2013, cuando se enteró oficialmente que ante supuesta la falta de cumplimiento del requisito de antigüedad en el grado de Teniente Coronel, fue excluido de la Orden de Ascensos publicada el 1 de enero de ese mismo año. Documento que pese a no constituir un acto administrativo firme, al ser simplemente una opinión emitida por una Comisión creada para el efecto, sin embargo, es el último que se pronunció con relación al caso que se analiza, y por ese motivo se lo tomará como simple referencia. Por lo tanto, tomando en cuenta esa data, hasta la interposición de la presente acción, 25 de julio de 2013, han transcurrido sólo 2 meses y cuatro días, lo que significa que, al igual que la inmediatez, el accionante cumplió con el plazo de caducidad.

 

Determinado como está que el presente mecanismo de defensa ha superado ambos principios, corresponde a continuación ingresar al fondo de lo demandado, tarea que será desarrollada a continuación.

 

III.3.       El acto administrativo, sus caracteres y efectos

Sobre el acto administrativo, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, determinó lo siguiente: “Según el tratadista argentino Agustín Gordillo, acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales. Para AntoñoAbruna, constituye una declaración que proviene de una administración pública, produce efectos jurídicos y se dicta en ejercicio de una potestad administrativa.

 

En coherencia con la doctrina, el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), señala que: 'Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo'.

 

La jurisprudencia constitucional por su parte, entre otras, en la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, señaló que: 'Acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: 1) La estabilidad, en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas; 2) La impugnabilidad, pues el administrado puede reclamar y demandar se modifique o deje sin efecto un acto que considera lesivo a sus derechos e intereses; 3) La legitimidad, que es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente; 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano judicial; 6) La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones. De otro lado, la reforma o modificación de un acto administrativo consiste en la eliminación o ampliación de una parte de su contenido, por razones de legitimidad, de mérito, oportunidad o conveniencia, es decir, cuando es parcialmente contrario a la ley, o inoportuno o inconveniente a los intereses generales de la sociedad'.

En resumen, el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir un efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva frente a los administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; es impugnable en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva”.

En cuanto a los principios que rigen la actividad administrativa, resulta conveniente revisar algunos de éstos que rigen la actividad administrativa, sobre los cuales, en la SC 1464/2004-R de 13 de septiembre, se realizó un desarrollo, en los siguientes términos:

 

“III.1.1.                El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. Este principio está reconocido en el art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que señala: 'La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso'; esto implica, además, que los actos de la Administración pueden ser objeto de control judicial (vía contenciosa administrativa), como lo reconoce el art. 4 inc. i) de la LPA, al establecer que 'El Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables'.

 

Otro signo del principio de sometimiento de la administración al derecho está referido a que la administración no puede sustraerse del procedimiento preestablecido, sino que debe sujetar su actuación y el de las partes en su caso, a lo previsto en la norma que regula el caso en cuestión. Conforme a esto, la Ley de Procedimiento Administrativo en su art. 2 establece que: 'I La Administración Pública ajustará todas sus actuaciones a las disposiciones de la presente Ley'.

III.1.2. Principio de la jerarquía de los actos administrativos. Se deriva del principio de legalidad, y prescribe que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra norma de grado superior, principio que está recogido en el art. 4 inc h) de la LPA, cuando establece que: 'La actividad y actuación administrativa y, particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes'.

III.1.3.   Principio de los límites a la discrecionalidad. La discrecionalidad se da cuando el ordenamiento jurídico le otorga al funcionario un abanico de posibilidades, pudiendo optar por la que estime más adecuada. En los casos de ejercicio de poderes discrecionales, es la ley la que permite a la administración apreciar la oportunidad o conveniencia del acto según los intereses públicos, sin predeterminar la actuación precisa. De ahí que la potestad discrecional es más una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, según los intereses públicos, sin predeterminar cuál es la situación del hecho. Esta discrecionalidad se diferencia de la potestad reglada, en la que la Ley de manera imperativa establece la actuación que debe desplegar el agente.

Esta discrecionalidad tiene límites, pues siempre debe haber una adecuación a los fines de la norma y el acto debe ser proporcional a los hechos o causa que los originó, conformándose así, los principios de racionalidad, razonabilidad, justicia, equidad, igualdad, proporcionalidad y finalidad. La Ley del Procedimiento Administrativo, en el art. 4. inc. p), establece en forma expresa el principio de proporcionalidad, que señala que 'La Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento'.

III.1.4.   Principio de buena fe. Junto al principio de legalidad, singular importancia tiene el principio de buena fe, reconocido en el art. 4 inc. e) de la LPA, que establece que 'en la relación de los particulares con la Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo'. Este principio ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la SC 095/2001 de 21 de diciembre, señalando que '…es la confianza expresada a los actos y decisiones del Estado y el servidor público, así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades públicas. De manera que aplicado este principio a las relaciones entre las autoridades públicas y los particulares, exige que la actividad pública se realice en un clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen, según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanados de la propia administración, asimismo certeza respecto a las decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas'.

 

III.1.5.   Principio de presunción de legitimidad. Según este principio, las actuaciones de la Administración Pública se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario [art. 4 inc. g) de la LPA]). La presunción de legitimidad del acto administrativo, como la ha establecido la Sentencia antes aludida, '…se funda en la razonable suposición de que el acto responde y se ajusta a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumido el acto o dictada la resolución, es decir, cuenta con todos los elementos necesarios para producir efectos jurídicos, por lo que el acto administrativo es legítimo con relación a la Ley y válido con relación a las consecuencias que pueda producir. La doctrina enseña que el fundamento de la presunción de legitimidad radica en las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, que se manifiesta en el procedimiento que se debe seguir para la formación del acto administrativo, que debe observar las reglas del debido proceso, que comprende el derecho del particular de ser oído y en consecuencia exponer la razón de sus pretensiones y su defensa.

(…)

Lo señalado precedentemente, es aplicable también para los casos de revocatoria, modificación o sustitución de los actos administrativos propios que crean, reconoce o declaran un derecho subjetivo, ya que éstos sólo pueden ser revocados cuando se utilizaron oportunamente los recursos que franquea la ley, o cuando el acto beneficie al administrado”.

A los principios ya desarrollados, resulta necesario agregar el de continuidad administrativa, como técnica que impide la paralización de la actividad en el sector público y evita cualquier desfase que pudiera ocurrir en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, sólo por el hecho de haberse cambiado a las autoridades que forman parte de la administración. Entonces, no es concebible que se produzca un vacío por cambio o designación de nuevas autoridades, o que se pretendan anular actos administrativos que ya adquirieron firmeza y crearon derechos subjetivos en los administrados.

Dicho de otro modo, el principio de continuidad administrativa está referido al órgano y al ejercicio de sus competencias, no así al titular del cargo, o sea al funcionario público que transitoriamente ejerce dicha prerrogativa. La continuidad se predica respecto a la administración como actividad en sentido que el ejercicio de sus actividades; y en especial de las competencias asignadas por ley, es obligatorio, y por lo tanto, no puede ser interrumpido

La continuidad administrativa va estrechamente ligada al principio general de impulso de oficio, contenido en el art. 4 inc. n) de la LPA, referido a que la administración pública está obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites en que medie el interés público. Norma complementada por el art. 46.I del mismo cuerpo legal, el cual señala que la tramitación del procedimiento administrativo se impulsará de oficio en todas sus etapas y se tramitará de acuerdo con los principios establecidos en la misma Ley, extremo que excluye cualquier necesidad de que el afectado deba ejercer presión o hacer seguimiento de su causa, porque esa es una obligación inherente a la administración pública.

III.4.       Validez de los actos administrativos

Los actos de la administración pública sujetos al derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 32 de la LPA).

En ese orden, se puede señalar, que la validez de los actos administrativos depende de que en ellos concurran los elementos constitutivos. En el caso de falta absoluta o parcial de alguno de esos elementos, la ley establece sanciones, siendo la nulidad una de ellas; empero, en derecho administrativo, el particular o administrado solamente puede pedir la nulidad si está legitimado para hacerlo; es decir, sólo en los casos en que el acto afecte sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos administrativos son regulares o irregulares, los regulares son anulables, puesto que si bien tienen vicios; sin embargo, son subsanables porque no impiden la existencia de los elementos esenciales; los irregulares en cambio, son los que se encuentran gravemente viciados y su nulidad es absoluta e insanable; se tratan de actos inexistentes porque alguno de sus elementos orgánicos se realizó imperfectamente o porque el fin que persiguen los emisores del mismo, está directa o expresamente condenado por ley.

Por irregularidad y omisión de formas, el acto debe ser nulificado en resguardo no solamente de la garantía de que la decisión es correcta, sino como una garantía para el derecho de los particulares. No obstante ello, pueden existir irregularidades de forma que no tienen influencia sobre el acto, tal el caso, cuando la formalidad se encuentra establecida sólo en interés de la administración, situación que no conlleva necesariamente la sanción de nulidad y la irregularidad puede ser corregida sin que el propio acto se afecte substancialmente.

Conforme a las normas previstas por el art. 35 de la LPA, son nulos de pleno derecho los actos administrativosque: a) Se dictaron por autoridad administrativa sin competencia; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubieren sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.

El art. 36 de la mencionada norma legal, dispone que son objeto de anulabilidad, los actos administrativos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, distinta de las previsiones del art. 35 de la LPA. El segundo parágrafo agrega que los defectos en las formas sólo determinarán la anulabilidad, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo da lugar a la anulabilidad de acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

En ambos casos, por mandato expreso de dicha norma (arts. 35.II y 36.IV de la LPA), tanto la nulidad como la anulabilidad pueden invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la misma Ley y dentro de los plazos establecidos en ella; lo que significa, que los actos administrativos definitivos son impugnables vía administrativa, mediante las vías recursivas establecidas en las normas legales, lo que involucra la posibilidad de demandar la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, empleando similares mecanismos intraprocesales.

En ese mismo sentido, en la SC 1464/2004-R, se señaló que: en virtud a los principios de legalidad, presunción de legitimidad, y buena fe, no es posible que fuera de los recursos y del término previsto por ley se anulen los actos administrativos, aún cuando se aleguen errores de procedimiento cometidos por la propia administración, pues la Ley, en defensa del particular, ha establecido expresamente los mecanismos que se deben utilizar para corregir la equivocación; por ende, fuera del procedimiento previsto y los recursos señalados por la ley, un mismo órgano no podrá anular su propio acto administrativo (conocido en la doctrina como acto propio), por cuanto una vez definida una controversia y emitida la Resolución, ésta ingresa al tráfico jurídico y por lo tanto ya no está bajo la competencia de la autoridad que la dictó, sino a la comunidad, como lo ha reconocido este Tribunal en la SC 1173/2003-R de 19 de agosto”.

III.5.       Derechos a la dignidad y a la educación

El art. 22 de la CPE, establece que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado, por lo cual, cualquier restricción, supresión o amenaza de este derecho, supone el desconocimiento de su núcleo esencial.

 

El art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, determina que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

 

Con relación a este derecho, la SC 0686/2004-R de 6 de mayo, agregó que: “La doctrina del Derecho Constitucional considera a la dignidad humana como un valor supremo inherente al Estado Democrático de Derecho, por lo mismo lo conceptúa como aquel que tiene todo hombre para que se le reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no cual simple medio para fines de otros. Equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. En el sistema constitucional boliviano, la dignidad humana tiene una doble dimensión, de un lado, se constituye en un valor supremo sobre el que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho y, del otro, en un derecho fundamental de la persona…”.

 

La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan, esto es, un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, que implica el respeto de la vida en sociedad.

 

Este derecho se basa en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica que toda persona puede hacer lo que desee en su vida y con su vida sin que la sociedad o el Estado puedan realizar intromisiones indebidas en esa vida privada; pues se entiende que toda persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas, por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho. Similar criterio se afirmó en la SC 0763/2003-R de 6 de junio, y se reiteró en las SSCC 0589/2010-R, 0725/2010-R, 0231/2010-R y 0366/2011-R y las Sentencia Constitucional Plurinacionales 0198/2012 y 2146/2012.

Sobre el derecho a la educación previsto por el art. 17 de la CPE, se establece que: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”; concordante con el art. 91.II de la misma Norma Suprema que dispone que: “La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social”.

 

Al respecto la jurisprudencia, en la SC 0235/2005-R de 21 de marzo, señaló lo que sigue: “…el derecho a recibir instrucción y el derecho a la educación -salvando las diferencias de ambas categorías conceptuales- implican que la persona tiene la potestad de acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, pero, además, recibirla de modo que al existir un sistema nacional de instrucción, enseñanza, aprendizaje o educación, el núcleo esencial de esos derechos no esta tan sólo en el acceso a dicho sistema, sino también a la permanencia de ese sistema”.

 

Las normas previstas por el art. 1 de La Ley Fundamental disponen que el Estado se funda en la pluralidad y el pluralismo, entre otros, jurídico y cultural, dentro de un proceso integrador del país, estableciendo entre los fines y funciones esenciales del Estado, el de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, naciones, pueblos y comunidades, así como garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado.

Por otra parte, en el art. 13.I de la misma la Norma Suprema del ordenamiento jurídico, se establece que los derechos reconocidos por ella, son inviolables, universales, interdependientes e indivisibles.

De lo anteriormente desarrollado en el presente Fundamento Jurídico, es posible concluir que una de las características reconocidas por la Constitución Política del Estado es la interdependencia de los derechos fundamentales; por tanto, del ejercicio de algunos de ellos depende la satisfacción de los demás. Así en el caso concreto, se puede afirmar que el derecho a la dignidad humana, en su dimensión de derecho fundamental, resguarda la condición humana como tal y asegura el ejercicio de las creencias, valores, normas e ideales, a desarrollarse dentro de la sociedad. Fin para el cual, el Estado dentro de su proceso integrador está obligado a promoverlo, protegerlo y respetarlo.

Este derecho, como la propia jurisprudencia lo señala, se basa en el libre desarrollo de la personalidad, lo que implica la prerrogativa que toda persona pueda hacer lo que desee con su vida mientras no atente con los derechos subjetivos de los demás así como de la colectividad como único límite para su ejercicio pleno. En ese orden, el derecho a la educación, definitivamente constituye parte del progreso; es decir, que las personas tienen todo el derecho de buscar mejores condiciones de instrucción o entrenamiento en el campo de la educación que considere necesario de acuerdo a sus creencias, valores, normas e ideales, siempre en respecto de la vida en sociedad, ello implica el acatamiento de las normas legales en vigencia; en ejercicio del libre desarrollo de su personalidad y en resguardo de su derecho a la dignidad.

III.6.       Análisis del caso concreto

En la especie, de antecedentes se evidencia que el 27 de marzo de 2012, mediante memorándum 1112/2012, el entonces Comandante General de la Policía Boliviana, Jorge Renato SantiestebanClaure, declaró al accionante en comisión estudios y lo incorporó al Curso Comando y Alta Dirección dependiente de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, para la gestión 2012. Determinación refrendada a través de la RA 0135/12 de 23 de abril de 2012, emitida por la misma autoridad policial y por la Resolución Administrativa del Consejo Académico de la Escuela Superior de Policías 017/2012 de 23 de mayo, esta última habilitándolo excepcionalmente al primer semestre del precitado Curso.

Con relación a dichos instrumentos legales, cabe señalar que constituyen actos jurídicos firmes, asumidos por a


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0127/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

Expediente: 04572-2013-10-AAC

Departamento: Cochabamba

 

En revisión la Resolución 010/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 194 a 200, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sonia Isidora Encinas Lamas de Mercado contra José Domingo Claros Fernández y Oscar Raymundo Yucra Loza; Director Técnico y Jefe de Recursos Humanos, respectivamente, ambos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba.

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memorial presentado el 31 de julio de 2013, cursante de fs. 89 a 100, la demandante señala que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

El año 2006 a través de un proceso de selección de personal, ingresó a trabajar en el SEDES de Cochabamba, como Odontóloga del Hospital de Aiquile, cargo en el cual fue objeto de varias transferencias debido a su delicado estado de salud, situación que fue representada en sede administrativa, llegando a la etapa de presentación de Recurso Jerárquico ante el Gobernador del Departamento de Cochabamba, quien emitió la Resolución Administrativa (RA) 003/2009 de 31 de marzo, en la que se determinó en su favor el plazo de sesenta días para demostrar su situación médica y tramitar lo que correspondiere, derivando en que su persona cumpla con lo ordenado, consecuentemente fue emitida la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, en la que se recomendó que sus actividades laborales sean realizadas en la ciudad de Cochabamba, motivo por el cual se dispuso su transferencia definitiva al Hospital Viedma situación que debía ser formalizada a fines de 2011, a cuyo efecto realizó las solicitudes pertinentes a las autoridades competentes.

 

Indica que, no obstante de todo lo acontecido, el 9 de julio de 2013, la autoridad demandada le notificó con el Memorándum 24468 de 27 de junio de ese año, a través del cual se determinó nuevamente su transferencia al Hospital de Aiquile, motivo por el cual el 10 de julio de la misma gestión presentó recurso de revocatoria, recibiendo por respuesta que su persona debía apersonarse en el referido centro de salud, razón por la cual logró que se emitan los certificados médicos correspondientes que acreditaron su precaria condición de salud, mismos que fueron puestos en conocimiento del SEDES.

 

Agrega que, fue impedida de trabajar en su oficina, recibiendo presiones para que se presente en Aiquile, razón que le motivó a presentar la queja correspondiente ante el Defensor del Pueblo y en definitiva a trasladarse en bus el 13 de julio de 2013 de Aiquile; sin embargo, en el recorrido a su destinó sufrió de pérdida de conocimiento derivando en que sea atendida en el Centro Médico Señor de Mayo ubicado en el Km. 4 de la Av. Petrolera, hecho lamentable que fue comunicado al SEDES el 15 del mismo mes y año, acompañando la correspondiente baja médica que posteriormente fue otorgada también por los días 29 y 30 de julio del indicado mes y año.

 

Indica que, mediante proveído notificado el 22 de julio de 2013 se le hizo conocer que no se accedió a su pedido de permanencia en el Hospital Viedma de Cochabamba, sin considerar los descargos presentados y su condición de funcionaria de carrera, motivo por el cual interpuso Recurso Jerárquico el 29 de ese mes y año, el cual al momento de la interposición de la presente acción de amparo constitucional no fue resuelto por el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas (Dirección General del Servicio Civil), encontrándose impedida de asistir a su fuente laboral, quedando subsistente el peligro de cumplirse la amenaza de su destitución, por lo cual tuvo que acudir directamente a la jurisdicción constitucional.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

La accionante, alega la vulneración de sus derechos a la vida y a la integridad física, a la salud, a la dignidad, a la estabilidad laboral y al debido proceso, citando al efecto los arts. 13.I; 15.I y II; 18.I y II; 22; 49.III y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 35.I inc. a); 35.II; 41.I inc. a) del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud y Deportes Tercera Versión, aprobado mediante Resolución Ministerial 177 de 9 de abril de 2002 y art. 60 del Decreto Supremo 28909 de 6 de noviembre de 2006, arts. 3, 8 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

I.1.3. Petitorio

 

De acuerdo a lo expuesto, la accionante solicita se conceda la tutela y se disponga: a) Quede sin efecto el Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013; b) Mantener vigente la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, mediante la cual fue transferida al Hospital Viedma perteneciente a la Red de Salud de Cercado; c) Se determine su permanencia indefinida en el Hospital Viedma, entre tanto continúe con las mismas patologías que ponen en riesgo su vida y salud; y, d) Se disponga la reparación de daños y perjuicios causados.

 

I.1.4. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 22 de agosto de 2013, encontrándose presentes la parte accionante, el demandado Oscar Raymundo YucraLozay los abogados de José Domingo Claros Fernández codemandado-, conforme consta en el acta cursante de fs. 190 a 193 vta., se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.2.Ratificación de la acción

 

La parte accionante ratificó plenamente el contenido de su acción, aclarando los presupuestos fácticos y el petitorio, citando las mismas normas supuestamente vulneradas.

 

I.2.3. Informe de las autoridades demandadas

 

Ximena Raquel Asillanes Lazcano, Luis Alberto Rivera Arauco y Carla Patricia Oña Salazar en representación legal de José Domingo Claros Fernández y de Oscar Raymundo Yucra Loza, mediante informe cursante de fs. 121 a 132, expresaron que: 1) La demandante al haber ganado la convocatoria y examen de competencia para un cargo cuyo ítem tiene por sede de Aiquile, debe ejercer sus funciones en el Hospital Carmen López de dicha ciudad; 2) La demandante fue designada de manera irregular en otros cargos de los cuales no fue ganadora y no concurrían causales de fuerza mayor para justificar dichas transferencias; 3) En respeto precisamente de la estabilidad laboral es que se pretende reubicar a la demandante en el cargo del cual es titular; 4) Si bien mediante el Memorándum 16601 se le asignaron funciones temporales por una gestión en el Hospital Viedma, éstas dependían de la presentación de exámenes médicos periódicos tanto de la Caja Nacional de Salud (CNS)como del Instituto de Salud Ocupacional, lo contrario implica que ya no tiene los problemas de salud que dieron origen a su transferencia temporal; 5) Si la accionante no estuvo de acuerdo con el hecho que las funciones que le asignaron sean únicamente por una gestión, debió representar dicho acto administrativo a través del recurso jerárquico y no consentir con su silencio; 6) A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso jerárquico planteado por la accionante y que debe ser resuelto por la Dirección General del Servicio Civil; y, 7) El Hospital Viedma únicamente requiere un profesional odontólogo a medio tiempo, modalidad que no es aplicable al ítem de la demandante.

 

I.2.4Resolución

 

La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 010/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 194 a 200, concedió en parte la tutela impetrada disponiendo: i) La anulación del Memorándum 24468 que dispuso la transferencia de la demandante al Hospital de Aiquile; y, ii) Se mantenga vigente la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, en tanto subsistan las patologías que la aquejan en tanto la resolución administrativa jerárquica no sea pronunciada; en base a los siguientes fundamentos: a) La excepción al principio de subsidiaridad es aplicable al caso específico por cuanto existe riesgo en la vida de la accionante, por cuanto de Aiquile se encuentra a más de doscientos kilómetros de Cochabamba, hecho que permite abstraerse de la resolución del recurso jerárquico pendiente de resolución; b) Todas las certificaciones médicas diagnosticaron cardiopatía congénita cianótica, comunicación interventricular perimembranoso, insuficiencia mitral y tricuspideo leve, por lo cual la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril determinó que la demandante requería de permanentes controles médicos haciendo necesaria su permanencia en su lugar de trabajo en la ciudad de Cochabamba; y, c) Por lo anteriormente fundamentado, las normas básicas, reglamentos y estatutos no pueden ser aplicadas al caso concreto, mismas que serán objeto de análisis en la resolución administrativa de recurso jerárquico aún no pronunciada.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determinó la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.El 7 de abril de 2011, el entonces Director Técnico del SEDES de Cochabamba, pronunció la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, en la que determinó: “Revocar el memorándum Nº 19407 fechado con 3 de Marzo de 2011, mediante el cual se le transfería a cumplir funciones como odontóloga de planta al C. Arani, disponiendo y autorizando su TRASLADO TEMPORAL al Hospital Viedma por los motivos de salud expuestos en líneas precedentes , y sea solo por la gestión 2011, estableciéndose que para determinar y considerar la procedencia o improcedencia de la continuación de su traslado para la próxima gestión 2012, deberá someterse a otros exámenes médicos (particular, INSO, etc.) y presentar su solicitud correspondiente al SEDES a fines de noviembre de 2011 sea sin perjuicio de la obligación que tiene de informar al SEDES de cualquier cambio que aconteciese en su situación actual de salud” (sic) (fs. 16 a 17 vta.).

 

II.2.Mediante Carta presentada el 17 de noviembre de 2011, Sonia Isidora Encinas Lamas de Mercado -hoy accionante-, solicitó a la Unidad de Servicios Médicos del SEDES de Cochabamba, proceda a la realización de sus exámenes médicos para dar cumplimiento a la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril (fs. 20).

 

II.3.El 30 de noviembre de 2011, la accionante presentó a la Unidad de Servicios Médicos del SEDES de Cochabamba, certificados médicos que, a su criterio, acreditaban su delicado estado de salud, solicitando se determine la permanencia en su lugar de trabajo (fs. 21).

 

II.4.A través de carta de 12 de noviembre de 2012, la accionante, solicitó a la unidad de Servicios Médicos del SEDES de Cochabamba, se proceda a sus exámenes médicos para dar cumplimiento a la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, para lo cual requirió se elaboren los estudios necesarios (fs. 22).

 

II.5.El 3 de abril de 2013, la accionante requirió de José Domingo Claros Fernández, Director técnico del SEDES de Cochabamba -ahora codemandado- ordene se le practiquen los exámenes médicos para acreditar su delicado estado de salud (fs. 25).

 

II.6.Memorándum 24159 de 16 de abril de 2013, Director del SEDES de Cochabamba, determinó la transferencia de la accionante a la Red de Salud de Aiquile (fs. 10), situación ratificada mediante Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013 (fs. 11).

II.7.El 10 de julio de 2013, la accionante, presentó Recurso de Revocatoria contra el Memorándum 24159 de 16 de abril de 2013, por el cual se determinó su transferencia a la Red de Salud de la ciudad de Aiquile, decisión que no consideró su delicado estado de salud (fs. 32 a 33 vta.), recurso que dio lugar a la emisión del Auto de 19 de julio de 2013, en el que José Domingo Claros Fernández, determino “no se concede” (sic), la petición efectuada por la accionante, instruyendo el cumplimiento del Memorándum impugnado (fs. 58).

II.8.A fs. 60 y 61 cursan certificaciones de 24 de julio de 2013 del Sindicato “15 de Octubre Tiraque y de la empresa TransCotoca Cochabamba” en las que se detalla un evento relacionado con el delicado estado de salud de la accionante, quien en el recorrido de Cochabamba hacia la ciudad de Aiquile requirió de asistencia médica.

II.9.El 29 de julio de 2013, la ahora accionante interpuso Recurso Jerárquico, solicitando la revocatoria del Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013, mismo que no fue resuelto hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional (fs. 62 a 64).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, alega la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral, por cuanto el año 2006 después de un proceso de selección, ingresó a trabajar en el SEDES de Cochabamba, más propiamente como odontóloga del Hospital de Aiquile, cargo en el cual fue objeto de varias transferencias, para finalmente ser ubicada en la Red de Salud de la Provincia Cercado de Cochabamba en virtud de un proceso de reclamaciones por su parte que dieron lugar a dicho extremo, hasta que mediante Memorándum de 16 de abril de 2013 la autoridad ahora demandada dispuso su transferencia al Hospital de Aiquile, decisión que no pudo cumplir en virtud de su grave estado de salud que le impide realizar viajes y esfuerzos físicos, por lo cual recibió presiones, razón que le motivó a activar los recursos de impugnación en sede administrativa, quedando pendiente de resolución el Recurso Jerárquico interpuesto, no obstante de haber procurado trasladarse de Aiquile el 13 de julio de ese año, cometido que no fue cumplido debido a que en el recorrido a su destino sufrió de pérdida de conocimiento derivando en que sea atendida en el Centro Médico Señor de Mayo, situación que fue comunicada al SEDES el 15 del mismo mes y año acompañando la correspondiente baja médica, justificaciones que no lograron revertir el Memorándum de transferencia.

 

En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde la conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, ha señalado: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

 

Del contenido del texto constitucional de referencia puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías.

 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz actos y omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio.

 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

 

Finalmente cabe señalar que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la Constitución que esta acción “(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela“.

 

III.2.       Derecho a la vida y a la salud

La Constitución Política del Estado en su art. 15.I consagra el derecho a la vida, dentro del catálogo de derechos fundamentales, señalando que: “Toda persona tiene derecho a la vida…”.

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 3 establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 6 señala: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo refiere: I “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

 

En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 4.1 dejo establecido que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

 

La Declaración de Viena, adoptada por la segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año 1993 señala que: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos la misma importancia” (punto 5).

 

“Con respecto al derecho a la vida el Estado tiene obligaciones tanto positivas como negativas. En su Observación General No. 6, el Comité de Derechos Humanos comenta que la cabal protección del derecho a la vida requiere, entre otras cosas, medidas destinadas a prevenir la guerra y medidas para la protección de la salud pública”.

 

En cuanto al derecho a la salud, el art. 18.I de la CPE dispone que: “Todas la personas tienen derecho a la salud”.

 

En lo referente al derecho a la salud, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su numeral 25, encontramos que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que, entre otras cosas, le asegure su salud.

 

A decir de Guillermo Soberón Acevedo, “La salud es ámbito predilecto de la sociedad igualitaria. Poca importancia tiene la disminución de otras desigualdades sociales, si no se manifiesta en una vida sana y de mejor calidad”.

 

III.2.       Jurisprudencia

Sobre el alcance de estos derechos primigenios, el Tribunal Constitucional Plurinacional en a la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, ha señalado:. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”.

 

La jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional a través de la SC 0653/2010-R de 19 de julio, reiterando lo señalado por la SC 0026/2003 ha expresado: “…es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales- especialmente la familia-como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de estas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida'. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común, respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien, como previene el art. 8,II de la Ley Fundamental; pero también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9.5 de la referida norma suprema, al señalar que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley 'Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y el trabajo'”.

En lo que se refiere al derecho a la salud, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0776/2012 de 13 de agosto, determinó: “El derecho a la salud reclamado por los accionantes, se halla previsto como derecho fundamental en el art. 18.I de la CPE, sobre cuyo entendimiento, en la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0653/2010-R de 19 de julio, se estableció que está: '…desarrollado por los arts. 35 al 44, de dicha norma Suprema Sección II «La salud y a la seguridad Social» del Capítulo Quinto sobre los «Derechos Sociales y Económicos», Título Segundo «Derechos Fundamentales y garantías», de la Primera Parte de la «Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías». Derecho, sobre cuyo entendimiento este Tribunal en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, estableció que: «es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida'. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia, puesto, que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común respetando el 'vivir bien', como previene el art. 8.II de la CPE; pero es un fin, tal cual lo establece el art. 9.5 de la CPE, al señalar que: Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley 'Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”' (resaltado añadido).

III.3.       Jurisprudencia respecto al derecho a la dignidad

La SCP 0579/2012 de 20 de julio, señala que: “El art. 21.2 de la CPE, instituye dentro de los derechos civiles y políticos, el derecho a la dignidad; el art. 22 a su vez, menciona que la dignidad y la libertad personal son inviolables y que el respetarlas y protegerlas son un deber primordial del Estado.

 

Por su parte, el art. 8.II de la Norma Suprema, indica que el Estado se sustenta entre otros valores en el de 'dignidad'.

La dignidad humana es inherente a la condición misma del ser humano, lleva en sí la obligatoriedad del respeto al ser humano como un ser pleno de derechos. Este es un derecho que ha sido desarrollado por la doctrina y la abundante jurisprudencia internacional en el orden constitucional.

La SC 0483/2010-R de 5 de julio, dispuso: 'En lo que respecta a la supuesta violación del derecho a la dignidad, cabe señalar que el art. I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH), señala que: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». La dignidad personal, implica reconocer al otro como otro yo, y al Estado, le corresponde reconocer, garantizar y promover la dignidad y los derechos humanos, desechando los obstáculos que se oponen a ello, su acatamiento es la base del Estado de Derecho. Definir la dignidad de la persona no es posible, sólo podemos apreciar su vulneración, la que se concreta cuando se perturba, amenaza o priva de los derechos esenciales a la persona, o se denigra o humilla, cada vez que se discrimina. De esta forma, la dignidad de la persona, constituye una realidad ontológica constitucional, siendo la esencia y fundamento de los derechos humanos.

III.4.       Sobre la estabilidad laboral

El nuevo orden constitucional protector de los trabajadores y de la estabilidad laboral instaurado en el Estado Plurinacional de Bolivia a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, cuando en su art. 49. III, determina que: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones correspondientes”.

 

“El derecho al trabajo y los derechos en el trabajo constituyen un núcleo, no sólo de los derechos socioeconómicos, sino también de los derechos humanos fundamentales. Un denominador central de derechos relacionados con el trabajo, en términos de su objeto o contenido, parece ser 'una labor' (trabajo). En su tradicional por estrecho sentido, el trabajo ha sido percibido como un medio de ganarse la vida, o en otras palabras, sólo un medio de supervivencia económica. A principios del siglo XX, otra perspectiva más importante y global empezó a ser discutida: la interdependencia entre las condiciones laborales, la justicia social y la paz universal. Adicionalmente las percepciones modernas han intensificado positivamente el concepto del trabajo como valor humano, una necesidad social y un medio de auto-realización y desarrollo de la personalidad humana” (Drzewcki).

 

El art. 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que le asegure a ella como a su familia, una existencia con forme a la dignidad humana”.

 

En ese sentido el art. 46 de la CPE, consagra:

 

“I. Toda persona tiene derecho:

 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución".

 

El art. 48. II, que expresa que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.

 

“El vocablo estabilidad deriva del latín stabilitás, que denota la idea de estabilidad, solidez, firmeza, consistencia; es la base de la vida económica del trabajador y su familia”.

 

Respecto al proteccionismo estatal, Guillermo Cabanellas de Torres señala: “Se delinea el derecho al trabajo como el que tiene todo individuo, en relación al Estado, para que éste le facilite o provea, en caso de crisis o falta de actividad laboral productiva (…). El derecho al trabajo no sólo se correlaciona con el deber y la función social del trabajo, sino que deriva de otros derechos, como el de la propia subsistencia y el del mantenimiento familiar”.

 

“A manera de colofón, el intervencionismo del Estado, se concreta preferentemente a través de la jornada laboral máxima, y de los descansos mínimos, el establecimiento de salarios mínimos, el resarcimiento por despidos injustificados (…)”.

 

Humberto Podetti, al referirse al principio in dubio pro operario ha señalado que éste ha pasado a ser "una especie, dentro del principio generalizado, del favor debilis. Mozart Víctor Russomano, por su parte, señala que toda estabilidad "o es absoluta o no es estabilidad”.

 

El Convenio C158 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Por otra parte este Convenio en su art. 8, reconoce el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

 

III.4.1. Jurisprudencia

La SCP 0718/2012 de 13 de agosto, ha señalado: “La Constitución Política del Estado vigente, a diferencia de la Constitución Política del Estado abrogada, refuerza la protección al trabajador en cuanto sujeto de la relación jurídico-laboral, estableciendo y en su caso elevando a rango constitucional, principios procesales inherentes a la materia que protegen al trabajador, como el sujeto más débil de dicha relación, sometido a las contingencias del capital y de modelos económicos de explotación de la fuerza laboral, que en situaciones de crisis o de desempleo, puede verse forzado a resignar condiciones de trabajo dignas e inclusive derechos, que por naturaleza son 'irrenunciables', lo que se traduce en condiciones de subempleo, rebaja de salarios, ausencia de pago de prestaciones sociales, contratación temporal, etc. que en caso de no ser acatadas por el trabajador, pueden determinar inclusive su despido, por no someterse a las nuevas condiciones de trabajo que se le plantean, lo que naturalmente tendrá incidencia en su entorno familiar y social.

En ese sentido, el art. 48.I de la CPE, establece que: 'Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio'. El parágrafo II de dicho artículo prescribe que: 'Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador' El parágrafo III, prevé que: 'Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos…'.

 

Al respecto, la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, conceptualizando los principios informadores del derecho al trabajo, señaló: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección, de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador.

 

b) Principio de imperatividad o irrenunciabilidad de derechos laborales.- Se funda en la imposibilidad jurídica de privarse por voluntad propia de los derechos que se consagran a favor del trabajador; es decir, la renuncia a los beneficios legales no tienen validez alguna.

c) Principio de buena fe.- Constituye un elemento esencial que debe primar en todo contrato de trabajo, para que las relaciones laborales no se quebranten y pierdan consistencia, concibiéndose el objeto de las leyes laborales como de protección y amparo del trabajador.

 

d) Principio de justicia social.- Se integra con los deberes de colaboración y solidaridad; es decir, como aquella justicia que rectifica una situación social que implique una injusticia.

 

e) Principio de equidad.- Constituye un elemento importante para el esclarecimiento de un precepto legal previamente formulado; dicho de otra forma, la aplicación de la equidad hace posible humanizar sin desvirtuar la norma legal cuando ésta es oscura o dudosa”.

Asimismo, siempre sobre el principio de protección al trabajador, el extinto Tribunal Constitucional en la SC 0049/2003-R de 21 de mayo, donde se sometió a juicio de constitucionalidad el principio de inversión de la prueba, se señaló: 'La razón del nacimiento del Derecho del Trabajo es esencialmente protectora. Se sancionan las normas legales precisamente para proteger a los trabajadores con el fundamento de tratar de disminuir, reducir o paliar la desigualdad notoria, objetiva y evidente que existe entre el trabajador y el empleador en la sociedad, desde el punto de vista material, económico y social'. Asimismo, la SC 0059/2006-R de 5 de julio, estableció: 'Este principio protectorio, llamado también, de protección tutelar, a favor del trabajador, pro operario, -entre otros-, responde a la necesidad de mantener la igualdad entre las partes que intervienen en el contrato de trabajo, compensando la desigualdad económica y la debilidad del trabajador frente al empleador. Se entiende que la norma de trabajo quebranta el tradicional principio de la igualdad jurídica de las partes creando una desigualdad protectora del trabajo humano y de la persona del trabajador; sin embargo, esta desigualdad protectora persigue en definitiva una igualdad de hecho, para paliar la menor capacidad de negociación del trabajador a la hora de pactar las condiciones de su contrato.

La base de la relación laboral es la situación de hiposuficiencia del trabajador, situación socio real que lo lleva a incorporarse como trabajador subordinado a las empresas. Esta hiposuficiencia que en época de crisis se agudiza y aumenta, torna imperiosa la necesidad de afirmar con más fuerza el principio protectorio. Sólo basta observar la caracterización que se ha dado a la relación de dependencia personal, propia del contrato de trabajo, como la posibilidad que tiene el empleador de dar órdenes y de sustituir en todo momento la voluntad del trabajador por la suya (dependencia jurídica), para comprender aún más la necesidad de un estado protector y garantista'”.

III.5.       Excepción al principio de subsidiaridad

El Auto Constitucional 0160/2012-RCA de 2 de octubre ha señalado: “Dentro de la amplia línea jurisprudencial, se ha establecido excepciones al principio de subsidiariedad cuando la remisión a los procedimientos ordinarios signifique un perjuicio irremediable o irreparable en los derechos o garantías del actor; entendimiento que ha sido asumido por el Tribunal Constitucional; cuando por ejemplo, ha otorgado la tutela provisional del amparo por perjuicio o daño irreparable. Como la SC 0119/2003-R de 28 de enero, estableció que: '…una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del Amparo Constitucional es la subsidiariedad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o no cuenta con ningún otro recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, salvo que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el Amparo Constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia irremediable', entendimiento que se ha mantenido en las SSCC 0131/2010-R y 0126/2010-R en entre otras.

 

Dicha excepción, debe ser aplicada a los supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social debido a su vinculación con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad, de los cuáles son base y fundamento.

 

En ese sentido, debe entenderse que el ejercicio de estos derechos no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que los derechos protegidos exigen; y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que requieren una rápida protección, pues en la medida en que exista demora en hacerlo efectivo el derecho social, la persona no podrá desarrollar su vida dignamente, ante la falta de recursos para afrontar las necesidades básicas que tiene como ser humano.

A ello debe agregarse que, como se tiene señalado, la seguridad social es un instrumento de justicia social; y, en ese entendido, debe prevalecer el derecho sustantivo frente a las formalidades. En este sentido, debe buscarse la justicia material que ha sido desarrollada por este Tribunal en diferentes sentencias, haciendo excepciones, inclusive a los principios de subsidiariedad e inmediatez, siendo necesario hacer notar que el accionante concluyó con todos los reclamos pertinentes ante la instancia administrativa quienes no dieron una atención oportuna a sus observaciones, reclamos y peticiones que fueron constantes”.

III.5.       Análisis del caso concreto

La accionante, alega la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral, por cuanto el año 2006 después de un proceso de selección, ingresó a trabajar en el SEDES de Cochabamba, más propiamente como odontóloga del Hospital de Aiquile, cargo en el cual fue objeto de varias transferencias, para finalmente ser ubicada en la Red de Salud de la provincia Cercado de Cochabamba en virtud de un proceso de reclamaciones por su parte que dieron lugar a dicho extremo, hasta que mediante Memorándum de 16 de abril de 2013 la autoridad ahora demandada dispuso su transferencia al Hospital de Aiquile, decisión que no pudo cumplir en virtud de su delicado estado de salud que le impide realizar viajes y esfuerzos físicos, por lo cual recibió presiones, razón que le motivó a activar los recursos de impugnación en sede administrativa, quedando pendiente de resolución el Recurso Jerárquico interpuesto, no obstante de haber procurado trasladarse de Aiquile el 13 de julio de ese año, cometido que no fue cumplido debido a que en el recorrido a su destino sufrió de pérdida de conocimiento derivando en que sea atendida en el Centro Médico “Señor de Mayo”, situación que fue comunicada al SEDES el 15 del mismo mes acompañando la correspondiente baja médica que posteriormente fue otorgada también por el 29 y 30 de igual mes y año, justificaciones que no lograron revertir el Memorándum de transferencia.

 

Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley, se concluye lo siguiente:

 

La Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, pronunciada por el Director Técnico del SEDES de Cochabamba determinó revocar el Memorándum 19407 de 3 de marzo de 2011, determinando y autorizando su traslado al Hospital Viedma de Cochabamba por los motivos de salud que hacen a la presente acción de amparo constitucional, estableciéndose que para la continuación de su traslado para la gestión 2012, debía someterse a otros exámenes médicos a fines de noviembre de 2011, debiendo además cumplir con la obligación de informar al SEDES de cualquier cambio que aconteciese en su situación de salud.

 

Dando cumplimiento a la condición inserta en la Resolución Administrativa de Revocatoria 01/2011 de 7 de abril, la ahora demandante presentó solicitud a dicho efecto a la unidad de Servicios Médicos del SEDES Cochabamba el 17 de noviembre de 2011, misma que fue reiterada el 30 del mismo mes y año a través de la presentación de certificados médicos que a su criterio acreditaban su delicado estado de salud, requiriendo se determine su permanencia en su lugar de trabajo, pedido que fue repetido a través de carta de 12 de noviembre de 2012; sin embargo, no existe constancia alguna de actuados administrativos por parte del SEDES para efectivizar los controles médicos destinados a determinar la condición de salud de la ahora accionante.

 

El 3 de abril de 2013, la ahora demandante requirió de José Domingo Claros Fernández, ordene se le practiquen los exámenes médicos para acreditar su estado de salud; sin embargo, fue emitido el Memorándum 24159 de 16 del mismo mes y año, en el que la autoridad demandada determinó la transferencia de la accionante Sonia Isidora Encinas Lamas de Mercado a la Red de Salud de Aiquile, situación ratificada mediante Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013, motivo por el cual el 19 de abril de la misma gestión, presentó Recurso de Revocatoria contra el Memorándum 24159 de 16 de abril del mismo año, recurso que dio lugar a la emisión del Auto de 19 de julio de ese año, en el que José Domingo Claros Fernández determino “ no se concede” (sic) la petición efectuada por la ahora demandante, instruyendo el cumplimiento del Memorándum impugnado sin considerar las advertencias expresadas por la ahora demandante respecto a su grave estado de salud, tanto es así que cursan certificaciones de 24 de julio de 2013 del Sindicato “15 de Octubre Tiraque y de la empresa TransCotoca Cochabamba” en las que se detalla el evento relacionado al desvanecimiento de Sonia Encinas Lamas de Mercado, quien en el recorrido de Cochabamba hacia la ciudad de Aiquile requirió de asistencia médica.

 

 

Si bien, el 29 de julio de 2013, la accionante interpuso Recurso Jerárquico, solicitando la revocatoria del Memorándum 24468 de 27 de junio de 2013, mismo que no fue resuelto hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional, la situación amerita la concesión de la tutela inmediata de la tutela, por cuanto las afirmaciones de Sonia Encinas Lamas de Mercado respecto a que su salud y su propia vida se halla en riesgo no fueron refutadas por la autoridad demandada, siendo intrascendente el hecho que el año 2011 y 2012 no se hubiesen efectuados los exámenes médicos de respaldo para consolidar el traspaso al Hospital Viedma por cuanto no es atribuible a la demandante, debido a que en tres ocasiones solicitó a la unidad de Servicios Médicos del SEDES Cochabamba la realización de los referidos controles médicos.

 

Del análisis de lo ocurrido, se advierte que en efecto, existió una lesión a los derechos a la vida y a la salud de la accionante, resultando claro que la autoridad demandada, ignoró la delicada situación de la ahora demandante, debiendo, en atención a los argumentos expuestos en la presente resolución reconsiderar los memorándums de transferencia, tomando siempre en cuenta la protección que brinda el Estado a la vida y a la salud, más allá de contar con las facultades y atribuciones de disponer el desplazamiento de sus dependientes.

 

De todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela aunque con otros argumentos, evaluó de manera completa los datos del proceso y las normas aplicables al mismo, debido a que se constata la lesión de los derechos invocados por la accionante, no obstante que los efectos serán modulados en la parte resolutiva.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

1°CONFIRMAR la Resolución 010/2013 de 22 de agosto, cursante de fs. 194 a 200, pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia

2°CONCEDER tutela respecto a los derechos a la vida y a la salud invocados por la accionante hasta que se practiquen los exámenes médicos que correspondan y que permitan concluir de manera veráz y efectiva en relación a su estado de salud para posteriormente determinar lo que en derecho corresponda, a través del jerárquico.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0120/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

Expediente: 04540-2013-10-AAC

Departamento: Oruro

 

En revisión la Resolución 005/”2012” de 23 de agosto de 2013, cursante de fs. 104 a 107 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Andrea Portanda contra Martha Patricia Machicado Durán, Directora Ejecutiva a.i.; y, Ximena Guerra Villca, Jefa del Departamento Organizacional Humanos; ambas de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED).

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, mediante memorial presentado el 15 de abril de 2013, cursante de fs. 19 a 24, subsanado por escrito de 26 de igual mes y año, cursante de fs. 29 a 31 y modificada en cuanto a la legitimación pasiva por memorial de 17 de julio del citado año, cursante a fs. 57 y vta., subsanado mediante escrito de 22 de igual mes y año cursante a fs. 60, manifestó lo siguiente:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

No obstante su estado de gestación, fue inducida por los demandados a abandonar el cargo que desempeñaba en ANED como Oficial de Operaciones en la Agencia Regional de Oruro debido a su negativa de afiliarse a la Caja Nacional de Salud (CNS) en mérito a que ya se encontraba bajo seguro médico de la Caja Petrolera de Salud (CPS), como beneficiaria de su esposo.

 

Refiere también que, habiendo acudido ante la Jefatura Departamental de Trabajo, se ordenó su reincorporación, misma que no fue efectivizada por los contratantes.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

La accionante alega la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 46 y 64 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela disponiéndose su inmediata reincorporación a su fuente laboral así como el pago de sueldos devengados y goce de otros beneficios inherentes a su estado de gravidez.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 23 de agosto de 2013, según acta cursante de fs. 98 a 103 vta., se produjeron los siguientes hechos:

 

I.2.1.Ratificación de la acción

 

El abogado de la accionante se ratificó en el contenido íntegro de la demanda.

 

I.2.2. Informe de las personas demandadas

 

Los demandados, pese a su legal notificación no se hicieron presentes en audiencia y tampoco remitieron informe alguno.

 

I.2.3.Resolución

 

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 005/”2012” de 23 de agosto de 2013, concedió la tutela solicitada, disponiendo la inmediata restitución de la accionante a su fuente laboral en el plazo de setenta y dos horas, debiendo la interesada acudir ante la vía jurisdiccional del trabajo a efectos de que por esa instancia se dilucide respecto a los beneficios sociales y sueldos devengados solicitados; decisión asumida con el argumento de que se vulneró su derecho a la inamovilidad laboral por estado de embarazo al no haberla restituido a su fuente laboral no obstante de existir una conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determino la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

 

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente:

II.1.El 1 de marzo de 2012, Claudia Andrea Portanda, suscribió contrato de trabajo con ANED por tiempo indefinido para ejercer las funciones de Oficial de Operaciones para la Regional IV ANED-Oruro (fs. 2 a 5).

 

II.2.Mediante nota de 17 de enero de 2013, la ahora accionante, comunicó su renuncia al cargo al encontrarse en estado de gestión y no asegurarse “por decisión personal” (sic) a la CNS, correspondiente a la empresa; asimismo, anunció que el ejercicio de sus funciones se extendería hasta el 30 de abril del mismo año (fs. 6).

 

II.3.Por oficio CITE UDO-093/2013 de 17 de enero, DusanHalkyer, Director Ejecutivo de ANED, aceptó la renuncia de la accionante, manifestándole que deberá permanecer en funciones hasta el 8 de febrero de 2013, entretanto se consiga un reemplazo (fs. 7).

 

II.4.El 28 de enero de 2013, mediante nota de la fecha, Claudia Andrea Portanda, solicitó al Director Ejecutivo de ANED, la reconsideración de aceptación a su renuncia al amparo del art. 48.III y VI de la CPE, solicitando al mismo tiempo, se deje sin efecto la nota CITE UDO-093/2013, pretensión que fue rechazada mediante CITE UDO 0190/2013 de 6 de febrero (fs. 8 a 9).

 

II.5.Mediante Oficio presentado el 8 de febrero de 2013, la accionante denunció ante el Director Departamental de Trabajo de Oruro, la vulneración de su derecho laboral de estabilidad por gestación, habiéndose emitido citación dirigida al Director Ejecutivo de ANED, a efectos de que se apersone ante la oficina de inspección del trabajo a objeto de responder a la demanda interpuesta por Claudia Andrea Portanda (fs. 10 a 12).

 

II.6.Por Instructiva 005/2013 de 1 de marzo, el Jefe Departamental de Trabajo de Oruro, dispuso la inmediata reincorporación de Claudia Andrea Portanda a su fuente de trabajo, instruyendo a ANED dar cumplimiento de lo previsto en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación a la empresa, misma que se efectuó el 27 del mismo mes y año, habiendo el Director Ejecutivo de ANED, mediante oficio DE-0378/2013 de 3 de abril, manifestado que la Instructiva 005/2013, carecía de asidero legal al haber sido la accionante quien voluntariamente renunció a su cargo (fs. 15 a 17).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Denuncia la accionante que a consecuencia de reiteradas insinuaciones y debido a que se negó a afiliarse a la CNS, por contar con el seguro médico de su esposo, pese a su avanzado estado de embarazo, se vio obligada a presentar su renuncia, misma que fue aceptada en el día; sin embargo, posteriormente, amparándose en el art. 48.III de la CPE, solicitó a la empresa en la que trabajaba, reconsidere la aceptación a su renuncia, pretensión que le fue negada; por lo que, recurrió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, instancia que instruyó la reincorporación de la funcionaria a su fuente laboral, determinación que fue incumplida por la empresa demandada; motivo por el cual, se ha vulnerado su derecho a la estabilidad laboral por motivo de gestación.

 

Corresponde analizar, si en el presente caso, se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.Configuración de la acción de amparo constitucional

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, ha señalado: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio.

 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

 

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que esta acción '(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'.

 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela“.

 

En conclusión, la acción de amparo constitucional es un instituto jurídico consagrado por la Constitución Política del Estado, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las personas frente a lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública o de un particular; a este efecto, el constituyente ha previsto la acción de amparo constitucional como un procedimiento extraordinario para la tutela de derechos y garantías constitucionales de carácter específico, autónomo, directo y sumario, que no puede, en ningún caso, sustituir los procesos judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico, hecho que determina su carácter eminentemente subsidiario; pues, en virtud a su naturaleza jurídica, esta acción tutelar no puede considerarse como una vía alternativa ni supletoria.

 

III.2.       Contexto normativo laboral respecto a la reincorporación

Al respecto, es preciso señalar que ante un despido injustificado, el trabajador se encuentra facultado para acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social a través de sus Jefaturas Departamentales, a efectos de solicitar su restitución a su fuente laboral, así lo establece el art. 10.I del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, que indica: “Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de beneficios sociales o por su reincorporación”; señalando posteriormente el mismo artículo en su parágrafo III: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez probado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata…”, disposición legal que fue complementada por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, que imbuye al Ministerio de Trabajo, Empleo Previsión Social, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, de la facultad de instruir la reincorporación de los trabajadores a sus fuentes laborales, estableciendo en su artículo único lo siguiente: ”I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo N°28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto: 'III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo'.

 

II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos: 'IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución´. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral'”.

 

De donde se infiere que, una vez emitida la conminatoria por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de sus distintas Jefaturas y Direcciones Departamentales, el empleador se halla compelido a dar cumplimiento a la misma, caso contrario, el afectado, podrá acudir de manera optativa ante la jurisdicción ordinaria o constitucional a través de la acción de amparo constitucional a efectos de que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, pues se entiende agotada la vía administrativa con la sola emisión de la resolución de incorporación, razonamiento que, en base al asumido en el Fundamento Jurídico precedente, es de aplicación necesaria en el caso de mujeres en estado gestacional.

 

III.3.       Protección reforzada del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de la mujer embarazada; marco normativo y jurisprudencial

La Constitución Política del Estado, como norma suprema del ordenamiento jurídico, establece formas especiales de protección a la mujer embarazada que pretenden proteger al ser que está por nacer y a la madre gestante, así como garantizarles condiciones de vida dignas.

 

Así, partiendo de la carta de derechos, inicialmente se tiene que ésta consagra de manera general el derecho al trabajo en su art. 46.I y II al establecer que: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”, postulado constitucional que, en observancia del bloque de constitucionalidad, se encuentra en armonía con lo previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sobre este derecho en su art. 23.1 ha señalado: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo…” que le asegure a ella como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”.

 

Por su parte, el art. 49.III de la Constitucion, resguardando el derecho al trabajo y garantizando la estabilidad laboral, establece: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones correspondientes”, normativa que, a los efectos pertinentes del caso objeto del presente análisis, es concordante con el art. 48.VI de la misma Norma Suprema que determina que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, garantizándose la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad; normativa que se halla especialmente desarrollada en la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que en su Artículo primero, reconoce taxativamente la inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas de la mujer en periodo de gestación hasta un año del nacimiento del hijo al prescribir que: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”; estableciendo además en su artículo segundo que: “La mujer en gestación en el puesto de trabajo que implique esfuerzos que afecten a su salud, merecerá un tratamiento especial, que le permita desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, sin afectar su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo”.

 

Entonces, el hecho de que el ordenamiento constitucional establezca una especial protección a las madres gestantes debido a su especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ellas y sus futuros hijos, denota manifiestamente la existencia de una protección reforzada respecto a la estabilidad laboral de la mujer gestante que le permite y garantiza conservar su fuente de trabajo, imponiendo, con respecto al empleador, la prohibición de desvincular de sus actividades laborales, de manera arbitraria y unilateral, a las mujeres en estado de gravidez; supuesto ante el cual, se abre la protección constitucional que ésta jurisdicción brinda a efectos de que las afectadas puedan solicitar la tutela a su derecho a la estabilidad laboral, sea en el ámbito público o privado.

 

Así, la SCP 0424/2012 de 22 de junio, estableció: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación”; razonamiento concordante con el entendimiento asumido en la SC 0558/2011-R de 29 de abril, que, efectuando una abstracción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional en asuntos vinculados a la estabilidad laboral de mujeres embarazadas, estableció que: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la suspensión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad” (el resaltado ha sido añadido).

 

III.4.       Análisis del caso concreto

Mediante la presente acción tutelar, la accionante denuncia haber sido inducida a renunciar a su fuente laboral no obstante encontrarse en estado de gestación, dimisión que fue aceptada; sin embargo, posteriormente, advertida de su error, solicitó al empleador reconsidere tanto la renuncia como la aceptación en mérito, precisamente, a su estado de gravidez. Al no haber obtenido respuesta favorable, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, que resolvió instruir al empleador la restitución de la afectada a su fuente laboral en el plazo de cinco días hábiles, conminatoria que no fue debidamente atendida por la parte patronal, motivando la activación de la vía constitucional.

 

Por otra parte, de acuerdo al marco normativo legal analizado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se ha establecido una especial protección respecto a las mujeres embarazadas debido a la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ellas y sus futuros hijos, otorgando y garantizando una protección reforzada respecto a la estabilidad laboral de la mujer gestante frente al empleador hasta que el niño o niña, cuente con un año de edad, tiempo durante el cual, la mujer embarazada gozará de todos los beneficios que por su estado le corresponden, no siendo permitido para el patrono cambiar a la funcionaria de ocupación u ocasionar modificaciones en sus ingresos económicos, elementos que no han sido cabalmente valorados por el empleador, quien, sin considerar el estado gestacional de la funcionaria y los derechos que por ende le asisten, la apartó de sus funciones negándose a reconsiderar la renuncia y aceptación formuladas con anterioridad.

Asimismo, se tiene que la accionante, ante la negativa del empleador de reconsiderar su renuncia y la apresurada aceptación de la misma, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro que, mediante Instructiva 005/2013 de 1 de marzo, instruyó a la empresa empleadora ANED, proceder a la inmediata reincorporación de Claudia Andrea Portanda, determinación que fue ignorada e incumplida por la parte patronal, ocasionando con su accionar lesión a los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral de la accionante al no haberla restituido a su fuente de trabajo conforme dispuso el Jefe Departamental de Trabajo de Oruro, en tal virtud, de conformidad a los argumentos expuestos, esta Sala considera que, dadas las circunstancias especiales del caso en particular en el que se halla involucrada una mujer en estado gestacional que, merece atención y protección reforzada en cuanto a su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, corresponde conceder la tutela por manifiesta vulneración de los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral de la mujer gestante consagrados por las normas del art. 48.VI de la CPE.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve:

1º CONFIRMAR la Resolución 005/”2012” de 23 de agosto de 2013, cursante de fs. 104 a 107 vta., dictada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada.

2º Ordenar a Martha Patricia Machicado Durán, Directora Ejecutiva a.i. de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo o quien represente actualmente a dicha empresa, que en el término de setenta y dos horas computables a partir de la notificación del presente fallo, dando cumplimiento a la Instructiva 005/2013 de 1 de marzo, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, restablezca el vínculo laboral entre Claudia Andrea Portanda y la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo, debiendo procederse al pago de los sueldos devengados y otros beneficios que, por su calidad de gestante le corresponden en ley.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

 

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0114/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de libertad

Expediente: 04519-2013-10-AL

Departamento: Cochabamba

 

En revisión la Resolución de 23 de agosto de 2013, cursante de fs. 59 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gueisa Roca Ayala de Tababary en representación sin mandato de David Tababary Roca contra Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2013, cursante de fs. 48 a 51 vta., la representante del accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su representado se encuentra detenido preventivamente en el penal de “San Sebastián”, desde el 18 de abril de 2013, por la presunta comisión del delito de “asesinato en grado de tentativa”, proceso en el cual la fiscal solicitó la aplicación de la suspensión condicional del proceso recalificando el delito por el de encubrimiento, delito que al no superar los tres años, ya no procedería la detención preventiva.

 

En ese sentido, refiere que el 17 de julio de 2013, solicitó al Juez de la causa -Juez Quinto de Instrucción en lo Penal- audiencia de cesación a la detención preventiva, misma que fue señalada para el 1 de agosto del mismo año; sin embargo, ésta fue suspendida, al haberse formulado recusación en contra de la citada autoridad por el cual “se allanó” a dicha recusación, siendo remitidó el proceso, ante la Jueza del Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal, que igualmente fue recusada; consecuentemente, pasando el expediente a su similar Séptimo, en el cual, su titular, señaló audiencia para el 22 de agosto de 2013.

 

Refiere que la Sala Penal Segunda, por Auto de 9 de agosto del citado año, rechazó in limine la recusación planteada por el coimputado Manolo Enrique Trujillo Arando, disponiendo que el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal continúe conociendo el proceso; sin embargo, mediante proveído de 21 del citado mes y año, el Juez de la causa, de oficio suspendió la audiencia señalada meses antes, sin señalar una nueva.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante considera lesionados los derechos y principios a la libertad física y de locomoción, al debido proceso, a la “libertad procesal”, seguridad jurídica y celeridad, sin citar la norma legal que los contiene.

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita “se declare procedente el recurso” y se ordene que dentro del plazo de veinticuatro horas, el Juez de la causa señale audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, con expresa determinación de responsabilidad civil, daños y perjuicios.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 23 de agosto de 2013, cursante de fs. 58 62 vta., en presencia de la parte accionante asistida de sus abogados y en ausencia de la autoridad demandada se produjeron los siguientes hechos:

 

I.2.1. Ampliación de la acción

La representada del accionante mediante su abogado, en audiencia refirió: a) Como consecuencia del rechazo a las recusaciones formuladas, la causa retornó al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, con el señalamiento de audiencia para la cesación a la detención preventiva dispuesto por el Juez Séptimo de Instrucción de la misma materia; sin embargo, conforme refirió la Secretaria de ese despacho jurisdiccional, la misma sería suspendida, por encontrarse señalada en similar horario otras audiencias; y, b) “En horas de la mañana se les notificó que el Juez no se allanó a la recusación efectuada por la parte querellante habiéndose dispuesto que nuevamente el proceso retorne al Juzgado 6to. cautelar” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba, en su informe cursante a fs. 56 y vta., refirió: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Jorge Luis Siles Riojas contra Manolo Enrique Trujillo Arando por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de tentativa, fue radicado en su despacho por excusa del Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, habiendo señalado su persona, audiencia de cesación a la detención preventiva del imputado David Tababary Roca, para el 1 de agosto de 2013, a horas 16:00, actuado judicial que no se llevó a cabo, puesto que su autoridad fue recusado, por lo que remitió el proceso al Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal y por Auto de la misma fecha, elevó en consulta ante la Sala Penal de turno el Auto que determinó el rechazo de la recusa; 2) La Jueza Sexta de Instrucción en lo Penal, también fue recusada, por lo que el expediente pasó a conocimiento del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal; 3) Al haberse emitido el Auto de Vista de 12 de agosto de 2013, por el cual la Sala Penal Primera rechazó in limine la recusación planteada contra la Jueza Sexta de Instrucción en lo Penal, la Jueza Séptima devolvió obrados al citado despacho, cuya titular, al tomar conocimiento del Auto de Vista de 9 de agosto de 2013, emitido por la Sala Penal Segunda, que rechazó in limine la recusación formulada contra su autoridad, devolvió obrados a su despacho el 21 de agosto de 2013; 4) Tomó conocimiento que el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal hubiera fijado audiencia de cesación de la detención preventiva del ahora accionante, para el 22 de agosto de 2013, actuado que no se pudo llevar a cabo porque en su despacho se fijó con anterioridad audiencia conclusiva en otro proceso -refiere fotostáticas del libro de audiencias-; 5) Efectivamente se suspendió en dos oportunidades las audiencias de casación a la detención solicitada por el ahora accionante, pero de ningún modo en forma reiterada; 6) Con relación a los derechos alegados de vulnerados, en obrados se cumplió con los plazos procesales, tanto para la emisión de las resoluciones como para las notificaciones; y, 7) Se tome en cuenta que en la fecha -23 de agosto de 2013- la parte querellante recusó a su autoridad, implicando que el proceso radique nuevamente ante en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal.

 

I.2.3. Resolución

 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 23 de julio de 2013, cursante de fs. 59 a 63, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada señale audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, en el plazo de veinticuatro horas hábiles computables a partir de la fecha, cumpliendo con los términos que la ley establece y el entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 0038/2012 de 28 de marzo; en base a los siguientes argumentos: i) La autoridad demandada no dio cumplimiento con celeridad y prontitud requerida, pues los plazos no fueron cumplidos ni para la primera audiencia señalada para el 1 de agosto de 2013, la que se encuentra fuera del plazo establecido legalmente; ii) El Juez demandado tenía la obligación de llevar a cabo la audiencia de 22 de agosto del mismo año, tomando en cuenta que el accionante se encuentra privado de libertad, ante el cual se activa la acción de libertad de pronto despacho; y, iii) De “la lectura de la Resolución de 23 de agosto de 2013 se advierte que la recusación fue RECHAZADA IN LIMINE conforme el Art. 321 del CPP, modificada por la Ley 007“ (sic) y el entendimiento de la SCP 0038/2012, al haber rechazo de la recusación in limine, le correspondió al Juez demandado aplicar los lineamientos de la jurisprudencia citada.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, se determino la suspensión del plazo procesal del 23 al 31 de diciembre de 2013, por receso de fin de año, reanudándose el cómputo de plazo para emitir Resolución dentro del plazo establecido.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Jorge Luis Siles Rojas contra David Tababary Roca y otro, mediante memorial presentado el 16 de julio de 2013, el ahora accionante, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 34 y vta.).

 

II.2.El Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba -ahora demandado- mediante providencia de 18 de julio de 2013, señaló audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva del imputado David Tababary Roca, para el día 1 de agosto del mismo año (fs. 35).

 

II.3.A fs. 36 y vta., consta escrito de 31 de julio de 2013, por el cual Manolo Enrique Trujillo Arando -coimputado- planteó recusación contra el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal.

 

II.4.Mediante providencia de 1 de agosto del mismo año, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, considerando lo dispuesto por el art. 231 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la recusación formulada, dispuso la suspensión de la audiencia señalada para esa fecha, sin allanarse a la recusación planteada (fs. 37).

 

II.5.Por Auto de 1 de agosto de 2013, el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal, rechazó la recusación formulada por el coimputado, Manolo Enrique Trujillo Arando, disponiendo la remisión de fotocopias, ante el Tribunal Departamental de Justicia y del proceso al siguiente en número (fs. 38 a 39).

 

II.6.Ante el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal, el ahora accionante, mediante memorial de 8 de agosto del mismo año, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 40 a 41).

 

II.7.Por Auto de Vista pronunciado el 9 de agosto de 2013, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, rechazó in limine, la recusación formulada por el coimputado Manolo Enrique Trujillo Arando, disponiendo que el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del mismo departamento, continúe con el conocimiento de la causa (fs. 43 a 44 vta.).

 

II.8.La Jueza Séptima de Instrucción en lo Penal, mediante proveído de 14 de agosto de 2013, en mérito a la solicitud efectuada por David Tababary Roca, señaló audiencia de consideración de la detención preventiva para el 22 de agosto del mismo año (fs. 42).

 

II.9.El 21 de agosto de 2013, el Juez de la causa -ahora demandado- providenciando de oficio y advirtiendo que el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 22 del mismo mes y año, suspendió la misma, considerando que su “despacho judicial ya tiene señaladas audiencias con meses de anterioridad” (sic) (fs. 46).

 

II.10.El Tribunal de garantías estableció y tuvo por acreditado en la resolución que se revisa; que, por “Resolución de fecha 23 del presente mes y año, cursante de fs. 1595 a 1596, en la que el Juez accionando RECHAZA IN LIMINE, la recusación promovida por Jorge Luis Siles Rojas por la inexistencia de las causales invocadas y previstas en el Art. 316 num. 5) y 11) del CPP, por ser manifiestamente improcedente” (sic) (fs. 61 vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

En este estado de cosas, corresponde ahora precisar con claridad el objeto y la causa de la presente acción; en ese orden, se tiene que el objeto de la activación de este mecanismo de defensa, es la petición de tutela constitucional para el resguardo de los derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso, a la “libertad procesal”, seguridad jurídica y celeridad; asimismo, la causa; es decir, el acto denunciado como lesivo a los derechos de su representado, en la especie, constituye las reiteradas e indebidas suspensiones, de las audiencias de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante.

 

En consecuencia y luego del desarrollo dogmático y jurisprudencial a ser desarrollado, se analizará si en el presente caso, corresponde la concesión o no de la tutela solicitada.

 

III.1. La tutela del debido proceso mediante la acción de libertad

Mediante la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, este Tribunal sostuvo que:“La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como 'recurso de habeas corpus', encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro”.

 

En ese sentido la SCP 0182/2013 de 27 de febrero, refirió que: “El art. 125 de la CPE, al señalar que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad…', implícitamente determina que la acción de libertad, procede ante la existencia de un procesamiento indebido que restrinja o prive del derecho a la libertad física, para que se restablezcan las formalidades legales.

 

La jurisprudencia constitucional determinó los alcances de la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, indicando que: '…la protección que brinda el recurso de hábeas corpus en cuanto al debido proceso se refiere, éste no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes…' (SC 0290/2002-R de 18 de marzo, entre muchas otras), entendimiento complementado por la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, que haciendo énfasis en que este derecho y garantía a la vez, es tutelable por vía de la acción de libertad, razonó: '...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad', concluyendo que: '…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso…'.

 

Por su parte en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, este Tribunal estableció que: '…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus (ahora acción de libertad) cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad', razonamiento que ha sido modulado por la SC 0037/2012-R de 26 de marzo, al aclarar que: '…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa'”.

 

En consecuencia para que el debido proceso sea tutelado vía acción de libertad, los hechos considerados lesivos deben encontrarse vinculados directamente con la libertad; en ese sentido, se entiende que la denuncia efectuada por la representante del accionante está referida a la afectación de la libertad y a un posible procesamiento indebido por la dilación injustificada por parte de la autoridad jurisdiccional demandada, situación que permite ingresar al estudio de fondo de la problemática planteada.

 

III.2. El principio de celeridad y el derecho a la libertad

La SCP 2533/2012 de 14 de diciembre, acogiendo el entendimiento de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, señaló: ”A decir de Lucio Anneo Séneca; 'Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía' y en criterio de Augusto Mario Morello, 'Nunca más que ahora frente a la vertiginosa aceleración histórica, la necesidad de que la solución a un conflicto judicial recaiga en un tiempo razonablemente limitado, de modo que la garantía de la efectiva tutela que anida en el marco del proceso, satisfaga los valores de pacificación, justicia y seguridad'.

 

Toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad.

 

El art. 178.I de la CPE, indica: 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos'.

 

El art. 115 de la CPE, expresamente determina lo siguiente:

'I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'”.

 

Consecuentemente, queda establecido que la dilación excesiva ante una solicitud de consideración de la cesación a la detención preventiva, debe ser resuelta en observancia al principio de celeridad consagrado por la CPE, por cuanto se halla en cuestión la definición misma de la situación jurídica de las personas privadas de libertad que para su preservación requiere del Estado, la obligación de viabilizar con la mayor efectividad su protección.

 

III.3.       De la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia

La SCP 0182/2013 de 27 de febrero, citada supra, respecto al señalamiento de audiencia, ante una solicitud de cesación a la detención preventiva, estableció: “…los arts. 22, concordante con los arts. 23.I y 180.I de la CPE establece que 'La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado', postulado que, a partir de una interpretación axiológica, sistemática, dogmática y teleológica, efectuada en base al art. 8.II de la misma Norma Suprema, nos permite concluir que, siendo los valores de libertad y dignidad, entre otros, el sustento del Estado Plurinacional, cualquier restricción, lesión o límite a su ejercicio en materia penal, con carácter provisional o cautelar, posee de acuerdo a los preceptos constitucionales, una naturaleza instrumental que la hace modificable a través de varios mecanismos intra procesales entre los que se halla la cesación de la detención preventiva descrita en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que establece los casos en los cuales procede.

 

En efecto, si bien es evidente que la normativa legal vigente no prevé un plazo específico para la sustanciación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, tratándose de una solicitud en la que se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona '…la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el referido art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible y cumpliendo a cabalidad los plazos establecidos en la norma legal, toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado' (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras).

 

Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios que lesionando el debido proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, los ha identificado como aquellos que se efectivizan cuando: 'a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad; c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas'”.

 

A lo anterior, corresponde referir que, respecto al razonamiento inserto en el inciso b), éste entendimiento fue modulado por la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que señaló:”…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento” (resaltado fuera del texto original), estableciendo además que en cuanto al plazo para la realización de la audiencia, tratándose de un derecho fundamental como lo es la libertad, debe señalarse en un plazo máximo de tres días a partir de la solicitud, término que incluirá las notificaciones pertinentes; es decir, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación a la detención preventiva, se encuentra compelida por ley, para atender la pretensión del impetrante dentro de las siguientes veinticuatro horas a su recepción debiendo señalar fecha de audiencia dentro de los tres días siguientes, plazo que incluye las correspondientes notificaciones a las partes procesales, y en caso de no observarse estas determinaciones, los encargados de impartir justicia serán pasibles de sanciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en el art. 135 del CPP.

 

III.4. El hábeas corpus traslativo o de pronto despacho

“El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales.

 

En este contexto, el entonces Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar una clasificación doctrinal del hábeas corpus ahora acción de libertad-, señaló: '…de la interpretación del art. 18 de la CPEabrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida»', tipología dentro de la cual agrega al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: '…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…', e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R).

 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (SC 0369/2012 de 22 de junio) (las negrillas fueron agregadas).

 

III.5. De la recusación en materia penal

Previamente corresponde precisar las siguientes consideraciones de orden legal respecto a la tramitación del incidente de recusación; así, el art. 320 del CPP, prescribe lo siguiente: “La recusación se presentará ante el juez o tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente. Si el juez recusado admite la recusación promovida, se seguirá el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento: 1) Cuando se trate de un juez unipersonal, elevará antecedentes al tribunal superior dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada de rechazo. El tribunal superior, previa audiencia en la que se recibirá la prueba e informe de las partes, se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior. Si acepta la recusación, reemplazará al juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza ordenará al juez que continúe con la sustanciación del proceso, el que ya no podrá ser recusado por las mismas causales. 2) Cuando se trate de un juez que integre un tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior”.

 

Por su parte el art. 321 del CPP, refiriéndose a los efectos de la recusación, añade que una vez producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto bajo sanción de nulidad, porque la autoridad jurisdiccional a cargo de la tramitación de la causa, quedará momentáneamente impedida de realizar actos procesales o que éstos se efectúen bajo su control; empero, ello no significa la paralización de la investigación o del juicio, dado que el proceso deberá continuar en su tramitación bajo conocimiento de otra autoridad de igual jerarquía, entre tanto se imprima y resuelva el trámite de la recusación, con el fin de declararla legal o ilegal.

 

En ese contexto la SCP 0038/2012 de 26 de marzo, al respecto señaló: …”el Código de Procedimiento Penal, en el marco de las reglas de un debido proceso, disciplina el trámite de recusación, señalando taxativamente en su artículo 320 lo siguiente: 'La recusación se presentará ante el juez o tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente'.

 

Asimismo, mediante Ley 007 de 18 de mayo de 2010, denominada 'Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal', en su artículo primero, se establece las reformas parciales al Código de Procedimiento Penal, entre las cuales se encuentra la modificación al artículo 321 del mencionado Código, estableciendo esta ley para las excusas y recusaciones el siguiente contenido textual: 'Producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo sanción de nulidad. Aceptada la excusa o la recusación, la separación del juez será definitiva aunque posteriormente desaparezcan las causales que las determinaron'. Luego de este supuesto, de manera textual señala esta disposición: 'Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in límine cuando: 1. No sea causal sobreviniente; 2. Sea manifiestamente improcedente; 3. Se presente sin prueba en los casos que sea necesario; o 4. Habiendo sido rechazada sea reiterada en los mismos términos'.

 

Ahora bien, para el establecimiento de las reglas de un debido proceso en relación al tópico de recusaciones, es imperante interpretar a la luz de pautas exegéticas, teleológicas y sistémicas, la disposición legal antes señalada, en ese orden, a diferencia del anterior régimen adjetivo aplicable en materia de recusaciones, esta nueva disposición, de acuerdo al tenor literal, introduce un aspecto adicional, es decir el rechazo in límine de recusaciones, disciplinando específicamente los requisitos para este fin.

 

En ese orden, en una interpretación literal del art. 321 de la Ley 007, acorde con pautas teleológicas y sistémicas, se tiene que la prohibición de conocimiento de ulteriores actos procesales una vez promovida la recusación, es un presupuesto aplicable para las recusaciones formuladas en el marco del art. 320 del CPP; empero, considerando que el rechazo in límine no contempla las causales del art. 320 del CPP, sino por el contrario, sus presupuestos son distintos, del tenor literal del art. 321, se establece que no existe una regulación normativa expresa del procedimiento de rechazo in límine de recusaciones formuladas en procesos penales, razón por la cual, de acuerdo a pautas objetivas de interpretación, a la luz del debido proceso, deberán interpretarse los postulados a seguirse.

 

En el contexto señalado, siguiendo un criterio teleológico de interpretación, se tiene que el primer supuesto del art. 321 del CPP en el marco de las causales reguladas por el art. 320 del mismo cuerpo adjetivo, cuando establece la prohibición de realización de actos procesales ulteriores bajo sanción de nulidad, tiene una finalidad concreta, que es asegurar el principio de imparcialidad como elemento del debido proceso. Ahora bien, la finalidad de establecer un rechazo in límine cuando se presenten los supuestos regulados en la última parte del artículo 321 del CPP, los cuales por su naturaleza no se encuentran contemplados en el artículo 320, de acuerdo a una pauta teleológica y sistémica, tiene la finalidad de evitar dilaciones procesales indebidas y asegura así la consagración del principio de celeridad como presupuesto de un debido proceso penal.

 

En base al razonamiento antes esbozado, considerando que la teleología de un rechazo in límine de recusaciones es el resguardo del principio de celeridad y por ende del plazo razonable de juzgamiento, toda vez que su finalidad es evitar dilaciones procesales indebidas, no sería coherente con esta interpretación teleológica, atribuirle a este supuesto los mismos presupuestos disciplinados para la tramitación de recusaciones enmarcadas en las causales plasmadas en el art. 320 del CPP, por cuanto, a la luz de esta interpretación teleológica, es razonable señalar que en este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la Ley 007, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de ninguna manera vicia de nulidad los actos procesales ulteriores” (las negrillas fueron adheridos).

 

III.6.       Análisis del caso concreto

En observancia al objeto y causa de tutela, expresado en el Fundamento Jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en la especie, la parte accionante denuncia las reiteradas e indebidas suspensiones, de las audiencias de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante.

 

En ese contexto, de la compulsa de antecedentes, se tiene que, el 16 de julio de 2013, el ahora accionante solicitó al Juez Quinto de Instrucción en lo Penal, audiencia de cesación a la detención preventiva, la que fue deferida por ésta autoridad jurisdiccional para el 1 de agosto del mismo año; sin embargo, como consecuencia de la recusación formulada por el co imputado -Manolo Enrique Trujillo Arando-, la audiencia señalada para el efecto fue suspendida y resolviendo la recusación planteada, el Juez ahora demandado, rechazó la misma, disponiendo la remisión de sus antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia, y el proceso al siguiente en número; es decir, al Juzgado Sexto de Instrucción de la misma materia, siendo el titular de ese despacho, también recusado -tal cual se establece de los argumentos expuestos por el accionante y el informe de la autoridad demandada-; consecuentemente, remitiéndose el expediente, a conocimiento de la Jueza Séptima de Instrucción en lo Penal, quien conforme la providencia de 14 de agosto de 2013 (Conclusiones II.8), dispuso el señalamiento de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva para el 22 del mismo mes y año.

Ahora bien, de acuerdo con el informe emitido por la autoridad demandada y lo establecido en las Conclusiones II.7 de la presente Sentencia, se constata que la Sala Penal Primera mediante Auto de Vista de 12 de agosto de 2013, rechazó in limine la recusación planteada contra la Jueza Sexta de Instrucción en lo Penal; en el mismo sentido, la Sala Penal Segunda, por Auto de Vista de 9 del mismo mes y año, rechazó in limine la recusación formulada contra el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal -ahora demandado- consecuentemente disponiendo que dicha autoridad continúe conociendo la causa.

En ese orden de cosas, la actuación del Juez de la causa -Juez Quinto de Instrucción en lo Penal- en observancia a lo resuelto -en particular el Auto de Vista de 9 de agosto de 2013-, debió enmarcarse a las consideraciones de orden jurídico-constitucional desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; pues, la dilación excesiva e innecesaria ante una solicitud de consideración de la cesación a la detención preventiva, debe ser resuelta en observancia al principio de celeridad consagrado por la Constitución Política del Estado, máxime si en la especie se encuentra en cuestión la definición misma de la situación jurídica de la persona privada de libertad; pues la jurisprudencia estableció que el memorial de solicitud, debe ser providenciado inexcusablemente dentro de las veinticuatro horas y desarrollada dentro de un plazo razonable; en la especie, como ya se tiene dicho el accionante presentó su solicitud de cesación de la detención preventiva el 16 de julio de 2013; sin embargo, el Juez ahora demandado, señaló la misma para el 1 de agosto del mismo año; es decir, un plazo extremadamente extenso, contradiciendo lo citado por la jurisprudencia cuando estima que “tratándose de un derecho fundamental como lo es la libertad, debe señalarse en un plazo máximo de tres días a partir de la solicitud, situación que evidentemente, lesiona los derechos del ahora accionante.

 

De otro lado, habiendo sido devueltos los antecedentes al juzgado de origen, en mérito a los fallos emitidos por la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, con relación a las recusaciones formuladas contra el Juez Quinto y Sexto de Instrucción en lo Penal; conforme lo expresado en el informe emitido por la autoridad demandada, el 23 de agosto de 2013, el Juez ahora demandado en la presente acción habría sido nuevamente recusado, lo que implicaría que el proceso, nuevamente sea radicado ante el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal; sin embargo, se tiene que por “Resolución de fecha 23 del presente mes y año, cursante de fs. 1595 a 1596, en la que el Juez accionando RECHAZA IN LIMINE, la recusación promovida por Jorge Luis Siles Rojas por la inexistencia de las causales invocadas y previstas en el Art. 316 num. 5) y 11) del CPP, por ser manifiestamente improcedente” (sic), situación que así explicada y en coherencia con lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo, los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar la celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, consecuentemente, en la especie, el Juez demandado debió llevar adelante la audiencia solicitada por el accionante, o en su caso señalar una nueva conforme expresa el entendimiento de la jurisprudencia anotada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que no ocurrió en el caso que se analiza, aspecto que también conlleva a la vulneración de los derechos alegados por la representante del accionante.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, ha evaluado de forma correcta los antecedentes de la acción de libertad impetrada y las normas aplicables a la misma.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 23 de agosto de 2013, cursante de fs. 59 a 63, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos del Tribunal de garantías.

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO


Página 8 de 107

Twitter Posts



contador de visitas