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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:Dra. Soraida Rosario ChánezChire

Acción de amparo constitucional

Expediente:04544-2013-10-AAC

Departamento:Cochabamba

 

En revisión la Resolución de 22 de agosto de 2013, cursante de fs. 109 a 119, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ivette Gonzales Egüez y Ninoska Martha Pardo Méndez contra Rafaela María Goretti del Consuelo Grigoriu Rocha, María Betsabé Merma Mamani, Carmen Rocío Jiménez Alvarellos, Daniel Campos Escalante y Ramiro Eduin Borda Marín; Presidenta, Vicepresidenta y Vocales, respectivamente, del Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 2 de agosto de 2013, cursante de fs. 35 a 43, las accionantes manifestaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

 

I.1.1.Hechos que motivan la acción

 

La Autoridad Sumariante del Tribunal Electoral Departamental, les inició un proceso sumario administrativo, por haber contravenido lo previsto en los arts. 53 incs. l) y m) y 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, ambas situaciones exigen condiciones previas y específicas para su accionar, hecho que no sucedió, habiendo incurrido en un defecto absoluto no susceptible de convalidación, que vicia el procedimiento y amerita la nulidad de todo lo obrado.

 

El art. 53 del mencionado Reglamento hace referencia a faltas menores o leves, que son motivo de amonestación escrita; asimismo, el art. 54 del indicado Reglamento, se refiere a faltas reincidentes, siendo causales de suspensión; para ello, se les inició proceso sumario administrativo por hechos contemplados en el citado art. 53, el mismo que sólo ameritaba amonestación escrita y debió ser efectivizada sin proceso alguno, por lo que el actuar de los demandados vicia toda la causa, por vulneración al debido proceso y a la defensa.

 

Señalan que, la Autoridad Sumariante incorporó los incs. 3) y 4) a la supuesta vulneración del art. 54 del citado Reglamento; es decir, la firma anticipada (dos días antes) a la celebración del matrimonio del testigo del esposo, sin considerar que éste artículo sólo opera en casos de reincidencia, donde se haya emitido una sanción concreta ejecutoriada, extremo que no sucedió; los antecedentes por reincidencia por memorandos de la gestión 2002, 2005, 2009 (infringe el art. 54, falta reincidencia), los cuales no pueden servir para fundar sanción alguna en el presente caso, porque la aplicación de la norma exige existencia previa de otras sanciones ejecutoriadas dentro de los dos años pasados, no siendo aplicables en hechos nuevos o recientes que estén siendo motivo de procesamiento y sus files personales datan de hechos que han prescrito por imperio del Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001.

 

El Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, entró en vigencia mediante la Resolución 035/2011 de 1 de marzo, y en aplicación del principio de legalidad, sólo podían computar hechos, faltas o sanciones posteriores a la vigencia de dicha norma, coligiéndose de tal manera que el proceso adoleció de defectos graves de procedimiento, aplicando normas sin cumplir los preceptos, ni acatar el Reglamento mencionado, por lo que correspondía anular obrados por existir defectos absolutos graves no susceptibles de convalidación.

 

Denunciaron hechos irregulares acaecidos en la tramitación del proceso y que no fueron atendidos, emitiéndose la circular 025/2012 de 24 de diciembre, que precisó los requisitos que deben exigirse para la celebración de matrimonios a ciudadanos extranjeros, norma que en ningún acápite, establece la obligación de exigir título de profesión para verificar ese extremo, por lo que solicitaron al Director Departamental del Servicio de Registro Civil (SERECI), certificación e informe si existió comunicado para exigir fotocopia legalizada del título de profesión, si dicha circular, está en vigencia o fue abrogada, solicitudes que no fueron atendidas ni absueltas, emitiendo la Resolución Definitiva, sin considerar que esa petición estaba relacionada con el derecho a la defensa que es amplio, libre e irrestricto, no siendo óbice el hecho que se hayan presentado pruebas el último día del periodo probatorio, constituyéndose en violación al derecho a la defensa.

 

Finalmente indican que, el 28 de mayo de 2013, pidieron la prescripción de los hechos al haber transcurrido más de dos años, petición que fue obviada por la autoridad sumariante y las autoridades ahora demandadas, al no pronunciarse al respecto, aceptando o denegando dicha solicitud, constituyendo omisión al derecho a la petición.

 

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

 

Las accionantes denuncian como lesionados sus derechos, al debido proceso a la defensa y petición, citando al efecto los arts. 24, 115.I y II, 116 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3.Petitorio

 

Solicitan se conceda la tutela, disponiendo lo siguiente: a) Se deje sin efecto la Resolución de 24 de julio de 2013, y la “efectiva nulidad de obrados por vicios al debido proceso, la igualdad de oportunidades, el derecho a la defensa y derecho a la petición”; y, b) Se disponga responsabilidad civil.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 22 de agosto de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 106 a 108, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1.Ratificación de la acción

 

Las accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su memorial.

 

I.2.2.Informe de las autoridades demandadas

 

Rafaela María Goretti del Consuelo Grigoriu Rocha, María Betsabé Merma Mamani y Ramiro Eduin Borda Marín; Presidenta, Vicepresidenta y Vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, a través de su representante legal, presentaron informe escrito, cursante de fs. 57 a 61, manifestando que: 1) La parte dispositiva de la Resolución que resolvió el recurso jerárquico de 24 de julio de 2013, en la que se reprocha una sanción inexistente, sólo se limitó a confirmar el Auto recurrido, tal como manda expresamente el art. 28 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, modificada por el DS 26237, no existiendo omisión ilegal o indebida que restrinja derechos de las accionantes; 2) En el tenor de la demanda de acción de amparo constitucional, se denota que quien habría incurrido en actos u omisiones ilegales a través de la Resolución Definitiva de 7 de junio de igual año, sería la Autoridad Sumariante del SERECI, quien inexplicablemente no fue demandada; 3) Las accionantes, si consideraban que se encontraban indebidamente procesadas, debieron activar de forma directa la “acción de libertad” y no esperar la ejecutoria de la Resolución Definitiva. Respecto a la solicitud de prescripción, la Autoridad Sumariante no tomó en cuenta hechos sobre los cuales podrían considerarse reincidentes, por lo que no ameritaba declarar prescritos actos que estaban siendo motivo del proceso sumario, limitándose sólo a verificar los actos matrimoniales de la gestión 2012, posteriores a la aprobación del Reglamento e incumplido por las accionantes; 4) La Autoridad Sumariante en el Auto de apertura del proceso administrativo, dispuso el plazo de diez días hábiles, computables a partir de la citación para producir pruebas de descargo, las accionantes a pocas horas de concluir el plazo ofrecieron prueba solicitando certificaciones e informes, pidiendo que la Sumariante disponga la notificación a las instancias correspondientes al fin impetrado, memorial de solicitud que fue providenciado dentro las veinticuatro horas siguientes conforme a procedimiento; y, 5) Finalmente, la suspensión no fue aplicada como reincidencia alguna descrita en el Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, sino por contravenir sus obligaciones administrativas establecidas en los arts. 27 incs. a) y b), y 28 del mencionado Reglamento y 46, 56 y 59 del Código de Familia (CF).

 

Daniel Campos Escalante y Carmen Rocío Jiménez Alvarellos, Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, presentaron informe escrito, que cursa de fs. 51 a 55 vta., refiriendo que: i) Mediante Resolución Definitiva 03/2013 de 7 de junio, emitida por la Autoridad Sumariante del SERECI, se habría determinado la existencia de responsabilidad administrativa de las accionantes sancionándolas con veinticinco y quince días respectivamente, de suspensión sin goce de haberes, conforme determina el art. 49 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, concordante con el art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales; determinación que fue confirmada por Resolución de 1 de julio de igual año, que resolvió el recurso de revocatoria, y por Resolución de 24 del referido mes y año, se resolvió el recurso jerárquico interpuesto por las accionantes, misma que confirmó el Auto recurrido; ii) En la presente acción tutelar, las accionantes reproducen los mismos fundamentos que presentaron en los recursos de revocatoria y jerárquico, que fueron respondidos a cada uno de sus puntos, mediante las Resoluciones correspondientes; iii) No existe razón para interponer la acción tutelar, por hechos por los cuales nunca se efectuó sanción alguna, que si bien, en el Auto inicial fueron citados los arts. 53 y 54; empero, en el Auto final fueron desestimados, porque la Sumariante en el proceso detectó que no concurrían los elementos necesarios para determinar responsabilidad administrativa por contravenir los citados artículos, en el memorial de acción de amparo constitucional, no se advierte una fundamentación contra las conductas que originaron la responsabilidad administrativa y consiguiente sanción, como es la contravención a los arts. 27 incs. a) y b); 28 incs. a), b) y c) del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil y los arts. 46, 56 y 59 de CF; y, iv) Respecto al término para la presentación de la prueba, el Sumariante se rigió conforme dispone el DS 23318-A de 20 de julio de 1990, modificado por el DS 26237, el cual reglamenta el procedimiento y establece el plazo de diez días hábiles de terminó de prueba; asimismo, en cuanto a la no valoración de la prueba que refieren las accionantes, establecen que las mismas fueron presentadas fuera de plazo y no incidieron en la determinación final.

 

I.2.3.Intervención de la tercera interesada

Viviana Shirley Cossio Azurduy, Inspectora del SERECI, como tercera interesada, presentó informe cursante a fs. 49 y vta., en el cual refirió que cumple funciones de supervisar y controlar el funcionamiento de las Oficialías de Registro Civil, velando por el cumplimiento de la normativa vigente, en ese sentido, elevó informe 151/2013 a la Dirección Departamental del SERECI, al haber identificado contravenciones al Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, por parte de las ahora accionantes, remitiendo informe a la Autoridad Sumariante, con el fin de determinar la existencia de responsabilidad administrativa dentro el proceso sumario, por contravenciones al reglamento vigente y el Código de Familia, ambas accionantes admitieron en el proceso las infracciones cometidas, señalando que debieron ser sancionadas con amonestaciones y no con un proceso administrativo.

I.2.4.Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución de 22 de agosto de 2013, cursante de fs. 109 a 119, por la que concedió la tutela solicitada, sólo en cuanto al derecho al debido proceso en su componente de la debida fundamentación de la Resolución que efectiviza el derecho a la petición; consecuentemente, se anuló parcialmente la Resolución de 24 de julio de 2013, pronunciada por la Autoridad jerárquica, disponiendo que a la brevedad se pronuncie nueva Resolución debidamente fundamentada absolviendo los aspectos cuestionados, bajo los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de garantías no se constituye en una instancia adicional o casacional, en razón a la limitación de la acción tutelar respecto a la revisión de resoluciones administrativas o judiciales con autoridad de cosa juzgada y la acción de amparo constitucional, al no formar parte de las vías legales ordinarias, no puede reparar actos que infringen las normas procesales o sustantivas, por ser una acción extraordinaria independiente y subsidiaria; b) Respecto al ofrecimiento de prueba en el último día hábil del término probatorio, de la lectura de la Resolución jerárquica de 24 de julio de 2013, y complementaria por el fallo de 31 del referido mes y año, evidenciaron que las autoridades demandadas absolvieron de forma fundamentada dicho punto impugnado; por otro lado, el derecho a la defensa amplia e irrestricta debe practicarse a cargo del propio procesado dentro del límite previsto por la norma procesal aplicable y no en un espacio de tiempo indefinido o sujeto al arbitrio de las partes, en ese entendido, el art. 22 del DS 26237 de 29 de junio de 2001, determina el plazo de diez días hábiles de término de prueba, estando la Autoridad Sumariante obligada a pronunciar la resolución dentro los cinco días de vencido dicho término, coligiendo que las accionantes tuvieron conocimiento oportuno de la Resolución de 14 de mayo de 2013, y las mismas recién ofrecieron prueba la última hora del vencimiento del término probatorio, aspecto atribuible a las accionantes; c) Con relación a las presuntas infracciones por las que fueran procesadas, que se encuentran previstas en los arts. 53 y 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, y que sólo ameritaban amonestación escrita sin proceso alguno, aspecto reiteradamente reclamado durante el proceso y que no fue absuelto por las autoridades demandadas, afectando el derecho de petición, mereciendo una respuesta fundada que resuelva lo solicitado, ya sea de forma negativa o positiva; y, d) En cuanto a los aspectos de fondo, que involucra la supuesta valoración defectuosa de la prueba, al no constituirse el Tribunal de garantías en una instancia adicional del proceso administrativo, está impedido de ingresar al análisis de los hechos y de la valoración de la prueba, máxime si las accionantes en ningún momento alegaron vulneración a derechos fundamentales como emergencia de una inadecuada valoración probatoria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

De conformidad con el Acuerdo Administrativo TCP-DGAF-SP-086/2013 de 29 de noviembre, en el Resuelve Primero dispone el receso de actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional del 23 al 31 de diciembre de 2013, con suspensión de plazos procesales; a cuyo efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia considerando ésta.

 

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

 

II.1.El 14 de mayo de 2013, la Autoridad Sumariante del Servicio de Registro Cívico, emitió el Auto por el cual resolvió iniciar proceso administrativo contra Ivette Gonzales Egüez y Ninoska Martha Pardo Méndez, -ahora accionantes-, por la presunta contravención a los arts. 27 incs. a) y b), 28 incs. a), b) y c), 53 incs. l) y m), y 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, aprobado por RSP 035/2011 y los arts. 46, 56 y 59 del CF, disponiendo conforme establece el art. 22 inc. b) del DS 26237, que en el plazo de diez días hábiles computables a partir de su citación, las procesadas deben producir sus pruebas de descargo (fs. 2 a 4 vta.).

 

II.2.Por memorial de 20 de mayo de 2013, las accionantes señalaron domicilio procesal, y solicitaron fotocopias legalizadas del proceso, para asumir defensa (fs. 5).

 

II.3.Resolución definitiva 003/2013 de 7 de junio, emitida por la Autoridad Sumariante del SERECI dentro el proceso administrativo seguido contra las ahora accionantes, que una vez presentadas las pruebas de cargo y descargo, la clausura del término probatorio y la normativa vigente, determinó la existencia de responsabilidad administrativa contra Ivette Gonzales Egüez y Ninoska Martha Pardo Méndez, por haber contravenido la Resolución 035/2011, en sus arts. 27 incs. a) y b); y, 28 incs. a), b) y c) del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil y 46, 56 y 59 del CF, aplicando en consecuencia la sanción de suspensión de veinticinco y quince días respectivamente, sin goce de haberes conforme determina el art. 49 del citado Reglamento, concordante con el art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (fs. 10 a 18).

 

II.4.El 18 de junio de 2013, las accionantes interpusieron recurso de revocatoria y denunciaron lesión al derecho a la defensa, observando defectos absolutos no susceptibles de convalidación contra la Resolución Determinativa de 7 de igual mes y año (fs. 19 a 22 vta.).

 

II.5.Por Auto de 1 de julio de 2013, la Autoridad Sumariante, resolvió el recurso de revocatoria incoado por las accionantes, habiendo ratificando la Resolución Definitiva 003/2013, conforme dispone el art. 24 del DS 23318-A modificado por el DS 26237 (fs. 23 a 25).

 

II.6.Por memorial de 9 de julio de 2013, las accionantes interpusieron el recurso jerárquico contra la Resolución precedente, bajo los mismos argumentos del recurso de revocatoria (fs. 26 a 29 vta.).

 

II.7.El 24 de julio de 2013, las autoridades ahora demandadas emitieron la Resolución jerárquica que resolvió el recurso interpuesto por las accionantes contra la determinación que ratificó la Resolución Definitiva dentro el proceso sumario administrativo interno sustanciado por Susy Fuentes Álvarez como Autoridad Sumariante contra Ivette Gonzales Egüez y Ninoska Martha Pardo Méndez -hoy accionantes-, en el cual dieron respuesta a los puntos expuestos por la parte accionante, refiriendo además que la suma y el petitorio son copia fiel del recurso de revocatoria que a su vez reproduce in extenso el memorial de 28 de mayo de 2013, advirtiendo que el recurso planteado hizo referencia a hechos que no fueron atribuidos a las procesadas y por los cuales no se les impuso ninguna sanción; empero, no refieren nada sobre la conducta que originaron la sanción como es el hecho de que las accionantes habrían celebrado matrimonios incumpliendo lo previsto en el Código de Familia concordante con los arts. 27 y 28 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil; por lo que concluyeron que la Autoridad Sumariante efectuó una correcta apreciación de los antecedentes, confirmando el Auto recurrido de 1 de julio de 2013 (fs. 30 a 31 vta.).

 

II.8.Las accionantes por memorial de 29 de julio de 2013, solicitaron aclaración, enmienda y complementación de la Resolución jerárquica de 24 del mismo mes y año (fs. 32 y vta.).

 

II.9.El 31 de julio de 2013, las autoridades demandadas emitieron el Auto correspondiente dando respuesta a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación, planteada por las accionantes (fs. 33 a 34).

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes consideran vulnerados sus derechos al debido proceso a la defensa y petición; toda vez que: 1) Las autoridades ahora demandadas al emitir la Resolución jerárquica de 24 de julio de 2013, no dieron respuesta a todos los agravios reclamados que se efectuaron dentro el proceso administrativo; 2) Se les inicio proceso, por contravenir los arts. 53 y 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, y dichos artículos sólo contemplan amonestación escrita y no suspensión; y, 3) No valoraron las pruebas de descargo ofrecidas, causándoles indefensión.

 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.       El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional

La acción de amparo constitucional, ha sido instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 128 y ss., como una medida de protección contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o particulares, derechos que son reconocidos por la misma Ley Fundamental y que son inherentes a todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

 

Norma concordante con el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala: “La acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

 

La consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia, como Estado Constitucional de Derecho, mantiene el quiebre de concepción sobre la funcionalidad de la propia Ley Fundamental, la Constitución Política del Estado es concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez Norma Suprema directamente justiciable, dotada de un contenido material (principios, valores supremos y derechos fundamentales), que condicionan la validez de las demás normas infraconstitucionales, y que exigen a los operadores del derecho ingresar en la tarea de su consecución.

 

Bajo este nuevo enfoque se encomienda el control de constitucionalidad a un órgano independiente -el Tribunal Constitucional Plurinacional- encargado de ejercitar un control de constitucionalidad de carácter jurisdiccional para el resguardo de una Constitución abierta que contiene y fundamenta los valores y principios supremos de carácter plural que irradian de contenido y orientan el funcionamiento del Estado y la sociedad boliviana, donde los valores y principios plurales supremos convergen como guías y pautas de interpretación para la materialización del nuevo modelo de Estado que proyecta la Constitución, sustentado en la plurinacionalidad, la interculturalidad, el pluralismo en sus diversas facetas proyectados hacia la descolonización, como nuevos ejes fundacionales que permitan consolidar una sociedad inclusiva, justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales estructuradas bajo un proceso que articule la pluralidad en la unidad.

 

En este escenario, conforme determinó la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, la funcionalidad de la Constitución Política del Estado también sufre un giro trascendental, pues no sólo se erige para limitar el ejercicio de poder político y organizar las estructuras estatales, sino también en defensa de los derechos fundamentales, concebidos como valores supremos a ser materializados.

 

En efecto, uno de los pilares esenciales del Estado Constitucional de Derecho, es el respeto a los derechos fundamentales, los cuales, de acuerdo con lo previsto en el art. 109.I de la CPE, concordante con el art. 13.III de la misma Ley Fundamental, gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.

 

Bajo la perspectiva señalada, la acción de amparo constitucional se configura como una verdadera garantía jurisdiccional destinada, a través de un procedimiento rápido y oportuno, a resguardar los derechos fundamentales expresados en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, con excepción de aquellos que encuentren resguardo en otros mecanismos específicos de defensa. Así lo estableció la SCP 0002/2012 de 13 de marzo.

 

Por lo señalado, la acción de amparo constitucional es un medio eficaz para asegurar el respeto a derechos fundamentales y garantías constitucionales no tutelados por otros mecanismos de defensa, siendo un medio idóneo de protección oponible no sólo respecto del Estado sino también de manera horizontal; es decir, contra actos y omisiones provenientes de particulares que lesionen o amenacen lesionar los derechos fundamentales que se encuentran bajo su resguardo.

 

En el marco de lo referido, cabe subrayar que el diseño constitucional del amparo constitucional responde a las normas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, concretamente en el marco de los alcances y preceptos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo art. 25.1, establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención…”.

 

En efecto la regulación efectuada por el constituyente respecto al amparo constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de sumatoriedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares.

 

En armonía con lo expuesto, debe señalarse que la acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza constitucional regido por las normas y principios procesales propios de la justicia constitucional, que guiado bajo el principio de eficacia su protección se orienta siempre a dar efectiva protección a los derechos fundamentales y garantías constitucionales que tutela. Es por ello, que para la consecución de su objeto y finalidad -tutela efectiva- se encuentra regido por los criterios y principios de interpretación constitucional y los propios que rigen de manera concreta a los derechos humanos, entre ellos, los principios pro persona o comúnmente conocido como el pro homine, el pro actione, favor debilis, de progresividad, favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el de preferencia y eficacia de los derechos humanos, entre otros, los mismos que han sido aplicados por la jurisprudencia constitucional.

 

III.2.       Sobre el derecho al debido proceso

La Constitución Política del Estado en su art. 115.II, garantiza el derecho al debido proceso cuando señala lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

 

La SC 0119/2003-R, de 28 de enero, sobre el derecho al debido proceso señalo lo siguiente: “…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos'. (…) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…” (las negrillas son nuestras).

 

Bajo esa misma perspectiva la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, señaló: “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.

 

Con relación a su naturaleza jurídica, la SC 0316/2010-R de 15 de junio, señaló lo siguiente: 'La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…'.

 

Agregando más adelante la mencionada Sentencia Constitucional, establece que: 'Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente de la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:

 

1)            Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

 

2)            Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad'.

 

De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados, '…enriqueciéndolo además con su carácter de principio procesal, lo que implica que su aplicación nace desde el primer acto investigativo o procesal, según sea el caso, y debe subsistir de manera constante hasta los actos de ejecución de la sentencia, constituyendo una garantía de legalidad procesal que comprende un conjunto de garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales, lo que implica que el debido proceso debe estar inmerso en todas las actuaciones procesales ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo' (SC 0299/2011-R de 29 de marzo)” (las negrillas nos pertenecen).

La línea jurisprudencial citada precedentemente, estableció que el debido proceso está reconocida por la Constitución en su triple dimensión: i) Como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado; ii) A la vez como un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes; y, iii) Como una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento.

III.3.       Fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su amplia jurisprudencia, estableció que la fundamentación y motivación que realice un juez o tribunal ordinario a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese sentido, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, ratificando lo señalado en la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, refirió que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.

 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas.

 

La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (el resaltado es nuestro).

 

III.4.       Del derecho a la defensa

El art. 115.II de la CPE, garantiza el derecho a la defensa y acceso a una justica plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, al respecto al jurisprudencia constitucional mediante la SC 0206/2010-R, de 24 de mayo, señalo que el derecho a la defensa como componente del debido proceso es: “…uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional” (negrillas añadidas).

 

III.5.       Del trámite del proceso sumario administrativo

La efectivización del proceso sumario administrativo, para determinar la responsabilidad de los Oficiales de Registro Civil por contravenir la Resolución 035/2011 Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, debe regirse por el procedimiento establecido en el DS 26237 de 29 de junio de 2001, modificación del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, así lo establece la Resolución precedentemente mencionada.

 

En ese contexto, podemos señalar que el procedimiento aplicado dentro el presente caso, es conforme lo establecido por el DS 26237, que refiere:

 

“Artículo 15 (Sujetos de responsabilidad administrativa) Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Toda autoridad que conozca y resuelva procesos internos disciplinarios deberá enviar copia de la Resolución final ejecutoriada a la Contraloría General de la República para fines de registro.

 

Artículo 16 (Prescripción) La responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de cometida la contravención, tanto para servidores como para ex servidores públicos.

 

Este plazo se interrumpe con el inicio de un proceso interno en los términos previstos por el artículo 18 del presente Reglamento. La prescripción deberá ser necesariamente invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal competente.

 

(…)

 

Artículo 18 (Proceso interno) Es el procedimiento administrativo que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un dictamen dentro de una entidad a un servidor o ex servidor público a fin de determinar si es responsable de alguna contravención y de que la autoridad competente lo sancione cuando así corresponda. Consta de dos etapas: sumarial y de impugnación, que a su vez se constituye por los recursos de revocatoria y jerárquico.

 

(…)

Artículo 21 (Sumariante) El sumariante es la autoridad legal competente. Sus facultades son:

a.             En conocimiento de la presunta falta o contravención del servidor público, disponer la iniciación del proceso o pronunciarse en contrario con la debida fundamentación.

b.            Cuando así lo crea necesario, adoptar a título provisional la medida precautoria de cambio temporal de funciones.

c.             Notificar a las partes con la resolución de apertura del sumario.

d.            Acumular y evaluar las pruebas de cargo y descargo.

e.            Establecer si existe o no responsabilidad administrativa en el servidor público y archivar obrados en caso negativo.

f.             En caso de establecer la responsabilidad administrativa, pronunciar su resolución fundamental incluyendo un análisis de las pruebas de cargo y descargo y la sanción de acuerdo a las previsiones del artículo 29 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

g.             Disponer la retención de hasta el 20% del líquido pagable de los haberes del procesado en caso de que la resolución establezca la sanción de multa, y mientras alcance ejecutoria.

h.            Notificar cualesquiera de sus resoluciones al procesado o procesados.

i.              Conocer lo recursos de revocatoria que sean interpuestos con motivo de las Resoluciones que emita dentro de los procesos disciplinarios que conoce.

Artículo 22 (Plazos) Los plazos a los que debe sujetarse el proceso interno son:

a.             Tres días hábiles a partir de conocido el hecho o recibida la denuncia, para que el sumariante inicie el proceso con la notificación del procesado.

b.            Diez días hábiles de término de prueba computables a partir de la notificación al procesado o procesados.

c.             Cinco días hábiles a partir del vencimiento del término de prueba, para que el sumariante emita su resolución.

d.            Tres días hábiles a partir de su notificación, para que el procesado interponga recursos de revocatoria en contra de la resolución emitida por el sumariante.

e.            Tres días hábiles a partir de la notificación con la Resolución que resuelve la revocatoria para que el procesado interponga recurso jerárquico.

La resolución del sumariante quedará ejecutoriada en caso de no ser interpuesto el recurso de revocatoria en el plazo citado. La sanción establecida entrará en vigencia y las medidas precautorias serán levantadas.

 

Artículo 23 (Impugnación)

I.El servidor público afectado podrá impugnar las resoluciones emitidas por el sumariante dentro de un proceso interno, interponiendo los recursos de revocatoria y jerárquico según su orden. Los funcionarios de carrera definidos en el inciso d) del artículo 5 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público tramitaran los recursos de revocatoria y jerárquico conforme a procedimiento reglamentado por la Superintendencia de Servicio Civil.

II.Los funcionarios provisorios harán uso de los recursos de revocatoria y jerárquico conforme al procedimiento establecido en los artículos 24 al 30 del presente reglamento.

 

Artículo 24 (Recurso de revocatoria) El recurso de revocatoria será presentado ante la misma autoridad sumariante que pronunció la resolución final del sumario, quien en el plazo de 8 días hábiles deberá pronunciar nueva Resolución ratificando o revocando la primera.

 

Artículo 25 (Recurso jerárquico) Contra la decisión que resuelve el recurso de revocatoria, podrá interponerse recurso jerárquico ante la misma autoridad que resolvió la revocatoria, quien concederá el recurso en efecto suspensivo ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad” (las negrillas son añadidas).

III.6.       Resolución 035/2011 Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil

El Órgano Electoral Plurinacional mediante Sala Plena aprobó la Resolución 035/2011, que regula la creación y funcionamiento de las Oficialías de Registro Civil y la designación de los Oficiales de Registro Civil, estableciendo además las atribuciones, obligaciones, así como la responsabilidad y procesamiento, por contravenir el Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, en ese contexto el capítulo IV, establece las atribuciones y obligaciones, por las cuales se deben regir los ORC y fueron aplicados por la autoridad sumariante para determinar la contravención en la que incurrieron las ahora accionantes.

“Artículo 27.- (Atribuciones). El Oficial del Registro Civil tiene las siguientes atribuciones:

a)            Registrar nacimientos, reconocimientos, matrimonios y defunciones, conforme lo determinan normas legales vigentes, en los libros creados para ese efecto, registros que constituyen propiedad estatal inalienable;

b)            Celebrar y registrar matrimonios, conforme a los requisitos establecidos por Ley;

(…)

Artículo 28.- (Obligaciones). El Oficial del Registro Civil tiene las siguientes obligaciones:

a)            Cumplir las normas que regulan las condiciones y requisitos para el registro de nacimientos, reconocimientos, matrimonios y defunciones;

b)            Cumplir las disposiciones técnico operativas emitidas por el Servicio de Registro Cívico;

c)            Registrar las partidas conforme a la solicitud y pruebas presentadas, en los libros creados para este objeto, revisando, exhibiendo y leyendo su contenido antes de firmar;

(…)”.

III.6.1.   Responsabilidad y procesamiento

El mencionado reglamento, también estableció la responsabilidad y el procesamiento a seguir en casos de iniciarse un proceso sumario administrativo, conforme los artículos siguientes:

“Artículo 48.- (Responsabilidad). El incumplimiento del presente Reglamento podrá generar, según el caso, responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal.

Artículo 49.- (Determinación de Responsabilidad funcionaria). I. La responsabilidad de los Oficiales del Registro Civil será determinada en proceso sumario administrativo. Los Oficiales del Registro Civil serán pasibles a sanciones de suspensión de funciones por un tiempo no mayor a treinta días calendario o destitución.

Artículo 50.- (Autoridad competente). I. La autoridad competente para conocer y resolver el proceso sumario contra Oficiales del Registro Civil, será el sumariante designado por el Director Departamental del Servicio de Registro Cívico.

II.La autoridad competente para conocer el Recurso Jerárquico, será el Director Departamental del Servicio de Registro Cívico, sin recurso ulterior.

(…)

Artículo 52.- (Plazos y Procedimiento). Para el proceso sumario contra Oficiales de Registro Civil se aplicará el procedimiento del régimen de la responsabilidad por la función pública” (las negrillas nos pertenecen).

III.6.2.   Normas del Código de Familia concordantes con el Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil

El Código de Familia esta íntimamente ligado a la actividad del Registro Civil, ya que los Oficiales de Registro Civil, efectúan la labor de registrar los actos civiles de las personas, como los nacimientos, matrimonios, defunciones y reconocimientos, bajo ese parámetro cabe hacer referencia a los artículos por los cuales se estableció la responsabilidad administrativa de las ahora accionantes, así se tiene:

“LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO

Artículo 46.- (Libertad de estado).No puede contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior.

(…)

LAS FORMALIDADES PRELIMINARES DEL MATRIMONIO

Artículo 56.- (Documentación). A la manifestación se acompañarán los documentos siguientes:

1.            Cédula de identificación o documento equivalente que sirva para comprobar la identidad personal.

2.            Certificado de nacimiento, documento oficial o prueba supletoria susceptible de acreditar la edad.

3.            Constancia escrita del asentimiento para el matrimonio en los casos que sea menester, salvo que las personas, que deban darlo comparezcan a tiempo de la manifestación o concurran después.

4.            La dispensa judicial de impedimento, si fuera necesaria.

5.            La sentencia sobre invalidez de matrimonio anterior o de divorcio, con la constancia de su ejecutoria, o el certificado de defunción del cónyuge premuerto en los casos pertinentes.

6.            Certificado consular legalizado que acredite el estado de soltero, viudo o divorciado, si el pretendiente fuera extranjero.

(…)

Articulo 59.- (Tiempo hábil para la celebración del matrimonio). Cumplidas las formalidades anteriores, el matrimonio puede celebrarse dentro de los quince días siguientes, previa su publicación.

Si el plazo expira sin que el matrimonio se haya celebrado, debe reanudarse el trámite”.

III.7.       Sobre el derecho a la petición

En cuanto al derecho a la petición, reconocido en el art. 24 de la CPE, conforme el razonamiento jurisprudencial reiterado en la SC 1930/2010-R de 25 de octubre, se tiene que: “…es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

'…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atienda; es decir, no la tramita ni responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una respuesta en forma motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente una respuesta positiva, sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada'”.

III.8.       Análisis del caso concreto

La acción de amparo constitucional fue interpuesta por Ivette Gonzales Egüez y Ninoska Martha Pardo Méndez -ahora accionantes-, quienes consideran vulnerados sus derechos al debido proceso a la defensa y a la petición, al haberse instaurado en su contra un proceso sumario administrativo llevado adelante por la Autoridad Sumariante del SERECI de Cochabamba, por la supuesta contravención a los arts. 27 incs. a) y b), 28 incs. a), b) y c), 53 incs. l) y m), y 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, aprobado por RSP 035/2011 y los arts. 46, 56 y 59 del CF, disponiendo que las mismas en el plazo de diez días hábiles computables a partir de su citación, produzcan sus pruebas de descargo.

De los antecedentes se establece que el Auto inicial de proceso administrativo de 14 de mayo de 2013, señaló los preceptos por los cuales se inició proceso administrativo a las ahora accionantes estableciendo la presunta contravención a los arts. 27 incs. a) y b), 28 incs. a), b) y c), 53 incs. l) y m), y 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil y los arts. 46, 56 y 59 del CF, llevado adelante el proceso, se emitió la Resolución Definitiva 003/2013 de 7 de junio, pronunciada por la autoridad sumariante del SERECI, la que determinó la existencia de responsabilidad administrativa en contra de las accionantes, por contravenir los arts. 27 incs. a) y b); 28 incs. a), b) y c) del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil y los arts. 46, 56 y 59 del CF, aplicando en consecuencia, la sanción de suspensión de veinticinco y quince días respectivamente, sin goce de haberes conforme determina el art. 49 del citado Reglamento, concordante con el art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales.

Determinación que fue motivo de la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, los cuales confirmaron la Resolución Definitiva, que según las accionantes la Resolución jerárquica emitida por las autoridades ahora demandadas no dio respuesta a los agravios reclamados, lesionando el debido proceso, derecho a la defensa y a la petición.

Así expuestos los antecedentes, en el caso concreto se advierte que las accionantes reclaman que fueron procesadas por contravenir los arts. 53 y 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, artículos que sólo merecen amonestación y no suspensión, de la revisión de la Resolución Definitiva se puede establecer que la Autoridad Sumariante llegó a determinar la existencia de responsabilidad administrativa por parte de las accionantes, por contravenir los arts. 27 incs. a) y b); y, 28 incs. a), b) y c) del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil y los arts. 46, 56 y 59 del CF, en dicha Resolución no se advierte que las mismas hayan sido sancionadas por contravención a los art. 53 y 54 del mencionado Reglamento, por lo que no puede alegarse lesión al debido proceso, ya que el actuar de la Autoridad Sumariante fue en base a los hechos y pruebas que la llevaron a asumir esa determinación.

Por otro lado, la Resolución jerárquica cuestionada dio respuesta a siete puntos reclamados, por las accionantes los mismos que se encuentran debidamente fundamentados; sin embargo, se advierte que no absolvieron de forma fundamentada losa agravios expuestos en los puntos 3, 4 y 5, ya que reclamaron la existencia de defectos absolutos al ser procesadas por contravenir los arts. 53 y 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil; al respecto la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, señala que la fundamentación y motivación de las resoluciones, de toda autoridad a cargo de un proceso, está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, lo contrario, no sólo suprimiría una parte estructural de la resolución, sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados; consiguientemente, las autoridades demandadas lesionaron el derecho al debido proceso en su componente de falta de fundamentación, respecto a los puntos ut supra mencionados, correspondiendo otorgar la tutela solicitada.

Con relación al derecho a la petición la misma supone el derecho a obtener una pronta resolución, se vulnera ese derecho cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atienda; es decir, no la tramita ni responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por ley, ya que el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente una contestación positiva, sino una respuesta oportuna; en el caso presente, no existe vulneración a dicho derecho, ya que las autoridades demandadas dieron respuesta a los agravios reclamados en el plazo establecido por el procedimiento, respecto a la interposición de los recursos planteados; consecuentemente, se deniega la tutela respecto al derecho a la petición.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al conceder la acción tutelar, ha efectuado una correcta y adecuada compulsa de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22 de agosto de 2013, cursante de fs. 109 a 119, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del tribunal de garantías y DENEGAR con relación al derecho a la petición.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Soraida Rosario Chánez Chire

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0192/2014

Sucre, 30 de enero de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de libertad

Expediente:04679-2013-10-AL

Departamento:Potosí

 

En revisión la Resolución 05/2013 de 6 de septiembre, cursante de fs. 210 vta. a 214, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Poma Ventura y Wilson Elbher Rodríguez Galarza contra María Cristina Montesinos Rodríguez y Julio Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2013, cursante de fs. 12 a 21, los accionantes expusieron lo siguiente:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

La Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal, Roxana Choque Gutiérrez en suplencia legal de su similar Tercera emitió la Resolución de 10 de julio de 2013, rechazando su solicitud de cesación de detención preventiva sin realizar una correcta valoración de la prueba aportada, ni una debida fundamentación, por lo cual interpusieron recurso de apelación ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, ratificando en audiencia de 13 de agosto de igual año, su recurso de apelación incidental.

 

El Tribunal de alzada si bien estableció la existencia de vulneración de sus derechos, a una debida fundamentación y a una valoración razonable de las pruebas, pero sorpresivamente, realizando una mala interpretación del art. 251 del Código de procedimiento Penal (CPP), emitieron la Resolución de 13 de agosto de 2013, sin pronunciarse respecto al objeto del recurso de apelación, puesto que no aprobaron ni revocaron la resolución apelada, sino que simplemente la anularon por defectos absolutos insubsanables conforme el art. 169 inc. 3) del citado Código, al no existir una correcta valoración de la prueba presentada, lo que no está previsto por el art. 251 del mismo cuerpo normativo, ni la jurisprudencia constitucional, manteniéndolos detenidos en el penal de Cantumarca sin motivo alguno.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

Los accionantes consideran lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, a una valoración razonable de la prueba y a la celeridad procesal, citando al efecto los arts. 2, 23.I, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Los accionantes solicitan se conceda la tutela, disponiendo el restablecimiento de las formalidades legales establecidas en los arts. 124, 173 y 251 del CPP, y se restituya su derecho a la libertad, dejando sin efecto el Auto de 13 de agosto de 2013, ordenando a los Vocales demandados dicten nuevo auto pronunciándose sobre el fondo del recurso de apelación de igual fecha, revocando el Auto interlocutorio de 10 de julio de ese año, realizando la valoración correcta de las pruebas y una debida fundamentación, disponiendo su libertad inmediata en la audiencia de acción de libertad.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 18 de julio de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 209 a 210, presentes únicamente los accionantes, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

El abogado de los accionantes ratificó los términos de la acción presentada, manifestando además que los Vocales demandados se dieron cuenta de la existencia de varias contradicciones en las distintas declaraciones, por lo que solamente les correspondía declarar libres a los accionantes de “manera recurrible” (sic).

 

I.2.2. Informes de las autoridades demandadas

 

María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, presentó informe cursante a fs. 26 y vta., ratificándose en la parte dispositiva in extenso del Auto de Vista de 13 de agosto de 2013, indicando que en la audiencia realizada para la consideración y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, se emitió el Auto correspondiente en cuya parte resolutiva ante la evidencia de inexistencia de fundamentación o la no fundamentación del auto recurrido, escasa valoración de las pruebas aportadas por parte de la Jueza a quo, se admitió el recurso planteado, disponiendo se anule el Auto apelado y ordenando se dicte una nueva resolución con la debida fundamentación y valoración de la prueba, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación.

 

Julio Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a pesar de su legal notificación cursante a fs. 23, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia pública el 18 de julio de 2013.

I.2.3. Resolución

 

EL Juez Primero de Sentencia Penal del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 05/2013 de 6 de septiembre, cursante de fs. 210 vta. a 214, concediendo la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 13 de agosto de 2013, debiendo los Vocales demandados emitir nueva resolución fundada a la apelación promovida por los accionantes respecto a la cesación de la detención preventiva considerando el fondo de la petición de acuerdo al criterio arribado, sea de manera inmediata sin necesidad de sorteo de causa, devolviéndose los antecedentes a la autoridad que corresponda. Señalando como fundamentos: a) El Auto de Vista de 13 de agosto de 2013, pronunciado por los Vocales demandados carece de fundamentación, así como de un razonamiento lógico y legal para sustentar lo resuelto; b) Los demandados no se pronunciaron acorde al espíritu del art. 251 del CPP, o sea sobre el fondo de la determinación de una medida cautelar restrictiva, optando ya sea por confirmar el auto impugnado porque el juez inferior obró correctamente conforme a ley, compulsando los antecedentes, la petición y lo probado por la parte, o en su caso revocar la resolución del inferior, emitir una resolución fundada para acceder a la apelación del recurrente; y, c) Corresponde otorgar la tutela solicitada pues se vulneró el debido proceso en relación a una resolución motivada estrechamente relacionada con la libertad de los accionantes, pues no se cuenta con una resolución justa que determine su situación procesal de acuerdo a ley.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.El 22 de marzo de 2013, dentro de la investigación penal seguida por el Ministerio Público a instancia de América Conde Velásquez contra Edgar Poma Ventura y “Wilson Rodríguez Galarza” -hoy accionates-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, se dispuso la detención preventiva de los mencionados en el penal de Santo Domingo de Cantumarca (fs. 74 a 78).

 

II.2.El 10 de julio de 2013, la Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal, Roxana Choque Gutiérrez, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de los accionates (fs. 5 vta. a 7 vta.).

 

II.3.El 13 de agosto de 2013, los Vocales demandados admitieron “…en primera instancia el recurso de apelación incidental en tiempo y forma establecidos por ley, y en el fondo del trámite de apelación uniformando votos ANULA la resolución apelada disponiendo se dicte una nueva resolución con la debida fundamentación y valoración de prueba observadas en audiencia en el plazo de 48 horas que correrán a partir de la notificación con la presente resolución en cumplimiento del art. 173 del CPP” (sic) (fs. 10 vta. a 11).

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes alegan que se vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, a una valoración razonable de la prueba y a la celeridad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra, solicitaron la cesación de su detención preventiva, la cual les fue rechazada por la Jueza cautelar, razón por la cual interpusieron recurso de apelación incidental que fue conocido y admitido por los Vocales demandados, quienes se limitaron a disponer la anulación de la resolución apelada, sin mayor fundamentación ni motivación que brinde una explicación al respecto.

 

Por consiguiente, corresponde en revisión, establecer si se debe conceder o no la tutela solicitada.

 

III.1.       Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar, cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe en base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que, a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aseguran que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales sean efectivos para vivir bien, como establece el art. 8.II de la CPE.

 

Al efecto, resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, augura que de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, sean respetados los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y los bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos.

 

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

 

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo se limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

 

“Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones…” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

 

III.2.       De la acción de libertad

La Constitución Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías), ha instituido la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

 

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.

 

Al respecto, el Código Procesal Constitucional, tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. El referido Código, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del mismo, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Segundo (Acción de libertad), en su art. 46, establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. Por otra parte, el art. 47 del citado Código, señala que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

III.3.       Respecto a la fundamentación y motivación que deben contener las resoluciones judiciales

Todas las resoluciones que vayan a pronunciarse dentro de un proceso judicial, obligatoriamente tienen que contener una adecuada motivación y fundamentación respecto a los hechos en los que se basa, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales que la sustenten, ya que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.

 

Conforme lo expresa el art. 124 del CPP, las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, debiendo expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, artículo que además señala que la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de la documentación o la mención de los requerimientos de las partes.

 

Sobre la fundamentación de las resoluciones judiciales la SCP 0958/2013 de 27 de junio, señaló que es: “…un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las determinaciones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP), toda vez que: 'La función del juez radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias estén clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constitución para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo del fallo(…)' así lo estableció la SCP 0529/2013 de 3 de mayo” (las negrillas son nuestras).

 

Por su parte la SCP 0894/2012 de 22 de agosto, citando a la SC 0012/2006-R de 4 de enero, expresó que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla”.

III.4.       Acerca del recurso de apelación incidental y su resolución por el Tribunal de alzada

Conforme establece el art. 403 inc. 3) del CPP, el recurso de apelación incidental procederá entre otras contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares o su sustitución.

Al respecto , la SCP 0141/2012 de 9 de mayo, estableció que la finalidad y alcance del recurso de apelación de medidas cautelares se encuentra circunscrito a su objeto “…es decir, a resolver la impugnación de las medidas cautelares dispuestas por el Juez cautelar, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada; así lo estableció la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, al señalar que: '…el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutospues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso”'.

En ese sentido la SCP 1608/2013 de 19 de septiembre, entre otras, estableció la obligación que tiene el Tribunal de alzada de pronunciarse sobre el objeto del recurso de apelación ya sea aprobando o revocando la resolución apelada, señalando al efecto que: “…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa” (las negrillas fueron añadidas).

III.5.       Análisis del caso concreto

De la documentación que informa los antecedentes del expediente se tiene que dentro del proceso penal instaurado contra Edgar Poma Ventura y Wilson Elbher Rodríguez Galarza por la presunta comisión del delito de robo agravado, los accionantes, solicitaron la cesación de su detención preventiva, la cual fue rechazada por la Jueza cautelar el 10 de julio de 2013. Resolución contra la cual interpusieron recurso de apelación incidental, recurso que fue conocido por los Vocales demandados, quienes emitieron la Resolución de 13 de agosto de ese año, por la cual anulan la resolución apelada, disponiendo se dicte una nueva resolución con la debida fundamentación y valoración de la prueba.

De acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional contenida en los fundamentos jurídicos precedentes, las autoridades judiciales tienen la obligación de motivar y fundamentar las resoluciones que emitan, expresando los motivos en los que basan su decisión, debiendo expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, citando las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos concurrentes, teniendo además el Tribunal de apelación que conozca el recurso de apelación incidental de resoluciones que resuelven medidas cautelares o su sustitución la obligación de ingresar al fondo del asunto apelado emitiendo así la correspondiente resolución ya sea aprobando o revocando la de primera instancia. Sin embargo, analizada la Resolución impugnada se evidencia que la misma por una parte carece de fundamentación y motivación y por otra que no ingresó a resolver el fondo de la apelación, puesto que se limitó a anular la Resolución apelada, desconociendo la obligación que tienen como Tribunal ad quem de pronunciarse sobre el objeto de alzada.

 

En ese contexto, y del análisis de la Resolución impugnada, dictada por los Vocales demandados dentro del proceso penal que ha motivado la interposición de la presente acción de defensa, se establece que los Vocales demandados lesionaron los derechos de los accionantes, al haber incumplido la obligación que tenían de resolver el objeto de la apelación emitiendo una resolución fundamentada y motivada, ya sea confirmando o revocando la Resolución apelada, aspectos que determinan que en el caso de examen deba concederse la tutela solicitada en lo que respecta al debido proceso.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 05/2013 de 6 de septiembre, cursante de fs. 210 vta. a 214, pronunciada por el Juez Primero de Sentencia Penal del departamento de Potosí, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Juez de garantías, sin disponer la libertad.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0214/2014

Sucre, 5 de febrero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

Expediente:03564-2013-08-AAC

Departamento:La Paz

 

En revisión la Resolución 18/13 de 14 de agosto de 2013, cursante de fs. 456 a 461, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Edgar Víctor Choque Fernández por sí y en representación legal de Julio Ronaldo Vaca Rojas, José Eduardo Molina Rivera, Mario Nelson Nogales Robles, Jorge Wálter Acosta Salinas, César Castro Arias, José Jorge Mendoza Montaño, Edwin Lucio Landívar Carraffa, Rafael Vargas Barrientos, José Baldivieso Aira, Juan Raúl Pérez Arias, Héctor Freddy Rojas Álvarez, Waldo Zambrana Morales, Adalberto Justiniano Ocampo, Héctor Roberto Macuaga Villavicencio, Urbano Máximo Calderón Serrano, Jorge Genaro Larrea López, Hugo Armaza Quintanilla, Juan de la Cruz Alfaro Velásquez, Zenón Vicente Candia Chambi, Juan Julián Alcázar Sanjinés, Alfredo Hernán Jaimes Justiniano, Manuel Leovigildo Mercado Rojas, Jaime Edgar Gutiérrez Terrazas, Alberto Lino Moncada, Felipe Molina Muñoz, Gualberto Juan Quinteros Catacora, Félix Armando Figueredo Pizarroso, Gary Álvarez Curcuy, Alberto Rodríguez Roldán, Wálter Andrés Anze Tirado, Delfín Mujica Valda, Carlos SerrudoMayán, Andrés Humberto Sánchez Guegner, José Elmer Pardo Céspedes, Miguel Ángel Pablo Flores Estrada, Rodolfo Peñalosa Flores, José Julián Claros Rocha, Carlos Hugo AramayoImaña, Esequiel Gonzalo Barba Osinaga, Miguel Rojas Vaca, Ismael Hiza Zúñiga, Julio César Espinoza Crespo, Néstor Ariel Urzagaste Romero, Jorge Marino Rodríguez Ortega, Juan Carlos Borda Arce, Alfredo Guillén Escobar, Humberto Gironda Vargas, José Hernán Gutiérrez Bustillos, Víctor Suárez Galdo, Jorge Luís Jiménez Zaconeta, Mario Freddy Bacarreza Molina, Víctor Hugo Markowski Rivero, Remberto Terán Antezana, GroverZeballos Pereyra; y, Cimar Rubén Lizarazu Yance contra Alberto Jorge Aracena Martínez, Comandante General a.i. y Juan Roberto Albarracín Pérez, Sub Comandante, ambos de la Policía Boliviana.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memoriales presentados el 10 de abril y 29 de julio de 2013, cursantes de fs. 263 a 274 vta. y 304, la parte accionante, señala que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Egresaron de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), en las promociones correspondientes a las gestiones de 1970 a 1975, ascendiendo de grado de manera progresiva hasta que por los años de servicio y antigüedad, se materializó su destino a la categoría funcional de la “letra C de disponibilidad”.

 

Expresa que, a partir de agosto de 2012, el entonces Comandante General a.i. de la Policía Boliviana, a través de las Direcciones Nacionales de Personal y Administrativa, les entregó memorándums de “Pre Aviso”, determinando se realicen los trámites de jubilación ante las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP´s), concediéndoles el tiempo de tres meses, advirtiéndoles que dejarían de figurar en el presupuesto de pago de haberes de la Policía Boliviana, lo cual generó en ellos rechazo e indignación, por cuanto esperaban la emisión de las Resoluciones del Comando General que determinen su nuevo destino a la situación de disponibilidad “A”, en cumplimiento de los arts. 70, 71.5, 72 y 76 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN); sin embargo, los referidos memorándums eliminaron la categoría de disponibilidad “A”, que les confiere el derecho a percibir haberes íntegros, por el lapso ininterrumpido de dos años dentro de esa categoría legal, mientras puedan gestionar de manera ordenada, adecuada y eficiente su renta de vejez.

 

Manifiesta que, si bien retiraron los memorándums de agradecimiento, lo hicieron bajo protesto de accionar vías legales. Posteriormente, se produjo un cambio de autoridades en la Policía Boliviana, por lo que solicitaron que los ya citados memorándums sean dejados sin efecto, petición que no prosperó, hasta después de haber interpuesto una anterior acción de amparo constitucional que les concedió la tutela por vulneración de su derecho de petición; sin embargo, el nuevo Comandante General de la Policía Boliviana, mediante “nota Sgral. Cmdo. Gral. 931/13 de 5 de marzo de 2013” (sic), desestimó su solicitud, con argumentos que no tienen consistencia ni relevancia jurídica confundiendo las categorías de disponibilidad “C” y “A”.

 

Indica que, el citado Comandante General, asumió una actitud mal intencionada, temeraria y forzada, tratando de confundir al juzgador, pues en la nota de referencia señaló la edad de jubilación que establecía el Código de Seguridad Social de cincuenta y cinco años, edad que fue modificada por la Ley de Pensiones de 29 de noviembre de 1996, a sesenta y cinco años; asimismo, refiere que la autoridad castrense hizo una mala cita de los arts. 132 de la LOPN y 49 del Reglamento de Personal de la Policía Nacional, ya que estos preceptos también fueron derogados por el art. 69 de la Ley de Pensiones (LP), que a su vez fueron modificados por su Reglamento.

 

Señala que, el Comandante General sostiene que los accionantes, habrían sobrepasado excesivamente el tiempo de permanencia en la situación de disponibilidad en la letra “C”, cuando ésta no es una concesión graciosa y discrecional del Comando General de la Policía Boliviana, sino del cumplimiento de un deber legalmente impuesto por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, además de ser obligación del Comando General y no de cada uno de los ahora accionantes, dar por terminada la permanencia en la situación “C” y cambiarla a disponibilidad de la letra “A”, mediante Resolución expresa dictada para cada uno de ellos.

 

Finalmente refiere que, desde el 13 de agosto de 2012, hasta la presentación de la acción de amparo constitucional ha transcurrido más de medio año, cuando por Orden General de la Policía Boliviana 001/2010, en aplicación de la norma policial, se reconoció la situación de disponibilidad de la letra ”A” de otras personas, demostrando un trato discriminatorio en su caso, generando lesión a sus derechos, pues están exentos de cobertura médica tanto ellos como sus familiares y no perciben remuneración, entre otros efectos negativos fruto de la equivocada decisión.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

La parte accionante alega la lesión de sus derechos a la remuneración, a la salud, al régimen de seguridad social, a la igualdad, a la legalidad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna, y los principios de seguridad jurídica; y, de verdad material, consagrados en los arts. 14.II y IV, 38.II, 44.III, 46.I.1, 109.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se disponga la nulidad de los memorándums de pre aviso y agradecimiento de servicios; b) Ordenar a los demandados, emitan resoluciones específicas para cada caso, destinándolos a la situación de disponibilidad en la letra “A”, conforme dispone la Ley Orgánica de la Policía Nacional; y, c) Se ordene a los demandados dispongan el pago íntegro de sus haberes mientras dure su permanencia dentro de la situación de disponibilidad en la letra “A”.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 14 de agosto de 2013, según acta cursante de fs. 440 a 455, en presencia de las partes, y de la Autoridad de Control y Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), en calidad de tercero interesado, ausente el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes hechos:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

Los abogados y apoderados de la parte accionante, ratificaron los fundamentos de la demanda, señalando los mismos presupuestos fácticos y las normas supuestamente vulneradas.

 

1.2.2. Informe de la parte demandada

 

Mediante informe presentado en audiencia, Julia SegalesPárraga y Marco Rodríguez, en representación de Jorge Aracena Martínez, Comandante General de la Policía Boliviana, expresaron que: i) La normativa interna de la Policía Boliviana, establece tres destinos o situaciones de disponibilidad de los efectivos; ii) En lo referido a la categoría de disponibilidad “C”, la misma se encuentra prevista en los arts. “75, 76 y 77 concordantes con el Artículo Único de la Ley 1675 y los arts. 48 y 49 letra 'C' del Reglamento de Personal” (sic), que establecen que los efectivos policiales serán destinados a dicha situación con haber íntegro y cómputo de antigüedad, cuando hubiesen cumplido treinta y cinco años de permanencia en la institución computables a partir de su egreso de la ANAPOL y los Comandantes Generales que hubiesen cumplido la más alta función institucional, lo que implica que no todos los funcionarios policiales pueden gozar de este destino; como son los egresados de la Escuela Básica Policial (ESBAPOL) u otros funcionarios policiales incorporados a la Policía Boliviana; iii) En el presente caso, el Comando General de la Policía Boliviana, al haber identificado algunas irregularidades pudo constatar que los funcionarios policiales destinados a la situación de la letra “C” de Disponibilidad de las promociones de 1970 a 1975, hubieron sobrepasado excesivamente el tiempo de permanencia en la situación de disponibilidad de la letra “C”, así como el tiempo de treinta y cinco años de servicio, ya que contaban entre cuarenta y dos años y diez meses a treinta y siete años y diez meses en la institución, además de tener entre cincuenta y nueve a sesenta y cuatro años de edad, razón por la cual se les entregó memorándums de preaviso con un tiempo de tres meses de anticipación a efectos de que realicen los trámites correspondientes para regularizar su situación, medida que fue adoptada al amparo de los arts. 26, 31 y 33 de la Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG), concordantes con el art. 324 de la Constitución Política del Estado; iv) La decisión de entrega de los memorándums es de conocimiento del Ministerio de Gobierno, como ente tutor de la Policía Boliviana, mismo que su vez instruyó la realización de una auditoría especial; v) La Ley de Pensiones establece la edad de cincuenta y ocho años y ciento veinte aportes para la procedencia de la jubilación, de lo cual se establece que no es un requisito ineludible para acceder al sector pasivo encontrarse en la situación de destino “A”; vi) La APS, informará respecto al número de efectivos que ya cuentan con el beneficio de jubilación; y, vii) Los funcionarios destinados a la situación de disponibilidad “C” perciben su haberes íntegros sin desempeñar labores institucionales lo que les permite realizar otras actividades que les procuren ingresos.

 

I.2.3. Intervención del tercero interesado

 

De fs. 431 a 439, cursa informe de la APS y anexos, en los cuáles se establece que: a) La mayoría de los accionantes, ya cuenta con una pensión de jubilación correspondiente a la renta por vejez, un porcentaje menor de Oficiales de la Policía Boliviana no ingresó solicitud para la realización de dicho trámite; b) Los requisitos para acceder a la jubilación se encuentran establecidos en el art. 8 de la LP, bajo las condiciones de Prestación de Vejez y Prestación Solidaria de Vejez; y, c) El tiempo promedio que dura el trámite de jubilación es de aproximadamente treinta días hábiles administrativos.

 

I.2.4. Resolución

 

La Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 18/13 de 14 de agosto de 2013, cursante de fs. 456 a 461, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes argumentos de orden legal: 1) Si bien no se determina un tiempo de servicios en la categoría “C”, el mismo se halla condicionado a la edad de cincuenta y ocho años, a los ciento veinte aportes determinados en la nueva Ley de Pensiones y a los treinta y cinco años de servicios en la entidad, establecidos en el art. 75 de la Resolución Suprema (RS) 216419, normativa que de acuerdo al Informe Jurídico de la autoridad recurrida se habría cumplido en el presente caso, 2) Cuarenta y tres de los accionantes ya cuentan con la renta de vejez y los otros trece demandantes, no han iniciado dicho trámite, por lo cual la situación de estos últimos se halla librada a su voluntad; 3) En cuanto a los memorándums extendidos por la Policía Boliviana, se ha comprobado la idoneidad de los mismos y la compatibilidadde éstos con la Ley Orgánica de la Policía Nacional y sus Reglamentos; 4) Si bien debió emitirse la correspondiente resolución administrativa por parte de la Policía Boliviana, la normativa relacionada al caso específico no fue transgredida, por cuanto el elemento de continuidad de los medios de subsistencia no fue lesionado; 5) Se debe considerar que se ha otorgado el plazo de noventa días para que los accionantes, realicen los trámites para su renta de vejez, actuados que no sobrepasan de treinta días en su duración ante la APS; y, 6) En el caso de los trece accionantes que aún no cuentan con su renta de vejez, el Comando General de la Policía Boliviana, deberá agotar todos los recursos para efectivizar su derecho a la jubilación.

 

En la vía de la complementación y enmienda, el abogado de la parte accionante, expresó que el Tribunal de garantías basó su Resolución la RS 216419 de 1995 misma que fue derogada por la RS 221631 de 2003, solicitando la determinación de plazo para la efectivización de lo dispuesto.

 

En respuesta a lo expresado por el abogado de la parte accionante, el Vocal Iván Campero Villalba, expresó que ni en la exposición del texto de la Resolución emitida por el Tribunal de garantías, ni en la parte dispositiva de la misma se hizo referencia a la Resolución Suprema supuestamente derogada y por otra parte, si se ha puesto énfasis en el hecho que la Dirección de Bienestar Social del Comando General de la Policía Boliviana, efectúe todas las gestiones necesarias para la concreción de su parte dispositiva sin un plazo determinado ya que la valoración de los tiempos y procedimientos escapa a su competencia.

 

Mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2013, los abogados representantes de la Policía Boliviana, señalaron que, la RS 216419 estaría abrogada, sin considerar que la RS 228074 dispone que se abrogan las Resoluciones Supremas 216419 y 221631 en todo cuanto contravengan a la primera de las nombradas, consecuentemente, la regulación del tiempo de permanencia de los efectivos policiales aún se encuentra vigente y los ahora accionantes, de acuerdo a dicha normativa se hallan bajo los alcances de la norma precitada (fs. 496 a 497).

 

La Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución de 15 de agosto de 2013, denegó la posibilidad de efectuar complementación y aclaración a la Resolución 18/2013 (fs. 498).

 

I.3. Trámite procesal

 

I.3.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional

 

Mediante Resolución 13/13 de 18 de abril de 2013, cursante de fs. 280 a 281, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, declaró improcedente la acción de amparo constitucional, fundamentando que la parte accionante, presentó anteriormente otra acción de amparo constitucional que fue resuelta mediante Resolución 11/13 de 1 de marzo de 2013, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia antes mencionado, concurriendo identidad de sujeto, objeto y causa, por lo que existe impedimento de ingresar al análisis de la problemática planteada.

 

I.3.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

 

Mediante Auto Constitucional 0109/2013-RCA de 18 de junio, el Tribunal Constitucional Plurinacional, resolvió: 1) REVOCAR la Resolución 13/2013 de 18 de abril, cursante de fs. 280 a 281, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 2) DISPONER que el Tribunal de garantías ADMITA la acción de amparo constitucional, y someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho.

 

El Auto Constitucional 0109/2013-RCA, fue pronunciado en base a los siguientes argumentos de orden legal: “El Tribunal de garantías declaró improcedente la acción planteada, fundamentando la concurrencia de identidad de sujeto, objeto y causa, debido a que el apoderado de los accionantes por sí y por estos, planteó una anterior acción de amparo constitucional que fue resuelta en el fondo.

 

Respecto a la causal de improcedencia invocada por el Tribunal de garantías en el presente caso, de la revisión de antecedentes se tiene que si bien es evidente la existencia de identidad de sujetos, ésta es parcial, puesto que en la primera acción se planteó tanto contra las ex y nuevas autoridades del Comando General de la Policía Boliviana, la segunda es interpuesta solamente contra las nuevas autoridades del ente policial, respecto a la identidad del objeto de la causa, de la revisión de ambas acciones se puede advertir que éste es idéntico, finalmente con referencia a la identidad de causa, también se constata identidad parcial, en la primera acción se alegó como omisión ilegal entre otros la falta de respuesta a las diversas solicitudes de los accionantes, por ende vulneración a su derecho a la petición. En el segundo amparo, ya no se alega tal vulneración debido a que esta fue atendida y más bien se refuerza el acto denunciado de ilegal con la respuesta negativa otorgada por los accionados mediante 'nota Sgral. Cmdo. Gral. Nº 931/13' de 5 de marzo de 2013 (sic).

 

Sin embargo, no obstante aquello, es posible interponer nuevamente una acción de defensa, cuando en la primera no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, razonamiento que se infiere de la SC 0275/2004-R de 27 de febrero entendimiento que fue reiterado en la SCP 0035/2012 de 26 marzo.

 

Así en el caso de autos consta que la primera acción de amparo constitucional fue concedida únicamente respecto al derecho de petición, sin haberse ingresado al análisis de fondo de los demás problemas jurídicos planteados por los accionantes, con el argumento que las solicitudes efectuadas estaban pendientes de respuesta, en mérito a ello y en aplicación de la jurisprudencia antes citada, respecto a los actos ilegales que no fueron analizados en el fondo, no es aplicable la causal de improcedencia por identidad de objeto, sujeto y causa alegada por el Tribunal de garantías” (sic).

 

I.3.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

 

Mediante Decreto Constitucional de 19 de septiembre de 2013, se ha dispuesto la suspensión del plazo a efectos de recabar documentación complementaria.

 

A partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 13 de enero de 2014, se reanudó el plazo, por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del mismo.

 

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.De fs. 1 a 186, cursan memorándums con la referencia de preavisos, emitidos por el Comandante General de la Policía Boliviana, dirigidos a los ahora accionantes en los que textualmente se dispone: “…en mérito a la recomendación realizada por la Contraloría General del Estado Plurinacional y la Dirección Nacional de Auditoría Interna, usted debe realizar el trámite de Jubilación ante las AFPs., para el efecto se le concede el tiempo de tres (3) meses, debiendo hacer conocer dicho trámite ante la Dirección Nacional de Personal” (sic).

 

II.2.La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 11/13 de 1 de marzo de 2013, cursante de fs. 198 a 201, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad asignada responda en el plazo máximo de setenta y dos horas a partir de su notificación a los escritos de “fs. 244, 254, 255 y 271”, Resolución que fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0948/2013 de 24 de junio.

 

II.3.El 5 de marzo de 2013, el Comandante General de la Policía Boliviana, dando cumplimiento a la Resolución 11/13 de 1 de marzo de 2013, pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Carta Sgral. Cmdo. Gral. 931/13, por la cual se comunicó a Edgar Víctor Choque Fernández, apoderado de los Jefes Policiales de las Promociones 1970 a 1975 que; i) El tiempo de permanencia en la situación de la letra “C” es hasta llegar a la edad requerida por el Código de Seguridad Social, es decir cincuenta y cinco años para los varones y cincuenta años en el caso de las mujeres, por lo cual cumplido éste requisito el personal deber ser destinado a la situación de disponibilidad “A” de conformidad a los arts. 71.5 y 132 de la LOPN; ii) Serán destinados a la situación de disponibilidad “A” entre otros, los funcionarios policiales que se encuentren tramitando su renta de vejez, siendo el periodo de duración en dicha situación de dos años como máximo, mediante Resolución del Comando General en cada caso, por lo cual se establece que los Jefes Policiales representados por su persona no podían ser destinados a la letra “A”, por cuanto han sobrepasado excesivamente el tiempo de disponibilidad en la categoría “C”, ya que a la fecha cuentan con una permanencia en esta última categoría doce años y diez meses a seis años y once meses, con un tiempo de servicio entre cuarenta y dos años y ocho meses a treinta y ocho años y tres meses, sobrepasando también los treinta y cinco años de permanencia en la institución; iii) La Ley de Pensiones, establece como edad mínima para jubilación los cincuenta y ocho años, edad que fue ampliamente superada por todos los jefes policiales en cuestión; iv) La Constitución Política del Estado y la Ley y Reglamentos son de estricto cumplimiento; y, v) “…los funcionarios destinados a la Situación de Disponibilidad 'C', no desempeñan funciones laborales, toda vez que es un destino especial y temporal de reserva activa (…) quedan facultados para dedicarse a otras actividades públicas o privadas extra institucionales (…); en tal sentido el sobrepasar excesivamente el tiempo de permanencia en dicho destino (…), la percepción de haberes íntegros durante todo ese tiempo y la pretensión de ser destinados a la situación de la letra “A” de Disponibilidad de dos años, sobrepasa el límite de lo legal…” (sic) (fs. 202 a 207).

 

I.4.De acuerdo al informe APS/DJ/216/2013 de 13 de agosto, cursante de fs. 435 a 438, elaborado por la Dirección de Prestaciones Contributivas (DPC) dependiente de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros:

 

a)Los accionantes Edgar Víctor Choque Fernández, Julio Ronaldo Vaca Rojas, José Eduardo Molina Rivera, Mario Nelson Nogales Robles, Jorge Wálter Acosta Salinas, César Castro Arias, José Jorge Mendoza Montaño, Rafael Vargas Barrientos, Waldo Zambrana Morales, Adalberto Justiniano Ocampo, Héctor Roberto Macuaga Villavicencio, Urbano Máximo Calderón Serrano, Jorge Genaro Larrea López, Hugo Armaza Quintanilla, Juan de la Cruz Alfaro Velásquez, Zenón Vicente Candia Chambi, Alfredo Hernán Jaimes Justiniano, Manuel Leovigildo Mercado Rojas, Alberto Lino Moncada, Gualberto Juan Quinteros Catacora, Félix Armando Figueredo Pizarroso, Alberto Rodríguez Roldán, Wálter Andrés Anze Tirado, Delfín Mújica Valda, Carlos SerrudoMayán, Andrés Humberto Sánchez Guegner, José Elmer Pardo Céspedes, Miguel Ángel Pablo Flores Estrada, Rodolfo Peñaloza Flores, José Julián Claros Rocha, Miguel Rojas Vaca, Néstor Ariel Urzagaste Romero, Jorge Marino Rodríguez Ortega, Alfredo Guillén Escobar, Humberto Gironda Vargas, José Hernán Gutiérrez Bustillos, Jorge Luís Jiménez Zaconeta, Mario Freddy Bacarreza Molina, Víctor Hugo Marckowski Rivero, Remberto Terán Antezana, GroverZeballos Pereyra y Cimar Rubén Lizarazu Yance, ya cuentan con su asignación mensual correspondiente a la renta de vejez en la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

 

b)Los demandantes José Baldivieso Aira, Juan Raúl Pérez Arias, Juan Julián Alcazar Sanjinés, Jaime Edgar Gutiérrez Terrazas, Gary Álvarez Curcuy, Carlos Hugo AramayoImaña, Ezequiel Gonzalo Barba Osinaga, Ismael Hiza Zúñiga, Julio César Espinoza Crespo, Juan Carlos Borda Arce, Felipe Molina Muñoz, Edwin Lucio LandivarCarraffa, y, Víctor Suárez Galdo, no presentaron hasta el 13 de agosto de 2013, ninguna solicitud de inicio de su trámite de jubilación.

 

c)De acuerdo a lo informado por la APS, Héctor Freddy Rojas Álvarez, al 13 de agosto de 2013, a la fecha de la interposición de la presente acción de amparo constitucional, se encuentra con el trámite de jubilación en curso.

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, señala que fueron vulnerados sus derechos a la remuneración, a la salud, al régimen de seguridad social, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna; y los principios de igualdad , de legalidad, de seguridad jurídica y verdad material; por cuanto egresaron de la ANAPOL, en las promociones de 1970 a 1975, ascendiendo de grado de manera progresiva hasta que por los años de servicios de antigüedad se dispuso su destino a la categoría funcional de la “letra C de disponibilidad”, hasta agosto de 2012, fecha a partir de la cual, el entonces Comandante General a.i. de la Policía Boliviana a través de las Direcciones Nacionales de Personal y Administrativa, les entregó memorándums de “Pre Aviso”, determinando realicen los trámites de jubilación ante las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP's), concediéndoles el tiempo de tres meses, advirtiéndoles que dejarían de figurar en el presupuesto de pago de haberes de dicha institución policial, sin que fueran emitidas las Resoluciones del Comando General determinando su nuevo destino a la situación de disponibilidad “A”, en cumplimiento de los arts. 70, 71.5, 72 y 76 de la LOPN, eliminando la categoría de disponibilidad “A”, que les confiere el derecho a percibir haberes íntegros, con cómputo de antigüedad, por el lapso ininterrumpido de dos años dentro de esa categoría legal mientras puedan gestionar de manera ordenada, adecuada y eficiente su renta de vejez, por lo cual si bien retiraron los memorándums de agradecimiento, lo hicieron bajo protesto de accionar vías legales; y posteriormente, cuando se produjo un cambio de autoridades en la Policía Boliviana, solicitaron que los ya citados memorándums sean dejados sin efecto, petición que no prosperó, en razón a que el Comandante General de la Policía Boliviana, consideró que la parte ahora accionante, habría sobrepasado excesivamente el tiempo de permanencia en la situación de disponibilidad en la letra “C”, cuando éste es un deber legalmente impuesto por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, además de ser obligación del Comando General y no de cada uno de los ahora accionantes, dar por terminada la permanencia en la situación “C” y cambiarla a disponibilidad de la letra “A”, mediante Resolución para cada uno de ellos, hechos todos que demuestran trato discriminatorio, generando lesión a sus derechos.

En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.       La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional

La SC 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza del amparo constitucional estableció lo siguiente:

 

“El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio.

 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al indicar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que esta acción '(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'.

 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”.

III.2.       Normativa relacionada al caso específico

La Ley Orgánica de la Policía Nacional, señala:

“Art. 70ºSe establece tres situaciones de disponibilidad para el personal de la Policía Nacional: 'A', 'B' y 'C'.

Art. 71ºSerán destinados a la situación 'A', con haber íntegro y cómputo de antigüedad:

1.Los que se encuentran en comisión especial del Supremo Gobierno.

2.Los que se inhabiliten por causa de enfermedades o accidentes.

3.Los que hayan sido enviados al exterior en misión de estudios.

4.Los que sigan estudios de especialización policial, complementarios de la profesión, sujetos a horario continuo.

5.Los que tramitan Renta de Vejez.

6.Los que por mandato popular ejercen funciones en alguno de los Poderes del Estado, computándose en este caso sólo la antigüedad.

 

Art. 72ºEl tiempo de duración en la situación de Disponibilidad 'A', será de dos años, mediante Resolución del Comando General para cada caso.

 

Art. 73ºSerán destinados a la situación de Disponibilidad 'B' con goce de haber sin cómputo de antigüedad para efectos de ascenso, quienes previo proceso y resolución del Tribunal Disciplinario Superior reciban sanción disciplinaria.

 

Art. 74ºEl tiempo de permanencia en la situación de Disponibilidad 'B' y las causales correspondientes están determinadas por el respectivo Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus sanciones.

 

Art. 75ºSerá destinado a la situación de Disponibilidad 'C' de Reserva Activa con haber íntegro y cómputo de antigüedad:

 

a)El personal que haya cumplido 35 años de permanencia en la Institución computables a partir de su egreso de la Academia Nacional de Policías, de conformidad a la reglamentación correspondiente.

 

b)Los Comandantes Generales de la Policía Nacional por haber cumplido la más alta función institucional.

 

(Art. 75 Vigente por la Ley 1675, de 15 de diciembre de 1995).

Art. 76º El tiempo de permanencia en la situación de Disponibilidad 'C' será hasta llegar a la edad requerida para el trámite de la Renta de Vejez, cumplido este requisito el personal será destinado a la situación de Disponibilidad "A" de conformidad a los artículos 71º, inciso 5) y 130º, respectivamente, de la presente Ley.

 

Art. 77º En atención a que el destino a la letra 'C' es hasta llegar a la edad requerida por el Código de Seguridad Social, para acogerse al seguro de vejez, el personal destinado a esta situación queda facultado para dedicarse a otras actividades públicas o privadas extra institucionales”.

 

La Ley de Pensiones, en su art. 8 establece:

 

“Art. 8.- (Condiciones de acceso). El Asegurado accederá a la Prestación de Vejez cuando cumpla una de las siguientes condiciones:

 

a)Independientemente de su edad, siempre y cuando no haya realizado aportes al Sistema de Reparto y financie con el Saldo Acumulado en su Cuenta Personal Previsional:

 

i.Una Pensión igual o superior al sesenta por ciento (60%) de su Referente Salarial de Vejez,

ii.El monto necesario para financiar los Gastos Funerarios y,

iii.La Pensión por Muerte para sus Derechohabientes.

 

b)A los cincuenta y cinco (55) años hombres y cincuenta (50) años mujeres, siempre y cuando haya realizado aportes al Sistema de Reparto que le generen el derecho a una Compensación de Cotizaciones y financie con ésta más el Saldo Acumulado en su Cuenta Personal Previsional:

 

i.Una Pensión igual o superior al sesenta por ciento (60%) de su Referente Salarial de Vejez,

ii.El monto necesario para financiar los Gastos Funerarios y,

iii.La Pensión por Muerte para sus Derechohabientes.

 

c)A partir de los cincuenta y ocho (58) años de edad, independientemente del monto acumulado en su Cuenta Personal Previsional, siempre y cuando cuente con una Densidad de Aportes de al menos ciento veinte (120) periodos y financie un monto de Pensión de Vejez, mayor al monto de la Pensión Solidaria de Vejez que le correspondería de acuerdo a su Densidad de Aportes” (las negrillas y el subrayado es nuestro).

 

III.3.       Actos consentidos en la jurisprudencia constitucional

Respecto a los actos consentidos, la jurisprudencia constitucional en la SC 1667/2004-R de 14 de octubre, consideró que el acto consentido para operar como causal de improcedencia, debe ser entendido:“…como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de la supuesta lesión de la que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías constitucionales”.

Entendimiento que fue precisado en la SC 0672/2005-R de 16 de junio, en la que se señaló: “…para declarar la improcedencia de un recurso de amparo constitucional por esa causal, no es suficiente una actuación implícita, dado que el consentimiento expreso importa un acto positivo, concreto, libre e inequívoco, vinculado de manera directa a la actuación ilegal impugnada; en otras palabras, la manifestación de la voluntad debe demostrar, de manera indubitable, el consentimiento a la amenaza o lesión a algún derecho fundamental.

Consecuentemente, los actos, para que produzcan las consecuencias jurídicas expresadas en el art. 96.2) de la LTC, deben provocar en el Tribunal la convicción plena de que el recurrente está de acuerdo con el acto reclamado; dado que la simple presunción del consentimiento por acciones que no están directamente relacionadas con el supuesto acto ilegal, lesionaría la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida '…como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas' (SC 1044/2003-R de 22 de julio)” (las negrillas nos corresponden). Entendimientos jurisprudenciales refrendados por las SSCC 1033/2010-R, 0685/2010-R y la SCP 0137/2012 entre otras.

III.4.       Posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional en relación a la seguridad jurídica

En relación al principio de seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1781/2013 de 21 de octubre, ha señalado: “La SC 0511/2011-R de 25 de abril, respecto a la seguridad jurídica como principio, expresó que cuando se alegue la vulneración de la misma como derecho, no es posible conceder la tutela, dado que está instituida en la Constitución Política del Estado, como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, al señalar:

 

'La SC 0788/2010-R de 2 de agosto estableció que: «Sobre la seguridad jurídica», invocada en su momento por la accionante, como «derecho fundamental», cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: «A la vida, la salud y la seguridad», a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del «derecho a la seguridad jurídica» como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, a través de la STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: «a seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo».

 

En consecuencia, y volviendo a la realidad jurídica nacional actual, se debe tener claramente establecido que «la seguridad jurídica» al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento' ”.

 

III.5.Análisis del caso concreto

La parte accionante, señala que fueron vulnerados sus derechos a la remuneración, a la salud, al régimen de seguridad social, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna; y, los principios de legalidad, de igualdad, de seguridad jurídica y verdad material, por cuanto tanto su persona como sus mandatarios, egresaron de la ANAPOL, en las promociones de 1970 a 1975, ascendiendo de grado de manera progresiva hasta que por los años de servicios de antigüedad se dispuso su destino a la categoría funcional de la “letra C de disponibilidad”, hasta agosto de 2012, fecha a partir de la cual el entonces Comandante General a.i. de la Policía Boliviana, a través de las Direcciones Nacionales de Personal y Administrativa, les entregó memorándums de “Pre Aviso”, determinando realicen los trámites de jubilación ante las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP´s), concediéndoles el tiempo de tres meses, advirtiéndoles que dejarían de figurar en el presupuesto de pago de haberes de la Policía Boliviana, sin que fueran emitidas las Resoluciones del Comando General, determinando su nuevo destino a la situación de disponibilidad “A”, en cumplimiento de los arts. 70, 71.5, 72 y 76 de la LOPN, eliminando la categoría de disponibilidad “A”, que les confiere el derecho a percibir haberes íntegros, con cómputo de antigüedad, por el lapso ininterrumpido de dos años dentro de esa categoría legal mientras puedan gestionar de manera ordenada, adecuada y eficiente su renta de vejez, por lo cual si bien retiraron los memorándums de agradecimiento, lo hicieron bajo protesto de accionar vías legales, para posteriormente, cuando se produjo un cambio de autoridades en la Policía Boliviana, solicitaron que los ya citados memorándums sean dejados sin efecto, petición que no prosperó, en razón a que el Comandante General de la Policía Boliviana, consideró que los ahora accionantes, habrían sobrepasado excesivamente el tiempo de permanencia en la situación de disponibilidad en la letra “C”, cuando éste es un deber legalmente impuesto por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, además de ser obligación del Comando General y no de cada uno de los ahora accionantes, dar por terminada la permanencia en la situación “C” y cambiarla a disponibilidad de la letra “A”, mediante Resolución para cada uno de ellos, hechos todos que demuestran trato discriminatorio, generando lesión a sus derechos.

 

Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley, se concluye lo siguiente:

 

III.5.1. En relación a los demandantes Edgar Víctor Choque Fernández, Julio Ronaldo Vaca Rojas, José Eduardo Molina Rivera, Mario Nelson Nogales Robles, Jorge Wálter Acosta Salinas, César Castro Arias, José Jorge Mendoza Montaño, Rafael Vargas Barrientos, Waldo Zambrana Morales, Adalberto Justiniano Ocampo, Héctor Roberto Macuaga Villavicencio, Urbano Máximo Calderón Serrano, Jorge Genaro Larrea López, Hugo Armaza Quintanilla, Juan de la Cruz Alfaro Velásquez, Zenón Vicente Candia Chambi, Alfredo Hernán Jaimes Justiniano, Manuel Leovigildo Mercado Rojas, Alberto Lino Moncada, Gualberto Juan Quinteros Catacora, Félix Armando Figueredo Pizarroso, Carlos Serrudo Mayan, Andrés Humberto Sánchez Guegner, José Elmer Pardo Céspedes, Miguel Ángel Pablo Flores Estrada, Rodolfo Peñaloza Flores, José Julián Claros Rocha, Miguel Rojas Vaca, Néstor Ariel Urzagaste Romero, Jorge Marino Rodríguez Ortega, Alfredo Guillén Escobar, Humberto Gironda Vargas, José Hernán Gutiérrez Bustillos, Jorge Luís Jiménez Zaconeta, Mario Freddy Bacarreza Molina, Víctor Hugo Marckowski Rivero, Remberto Terán Antezana, GroverZeballos Pereyra, Alberto Rodríguez Roldán, Wálter Andrés Anze Tirado, Delfín Mujica Valda y Cimar Rubén Lizarazu Yance

 

De acuerdo a la información proporcionada por la APS, los demandantes señalados precedentemente ya cuentan con la renta de vejez, lo que implica que no se encuentran alcanzados por el art. 71.5 de la LOPN, norma que señala que serán destinados a la situación de disponibilidad categoría “A”, aquellos efectivos policiales que se encuentren tramitando su jubilación, misma que no podrá exceder los dos años de permanencia en dicha categoría.

 

Resulta incomprensible el pretender volver al servicio activo para iniciar nuevamente su trámite de jubilación durante dos años adicionales, con la única justificación de dar cumplimiento a normas que responden a un contexto distinto al establecido por la Ley de Pensiones.

 

En similar sentido, los arts. 71 y 72 de la LOPN no son correctamente interpretados por los ahora demandantes, en razón a que los dos años de permanencia como máximo en la situación de disponibilidad “A”, no implica que dicho periodo sea necesariamente cumplido, por cuanto si el trámite se efectúa en un mes, será ese el periodo de permanencia en la señalada situación y no procurar la permanencia de dos años de manera obligatoria.

 

Finalmente, corresponde dejar claramente establecido que los demandantes, de manera voluntaria cumplieron con los requisitos inherentes a la tramitación de la renta de vejez para acceder al beneficio universal de jubilación y pretender posteriormente revertir dicha situación no resulta atendible.

 

III.5.2. Respecto a José Baldivieso Aira, Juan Raúl Pérez Arias, Juan Julián Alcazar Sanjinés, Jaime Edgar Gutiérrez Terrazas, Gary Álvarez Curcuy, Carlos Hugo AramayoImaña, Ezequiel Gonzalo Barba Osinaga, Ismael Hiza Zúñiga, Julio César Espinoza Crespo, Juan Carlos Borda Arce, Felipe Molina Muñoz, Edwin Lucio LandivarCarraffa y, Víctor Suárez Galdo

 

En cuanto a los demandantes señalados ut supra, corresponde manifestar que sus reclamos no configuran vulneración de derechos, en razón a que la Ley de Pensiones vigente, al momento de haber ocurrido los hechos fácticos denunciados, determinaba cuáles eran los requisitos para acceder al beneficio de la jubilación, mismos que de acuerdo a los informes que cursan en expediente fueron sobreabundantemente cumplidos por los ahora accionantes, demostrando con su actitud de no iniciar y concluir el trámite dentro de los tres meses que se les otorgó, una clara intencionalidad de acogerse a un proceso de jubilación durante un periodo de dos años, cuando según afirmaciones de la propia APS, los procedimientos para acceder a la renta de vejez no sobrepasan de un mes.

 

Resulta pertinente reiterar también los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.5.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a que la norma acusada de vulnerada fue incorrectamente interpretada al caso específico, misma que como ya se dijo corresponde a un periodo y contexto jurídico distinto al actual.

III.5.3. En lo referido a Héctor Freddy Rojas Álvarez, resultan pertinentes los fundamentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.5.1 del presente fallo, en razón a que el beneficio de renta de vejez ya se encuentra en curso de acuerdo a lo informado por la APS.

Por todo lo expuesto precedentemente, este Tribunal no encuentra la vulneración de derechos denunciada, por lo cual corresponde la denegatoria de la tutela impetrada, consecuentemente, se evidencia que el Tribunal de garantías, al denegar la tutela, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/13 de 14 de agosto de 2013, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en virtud de los argumentos expuestos en el presente fallo.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACINAL 0345/2014

Sucre, 21 de febrero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

 

Expediente:04701-2013-10-AAC

Departamento:Beni

 

En revisión la Resolución 39/2013 de 6 de septiembre, cursante de fs. 43 a 46, dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Luis Alberto Zambrana Monasterio contra Luis Carlos Zambrano Aguirre, Rector de la Universidad Autónoma del Beni, “José Ballivián” (UABJB).

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2013, cursante de fs. 28 a 34, el demandante señala que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El año 2004, ingresó a trabajar como docente en la UABJB, prestando sus servicios como docente en la carrera de Ingeniería Civil, labores que desarrolló sin interrupción hasta el 2012, gestión en la cual a través de un Concurso de Méritos obtuvo la calificación de setenta y tres puntos, evaluación que aun siendo de las más altas no fue tomada en cuenta por las autoridades universitarias.

 

Indica que, no obstante de haber sido recontratado en dieciocho ocasiones como docente a “tiempo horario” (sic) y nueve veces más en cursos de verano, no fue considerado como docente para la gestión 2013, decisión que en los hechos significa despido intempestivo, por la cual envió cartas dirigidas al Rector de la Universidad, procurando encontrar una explicación a lo ocurrido, recibiendo por respuesta que ya existía otro docente ocupando su lugar académico y enseñando las materias que el ahora demandante dictaba.

 

Señala que, si bien su despido no se encuentra dentro de las causales establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), éste hecho atenta contra su derecho a la estabilidad laboral, motivo por el cual acudió a efectuar los trámites de reincorporación ante la Jefatura Departamental del Trabajo del Beni, llegando a pronunciarse la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDTEPS-BENI de 17 de mayo 2013, acto administrativo que fue recibido en el Despacho Rectoral el 27 de junio de la misma gestión y que no se cumplió hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional.

 

Agrega que, su relación laboral con la UABJB es de carácter permanente, tal cual lo establece la normativa protectora de los trabajadores que señala que a partir del tercer contrato relacionado a tareas inherentes al giro esencial de las empresas, la relación laboral se considerará de carácter indefinido, correspondiendo señalar que así también lo ha entendido el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 336 de 28 de agosto de 2012, que en una situación similar decidió reconocer el derecho la estabilidad laboral de la parte demandante.

 

Finalmente manifiesta que, la normativa protectora de los trabajadores y la jurisprudencia constitucional respalda a los trabajadores cuando no se da cumplimiento a lo dispuesto en las Conminatorias de Reincorporación emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante, alega como lesionado su derecho a la estabilidad laboral, citando al efecto el art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 11 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006.

 

I.1.3. Petitorio

 

De acuerdo a lo expuesto, el accionante solicita se disponga: a) Se deje sin efecto el ilegal despido en su contra; y, b) Se ordene su inmediata reincorporación laboral, más el pago de salarios devengados y costas procesales.

 

I.1.4.Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 4 de septiembre de 2013, conforme consta en acta cursante de fs. 43 a 46, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.2.Ratificación de la acción

 

La parte demandante ratificó plenamente el contenido de su acción, aclarando los presupuestos fácticos y el petitorio, señalando las mismas normas supuestamente vulneradas.

 

I.2.3. Informe de la autoridad demandada

 

Mediante Informe de fs. 39 a 40, Luis Carlos Zambrano Aguirre, Rector de la Universidad Autónoma del Beni, Mariscal José Ballivián expresó que: 1) En virtud a que la normativa actual y la jurisprudencia vigente reconocen el principio de estabilidad laboral, los postulados de la autonomía universitaria deben adecuarse al nuevo orden laboral imperante; y, 2) La UABJB, Mariscal José Ballivián, ya llegó a un acuerdo con el ahora demandante, por lo cual se procederá su reincorporación, tal cual lo dispone la Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni.

 

I.2.4. Resolución del Tribunal de garantías

 

La Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 39/2013 de 6 de septiembre, cursante de fs. 43 a 46, concedió la tutela en base a los siguientes argumentos de orden legal: i) No obstante de existir orden de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental del Trabajo del Beni, no se procedió a dar cumplimiento a dicha instructiva; por lo cual, en virtud de la jurisprudencia y normativa glosadas, corresponde la concesión de la tutela; y, ii) Respecto a la supuesta vulneración de los otros derechos laborales por inobservancia del trámite administrativo previsto por los arts. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento, dicho extremo no puede ser valorado, por cuanto no se está resolviendo respecto a la legalidad o ilegalidad del despido, sino únicamente en relación a la omisión de cumplimiento de la orden administrativa de reincorporación.

 

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.El 17 de mayo de 2013, el Jefe Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Beni, Arturo Cruz Arancibia, pronunció la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDPTEPS BENI, en la cual determinó: “(Conmina a Luis Carlos Zambrano Aguirre - Rector de la U.A.B, para que reincorpore a su fuente laboral al trabajador Luis Alberto Zambrana Monasterio, además el pago de todos sus salarios devengados, y todos sus derechos laborales actualizados al día de su reincorporación (en el plazo máximo de 3 días hábiles de su legal notificación)” (sic) (fs. 20 a 22).

 

II.2.El 27 de junio de 2013, se notificó al demandado Luis Carlos Zambrano Aguirre -Rector de la U.A.B con la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDPTEPS BENI, pronunciada por el Jefe Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Beni (fs. 20 a 22)

 

II.3.Mediante Informe de fs. 39 a 40, la autoridad demandada expresó que ya se llegó a un acuerdo conciliatorio con el accionante por lo cual se procederá a su reincorporación laboral, tal cual lo dispone la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDPTEPS BENI emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni.

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, alega la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral, por cuanto el 2004, ingresó a trabajar como docente en la UABJB, prestando sus servicios como docente en la carrera de Ingeniería Civil, funciones que cumplió sin interrupción hasta el 2012, gestión en la cual a través de un Concurso de Méritos obtuvo la calificación de setenta y tres puntos, obteniendo una de las evaluaciones más altas, antecedente de rendimiento académico que no fue considerado al momento de contratar el plantel docente en la gestión 2013, obviando las dieciocho ocasiones en que fue recontratado como docente a tiempo horario y nueve veces más como docente en cursos de verano, quedando en definitiva excluido en la citada gestión, razón por la cual solicitó al Rector de la Universidad una explicación de lo ocurrido, recibiendo por respuesta que ya existía otro docente dictando las materias que el demandante enseñaba en pasadas gestiones, motivo por el cual efectuó los trámites de reincorporación ante la Jefatura Departamental del Trabajo del Beni, entidad estatal que pronunció la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDTEPS-BENI de 17 de mayo, fue recibida en el Despacho Rectoral el 27 de junio de la misma gestión y que sin embargo fue incumplida.

 

En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde la conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.       La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, respecto de la acción de amparo constitucional ha señalado lo siguiente: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

Del contenido del texto constitucional de referencia puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz actos y omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio.

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

Finalmente cabe señalar que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la Constitución que esta acción '(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'.

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”.

 

III.2.       Respecto a la reincorporación dispuesta por las Jefaturas Departamentales del Trabajo dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y la posibilidad de su impugnación

El art. 10.I del DS 28699, de 1 de mayo de 2006, establece que cuando un trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, éste podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. El parágrafo III de la misma norma señala que en caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de la desvinculación, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo.

 

El art. 11.I del mismo Decreto Supremo, establece que se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias.

 

Por su parte, el DS 495 de 1 de mayo de 2010, en su art. único, parágrafo II señala:

 

II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

 

“IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.”

 

“V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”.

 

En caso de comprobarse el despido injustificado, el art. 10 de la misma norma expresa: “Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada”.

 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su jurisprudencia ha señalado que tanto el trabajador como el empleador, podrán impugnar en sede administrativa, la conminatoria o resolución de la Jefatura Departamental del Trabajo, Previsión y Empleo, permitiendo a ambas partes el acceso a una segunda instancia, garantizándose de ésta manera el respeto por el debido proceso, sin que este hecho impida el acudir a la impugnación de carácter judicial, en virtud de lo cual, si alguna autoridad o empleador no se hallan de acuerdo con las medidas asumidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo, Empleo y Previsión Social, pueden refutar las mismas, en procura de obtener una decisión respecto al fondo de la problemática planteada, aspecto no inherente al ámbito protegido por la jurisdicción constitucional.

III.2.1.Jurisprudencia

La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, señala: “En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos.

 

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema:

 

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos:

1)            En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

 

2)Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

 

3)En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”.

 

En la SCP 0591/2012 de 20 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dispuesto declarar: “…INCONSTITUCIONAL la palabra 'únicamente' del parágrafo IV del artículo 10 del DS 28699, de 1 de mayo de 2006, incorporado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010”, sentencia que en cuya ratio decidendi manifestó que; “La jurisprudencia reseñada, sanciona con la inconstitucionalidad a la norma que impide una segunda instancia, porque asegura que ello es lesivo del debido proceso, ya que ésta prerrogativa tiene como fundamento material la seguridad de que el ser humano no es perfecto y sus obras tampoco, sino más bien tiene naturaleza falible, y la contingencia del error humano justifica razonablemente que cada decisión de las autoridades públicas, deba ser revisada, o se conceda a las personas la posibilidad de su revisión; por ello, al igual que en la SC 0022/2006, cuando el DS 0495 y la Resolución Ministerial 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial”.

III.3.       Análisis del caso concreto

El accionante, alega la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral, por cuanto el 2004, ingresó a trabajar como docente en la UABJB, prestando sus servicios como docente en la carrera de Ingeniería Civil, funciones que cumplió sin interrupción hasta el 2012, gestión en la cual a través de un Concurso de Méritos obtuvo la calificación de setenta y tres puntos, obteniendo una de las evaluaciones más altas, antecedente de rendimiento académico que no fueron considerados al momento de contratar el plantel docente en la gestión 2013, obviando las dieciocho ocasiones en que fue recontratado como docente a tiempo horario y nueve veces más como docente en cursos de verano, quedando en definitiva excluido en la citada gestión, razón por la cual solicitó al Rector de la Universidad una explicación de lo ocurrido, recibiendo por respuesta que ya existía otro docente dictando las materias que el demandante enseñaba en pasadas gestiones, motivo por el cual efectuó los trámites de reincorporación ante la Jefatura Departamental del Trabajo del Beni, entidad estatal que pronunció la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDTEPS-BENI de 17 de mayo, que a su vez fue recibida en el Despacho Rectoral el 27 de junio de la misma gestión y que sin embargo fue incumplida.

 

 

Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley, se concluye lo siguiente:

 

III.3.1.   Respecto a la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDTEPS-BENI de 17 de mayo, pronunciada por la Jefatura del Trabajo de Beni

De la revisión de antecedentes que hacen a la denuncia efectuada por Luis Alberto Zambrana Monasterio, se puede establecer que la misma reclamó ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni su reincorporación laboral, imprimiendo el trámite establecido en la normativa desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.2 de la presente resolución, amparada en el artículo Único del DS 0495 de 1 de mayo de 2010 que complementa al DS 0012 de 19 de febrero de 2009.

 

De acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde la concesión de la tutela en razón a que la autoridad demandada, evidentemente vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral, consagrado en el art. 48.III de la CPE, en razón a que no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDTEPS-BENI, pronunciada por la Jefatura del Trabajo de Beni, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

 

Luis Carlos Zambrano Aguirre, autoridad demandada, no consideró que el acto administrativo, lleva en sí mismo la presunción de legitimidad y de ejecutividad, entendida ésta última como la obligatoriedad y exigibilidad para su cumplimiento, conllevando el deber de su acatamiento a partir de su notificación al administrado o autoridad pública, quienes al contar con la certeza del acto jurídico pronunciado, se hallan obligados a su observancia, lo contrario implica desconocer el valor legal y eficacia de los actos administrativos, peor aún si con estas decisiones unilaterales se ignoran instrucciones emanadas de autoridad competente, lesionando en consecuencia derechos, tal cual ocurrió en autos, cuando se atentó contra la estabilidad laboral del accionante.

 

En conclusión, la autoridad demandada, tenía el deber ineludible de acatar de manera inmediata lo dispuesto por la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni, independientemente de la impugnación sea judicial o administrativa que hubiesen podido plantear como ya se explicó en los Fundamento Jurídico III.2 de presente fallo.

 

III.3.2.   En relación a la aceptación de los hechos por parte de III.4.1.Respecto a la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDTEPS-BENI de 17 de mayo, pronunciada por la Jefatura del Trabajo de Beni

Mediante informe presentado por Luis Carlos Zambrano Aguirre, dicha autoridad demandada expresó que se llegó a un acuerdo conciliatorio con Luis Alberto Zambrana Monasterio accionante, con posterioridad a la interposición de la presente acción de amparo constitucional, procediéndose en consecuencia a su reincorporación laboral, tal cual lo dispone la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDPTEPS BENI emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni.

 

De todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela, evaluó de manera completa los datos del proceso y las normas aplicables al mismo, en razón a que se constata la lesión del derecho invocado por el accionante.

 

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

1°CONFIRMAR la Resolución 39/2013 de 6 de septiembre, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y en consecuencia:

2°CONCEDER la tutela en los términos establecidos en la Conminatoria de Reincorporación 044/2013 JDPTEPS BENI emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

 


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1892/2013

Sucre, 29 de octubre de 2013

 

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

 

Expediente:03933-2013-08-AAC

Departamento:Cochabamba

 

En revisión la Resolución de 13 de junio de 2013, cursante de fs. 378 a 382, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Natalio Daniel Fernández Gómez, en representación legal de Washington Daniel Sardeña Vargas en representación de CINEL Sociedad de Responsabilidad Limitada “CINEL SRL” contra Mario Vladimir Moreira Arias, Gerente y Henry Tola Horacio Jefe del departamento Jurídico de la Gerencia Cochabamba de Grandes Contribuyentes (GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memorial presentado el 20 de mayo de 2013, cursante a fs. 128 a 135 vta., la parte accionante por la entidad señaló lo siguiente:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Por disposición de la GRACO del SIN Cochabamba, se emitió Orden de Verificación 39100VE00023, para la revisión de crédito fiscal correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los períodos de enero, febrero, marzo y abril del 2007, de “CINEL SRL”; en cuyo procedimiento depuraron crédito fiscal por diferentes conceptos, desestimando las pruebas de descargo aportadas. A la conclusión de dicho procedimiento se emitió Vista de Cargo 399-39100VE00023-2008/2011 de 8 de junio, expresando deuda tributaria consistente en UFVs891 036.- (ochocientos noventa y uno 036/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), incluyendo impuestos omitidos, mantenimiento de valor, intereses, y sanción por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente.

 

En consecuencia, GRACO del SIN Cochabamba dictó Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11 de 6 de septiembre de 2011, que ratifica la depuración del crédito fiscal de “CINEL SRL”, con deuda tributaria de UFVs886 454.- (ochocientos ochenta y seis cuatrocientos cincuenta y cuatro Unidades de Fomento a la Vivienda); Resolución impugnada en recurso de alzada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, cuya Resolución ARIT-CBA/RA 0249/2012 de 3 de septiembre, que confirmó la Resolución Determinativa. Impugnada dicha Resolución mediante recurso jerárquico se emite la RAJ AGIT-RJ 0015/2012 de 7 de enero, que revoca parcialmente la Resolución de alzada, validando el crédito fiscal y modificando la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa (RD) GRACO 17-00383-11 a un valor de UFVs744 638.- (setecientos cuarenta y cuatro seiscientos treinta y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda); por tal hecho la parte accionante recibió llamadas para exigirle cancelar el importe por no existir otro recurso a interponer; de tal forma que anunció la interposición de la demanda contencioso administrativo contra GRACO Cochabamba, solicitando la suspensión de la ejecución del adeudo tributario, por lo que mediante Auto de Ejecución 25-00106-13 de 1 de marzo de 2013, dispuso: “Declarar suspendida la ejecución del adeudo tributario establecido al contribuyente CINEL SRL mediante Resolución Determinativa Nº 17-00383-11 de fecha 6 de septiembre de 2011, reconociendo parcialmente mediante Recurso Jerárquico AGIT-RJ0015/2013 de fecha 7 de enero, hasta que se haga efectiva y aceptada la garantía y hayan transcurrido los 90 días de plazo establecidos en el párrafo tercero del Art. 2 de la Ley No. 3092, previas las formalidades de Ley” (sic); debiendo en consecuencia presentar una boleta bancaria como garantía.

 

Asimismo la parte accionante, solicitó a la administración tributaria promueva la acción de inconstitucionalidad concreta del art. 2 de la Ley 3092 de 6 de julio de 2005, así como de la circular 12-0035-13 de 7 de febrero y el art. 6 del instructivo GJNT-1GARANT-V01-13 de 21 de enero, normas internas que sirvieron de base para exigir la entrega de boletas de garantía y respectiva ejecución de adeudo tributario restringiendo así el acceso a las vías de impugnación y por ende al debido proceso; al haber emitido el Auto Motivado 25-197-13 de 29 de abril de 2013, rechazando la acción de inconstitucionalidad, debió ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional.

 

Pese a vulnerar el derecho al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, emitieron el proveído de inicio de ejecución tributaria 33-0022-13 de 8 de mayo de 2013; aludiendo la existencia de un título en ejecución tributaria que no adquirió ese carácter, porque se encuentra en fase de impugnación pendiente, además de estar pendiente en revisión la acción de inconstitucionalidad concreta; sin considerar tales extremos el 13 y 14 de mayo del año referido, dejaron aviso de visita, asumiendo como notificación de inicio de ejecución tributaria proveído de inicio de ejecución tributaria 33-0022-13 de 8 de mayo de 2013, señalando ejecutoriada la resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0015/2013 pretendiendo el pago del importe.

 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

La parte accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y a la tutela efectiva, citando al efecto los arts. 115, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia disponga: a) Declarar la ilegalidad y dejar sin efecto el procedimiento de ejecución tributaria inherente al proveído de inicio de ejecución tributaria 33-002-13; b) Revocar cualquier medida coactiva dictada dentro el trámite en cuestión; y, c) Condenar a las autoridades demandadas con costas, daños y perjuicios que ha generado y que continúan incrementándose.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 13 de junio de 2013, según acta cursante de fs. 376 a 377 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

El abogado de la parte accionante, ratificó el contenido de la demanda.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Los demandados presentaron informe escrito cursante de fs. 364 a 375, expresando lo siguiente: 1) Con Orden de Verificación 3910OVE00023 de 28 de mayo de 2010, fue notificado el contribuyente “CINEL SRL” el 14 de junio del mismo año, para verificar el crédito fiscal IVA, comprendido entre enero, febrero, marzo y abril del 2007; por lo que a objeto de cumplir con la carga de la prueba solicitó ampliación de plazo, siendo procedente por proveído 24-00144-10 de 23 de junio de 2013, otorgando plazo hasta el 6 de julio del año mencionado, sin embargo, dos días antes del vencimiento volvió a pedir ampliación de plazo, misma que fue rechazada señalando como inicio el 6 de julio de igual año; 2) “CINEL SRL” fue notificado por cédula el 1 de junio de 2011, con la finalización del procedimiento de fiscalización, habiendo sido comunicado previamente con avisos el 8 y 9 de julio del mimo año; evidenciando transacciones que no demostraban la efectiva realización de las operaciones comerciales con sus proveedores, observando además facturas que no consignan el Número de Identificación Tributaria (NIT) de la empresa, lo propio con facturas de servicios de agua y luz contradictorias en cuanto a la fecha efectiva de pago y la fecha de emisión de la notas fiscales; 3) La Vista de Cargo 399-39100VE00023-0008/2011, de 8 de junio, determinó una sanción de Bs1 449 279.- (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve doscientos setenta y nueve bolivianos); notificado el 10 de junio de igual año, asumió defensa presentando descargos el 11 de junio del mismo año, objetando las observaciones planteadas; por lo que el informe de conclusiones SIN/GGC/DF/VE/INF/0614/2011 de 8 de agosto, estableció la ausencia de elementos válidos suficientes para desvirtuar las observaciones realizadas en el proceso de verificación; 4) Por Resolución Determinativa 17-00383-11 de 6 de septiembre de 2011, GRACO, declaró el adeudo fiscal de enero a abril de 2007, por un total de BS1 479 696.- (un millón cuatrocientos setenta y nueve seiscientos noventa y seis bolivianos), por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago, importe actualizado a la fecha de pago; 5) Impugnada en Alzada la Resolución Determinativa 17-00383-11, dictó Resolución de alzada ARIT-CBA/RA 0295/2011 de 30 de diciembre, por el que resuelve anular la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11, debiendo emitir nueva resolución determinativa debiendo contemplar el detalle y concepto de las facturas depuradas a objeto de que “CINEL SRL” asuma defensa; por su parte GRACO, interpuso recurso jerárquico el 24 de enero de 2012, por la actuación ultra petita de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) en la Resolución de Alzada, expidiendo la AGIT-RJ 0203/2012 por el que anula la RA ARIT-CBA/RA 0295-2011 de 30 de diciembre, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) emita nueva resolución de alzada en la cual pronuncie expresamente sobre las cuestiones de fondo planteadas en el recurso de alzada; 6) Por Resolución Determinativa ARIT-CBA/RA 0249/2012 de 3 de septiembre, confirma la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11 de 6 de septiembre; ante ello “CINEL SRL” interpuso recurso jerárquico solicitando anular la citada Resolución; deduciendo Resolución de Recurso jerárquico AGIT-RJ 0015/2013 de 7 de enero, resuelve revocar la Resolución ARIT-CBA/0249-2012, en lo referente a la depuración de crédito fiscal de la inexistencia de documentación referida a la materialización de la transacción y depuración de crédito fiscal por facturas declaradas en un crédito que no corresponde, manteniendo firme y subsistente el reparo establecido en la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11, modificando el adeudo tributario respecto desde enero a abril de 2007 por un monto de Bs1 479 696.- (un millón cuatrocientos setenta y nueve seiscientos noventa y seis bolivianos equivalente a UFVs886 454.-, a un monto de Bs1 243 487.- (Un millón doscientos cuarenta y tres cuatrocientos ochenta y siete bolivianos), equivalente a UFVs744 638.- (setecientos cuarenta y cuatro seiscientos treinta y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), incluyendo tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago correspondiente al IVA, según establece el art. 212.I. c) de la Ley 3092; 7) Anunciado que fue la demanda contencioso administrativo el 5 de febrero de 2013, ofreciendo garantías según el art. 2 de la Ley 3092, la autoridad demandada emitió Auto de Suspensión de Ejecución 25-00106-13 de 1 de marzo de 2013, “…en conformidad al Instructivo GJNT-GARANT-V01-13 de 21 de enero de 2013 puesto en vigencia por la Circular 12-0035-13 de fecha 07 de febrero, se declara suspendida la ejecución del adeudo tributario establecido al contribuyente CINEL SRL, mediante Resolución Determinativa 17-00383-11 de 6 de septiembre de 2011, reconocido parcialmente por Recurso Jerárquico AGIT-RJ0015/2013 de 7 de enero de 2013, hasta que se haga efectiva y aceptada la garantía y hayan transcurrido los 90 días de plazo establecido…” (sic.); y, 8) El 29 de abril de 2013, interpone acción de inconstitucionalidad concreta a GRACO Cochabamba, rechazando promover esta acción referida contra el párrafo segundo del art. 2 de la Ley 3092, así como el art. 6 de Instructivo Interno GJNT-1GARAN-V01-13 de 21 de enero de 2013 y la circular interna 12-003513 de 7 de febrero del mencionado año.

 

I.2.3. Resolución

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución de 13 de junio de 2013, cursante de fs. 378 a 382, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El contenido del art. 2 del Código Tributario Boliviano (CTB), si bien no señala plazo límite de duración de la suspensión de la ejecución; impone al administrado ofrecer garantía a momento de anunciar la interposición de proceso contencioso administrativo, en el plazo de noventa días, de no cumplir lo requerido la ejecución tributaria es inminente; ii) El Auto 25-00106-13, suspende la ejecución del adeudo tributario de “CINEL SRL”, establecido por Resolución Determinativa 17-00383-11, reconocido en recurso jerárquico AGIT-RJ0015/2013 de 7 de enero, que transcurrido los noventa días del plazo establecido por Ley 3092, y pese al anuncio de la interposición del contencioso administrativo, no cumplió con las garantía señalada de una boleta bancaria sin efectivizarla en el plazo requerido; iii) Sin existir norma legal que sustente la suspensión de la ejecución tributaria con la sola interposición del contencioso administrativo, de ninguna forma se actuó contra los intereses del contribuyente, al contrario contaba con la opción establecida en el art. 109.I del CTB, referente a la suspensión de la ejecución tributaria y la autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al art. 55 del mencionado Código; iv) Sobre el pronunciamiento de la proveído de inicio de ejecución tributaria 33-022-13 de 8 de mayo de 2013, se han cumplido formalidades necesarias para la ejecución tributaria, notificándole con la misma que corresponde STJ-RJ /0391/2008 de 11 de julio, convirtiéndose en título de ejecución tributaria lo cual no es susceptible de impugnación por ser título que adquirió firmeza; y, v) Respecto de la acción de inconstitucionalidad concreta según el art. 82 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: “Promovida la acción no interrumpirá la tramitación del proceso, mismo que continuará hasta el momento de dictarse Sentencia o Resolución final que corresponda, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional”.

 

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.El 28 de mayo de 2010, el representante de “CINEL SRL” Jorge Chaparro José, es notificado con la Orden de Verificación 3910 OVE00023, para ser sujeto del “Proceso de determinación” referido al cumplimiento de obligaciones tributarias, debiendo verificar todos los hechos y elementos relacionados al crédito fiscal IVA concernientes al periodo comprendido entre enero a abril de 2007, con su legal notificación mediante cédula de 14 de junio de 2010 (fs. 142 y vta.).

II.2.El informe final COD SIF 434673 de 7 de junio de 2011, de verificación de Crédito IVA del contribuyente “CINEL SRL”, señaló que posterior a la recepción de documentación en julio de 2010, se estableció que la actividad principal registrada el de cinematografía y otras actividades de entrenamiento; cuya revisión abarca hechos entre enero a abril de 2007, identificando que se tiene facturas de compras realizadas por el contribuyente sin consignar el NIT de “CINEL SRL”; no habiendo presentado documentación de soporte que demuestra la materialización de las transacciones hechas con sus proveedores; por otro lado refiere de la constancia de las facturas de luz y agua declaradas en la fecha de pago no corresponden a la fecha de emisión de notas fiscales, teniendo como adeudo UFVs891 036/100.- (ochocientos noventa y uno Unidades de Fomento a la Vivienda), el cual equivalente a Bs1 449 279.-, por lo que corresponde emitir vista de cargo y respectiva notificación (fs. 143 a 145); notificándole mediante cédula a la parte accionante de “CINEL SRL”, el 10 de junio de 2013 (fs. 151).

 

II.3.Vista de Cargo 399-3910OVE00023-0008/2011 de 8 de junio, GRACO del SIN Cochabamba señala que “CINEL SRL” no determinó impuestos de los períodos de enero a abril de 2007, determinando la base imponible de obligaciones tributarias relativas al IVA, estableciéndose un adeudo de UFVs891 036/100 equivalente a Bs1 449 279.-, incluyendo impuestos omitidos, mantenimiento de valor, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta, adeudo que deberá calcularse a la fecha de pago (fs. 146 a 147).

 

II.4.El 8 de agosto de 2011, según informe de conclusiones COD SIF 434673 referente a la verificación de crédito IVA del contribuyente “CINEL SRL”, de enero a abril de 2007; no constan facturas por compras realizadas por el contribuyente sin consignar NIT de la empresa; no presentó documentación que demuestre la materialización de las transacciones hechas con sus proveedores; así existen facturas de luz y agua declaradas en la fecha de pago no así de la fecha de emisión de notas fiscales, por lo que se tiene una deuda al 8 de junio de 2011, de UFVs891 036/100, el cual equivalen a Bs1 449 279.-, correspondiendo emitir vista de cargo y respectiva notificación (fs. 152 a 166).

 

II.5.La Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11 de 6 de septiembre de 2011, señala que el contribuyente no aceptó el pagó de la totalidad de la liquidación, presentando nota de descargos y previo análisis resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible obligaciones impositivas del contribuyente “CINEL SRL”, en UFVs473 466.- (cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs790 324.- (setecientos noventa mil trescientos veinticuatro bolivianos), por contravención tributaria calificada como omisión de pago sancionándola con multa de UFVs412 988.- (cuatrocientos doce mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), de los períodos fiscales de enero a abril del 2007, otorgándole veinte días para el depósito, notificándole el 9 de junio de igual año. Al no ser encontrado en su domicilio legal se dejó los avisos de visita que fueron representados por el notificador (fs. 167 a 176).

 

II.6.El 29 de septiembre de 2011, el representante legal de “CINEL SRL” interpone recurso de Alzada ante la AIT, porque la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11, lesionó su derecho a la fundamentación de decisiones en virtud a la respuesta infundada, demostrando arbitrariedad en los actos e interpretación de los funcionarios; por lo que debe ser declarada nula dicha Resolución, en razón a que la emisión de la Orden de Verificación el 28 de mayo de 2010, fue notificada el 8 de junio de 2011, es decir a más de un año como señala el art. 104 del CTB, referente al plazo de inicio y conclusión de la fiscalización, siendo atribución de la Autoridad Tributaria la ampliación; la depuración del crédito fiscal fue arbitraria e ilegal así como la imposición de sanciones al incumplimiento de deberes formales debiendo declarar nulo el acto impugnando revocando la validez del crédito fiscal depurado (fs. 198 a 206 vta.).

 

II.7.El 27 de octubre de 2011, respondiendo al recurso de alzada GRACO del SIN Cochabamba, señaló que la Orden de Verificación de 28 de mayo de 2010, fue notificada el 14 de junio del mismo año, la Vista de Cargo se notificó el 10 de junio de 2011, otorgando un plazo de treinta días, ratificado por el contribuyente con nota de 11 de julio del año citado, contradiciendo que se vulneró el derecho a la defensa porque presentaron descargos, teniendo oportunidad de presentarlos hasta antes de la Resolución, aclara que la depuración de facturas fue correctamente analizada porque se ha beneficiado de crédito IVA por facturas que no consignan el NIT de “CINEL SRL”, como tampoco existe soporte de facturas de servicios que fueron computadas en el período de pago y no en la fecha de emisión, solicitando se confirme la Resolución Determinativa 17-00383-11 (fs. 210 a 220).

 

II.8.La Resolución del Recurso de Alzada ARIT - CBA/RA0295/2011 de 30 de diciembre, la ARIT La Paz en suplencia legal de la ARIT Cochabamba, resolvió anular la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11, debiendo GRACO del SIN Cochabamba, emitir nueva Resolución que contemple el detalle y conceptos de las facturas depuradas, a objeto de que el sujeto pasivo “CINEL SRL” asuma defensa (fs. 222 a 229 vta.).

 

II.9.El 24 de enero de 2012, el Gerente a.i. de GRACO del SIN Cochabamba, interpone recurso jerárquico, impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT CBA/RA 0295/2011, que anula la RD 17-00383-11, cuyo contenido es lesivo a intereses de la institución y el Estado, porque la autoridad recurrida falló más allá de lo solicitado, lo que corresponde es revocar dicha Resolución, declarando firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-00383-11 (fs. 230 a 232 vta.).

 

II.10.Por Resolución de Recurso Jerárquico administración tributaria o AGIT-RJ0203/2012 de 9 de abril, señala que la no puede ir más allá de lo peticionado, lo contrario significaría incongruencia que viciaría de nulidad el acto administrativo; en relación a las facturas observadas en la depuración de crédito fiscal, no corresponden a la actividad del contribuyente, por lo que la Autoridad de la Administración Tributaria debe realizar el saneamiento a través de una nueva Resolución observando los puntos planteados en el recurso de alzada, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, “…esto es hasta la Resolución de Alzada (…) emita nueva Resolución…” (sic) (fs. 236 a 246).

 

II.11.La parte accionante solicitó aclaración a la Resolución del recurso jerárquico el 23 de abril de 2012, sobre la valoración concreta de los elementos y datos para establecer que la Resolución Determinativa GRACO 1700383-11, cumple requisitos establecidos en el art. 99 del CTB, y que desestimaría el contenido de la Resolución de Alzada (fs. 247). En respuesta se emite el Auto Motivado AGIT-RJ 0019/2012 de 3 de mayo, señalando no ha lugar quedando firme y subsistente (fs. 248 a 249).

 

II.12.El 3 de septiembre de 2012, por Resolución del Recurso Alzada ARIT-CBA/RA 0249/2012, confirma la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11, con la respectiva notificación al representante de “CINEL SRL” de 5 de septiembre de igual año (fs. 250 a 265 vta.).

 

II.13.La parte accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución del recurso de alzada ARIT-CBA/RA 0249/2012 de 3 de septiembre, en razón de que no realizó una correcta valoración de la documentación, parcializándose en referencia a la depuración de facturas, así como de los temas que fueron observados con la verificación del crédito de 2007 (fs. 267 a 277).

 

II.14.El 7 de enero de 2013, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0015/2013, en respuesta a la impugnación realizada por “CINEL SRL” a la Resolución Determinativa ARIT-CBA/RA 0249/2012 de 3 de septiembre, resuelve revocar parcialmente dicha Resolución, referente a la depuración del crédito fiscal, sobre la inexistencia de documentación que demuestre la materialización de la transacción y la depuración del crédito fiscal por facturas declaradas en un período que no corresponde por un total de Bs79 737 76/100.-, de crédito fiscal válido; manteniendo firme y subsistente el reparo establecido en la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11, procediendo a la modificación de la deuda Tributaria establecida de los períodos enero a abril de 2007, equivalente a UFVs744 638., que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago correspondiente a IVA (fs.281 a 316).

 

II.15.El representante de la entidad pide aclaración a la Resolución de Recurso Jerárquico, referente a la depuración de facturas (fs. 317 a 318), el cual fue respondido por Auto Motivado AGIT-RJ 0006/2013 de 29 de enero, remarcando que conforme al art. 99 del CTB, las operaciones de los contribuyentes son individuales no es justificativo ser parte de un grupo empresarial; de igual forma el pago de viáticos al Gerente de “CINEL SRL”, cuyo descargo es incongruente al haber asumido pagos realizados a terceras empresas y facturas emitidas por las mismas, lo cual no amerita aclaración (fs. 319 a 221 y vta.).

 

II.16.El 29 de enero de 2013, se emite Auto Motivado AGIT-RJ 0006/2013, en respuesta a la solicitud de aclaración AGIT-RJ 0015/2013 de 7 de enero del recurso jerárquico, emitida por la AIT formulada por Washington Daniel Sardeña Vargas por “CINE SRL”, el 21 de enero de igual año, solicitando se aclare los elementos y datos contenidos en la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11, datos referentes la sanción que se le impuso; determinando no ha lugar a la solicitud de rectificación y aclaración, quedando firme y subsistente dicha resolución (fs. 105 a 107 y vta.).

 

II.17.El 1 de marzo de 2013, por Auto de Suspensión de Ejecución 25-00106-13, emitido por GRACO del SIN Cochabamba, declara “…suspendida la ejecución del adeudo tributario establecido al contribuyente CINEL SRL, mediante Resolución Determinativa 17-00383-11, reconocido parcialmente por Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0015/2013 de 7 de enero de 2013, hasta que se haga efectiva y aceptada la garantía y hayan transcurrido los 90 días de plazo (sic.) (fs. 38 a 39).

 

II.18.El 4 de marzo de 2013, el apoderado de “CINEL SRL”, plantea la nulidad de proveído de inicio de ejecución tributaria, 24-00138-13 de 13 de febrero, señalando que la Resolución Determinativa 17-422-11, se encontraba firme y ejecutoriada, al haber emitido Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0038/2013 de 14 de enero; sin ser ejecutoriado por ser impugnado en la vía contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia, actuado contrario a la “seguridad jurídica” y debido proceso, al mismo tiempo, anunció la presentación de una acción de amparo constitucional (fs. 52 y vta.).

 

II.19.El 25 de abril de 2013, el representante de “CINEL SRL”, luego de ser notificado con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0015/2013 de 7 de enero, y Auto Motivado de 30 de enero del mismo año, confirmando la Resolución Determinativa GRACO 17-00383-11, emitida por GRACO del SIN, revocando la Resolución del Recurso AGIT-CBA/RA 0249/2012 de 3 de septiembre, emitida por la autoridad General de Impugnación Tributaria por contener violación y aplicación indebida de la ley respecto al concepto de ingresos percibidos en un determinado periodo fiscal, por lo que mantiene firme y subsistente la resolución Determinativa 17-00383-11, interpone demanda contencioso administrativa, solicitando declarar probada la presente acción, revocando la Resolución del Recurso Alzada AGIT-RJ 0015/2013 emitida por la autoridad General de Impugnación Tributaria por contener violación y aplicación indebida de la ley respecto al concepto de ingresos percibidos en un determinado periodo fiscal, manteniendo firme y subsistente la resolución Determinativa 17-00383-11, que fue revocado parcialmente mediante Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0015/2013 (fs. 68 a 107 vta.)

II.20.El 26 de abril de 2013, el accionante presentó ante GRACO del SIN Cochabamba, recurso de acción de inconstitucionalidad concreta solicitando se promueva ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el contenido del segundo parágrafo del art. 2 del CTB, referida a la suspensión de ejecución de adeudo a solicitud expresa del contribuyente y/o responsable dentro los cinco días de la notificación, debiendo además ofrecer garantía y compromiso de constituirlas dentro los noventa días siguientes; cuestionando asimismo la Circular Interna 12-0035-13 de 7 de febrero, así como el instructivo GJNT-1GARANT-V01-13 de 21 de enero; basándose en el art. 2.2 del CTB; contenido que transgrede el debido proceso constituyendo una limitante para acceder a un medio de impugnación, contraria al principio de legalidad (fs. 40 a 46).

 

II.21.Por Auto Motivado 25-00197-13 de 29 de abril de 2013, GRACO del SIN Cochabamba rechazó la petición de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, disponiendo sea puesta en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 47 a 50).

 

II.22.El 3 de mayo de 2013, se remite el trámite al Jefe del departamento Técnico y Jurídico y de Cobranza Coactiva, señalando que del proceso de verificación de fiscalización, con la emisión de Resolución Determinativa 17-00383-11, que fue impugnado y con Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0015/2013 de 7 de enero, modificó el adeudo tributario, procediendo con el inicio de ejecución, a cuya consecuencia el contribuyente interpuso demanda contencioso administrativa, por lo que según circular 12-00035-13 y el instructivo GJNT-GARANT-V01-13 de 21 de enero, respecto del ofrecimiento de garantías y la suspensión de ejecución solicitada. Que según el art. 2 del CTB, se tiene un plazo de noventa días sin haber cumplido el contribuyente, por lo que corresponde dejar sin efecto la suspensión declarada mediante Auto de Suspensión de Ejecución 25-00106-13 (fs. 352).

 

II.23.Por nota SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PIET/00285/2013 de 8 de mayo, con proveído de inicio de ejecución tributaria 33-00022-13, encontrándose firme y constituida en Título de Ejecución Tributaria la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0015/2013, modificando la deuda tributaria “…de UFVs. 919983 (novecientos diecinueve mil novecientos ochenta y tres Unidades de Fomento a la vivienda)” (sic), dando cumplimiento al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se adoptarán las medidas coactivas respectivas según el art. 10 del CTB (fs. 55).

 

II.24.El 13 y 14 de mayo de 2013, la autoridad tributaria procedió con el primer y segundo “aviso de visita” con el proveído de inicio de ejecución tributaria, al no ser encontrado se dejó constancia con la firma de la Contadora Gladis Mejía (fs. 53 a 54); en consecuencia se notifica mediante cédula el 16 de mayo de igual año (fs. 55).

 

II.25.El 16 de mayo de 2013, consta actualización de Registro de Matrícula de Comercio 49682 otorgado por FUNDEMPRESA a CINEL SRL, con data de inscripción del 16 de mayo de 2002 (fs. 65).

 

II.26.El 12 de junio de 2013, el representante de “CINEL SRL”, interpone nulidad ilegal de ejecución tributaria, luego de ser notificado por el proveído de inicio de ejecución tributaria, transgrediendo el principio de seguridad jurídica y el debido proceso en su elemento derecho a la defensa, por pretender realizar actos de ejecución tributaria, pese a que existe una resolución de recurso jerárquico impugnada en proceso contencioso administrativo, por lo que no es firme y no constituye ejecución tributaria, por otro lado se ha promovido acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 2 del CTB, en el caso de la ejecución tributaria no faculta la Ley 2492 por no existir aún título de ejecución tributaria porque no ha adquirido firmeza, por lo que requiere se deje sin efecto el procedimiento administrativo, anulando el ilegal proveído de inicio de ejecución tributario 33-0023-13 de 8 de mayo (fs. 354 a 355 vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante consideran que las autoridades demandadas, vulneraron sus derechos a la “seguridad jurídica”, al debido proceso, a la defensa y la tutela efectiva de la Empresa a la que representan “CINEL SRL”, toda vez que, a pesar de haber pedido la suspensión de ejecución, no obstante de acreditar la presentación del referido proceso contencioso administrativo, además de encontrarse en revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional la acción de inconstitucionalidad concreta del párrafo segundo del art. 2.2 del CTB, se dispuso la prosecución de la ejecución tributaria mediante proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 33-0002-13 de 8 de mayo de 2013, cumpliendo la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ0015/2013 de 7 de enero.

 

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen ilegales lesivos a los derechos fundamentales del accionante, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto está dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

 

Resulta necesario señalar que la Norma Suprema, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que; sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

 

Se ha manifestado y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, están también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

 

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “…El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

 

“Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

 

III.2.De la acción de amparo en la Constitución Política del Estado

Previo a ingresar a considerar la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a la misma instituida en la Constitución Política del Estado, sobre la naturaleza de la institución jurídica constitucional y el entendimiento de la jurisprudencia constitucional, remarcando, tal como prevé la Constitución, el enunciado normativo sobre las formas de resolución en las acciones de amparo constitucional.

 

En el orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como mecanismo de defensa que “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

 

A su vez el art. 129.I de la CPE, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

 

En consecuencia la acción de amparo constitucional, constituye un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección a objeto del restablecimiento inmediato y efectivo de derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

 

II.3.        La acción de amparo en el Código Procesal Constitucional

El Código Procesal Constitucional, tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. La referida Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del mismo, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

 

El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Segundo (De la acción de amparo constitucional), en su art. 51 establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

 

III.3.1.   Sobre el debido proceso y el derecho a la defensa

Al respecto, los arts. 115. II y 117.I de la CPE, señalan que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”, estableciéndose de estas normas Constitucionales lo que buscan es garantizar que el proceso judicial o administrativo, sea justo y que se desarrolle dentro del marco de las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.

 

Este derecho está igualmente reconocido en el orden internacional de derechos humanos, así se tienen los arts. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

En ese sentido la jurisprudencia constitucional señaló respecto al debido proceso y sus alcances, lo siguiente: ”… se entiende como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales. En cuanto a la obligatoriedad de su respeto, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, sostuvo que: '…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”. Así establecido en la SCP 0051/2012 de 5 de abril entre otras.

 

Más adelante la SCP 0051/2012 de 13 de marzo, precisó: “…Conforme prevé el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa; respecto al debido proceso, la amplia jurisprudencia constitucional desarrollada, indica que es de aplicación inmediata, vinculante a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal, prevista por el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales. Además, este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio. Al respecto la SC 0121/2010-R de 10 de mayo, indicó que: '…el debido proceso, entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, consagrado en nuestro texto constitucional””.

 

III.4.De la normativa legal aplicable en relación a los ilícitos tributarios y al establecimiento de sanciones

El art. 1 del CTB, establece sobre la aplicabilidad a los tributos de carácter nacional, departamental y universitario; lo que significa que, las decisiones asumidas por la Administración Tributaria, mediante resoluciones determinativas, se encuentran sujetas al régimen del Código Tributario Boliviano, cuerpo legal en el que se encuentran estipulados medios de impugnación así como las condiciones para su presentación.

 

Respecto del control, verificación, fiscalización e investigación el art. 100 del CTB, señala que: “La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales en especial podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria con efectos tributarios, de ser necesario procede con la inspección en el caso incluso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema y programas de aplicación, incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el art. 100.3.II, Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones”.

 

El art. 148.I del CTB, refiere sobre los ilícitos tributarios señalando que:

“I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias…”; asimismo los clasifica en contravenciones y delitos, en el caso de las primeras establece el art. 160, indicando que: “Son contravenciones tributarias:

 

1.Omisión de inscripción en los registros tributarios.

2.No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente.

3.Omisión de pago.

4.Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181.

5.Incumplimiento de otros deberes formales.

6.Las establecidas en leyes especiales”.

 

Por su parte el art. 162 del CTB, con referencia al incumplimiento de deberes formales, ha señalado lo siguiente: “I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's50.-) a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's5 000.-). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este código las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente verificadas en operativos de control tributario; y 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial”.

 

En concordancia con lo señalado el art. 151 CTB, instituye que: “Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias”.

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.

 

(…).

 

Según lo señalado al ser tanto personas naturales y jurídicas que pueden cometer los ilícitos tributarios y ante estos ilícitos se establecen sanciones correspondientes, cuya aplicación está en observancia de los procedimientos estipulados en la normativa tributaria, acudiendo oportunamente a la Ley de Procedimiento Administrativo conforme el art. 149.I del CTB, cuando señala: “El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos”.

 

En el caso de los ilícitos, se han clasificado diferentes clases de sanciones que se encuentran mencionadas en el art. 161, que instaura lo siguiente: “Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1.Multa; 2.Clausuras; 3.Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 4.Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria; 5.Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 6.Suspensión temporal de actividades”, existiendo también otras sanciones a ser aplicadas en caso de la comisión de delitos tributarios (art. 176 del CTB).

 

Con este antecedente, en caso del incumplimiento de deberes formales, es sancionado con una multa, sobre el particular la SCP 0029/2013 de 4 de enero, ha destacado que: “el objetivo del establecimiento de las sanciones tanto por la comisión de delitos tributarios o contravenciones tributarias, resulta siendo proteger la hacienda pública, aunque se ocupen de momentos o etapas diferentes”.

 

La doctrina hace referencia con relación a las contravenciones tributarias, a una distinción entre el incumplimiento de deberes formales y materiales, y señala que en el caso de los primeros, lo que se protege específicamente, es el cumplimiento de los deberes de colaboración, mientras que con las sanciones a los deberes materiales (pago propiamente del tributo) lo que se somete a tutela es el ingreso en sí mismo o, dicho de otro modo, la renta fiscal”.

 

Por su parte el artículo 165 sobre la Omisión de Pago, refiere que: “por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria”.

 

En ese contexto, posterior a la aplicación de la norma referente a procesos de fiscalización efectuada por la autoridad tributaria, que desemboca en resoluciones, pueden ser impugnadas de acuerdo a los recursos que la misma ley señala, tal es así que el art. 131 de la citada normativa establece sobre los recursos administrativos: “Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. “…Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes”, de lo que antes se denominaba Superintendencia Tributaria, instancia que actualmente, por imperio del Decreto Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009, quedó instituida como Autoridad de Impugnación Tributaria.

 

Concordante con el art. 143 del CTB, que prevé el sistema de impugnación recursiva ante la AIT, sea a nivel nacional o regional según corresponda, estableciendo que: El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos, a saber:

 

“(…)

 

1.Las resoluciones determinativas.

 

2.Las resoluciones sancionatorias.

 

3.Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos.

 

4.Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas.

 

5.Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

 

Dicho Recurso deberá interponerse en el plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado”. Remarcar que de lo mencionado la Ley 3092, incorpora al Código Tributario Boliviano el Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los recursos de alzada, jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria, señalando en su art. 4, que el recurso de alzada será admisible también contra:

 

“1.Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias.

 

2.Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago.

 

3.Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación.

 

4.Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria”.

 

En concordancia, el recurso que impugna un acto administrativo por mandato contenido en el art. 198 del mismo cuerpo legal, deberá ser interpuesto “…por escrito mediante memorial o carta simple (…) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente:

 

(…)

 

La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el Artículo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo (…) disponga su subsanación o aclaración en el término improrrogable de (5) días, computable a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso.

 

(…)

 

De ser subsanada la omisión y observación, entonces se proseguirá con la tramitación del recurso interpuesto, disponiendo su admisión y notificando a la autoridad demandada.

 

Relacionado al tema se ha establecido en la jurisprudencia constitucional que la emisión de una resolución determinativa por la cual ésta o el sujeto pasivo declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, constituye un acto administrativo el cual es concebido como: “…toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejecución de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos por Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado…”. Así lo establecieron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1091/2013, 0249/2012, 0468/2012, 1690/2012 entre otras.

 

III.5.Fuerza ejecutiva de las resoluciones administrativas tributarias

Con relación a la fuerza ejecutiva que tienen las resoluciones administrativas que determinan tributos, en la SC 0446/2010-R de 28 de junio, se ha establecido que: “Una Resolución Determinativa constituye un título de ejecución tributaria, conforme señala el art. 108 del CTB, norma que confiere a la administración tributaria la atribución de ejecutar la misma y no admite suspensión salvo las situaciones previstas por el art. 109 del mismo cuerpo legal, que se refieren a la autorización de un plan de facilidades de pago, o bien cuando el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

 

A ello se complementan los preceptos contenidos en el art. 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), que determinan que las resoluciones definitivas de la administración pública tienen fuerza ejecutiva, y la administración pública podrá proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso, exceptuándose los casos de suspensión de dicha cualidad ejecutiva, conforme a lo previsto por las normas del art. 59 de la misma Ley, la cual señala que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, asimismo estipula que el órgano administrativo competente para resolver el recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, excepto en dos casos: i) Por razones de interés público; y, ii) Para evitar grave perjuicio al solicitante; dichas normas tienen una naturaleza jurídica particular, por ello la doctrina las denomina discrecionales o conceptos indeterminados, porque conceden a la autoridad la posibilidad de aplicar las mismas en determinadas circunstancias calificadas por ellas mismas, vale decir que el supuesto fáctico en que deben ser aplicadas las normas, corresponde ser verificado por las autoridades encargadas del asunto particular. De donde se concluye que la suspensión de un acto administrativo firme es una potestad discrecional del administrador y su negativa solamente puede ser tutelada vía amparo constitucional siempre y cuando se demuestre que en el ejercicio de dicha potestad se vulneraron derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

En ese mismo orden, el art. 131 del CTB dispone que: `La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los noventa (90) días siguientes.

 

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la ejecución tributaria de la deuda impaga´.

 

De donde se concluye que la presentación del proceso contencioso administrativo no suspende la ejecución de una Resolución Determinativa cuando la misma fue objeto de impugnación mediante los recursos de alzada y jerárquico y como resultado final culminó con la emisión una resolución emitida por la Superintendencia Tributaria General, resolución que agota la vía administrativa conforme dispone el art. 199 del CTB, por lo tanto, adquiere firmeza administrativa y puede ser objeto de control jurisdiccional únicamente a través del proceso contencioso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, instancia donde adquirirá calidad de cosa juzgada material.

 

De la interpretación del mandato del art. 131 del CTB se concluye que la interposición del proceso contencioso administrativo no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el recurso jerárquico podrá ser suspendida a solicitud expresa de suspensión formulada por el contribuyente o responsable en un plazo de 5 días de su notificación además deberá ofrecer garantías suficientes y compromiso de constituirlas dentro de los noventa días; empero, es pertinente aclarar que dicha norma no prohíbe a la administración tributaria el rechazo en el plazo señalado, de no constituir garantías ofrecidas, procederá con la ejecución tributaria impaga.

 

III.6.Análisis del caso concreto

De la documentación que informa los antecedentes del expediente se evidencia que del proceso de fiscalización realizado por GRACO Cochabamba correspondiente de enero a abril de 2007, derivó en la emisión de la RD GRACO 17-00383-11, imponiendo una sanción por obligaciones impositivas; habiendo interpuesto recurso de alzada mereció la Resolución de alzada ARIT-CBA/RA 0249/2012; contra la que se planteó recurso jerárquico; consecuentemente, se dictó Resolución de recurso jerárquico RAJ AGIT-RJ 0015/2013, revocando parcialmente la Resolución de Alzada, validando el crédito fiscal modificando la deuda tributaria; por lo que, anunciaron mediante memorial la interposición del recurso contencioso administrativo, solicitando la suspensión de la ejecución tributaria conforme dispone el art. “2.II” del CTB.

 

En ese contexto se evidencia que GRACO del SIN Cochabamba, emitió Orden de Verificación de 28 de mayo de 2010, con la que se notificó mediante cédula el 14 de junio del mismo año (fs. 142 vta.), en consecuencia la verificación se realizó el 2011, previa recepción de documentos de descargo en julio de 2010, como señala la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo cual derivó en la Vista de Cargo que fue notificada el 10 de junio de 2011, actuado que permitió asumir defensa como contribuyente; por lo que el proceso derivó en la calificación de la conducta del contribuyente como omisión de pago, confirmándose mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0015/2013.

 

Por su parte, el representante de “CINEL SRL” habiendo solicitado la suspensión de la ejecución tributaria mereció en su favor se emita el Auto de Ejecución 25-00106-13, en razón de haber anunciado la interposición en la vía judicial el proceso contencioso administrativo, determinándose la suspensión de dicha ejecución tributaria, hasta que se haga efectiva la boleta de garantía bancaria que cubra la misma en el marco de los establecido por la autoridad tributaria, asimismo al solicitar a suspensión de la ejecución del adeudo tributario, solicitó se promueva una acción de inconstitucionalidad concreta de la incorrecta aplicación del art. 2 del CTB; dicho de otro modo al haber solicitado expresamente la suspensión por parte del contribuyente y/o responsable dentro los cinco días, tenía la obligación de ofrecer garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro los noventa días, no obstante a ello, la parte accionante no cumplió con dicha garantía, por ello la autoridad tributaria cumpliendo sus funciones pronunció el proveído de inicio de ejecución tributaria 33-0022-13 de 8 de mayo, señalando ejecutoriada la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0015/2013, debiéndose ejecutar el pago del importe deducido en el proceso de fiscalización, pues como se advierte en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional las resoluciones administrativas que determinan tributos constituyen título de ejecución tributaria, mereciendo tal calidad la Resolución Determinativa emitida para el caso en análisis.

 

Por otro lado, es necesario señalar que según normativa tributaria aplicable al presente caso según lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación a la omisión de pago, el art. 165 del CTB, señala “El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100 %) del monto calculado para la deuda tributaria”. Por lo que, del caso en examen se evidencia que la interposición de la demanda contencioso administrativo que fue anunciado a la autoridad tributaria, ésta no admite suspensión de dicha ejecución, salvo, las situaciones previstas por el art. 109 del mismo cuerpo legal, que se refieren a la autorización de un plan de facilidades de pago, o bien cuando el contribuyente garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

 

Ahora bien, conforme lo señalado, se establece que la parte accionante, pretende a través de la presente acción tutelar, es dejar sin efecto el proveído de Ejecución Tributaria, pronunciado por las autoridades ahora demandadas, y se disponga la revocatoria de cualquier medida coactiva dictada dentro el trámite en cuestión; arguyendo que existe pendiente de Resolución la acción de inconstitucionalidad concreta de la segunda parte del art. 2 del CTB, la que fue rechazada por la autoridad de impugnación tributaria, sin embargo, se constata por el sistema de gestión procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, que mediante Auto Constitucional 0231/2013-CA de 5 de julio, se ratificó la Resolución 25-00197-13 de 29 de abril, emitida por dicha autoridad tributaria, además que tampoco esta acción suspende la ejecución de la Resolución Administrativa.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente.

Por tanto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución de 13 de junio de 2013, cursante de fs. 378 a 382, pronunciada por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0259/2014

Sucre, 12 de febrero de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrada Relatora:Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de amparo constitucional

Expediente:04534-2013-10-AAC

Departamento:Chuquisaca

En revisión la Resolución 266/2013 de 26 de agosto, cursante de fs. 463 a 473 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Richard Gutiérrez Argote en representación legal de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)contra Norka Natalia Mercado Guzmán y Antonio Guido Campero Segovia, Magistrados de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 7 de agosto de 2013, cursante de fs. 210 a 223 vta., la FBF accionante a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de agosto de 2003, la FBF, suscribió con la Empresa NOB CORP AVV, en representación de la Empresa Aroma Inc., un contrato de cesión de derechos para transmisión televisiva abierta y cerrada en directo o diferido, sonido y veintiséis vallas publicitarias, de los partidos de local que disputaría la selección boliviana de Fútbol en las eliminatorias para el mundial de Alemania 2006.

 

Por Orden de Verificación Externa 0008OVE0702, se hizo una fiscalización de la FBF, para los periodos fiscales de enero de 2004 a diciembre 2006, practicada la liquidación, se ha establecido el monto de UFV's6 393 123.- (seis millones trescientos noventa y tres mil ciento veintitrés unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs9 187 813.- (nueve millones ciento ochenta y siete mil ochocientos trece bolivianos); tomando como base dicha información la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de Grandes Contribuyentes (GRACO) emite la Vista de Cargo 3908-0008OVE0702.058/2008 de 28 de octubre, notificada el 6 de noviembre de 2008; ante ella se presentan los siguientes argumentos y descargos: a) La cesión de derechos no se encuentra gravada con ningún impuesto; b) Es imposible establecer el momento de traslado del dominio; y, c) El traslado de derechos de imagen y sonido no produce ningún tipo de prestación. Por Resolución Determinativa GRACO 51/2008 de 19 de diciembre, la Gerencia Distrital de Cochabamba determinó que las obligaciones impositivas son de UFV's6 40 8084.- (seis millones cuatrocientos ocho mil ochenta y cuatro unidades de fomento a la vivienda) argumentando que: “No existe en la norma tributaria señalada ninguna exclusión al impuesto al valor agregado a la venta de derechos televisivos publicitarios en consecuencia su obligación de pago es obligatoria” (sic).

 

Ante ello la FBF. el 31 de diciembre de 2008, presentó una demanda contenciosa tributaria, haciendo conocer que en un caso similar del 2000, la Administración Tributaria había determinado que no procedía para la Empresa Super Canal A.S. el pago ni de Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni del Impuesto a las Transacciones (IT); dentro del término probatorio abierto por el Juez de la causa se tiene que se emitió el informe de auditoria en el cual se estableció que no procedía el pago ni de IVA pero sí del IT; sin embargo, de ello la autoridad judicial confirmó la Resolución Determinativa GRACO 51/2008, y declaró improbada la demanda incoada por la FBF; la parte accionante cuestiona, que esta resolución judicial cometió los siguientes errores: 1) Omitió referirse al principio de legalidad en materia tributaria; 2) No se pronunció sobre el precedente presentado relativo a la interpretación que se hizo de la actividad de la Empresa Super Canal Bolivia S.A., desconociéndose la igualdad jurídica; y, 3) No se realizó valoración alguna del informe pericial de auditoria 105/2010 de 7 de octubre, que determina la inaplicabilidad del IVA pero si del IT.

 

Para impugnar dicha Resolución se hizo uso del recurso de apelación el 4 de abril de 2012, en el mismo se presentaron los siguientes argumentos: i) La sentencia no consideró el informe técnico; ii) No se consideró la lesión del principio de igualdad contra la Federación en atención a que en casos similares no se exigió el cumplimiento del IVA; iii) Tampoco se tomó en cuenta expresamente que la cesión de derechos televisivos y no se encuentra gravado impositivamente por Ley; y, iv) Se incumple con los principios tributarios establecidos en la “SC 0044/2004 de 29 de abril, así como los Autos Supremos 309 de 18 de junio de 2010 y 601 de 16 de noviembre de 2010”, que determinan la inaplicabilidad del IVA y del IT a situaciones similares. Ante ello por Auto de Vista 020/2012 de 19 de septiembre, se dispuso revocar parcialmente la sentencia apelada dejando subsistente la determinación de pago del IT, y revocando la obligatoriedad del pago del IVA, en consideración a las Sentencias Constitucionales, las Leyes aplicables y la “SC 044/2004 de 29 de abril” (sic).

 

Ambas partes procesales hicieron uso de recursos de casación contra el referido Auto de Vista, por ello la Sala Social Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto de Supremo 220 de 10 de mayo de 2013, por el que dispone declarar infundado el recurso de casación interpuesto por la FBF, y casa en parte el Auto de segunda instancia dejando subsistente la Sentencia de 23 marzo de 2012, al respecto, el accionante aduce que este Auto Supremo incurrió en las mismas violaciones que la sentencia de primera instancia ratificada, enumerándolas de la siguiente manera: a) El Auto Supremo no consideró el informe técnico pericial 105/2010; b) Se ignora que en otros casos similares la Administración Tributaria no determinó la obligatoriedad del pago del IVA; c) No se consideró que la Ley no grava expresamente la cesión de derechos televisivos, sonido y vallas publicitarias, por ello, el Tribunal Supremo, recurrió a una interpretación supuestamente integradora de las normas; y, d) El Auto Supremo incumple la aplicación de la jurisprudencia constitucional y ordinaria, citando los “Autos Supremos 309 de 18 de junio de 2010, y 601 de 16 de noviembre de 2010, la SC 0044/2004-R de 29 de abril”. Por lo relatado la parte accionante señala que se ha vulnerado el debido proceso en su vertiente legalidad impositiva, la igualdad entre sujetos económicos, el debido proceso en su vertiente seguridad jurídica por desconocer la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional y ordinaria, el derecho a la defensa técnica al no haberse pronunciado sobre la prueba aportada.

 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

La FBF accionante a través de su representante, alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la defensa técnica, citando al efecto los arts. 14, 24, 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

 

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se revoque el Auto Supremo 220/2013 de 10 de mayo, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por la ilegal aplicación del IVA e IT contra la FBF, por concepto de la cesión de derechos televisivos, de sonido y publicidad en el proceso eliminatorio a la copa mundial de Alemania 2006.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 26 de agosto de 2013, conforme consta en acta de fs. 458 a 462 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1.Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, ratificó plenamente el contenido de su demanda, y amplió en audiencia: 1) Se desconoce el carácter vinculante de la Certificación emitida a la Empresa Super Canal Bolivia S.A., emergente de la consulta que hizo sobre el pago impuestos por cesión de derechos de televisación de encuentros deportivos; 2) Si la locución otras prestaciones del art. 1 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, se hace extensible en el caso concreto podría gravarse cualquier actividad al antojo del SIN; y, 3) No existe ningún elemento relevante para que la Administración tributaria haya cambiado su criterio del 2000 al año 2008, pues las situaciones jurídicas son idénticas.

 

En la réplica el representante de la Federación accionante, hizo notar que desde que la Administración Tributaria había emitido el Informe relativo a la consulta las normas aplicables al caso en concreto; es decir, la Ley 843, no había cambiado y no resultaba lógico pretender que cada caso tenga que ser consultado.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Mediante informe escrito de los Magistrados demandados, cursante de fs. 440 a 444, Norka Natalia Mercado Guzmán y Antonio Guido Campero Segovia, solicitaron que se deniegue la tutela en atención a lo siguiente: i) La parte accionante pretende constituir a la justicia constitucional en una vía casacional anulatoria de lo ya resuelto en la justicia ordinaria, sin hacer una precisa relación de cómo el Auto Supremo, habría vulnerado sus derechos y garantías, pues la acción se centra más en la Sentencia de primera instancia que en el Auto Supremo; ii) En la acción de amparo constitucional, no se visibiliza cómo el Auto Supremo habría realizado una errónea interpretación de la Ley, más bien se sujetó a una interpretación integradora por mandato del art. 8 del Código Tributario Boliviano (CTB), tampoco se ha violado el principio de legalidad tributaria pues no se han creado nuevos tributos, sólo se hizo una interpretación del establecimiento del hecho generador; iii) Sobre el apartamiento por parte de la Administración Tributaria a la consulta que realizó la Empresa Super Canal Bolivia S.A., se debe ratificar el hecho de que ésta es vinculante sólo para el caso consultado, por ello la misma puede legítimamente a futuro cambiar los criterios, siendo que la FBF carece de legitimación activa en cuanto a los efectos que había realizado la Empresa Super Canal Bolivia S.A. con anterioridad; iv) Sobre la falta de pronunciamiento de los Magistrados demandados en torno a la aplicación de las Sentencias invocadas por el accionante (SC 0044/2004, Autos Supremos 309 y 601, se tiene que en el Auto Supremo demandado sí se hizo alusión a dichos precedentes); y, v) Sobre el informe técnico pericial cabe hacer notar que su consideración es labor potestativa de las autoridades judiciales conforme a los arts. 442 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 1331 del Código Civil (CC), en ese mismo sentido, se tiene que el Acuerdo de Sala Plena de 22 de marzo de 1995, estableció que los informes son criterios y opiniones que pueden orientar las decisiones del juzgador; por ello, el hecho de apartarse del informe emitido no representa indefensión para la parte accionante.

 

I.2.3. Intervención de terceros interesados

En audiencia los representantes de la Autoridad Tributaria señalaron: a) La sentencia goza de autoridad de cosa juzgada y no puede ser desconocida en la acción de amparo constitucional; b) En el fallo se hizo una adecuada compulsa del informe técnico y por ello se concluyó que la cesión de derechos es una transacción que sí amerita que se graven los impuestos respectivos; c) No es de aplicación en el caso concreto, ni el informe de la Administración Tributaria “43/2000”, tampoco los Autos Supremos, ni Sentencia Constitucional esgrimidos; y, d) Todos tienen la obligación de pagar impuestos y el ingreso de la FBF, de $us3 000 000.- (tres millones de dólares estadounidenses no podía ser la excepción.

Asimismo, por informe presentado el 26 de agosto de 2013, el tercero interesado, Mario Vladimir Moreira Arias, en su calidad de Gerente Distrital de GRACO de Cochabamba del SIN, solicitó que se deniegue la tutela, en base a los siguientes argumentos: 1) Se trata de un proceso contencioso tributario que se encuentra con calidad de cosa juzgada; por ello, ya no puede ser discutido a través de una acción de amparo constitucional; 2) El Juez a quo realizó una adecuada valoración de la procedencia del pago del IT y del IVA; 3) Las autoridades judiciales no se hallan vinculadas a los informes periciales, más bien tiene la potestad de considerarlos de acuerdo a la sana crítica; y, 4) El art.117 del CTB, dispone que la consulta tiene sólo efecto vinculante en relación al caso en concreto y no a otros casos, el objeto de dicha consulta fue hecha por “Unitel” y tiene particularidades diferentes a las que son aplicables al caso concreto, pues no puede considerarse como iguales a sujetos tributarios distintos, de un lado empresas de telecomunicaciones y de otra la FBF.

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal del Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 266/2013 de 26 de agosto, cursante de fs. 463 a 473 vta. concedió en parte la tutela, disponiendo que se deje sin efecto el Auto Supremo 220, y que las autoridades demandadas emitan un nuevo Auto Supremo, resolviendo el recurso de casación subsanando los defectos evidenciados en la Resolución de tutela; bajo los siguientes fundamentos: i) Se evidencia que el Auto Supremo 220 impugnando carece de suficiente motivación y fundamentación en cuanto al apartamiento que ha realizado de los precedentes Autos Supremos 309 y 601, así como de la “SC 44/2004”; y, ii) Al apartarse de sus precedentes sin suficiente motivación se ha dado un trato discriminatorio al accionante, lo cual deviene en vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos legalidad, seguridad jurídica, igualdad y defensa.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 16 de diciembre de 2013, se ha dispuesto la suspensión del plazo a efectos de recabar documentación complementaria.

A partir de la notificación con el proveído de 14 de enero de 2014, se reanudó el plazo, por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se pronuncia dentro del mismo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.Por Resolución Determinativa GRACO 51/2008 de 19 de diciembre, se estableció: a) Que la FBF, por conocimiento cierto de materia imponible tenía obligaciones impositivas por la suma de UFV's3 395 468.- (Tres millones trecientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho unidades de fomento a la vivienda), “…correspondientes al tributo omitido (…) por IVA e IT, periodos 03/04, 05/04, 09/04, 02/05, 03/05, 08/05 y 09/05…” (sic) en aplicación del art. 47 del CTB; b) Toda vez, que la conducta de la FBF, constituye contravención tributaria prevista por el art. 165 del CTB, se califica la misma como omisión de pago sancionándola con una multa del 100% sobre el tributo omitido; y, c) Se otorga el plazo de veinte días para que deposite en moneda nacional el monto adeudado a la Administración Tributaria (fs. 40 a 44).

 

II.2.El 7 de enero de 2008, Víctor Hugo López Aguilar y Richard Gutiérrez Argote, en representación de la FBF, presentaron demanda contenciosa tributaria contra la Resolución Determinativa GRACO 51/2008 (fs. 45 a 52 vta.). Ante ello la Jueza Segunda de Partido Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria del departamento de Cochabamba, emite Sentencia del 23 de marzo de 2012, declarando improbada la demanda y en consecuencia confirma la vigencia y validez de la Resolución Determinativa GRACO 51/2008 (fs. 101 a 108).

 

II.3.Ante ello se presenta recurso de apelación el 5 e abril de 2012, por los representantes de la FBF (fs. 111 a 113 vta.) a emergencia del cual se emite el Auto de Vista 020/2012 de 19 de septiembre, dictado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde revoca parcialmente la sentencia apelada y declara probada parcialmente la demanda contencioso tributaria, disponiéndose el pago referido únicamente al IT omitido más la multa correspondiente al 100% del monto de la obligación impositiva omitida (fs. 124 a 130 vta.).

 

II.4.Contra el referido Auto de Vista, ambas partes procesales hacen uso del recurso de casación (fs. 133 a 135 y fs. 138 a 140 vta.) por los cuales se emite el Auto Supremo 220 de 10 de mayo de 2013, pronunciado por los Magistrados demandados, el mismo que declara infundado el recurso de casación en el fondo planteado por la FBF, y declara fundado el recurso de casación en el fondo de la Gerencia Distrital de GRACO Cochabamba del SIN, casando en parte el Auto de Vista 020/2012, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y deliberando en el fondo, declara firme la sentencia de 23 de marzo de 2012, en base a los siguientes fundamentos jurídicos: 1) Sobre los derechos de transmisión de los partidos de fútbol de la Selección Boliviana de Fútbol, en su condición de 'local' que posee la FBF, el Auto Supremo refirió “…es un bien intangible, apropiado permanentemente por este ente federativo - mientras mantenga su condición de miembro asociado a la FIFA -, la cesión a título oneroso de este derecho, se realiza de manera regular es decir en cada eliminatoria, y acarrea consigo otros derechos de comercialización denominados 'derechos de publicidad' (vallas perimetrales publicitarias, publimetas, acciones promocionales de merchandising, boletos y parqueos VIP), opciones que incrementan las ventajas y beneficios económicos a la FBF” (sic); 2) En razón a lo cual el Auto Supremo asumió que: “El acto de disposición del patrimonio 'intangible' de la institución futbolera como persona jurídica, es una actividad lucrativa recurrente ejercida en el territorio nacional, que se plasma - como no podía dejar de ser - con la celebración de un contrato, donde el monto total de las operaciones realizadas es determinado convencionalmente, perfeccionándose el hecho imponible con la percepción del monto convenido, en este caso con pagos parcializados, ello encuadra perfectamente con los presupuestos establecidos en la normativa específica del IT…” (sic); 3) El Auto Supremo entendió que “…el IVA se aplicará además a todo otro contrato de prestación, constituyéndose ésta prestación (valga la redundancia), en un deber jurídico que, en este caso es el de 'dar', de donde resulta que, la prestación de la FBF respecto al contrato de cesión de derechos de 22 de agosto de 2003 celebrado con NOB CORP AVV en representación de AROMA INC., realizado en el territorio nacional, es decir, el deber jurídico de dar por efecto contractual de la FBF, se trasunta en la cesión de los derechos de transmisión que posee, por cuya prestación - o en contraprestación que al caso resulta indiferente - recibió en retribución convenida - en pagos parciales - el precio total de $us.3.200.000.-de donde concluyó “…que, la realidad económica de la transacción efectuada por la FBF, se enmarca y cumple con los presupuestos establecidos en la norma específica para la aplicación del IVA, por tanto la cesión o transmisión de derechos, en este caso los derechos televisivos que posee la FBF, si está determinado en el objeto del IVA de manera que el principio de legalidad o reserva de ley establecido en artículo 6. 1 de la Ley Nº 2492, se ha cumplido, y al no haber considerado la FBF que, este tributo es trasladable, es decir puede ser repercutido del vendedor al comprador, debe pagar lo determinado en la Resolución Determinativa Nº 51/2008 de 19 de diciembre de 2008” (sic); y, 4) Finalmente, sobre la Consulta el Auto Supremo señaló que “…es sobre un caso concreto y la respuesta al consultante vincula a la Administración Tributaria en sus efectos y criterios, únicamente con el consultante respecto al caso concreto consultado, careciendo la FBF de legitimidad en el efecto vinculante de la Respuesta a la consulta DNJ/UNAJ/043/2000 de 20 de octubre de 2000 y aunque el Tribunal de Alzada lo ha soslayado pretendiendo restarle trascendencia a dicho efecto por ser 'negable la coincidencia', se evidencia la violación del artículo 269 de la Ley Nº 1340 y aplicación errónea del artículo 117 de la Ley Nº 2492” (sic) (fs. 164 a 172).

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La FBF accionante, a través de su representante, refiere que se lesionaron sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la defensa técnica en atención a que las autoridades demandadas al emitir el Auto Supremo 220, incurrieron en las mismas violaciones que la sentencia de primera instancia, enumerándolas de la siguiente manera: i) El Auto Supremo no consideró el informe técnico pericial 105/2010; ii) Se ignora que en otros casos similares la Administración Tributaria no determinó la obligatoriedad del pago del IVA; iii) No se consideró que la Ley no grava expresamente la cesión de derechos televisivos, sonido y vallas publicitarias, por ello el Tribunal Supremo, recurrió a una interpretación supuestamente integradora de las normas; y, iv) El Auto Supremo 220, incumple la aplicación de la jurisprudencia constitucional y ordinaria, citando los Autos Supremos 309 y 601, y la “SC 0044/2004 de 29 de abril”. Por lo relatado la parte accionante señala que se ha vulnerado el debido proceso en su vertiente legalidad impositiva, la igualdad entre sujetos económicos, el debido proceso en su vertiente seguridad jurídica por desconocer la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional y ordinaria, el derecho a la defensa técnica al no haberse pronunciado sobre la prueba aportada.

 

En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde conceder o denegar de la tutela impetrada.

III.1.       La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales

La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, ha señalado: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 'cosa juzgada'. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones.

 

Más adelante y en ese mismo contexto jurisprudencial, el Tribunal Constitucional hace extensible la línea jurisprudencial de revisión de la legalidad ordinaria a eventuales violaciones de los derechos y las garantías constitucionales a la verificación de si en la interpretación, no se afectaron principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico (así ver la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, que cita los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso). De donde determinó que un mecanismo de control de la actividad interpretativa de la jurisdicción ordinaria resulta que ésta se someta a «reglas admitidas por el Derecho» (SC 1846/2004-R de 30 de noviembre), por ello planteó una relación de causalidad entre el sometimiento de las autoridades a los estándares interpretativos y la vigencia de derechos, garantías, principios y valores en la actividad hermenéutica, con la conclusión que la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de una norma distinta de la interpretada.

 

Sin embargo, posteriormente vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: '3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional'.

 

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”.

III.2.       La necesaria motivación de las Resoluciones Judiciales y la predictibilidad judicial

Todos los fallos que emiten las autoridades judiciales se hallan imbuidos de su naturaleza, de ser actos jurisdiccionales de orden público; sin embargo, cabe establecer que los fallos que emite el Tribunal Supremo de Justicia (Ex Corte Suprema de Justicia), constituyen además pronunciamientos jurisdiccionales con un innegable valor precedencial, pues no se puede desconocer que la labor del máximo Tribunal de Justicia ordinaria del país, se halla en esencia justificado por constituir una instancia de cierre de controversias interpretativas; es decir, de definición y orientación de la interpretación jurídica que se le otorga a las normas constitucionales y legales en la máxima instancia ordinaria de discusión; en atención a ello al emitir sus fallos debe garantizar que existe una consecuencia precedencial que involucra un respeto y eficacia horizontal de sus decisiones, pues lo contrario significa atentar contra un principio de la administración de justicia que es el de predictibilidad, el mismo que se encuentra respaldado por el derecho de los actores procesales de igualdad ante la Ley (art. 119.I de la CPE) y del principio de seguridad jurídica (art. 178.I de la CPE).

De acuerdo a lo antes expresado, el Tribunal Supremo de Justicia, se halla vinculado a sus propias interpretaciones; sin embargo, también se encuentra facultado para cambiar de criterio, para ello debe tener la debida y adecuada fundamentación, y explicar los razonamientos anteriores y los motivos que lo llevan a cambiar de criterio en problemáticas analógicas. Todo ello, implica que de ninguna manera puede apartarse discrecionalmente de sus precedentes o criterios jurídicos que ha emitido con anterioridad cual si nunca hubieren existido, pues puede llegar a afectar directamente derechos subjetivos de las personas que acuden al sistema judicial en busca de respuestas en el marco del principio de seguridad jurídica.

III.3.       Análisis del caso concreto

En el caso de autos, la parte accionante, aduce que los Magistrados demandados, al emitir el Auto Supremo 220, habrían lesionado su derecho a la igualdad entre sujetos económicos, por haberse apartado de sus precedentes y habrían vulnerado el derecho al debido proceso, pues se desconoció el principio de legalidad que rige en materia tributaria desconociendo que la cesión de derechos de televisación no se encuentra gravada por el IVA; finalmente, señaló que se habría vulnerado su derecho a la defensa, ya que no se consideró el informe pericial producido en primera instancia.

De acuerdo a lo indicado corresponde comenzar por referirse a la denuncia relativa al desconocimiento del Tribunal Supremo de los precedentes contradictorios que habría pronunciado ese Tribunal en situaciones fácticas análogas. Al respecto se evidencian casos similares, en los que el Tribunal Supremo ha emitido un criterio en relación a la problemática ahora traída a colación, así el Auto Supremo 309 de 18 de junio de 2010, estableció: “Conforme oportuna e inequívocamente el Tribunal ad quem lo ha manifestado, mediante la resolución recurrida, en su considerando segundo que: '(...) los derechos de emisión, al ser intangibles, no son mercancía, teniendo presente que no siendo la cesión una venta de cosa mueble, ni una locación o prestación, mucho menos una importación no pude equipararse a una prestación de servicios, equivalencia que resulta forzada, habida cuenta que las de servicios son aquellas operaciones onerosas y representa la acción, no inacción del obligado.

Correspondiendo además añadir que, al momento de producirse la cesión del derecho de transmisión televisiva por parte del actor, dicha permisibilidad o autorización cedida a favor de un tercero, no modificada, ni alterada, sino simplemente usada como medio en base a cual se podrá posteriormente vender espacios publicitarios, por ejemplo, mismos que serán llamados a pagar no sólo el IT, sino también el IVA, precisamente por ese valor agregado que surge al momento de publicitar determinado servicio, valor que no actúa en el acto en cuestión (cesión de derechos).

 

Consecuentemente, esta Corte considera correcta la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada al respecto, no encontrándose la vulneración alegada de los arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 7º y 12º de la Ley 843, al aplicar erróneamente el art. 6º de la Ley Nº 2492, porque la cesión de derechos se encuentra alcanzada por el IVA, vulnerando los arts. 74º, 75º, 76º y 81º, todos del Código Civil.

II.- Cabe destacar además que, el Tribunal de Alzada, claramente ha expresado que: '(...) la conclusión anterior resulta plenamente coincidente que con el criterio fundamentado expuesto textualmente por la propia Administración Tributaria remandada en la absolución de la consulta adjunta a fs. 91-92, con el consiguiente efecto vinculante al caso concreto por permisión legal del art. 117º de la Ley 2492, documento que tiene valor probatorio en el marco del art. 1311-I parte in fine del Código Civil'. Reconociendo expresamente la coincidencia de dicha prueba consistente en la respuesta a la consulta tributaria -regulada por la propia Administración Tributaria según art. 14º del D.S. Nº 27310 de 9/1/2004 del Reglamento a la Ley Nº 2492 y la Resolución Normativa de Directorio R.N.D. Nº 10-0002-04- efectuada en referencia al procedimiento impositivo que opera en caso de los contratos de Cesión de Derechos, absuelta por la misma Administración Tributaria según Nota DNJ/UNAJ/043/2000. Aún así no fuere vinculante al caso de autos el referido documento, resulta innegable la coincidencia existente entre la interpretación aplicada al absolver la consulta tributaria ya referida y al resolver del auto de vista recurrido, siendo intrascendente su efecto vinculante. Por lo que, esta Corte considera inexistente la vulneración alegada del art. 117º de la Ley Nº 2492 Código Tributario vigente” (entendimiento reiterado por el Auto Supremo 601 de 16 de noviembre de 2010).

En similar sentido se pronunció el Auto Supremo 240 de 12 de agosto de 2011, que señaló: “Por otro lado, analizados los artículos denunciados como vulnerados, en lo que respecta al inc. b) del art. 4 de la citada ley, (la recurrente sólo hizo mención al art. 1 inc. b)) la interpretación del ente tributario considera en su recurso que este hecho, está alcanzado por el IVA, además del IT; al efecto, la cesión de derechos, de acuerdo con el Diccionario Jurídico de Ossorio, significa: 'Transmisión, a título oneroso o gratuito, de cualquiera (derechos) de los pertenecientes al titular de ellos, sean personales o reales. El cedente está obligado a responder de la legitimidad del todo en general...' (sic) (El paréntesis es nuestro) y de acuerdo al mismo autor, la prestación tiene como significado jurídico: 'Objeto o contenido de un deber jurídico. Equivale a dar, hacer o no hacer. Dícese de la cosa o servicio exigido por una autoridad o convenido en un pacto.' (sic). En el caso de autos la cesión de derechos no constituye una prestación de servicios, es como su nombre lo indica, CESIÓN o su equivalente a ceder que no es lo mismo que prestación y la administración tributaria trata de forzar el concepto de prestación trata de forzar el concepto de prestación como igual o similar a 'cesión' para obligar al sujeto pasivo a pagar el IVA cuando este acto no constituye hecho imponible o generador del IVA, como lo advirtió el tribunal ad quem en el punto 2) in fine del Auto de Vista recurrido, que corrobora el criterio del a quo expresado en la Sentencia (fs. 5452 vta., considerando IV-a)). No obstante, es correcto el criterio del a quo cuando precisó que la cesión de derechos, sí está expresamente gravada por el IT, conforme prevé el art. 72 in fine de la Ley Nº 843; empero, como se refiere más adelante, este tributo ha sido pagado por el sujeto pasivo, como se desprende de fs. 1802 de obrados” (las negrillas y subrayado son nuestros).

El Auto Supremo 220 de 10 de mayo de 2013, objeto de la presente acción de amparo constitucional, razonó en los siguientes términos: “Con todos estos antecedentes y del estudio de la norma supra transcrita, se tiene que, la problemática principal radica en el alcance o no del IVA a la cesión de derechos efectuada por la FBF, y previo a realizar una interpretación integradora (artículo 8 de la Ley Nº 2492), en prima facie, comenzaremos por discernir los presupuestos esenciales de la estructura de este impuesto, estableciendo que el IVA se aplica sobre 'toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación', los sujetos pasivos son los que, 'efectúen prestaciones de cualquier naturaleza', y el hecho imponible se perfecciona 'desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio', cuya base imponible es el precio neto de la prestación a los que se aplica la alícuota del 13%.

La prestación a la que hace referencia la norma, no debe entenderse como prestación de servicios como lo hizo el Tribunal ad quem, por cuanto el inciso b) del artículo 1 de la Ley Nº 843, establece que se aplicará el IVA sobre: 'Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación'. La letra -resaltada- 'y' que separa 'de prestación de servicios', es una conjunción copulativa respecto a los contratos de obra, gramaticalmente esta letra, establece un vínculo de la continuidad de los casos en los que se aplica el IVA, es decir, los casos son la clasificación para su aplicabilidad a: 1) contratos de obra; 2) contratos de prestación de servicio y 3) otros contratos de prestación de cualquier naturaleza. Debiendo entenderse entonces que el IVA se aplicará además a todo otro contrato de prestación, constituyéndose ésta prestación (valga la redundancia), en un deber jurídico que, en este caso es el de "dar", de donde resulta que, la prestación de la FBF respecto al contrato de cesión de derechos de 22 de agosto de 2003 (fs. 84 a la 90 del Anexo) - elevado a rango de instrumento público conforme al Testimonio Nº 78/2003 de 22 de agosto de 2003 (fs. 63 a 83 del Anexo) - celebrado con NOB CORP AVV en representación de AROMA INC., realizado en el territorio nacional, es decir, el deber jurídico de dar por efecto contractual de la FBF, se trasunta en la cesión de los derechos de transmisión que posee, por cuya prestación - o en contraprestación que al caso resulta indiferente - recibió en retribución convenida - en pagos parciales - el precio total de $us.3.200.000.-

 

Entonces podemos concluir que, la realidad económica de la transacción efectuada por la FBF, se enmarca y cumple con los presupuestos establecidos en la norma específica para la aplicación del IVA, por tanto la cesión o transmisión de derechos, en este caso los derechos televisivos que posee la FBF, si está determinado en el objeto del IVA de manera que el principio de legalidad o reserva de ley establecido en artículo 6. 1 de la Ley Nº 2492, se ha cumplido, y al no haber considerado la FBF que, este tributo es trasladable, es decir puede ser repercutido del vendedor al comprador, debe pagar lo determinado en la Resolución Determinativa Nº 51/2008 de 19 de diciembre de 2008. Como emergencia de lo analizado, corresponde revocar el levantamiento del reparo establecido en el Auto de Vista recurrido, por concepto del IVA, casando el mismo”.

En el caso de autos, se evidencia que los Magistrados demandados al emitir el Auto Supremo 220, asumieron un entendimiento apartándose de los precedentes citados (Autos Supremos 309, 601 y 240), sin expresar las razones que llevaron a este Tribunal a cambiar de criterio jurisprudencial, no obstante que son las mismas normas constitucionales y legales que se encontraban vigentes en el momento en el que pronunciaron todos los fallos. Así en los precedentes citados establecieron que la cesión de derechos de transmisión no se encontraba gravada por el IVA; sin embargo, en el Auto Supremo 220 establecieron que sí, sin ni siquiera hacer mención de los glosados Autos Supremos aspecto que implica una fundamentación deficiente.

Ahora bien, también corresponde aclarar que si los precedentes citados fueron emitidos por la anterior Corte Suprema de Justicia de la Nación y el propio Tribunal Supremo, ha asumido el entendimiento de que no se encuentra obligado a seguir los criterios jurisprudenciales que se originaron en la entonces mencionada Corte, lo hizo bajo el razonamiento de que los principios rectores de la administración de justicia no son los mismos que aquellos que orientaron los fallos emitidos por la referida Corte Suprema; es decir, se refirió especialmente a que la razón por la cual no se halla vinculada a los fallos de su predecesora es el cambio de norma constitucional; por ello, a contrario sensu resulta válido entender que sí se encuentra vinculado a los fallos que fueron emitidos en vigencia de la actual Constitución, así hayan sido emitidos por una institución pública con un nombre diferente. Ahondando en la problemática, además cabe aclarar que de una rápida revisión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo del 2012 y 2013, se evidencia que existe una tradición de respeto y consideración de los fallos emitidos por la extinta Corte Suprema, pues si bien en muchos casos ha existido un proceso de adecuación jurisprudencial con la nueva Constitución, no es menos evidente de que la jurisprudencia “anterior” sigue siendo aplicada cotidianamente. En ese marco interpretativo cabe buscar una maximización de la vigencia de los principios de administración de justicia constitucionalmente reconocidos; y para ello es necesario esperar a que cualquier cambio interpretativo o de criterio jurídico sea el producto de una Resolución debidamente fundamentada en la cual se expongan detalladamente las razones por la cuales un Tribunal de Justicia considera necesario cambiar de entendimiento anteriores, consolidando así la glosada predictibilidad judicial del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Por lo señalado, se evidencia que el actuar del Tribunal Supremo de Justicia al emitir el Auto Supremo 220, ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso en su vertiente motivacional, de la FBF, en virtud a lo cual corresponde conceder la tutela al respecto.

 

Sobre la vulneración del derecho al debido proceso por haber desconocido el principio de legalidad en materia tributaria; se tiene que la parte accionante pretende que sea esta jurisdicción constitucional que determine si la figura de la “cesión” derechos se encuentra alcanzada por el IVA y el IT, sobre ello y en atención del Fundamento Jurídico III.1, cabe recordar que la justicia constitucional no es el mecanismo llamado por la Constitución para hacer una revisión directa de las actuaciones de otros tribunales de justicia, pues no es una instancia casacional, por ello mal se puede pretender que sea esta instancia constitucional la que defina si la cesión de derechos se halla o no gravada con el IVA y el IT, pues para que esta jurisdicción constitucional abra su tutela para verificar la vulneración de derechos fundamentales por el quehacer hermenéutico de otros tribunales, se requiere que haya una directa vinculación entre una supuesta violación de derechos y una arbitraria interpretación; en el caso en concreto, la Federación accionante no ha expresado a cabalidad cómo la interpretación del Tribunal Supremo ha sido lesiva de los derechos fundamentales al disponer el pago de uno u otro impuesto; lo que sí ocurrió con el hecho de que el Tribunal Supremo se apartó de sus propios precedentes donde se constató la antes establecida lesión del derecho fundamental a la igualdad ante la ley.

Finalmente sobre la falta de consideración de la prueba (Informe pericial) cabe aclarar que este Tribunal Constitucional Plurinacional, tampoco se halla habilitado a valorar prueba directamente de aquella producida en la jurisdicción ordinaria, salvo las reglas excepcionales expuestas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en ese marco al no haberse acreditado que la valoración hubiera significado por parte del Tribunal Supremo apartarse de los marcos de equidad y razonabilidad, este Tribunal también se halla impedido de manifestar pronunciamiento alguno al respecto.

De todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte, evaluó de manera correcta las disposiciones aplicables al caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 266/2013 de 26 de agosto, cursante de fs. 463 a 473 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos del Tribunal de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade MartínezMAGISTRADA

Fdo. Efren Choque CapumaMAGISTRADO


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2014

Sucre, 10 de enero de 2014

SALA TERCERA

Magistrado Relator:Tata Gualberto Cusi Mamani

Acción de amparo constitucional

 

Expediente:04548-2013-10-AAC

Departamento:La Paz

 

En revisión la Resolución 94/2013 de 15 de agosto, cursante de fs. 725 a 730, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mariela Vásquez Salguero e Inés Alanoca de Flores en representación legal de Roberto Carlos España Cuellar contra Jorge Renato SantiestebanClaure y Jorge Alberto Aracena Martínez, ex y actual Comandante General; Mario Hinojosa Rasitt, ex Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, Liquidador; María Elena Escobar Mejía, Rosario Irene Chávez Alurralde, Julio Cesar Reynaga Rojas, Rommel Cesar Raña Pommier y Walter Arévalo Andrade, ex miembros del Tribunal Disciplinario Superior; Jaime Paz Morales Poveda y Rigoberto Sánchez Villanueva, ex y actual Presidente del Tribunal Disciplinario Superior; Jorge Alberto Arraya Obleas, Presidente, Hernán Meyer Monje, Vocal Permanente; Dennis Cossío Ramírez, Miguel Elvis Quispe Mamani y Wilfredo Coyo Chura, Vocales de Audiencia del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, todos de la Policía Boliviana.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memoriales presentados el 12 de diciembre de 2012, 16 de enero, 7 y 25 de febrero de 2013, cursantes de fs.32 a 37; 44 a 51 vta.; 59 y 63 a 64, el accionante a través de sus representantes, exponen los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Es funcionario policial con grado de teniente, egresado de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), en la gestión 2000, a la conclusión del proceso disciplinario seguido en su contra, el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, le notificó con la “Resolución Administrativa 0417/12 de 24 de mayo de 2012, emitida por la Dirección Nacional de Personal del Comando General de la Policía boliviana” (sic), por el cual se dispuso su baja definitiva de la institución policial, sin derecho a reincorporación.

 

Consideran que lo resuelto por el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, es injusto y vulnera el derecho a la igualdad de las partes, porque dentro del mismo proceso disciplinario, y por las misma faltas, se ordenó el archivo de obrados a favor del “Cabo Edwin Bravo Lima” (sic).

 

En el ejercicio legítimo de su derecho a la defensa y con la finalidad de fundamentar su recurso de apelación, solicitó copias de las actas de audiencia, cuya respuesta fue diferida hasta después de la presentación de la impugnación, en la que señalaron que los documentos solicitados ya no existían por haberse quemado en los hechos de amotinamiento que tuvieron lugar en el mes de junio de 2012, en protesta contra la “Ley 101”.

 

Interpuesta la apelación, el Fiscal General liquidador, requirió para que se declare improbada la misma, porque supuestamente no estaría acorde a lo dispuesto por el art. 126 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional (RFDSPN). Entonces, al no estar debidamente motivada, impugnó la “requisitoria” fiscal, la cual debía ser resuelta por el Fiscal General; empero, sin que exista respuesta a la referida impugnación, el Tribunal Disciplinario Superior Liquidador, pronunció Resolución declarando improbada la apelación y confirmando la determinación que estableció la baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación, determinación que también carecería de una apropiada motivación y fundamentación, al haber sido emitida de manera apresurada, porque de no haber sido notificado en el día, la causa se habría extinguido.

 

Tomando en cuenta la falta de fundamentación de la decisión referida precedentemente, mediante memorial de 5 de abril de 2012, solicitó al Tribunal Disciplinario Superior, la subsanación de la inobservancia de las normas procesales disciplinarias y la revocatoria de la Resolución 424/12, y al no existir respuesta a dicha petición, acudió al Comandante General de la Policía Boliviana de entonces (General Jorge Renato SantiestabanClaure), pidiendo el restablecimiento de sus derechos y garantías vulnerados y la realización de una auditoria de las actuaciones relativas al caso 174/10, la que tampoco mereció respuesta; consiguientemente, acudió al Inspector General, peticionando nuevamente la realización de auditoría, de quien tampoco obtuvo un pronunciamiento; entonces, sin tener respuesta a sus diferentes solicitudes, el 13 de junio de 2012, acudió a la indicada autoridad, demandando respuesta formal a su petición de auditoría.

 

Sin embargo, de manera arbitraria, el “24 de mayo de 2012, el Director Nacional de Personal, emitió la Resolución 0417/12, disponiendo la baja definitiva en cumplimiento a la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Liquidador” (sic), en mérito al art. 101 de la “Ley 101”, norma que es inaplicable al caso por tener una vigencia posterior a la comisión de la presunta falta disciplinaria. Con dicha Resolución fue notificado el 13 de junio de 2012, pese a que la Instructiva 001/2012, establecía que las causas radicadas en el sistema liquidador debían ser declaradas sin movimiento procesal a partir del 5 de abril del referido año, por lo que tampoco correspondía la ejecución de la Resolución pronunciada por el Tribunal Disciplinario Superior; motivo por el que solicitó la nulidad de la citada notificación al Comandante General de la Policía Boliviana y al Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, además de impugnar la notificación que no fue realizada en forma personal.

 

Las peticiones formuladas mediante memoriales de 14 de febrero; 5 y 9 de abril; 12, 13 y 28 de junio; 29 de septiembre, todos del año 2012, no merecieron respuesta por parte de las autoridades demandadas, con lo que provocó un estado de incertidumbre, constituyéndose en omisiones voluntarias y lesivas de los derechos de petición y al debido proceso.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante a través de sus representantes considera lesionados sus derechos al debido proceso, de petición y a la igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 24 y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiéndose otorgar una respuesta de forma positiva a los memoriales presentados y se declare nula la notificación con la Resolución de baja definitiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la acción de amparo constitucional se realizó el 15 de agosto de 2013, en presencia de la parte accionante, ausentes los demandados Jorge Renato SantiestabanClaure, Mario Hinojosa Rasitt, María Elena Escobar Mejía, Julio Cesar Reynaga Rojas, Jaime Paz Morales Poveda y Miguel Elvis Quispe Mamani; y, presentes el apoderado y representante del demandado Jorge Alberto Aracena Martínez, el representante del demandado Rigoberto Sánchez Villanueva, Rommel Cesar Raña Pommier, Hernán Meyer Monje, Jorge Alberto Arraya Obleas, Dennis Cossío Ramírez, Wilfredo Coyo Chura y Walter Arévalo Andrade, conforme consta en el acta cursante de fs. 714 a 724, produciéndose los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

La parte accionante, a través de sus abogados, en audiencia ratificaron el tenor íntegro de su demanda y la ampliaron con los siguientes argumentos: a) La Resolución 178/11 de 28 de septiembre de 2011, contiene una serie de atropellos que oportunamente fueron denunciados con prueba suficiente; es así que, a partir de septiembre del año 2011, a lo largo de un año se solicitó al Tribunal Disciplinario Superior, la extensión de fotocopias legalizadas de las actas de audiencia; peticiones que, empero, no fueron atendidas, obteniendo respuesta en sentido que carecerían de personal, que los “cassettes” se encontrarían inaudibles y que los documentos solicitados habrían sido quemados, lo cual no sería cierto, porque en la audiencia de consideración de la presente acción constitucional, se exhibieron cuadernos y documentos solicitados, con lo que se demuestra la vulneración de su derecho a la defensa, al no habérsele permitido revisar los antecedentes del cuaderno procesal; b) En la Resolución pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, no existe consideración alguna respecto al art. 6 inc. b) num 1 del RFDSPN; más aún, dicha determinación es una copia del requerimiento de acusación; c) El “teniente España” prestó su declaración de manera voluntaria; sin embargo, la Resolución 178/11 estableció que se habría acogido a su derecho de guardar silencio, lo cual demuestra la incongruencia en la misma Resolución; es decir, en una primera parte copiaron parte de su declaración y, posteriormente, señalaron que se abstuvo de declarar; asimismo, omitieron realizar una correcta valoración de las pruebas, mencionando fojas y números, sin indicar de qué trataban dichas pruebas, vulnerándose así el debido proceso en su componente de la motivación y fundamentación así como el principio de congruencia; d) Frente a las anomalías citadas precedentemente, se interpuso recurso de apelación; por consiguiente, el Tribunal Disciplinario Superior, pronunció la Resolución 424/12, misma que también adolecería de una debida fundamentación; así, señalaron que su persona (sic) con su conducta habría infringido el art. 6 inc. b) num. 1 del indicado Reglamento, “como cursa de fojas 000 a 000 de obrados” (sic); e) El recurso de apelación es de veinte hojas; empero, en la Resolución se transcribió el contenido de la impugnación en ocho líneas, señalando que dicha apelación cuestionaría la falta de fundamentación y la correcta valoración de las pruebas, cuando lo correcto era responder a todos y cada uno de los puntos apelados y no simplemente mencionar que la impugnación no estaría ajustada a la normativa antes referida; f) También se denunció la vulneración del principio de igualdad, porque existen varios funcionarios policiales procesados penalmente y que a consecuencia del mismo se abrió el proceso disciplinario; sin embargo, para uno de los procesados el órgano disciplinario requirió el archivo de obrados y para él, dispusieron su baja definitiva sin derecho a reincorporación, tales irregularidades fueron puestas en conocimiento del presidente del Tribunal Disciplinario y el Inspector General; sin que, ninguno de ellas fueran respondidas; g) Para dar baja a un funcionario policial no se debe emitir un oficio, sino, un memorándum que además debe estar firmado por el Comandante General de la Policía Boliviana, porque con ese documento se habilita para pedir la devolución de los aportes de “Musepol, en la Covipol, Ansclapol” (sic); empero, no existe la emisión de ningún memorándum, con lo que se demuestra nuevamente la vulneración del debido proceso; pues, se notificó únicamente con la copia de la Resolución 417, con la firma del Director Nacional de Personal y no por el Comandante; y, h) La presente acción de defensa es interpuesta contra la Resolución que dispuso la baja definitiva, la defensa manifestó que la demanda debía dirigirse contra la Resolución del Tribunal Superior; es decir, la decisión por la que se resolvió la apelación; sin embargo, tanto la Resolución 424 y 417 “tienen una unidad de dirección administrativa, no puede diferenciarse una de la otra” (sic), de manera que, la Resolución 417 establece la baja definitiva y los fundamentos de la misma decisión están en la Resolución 424.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

 

Jorge Renato SantiestebanClaure, ex Comandante de la Policía Boliviana, en su condición de demandado presentó informe escrito cursante a fs. 172 vta., señalando que el accionante afirmó que el 13 de junio de 2012, se habría presentado un memorial; sin embargo, para la indicada fecha, su persona ya no era Comandante de la Policía Boliviana, porque ejerció el referido cargo hasta el 21 de mayo del mismo año, habiendo sucedido en el cargo el “Coronel Maldonado” quien no fue demandado en la presente acción constitucional y menos identificado como tercero interesado, cuando conforme a los entendimientos de la SC 0218/2011-R y SCP 0137/2012, se debe demandar a todas las personas que tienen legitimación pasiva.

 

El abogado “Alejandro Grandy”, en representación del Tribunal Disciplinario Superior, en audiencia de consideración de la presente acción constitucional prestó su informe oral, en función a los siguientes argumentos: 1) De acuerdo a la acusación del fiscal policial se tiene que, el 4 de abril de 2010, personal de servicio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se percató que la armella y la cerradura del ambiente de custodia de valores se encontraba violentada; posteriormente, realizadas las respectivas investigaciones se pudo constatar la desaparición de Bs10 000.- (diez mil bolivianos) en cortes de Bs10.- (diez bolivianos), Bs700.- (setecientos bolivianos) en cortes de Bs10.- (diez bolivianos) y Bs3000.- (tres mil bolivianos) en cortes de Bs200 (doscientos bolivianos); por otro lado, tampoco existía una billetera de color negro con rosado, tres llaves, Bs20 (veinte bolivianos), dos fotocopias de carnet con celular de color plomo de marca motorola, “chips” de Entel vinculados al caso 4100/2009 de 6 de mayo, registro de custodia, una pistola marca Smith Hueso 9mm,celular marca nokia modelo 1600B, un bolsón celeste con cosméticos, un celular marca nokia modelo 2660, cargador plateado con ocho proyectiles, un revólver de calibre 38 marca “Taurus”, una computadora portátil color azul, entre otros celulares y cajas de madera; 2) El accionante fue involucrado en los hechos señalados precedentemente, aunque manifestó haber sufrido un accidente de tránsito el día en que desaparecieron los objetos y bienes detallados anteriormente y, a cuya consecuencia, se habría encontrado internado en el hospital, dicha versión fue desmentida; 3) El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, haciendo uso de su sana critica, consideró la declaración del procesado; por lo tanto, no es cierto que tal aspecto se haya omitido; 4) El accionante planteó recurso de apelación en cumplimiento del art. 122 del abrogado Reglamento; asimismo, el reclamo del archivo de obrados a favor de otro funcionario policial debió plantearse oportunamente ante el Fiscal policial de la Dirección de Responsabilidad Profesional y no ante el Tribunal Disciplinario Superior; 5) La Resolución 424, es el último acto administrativo, instancia en la que se agotó la vía incidental; por lo tanto, dicha determinación constituye cosa juzgada, tal como se tiene establecido en el art. 31 inc. c) del referido Reglamento abrogado y, ninguna autoridad, incluyendo el Comandante General de la Policía Boliviana, tiene la facultad para modificarla, revocarla y anularla, conforme se tiene establecido en el art. 105 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN); consiguientemente, el accionante fue notificado con la Resolución 424 el 4 de abril de 2012, a horas 17:20, en efecto, al haberse interpuesto la acción de amparo constitucional en el mes de diciembre de igual año, el demandante incumplió lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, en lo referente al principio de inmediatez; y, 6) La notificación con la Resolución 417 pronunciada por el Comando General de la Policía Boliviana, constituye únicamente un acto de ejecución de la decisión del Tribunal Disciplinario Superior, por lo que no tiene ninguna relevancia para el sistema disciplinario.

 

Jorge Alberto Aracena Martínez, Comandante de la Policía Boliviana, en su condición de demandado prestó su informe verbal a través de su apoderado en base a los siguientes argumentos: i) El Comando General es una instancia de ejecución sin atribuciones para revisar, reconsiderar y menos para emitir fallos distintos a los pronunciados por el Tribunal Disciplinario Superior, porque existe una función independiente de conformidad con lo dispuesto por el art. 105 de la LOPN; ii) La ejecución se realiza a través de la Dirección Nacional de Personal, notificando a la parte interesada con la determinación que habría dispuesto la baja definitiva, conforme se tiene establecido en el art. 101 de la “Ley 101”;

iii) La Resolución 417/12, lleva la firma del “Coronel Jaime Paz Morales Poveda” y “Teniente Coronel Héctor Nilson López Herrera”, Director Nacional de Personal y Jefe del Departamento Nacional de Movimiento de Personal, respectivamente, y el asesor legal de la citada Dirección; sin embargo, el Comando General no firmó ninguna resolución, por lo que no vulneró ningún derecho fundamental; iv) El apoderado del accionante efectivamente presentó memoriales al Comando General; sin embargo, el Comandante tiene sus operadores como la Dirección Nacional de Personal, la Inspectoría General y otros; por consiguiente, a través de la Secretaría General se remitieron los memoriales al Tribunal Disciplinario Superior; así, el memorial de “22 de julio de 2012” (sic) fue respondido de forma negativa, conforme se tiene del informe 2148/2012; y, v) La SCP 0770/2013 (lo correcto es SC 0770/2003-R de 6 de junio), precisa que los reclamos deben efectuarse ante la instancia ordinaria o administrativa pertinente, entendimiento que responde al principio de inmediatez, preclusión y celeridad; por otro lado, la abogada tenía la obligación de constituirse en el Comando General, porque en su memorial señaló como domicilio procesal “la secretaría de su digno despacho”, pues existe la respuesta a las peticiones y la misma se encuentra en secretaria porque la profesional no se constituyó en dichas oficinas.

 

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 94/2013 de 15 de agosto, cursante de fs. 725 a 730, por la que denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: a) Para el Tribunal de garantías el último acto administrativo es la notificación con la Resolución 417, por el cual se ejecuta y se notifica con el memorándum de baja definitiva, “dentro de estos cálculos la presente acción de defensa se halla dentro de los seis meses que señala la ley a los efectos de su presentación” (sic); b) Iniciado el proceso disciplinario contra el accionante, el mismo fue sustanciado con su pleno conocimiento, porque tuvo la oportunidad de asumir su defensa plenamente y nunca estuvo en estado de indefensión, pues tuvo la oportunidad de presentar sus memoriales; por lo tanto, está cumplido conforme al voto de la ley; c) Las resoluciones no necesariamente deben ser ampulosas en cuanto a su descripción, sino que, es suficiente que sean concretas, claras y concisas; es decir, que transmitan a la persona que está siendo notificada con dicha resolución; por lo tanto, las Resoluciones 178, 424 y 417, cumplen con esas condiciones; por otro lado, el accionante siempre tuvo conocimiento del porqué se le estaba procesando, primero en la vía disciplinaria y posteriormente en la vía ordinaria penal, pues sabía que tenía que asumir defensa y acudir a cuantos mecanismos existan para ejercer su defensa; por lo tanto, el requisito de la motivación y fundamentación en las decisiones antes señaladas, está cumplida; y, d) En lo referente al derecho a la petición, la SCP “1064/2013-R”, exige la existencia de un reiterado reclamo, en aquellas peticiones que no hayan merecido una pronta y oportuna respuesta, extremo que no fue probado ante el Tribunal de garantías.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

De conformidad al Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-086/2013 de 29 de noviembre, que en su Resuelve Primero, dispone el receso de actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional de 23 al 31 de diciembre de 2013, con suspensión de plazos procesales; a cuyo efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia considerando ésta.

II. CONCLUSIONES

De la minuciosa revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1.Cursa “Requerimiento de Archivo” de 16 de septiembre de 2011, por el cual, Leonel Jiménez Velasco, Fiscal Policial, requirió el archivo de obrados a favor de Edwin Bravo Lima, implicado en el caso 128/11 (fs. 6).

 

II.2.El Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, por Resolución 178/11 de 28 de septiembre de 2011, impuso a Roberto Carlos España Cuellar

-ahora accionante-, la sanción de baja definitiva sin derecho a reincorporación a la institución policial, por la comisión de la falta disciplinaria contemplada en el art. 6 inc. b) num. 1 y inc. d) num. 9 del RFDSPN (fs. 685 a 691).

 

II.3.En obrados consta el memorial presentado el 29 de septiembre de 2011, por el cual el accionante solicitó al Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, fotocopias legalizadas de las actas de audiencia, petición que la realizó al amparo del art. 24 de la CPE (fs. 9).

 

II.4.Formulada la apelación contra la Resolución 178/11, y emitido el requerimiento del Fiscal General, por memorial presentado el 14 de febrero de 2012, el accionante, impugnó dicho requerimiento, cuestionando la supuesta abstención de declarar dentro del proceso disciplinario; así como los argumentos del Fiscal que sostiene que la apelación formulada no se ajustaría a lo previsto por el art. 126 del RFDSPN; también reclamó la supuesta vulneración de los derechos a la igualdad prevista en el art. 119.I de la CPE y a la “seguridad jurídica”, porque no se habría aplicado igualitariamente la ley en relación a otros funcionarios policiales implicados en el mismo proceso; con dichos argumentos, solicitó que la Sala Plena del Tribunal Disciplinario Superior, “analice, valore y considere la apelación interpuesta”, declarándose probada la misma, debiendo revocarse la decisión impugnada (fs. 1 a 5).

 

II.5.El Tribunal Disciplinario Superior Liquidador de la Policía Boliviana, por Resolución 424/2012 de 27 de marzo, declaró improbado el recurso de apelación planteado por el ahora accionante y confirmó la Resolución 178/11, disponiendo que la Dirección Nacional Administrativa asegure el cumplimiento del art. 123 inc. e) del RFDSPN y se remita copia de la aludida determinación al Comando General de la Policía Boliviana, a efecto de su ejecución y cumplimiento, fundamentando: que el proceso disciplinario se sustanció en estricta observancia del debido proceso, otorgándole a la parte procesada igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos fundamentales, y que la impugnación no se ajustaría a lo establecido por el art. 126 del RFDSPN (fs. 666 a 669).

 

II.6.En antecedentes del legajo procesal consta la diligencia de notificación, que demuestra que el 4 de abril de 2012, a horas 17:20, el Oficial de Diligencias del Tribunal Disciplinario Superior, notificó al accionante, con la Resolución 424/2012 (fs. 678).

 

II.7.Mediante memorial presentado el 5 de abril de 2012, el accionante hizo conocer al Tribunal Disciplinario Superior, la falta de motivación de la Resolución 424/2012 de 27 de marzo, observando la omisión en señalar las fojas en que cursaría la acusación formal, el auto de inicio de proceso y la Resolución Administrativa 178/2011, al haberse consignado en la señalada decisión únicamente a “fojas 000 a 000 de obrados” (sic), de la misma forma, la parte resolutiva no tendría los respectivos fundamentos, porque ni siquiera se mencionó el memorial de impugnación y, con total carencia de objetividad, no se habrían compulsado las pruebas aportadas (fs. 7 a 8 vta.).

 

II.8.Por memorial presentado el 9 de abril de 2012, el accionante hizo conocer al Comandante General de la Policía Boliviana, los antecedentes fácticos del proceso disciplinario sustanciado en su contra, así como la privación de sus derechos al trabajo, al salario, al seguro de salud, alimentación y sus beneficios; por otro lado, cuestionó la supuesta abstención en la declaración informativa, cuando en los hechos, tales actuados habrían sido recibidos por el investigador asignado al caso y el Fiscal policial; asimismo, cuestionó la igualdad de las partes al haberse dispuesto el archivo de obrados a favor de otro funcionario policial implicado, entre tanto no exista respuesta de la justicia ordinaria. Con dichos argumentos, amparado en los arts. 24 y 119.I de la CPE, solicitó la realización de una auditoría en el caso 174/10, cuyo resultado fue la emisión de la Resolución 178/11, por la que se dispuso su baja definitiva de la Institución Policial sin derecho a reincorporación (fs. 10 a 13 vta.).

 

II.9.Mediante memorial presentado el 12 de junio de 2012, el accionante, denunció ante la Inspectoría General del Comando General de la Policía Boliviana, los siguientes aspectos: que en la Resolución sancionatoria se habría señalado el ejercicio de su derecho a guardar silencio, cuando en realidad no habría sucedido así, por haber prestado su declaración informativa; durante la etapa investigativa se habría presentado como prueba una fotocopia simple extraída del internet, con lo que se infringiría lo dispuesto por el art. 115 del RFDSPN; la declaración informativa del “Tcnl. DEAP Angulo”, ante el Tribunal Disciplinario Departamental sería contradictoria; según la declaración del “Sof. Sanga”, no existiría el resultado de laboratorio para establecer la responsabilidad del ilícito, y debido a la inexistencia de las pruebas de huellografía no sería posible precisar a los responsables del ilícito investigado, extremos que no fueron considerados por el Tribunal Disciplinario; y, al estar involucrado en el caso el “Cabo Edwin Bravo Lima”, la Fiscalía habría vulnerado el principio de igualdad de las partes, por haber requerido en su favor el archivo de obrados; sin embargo, pese a dichas falencias, se dispuso la sanción de baja definitiva sin derecho a reincorporación (fs. 14 a 15 vta.).

 

II.10.Por memorial presentado el 13 de junio de 2013, el accionante denunció ante el Comando General de la Policía Boliviana, los mismos supuestos fácticos que fueron precisados en el punto anterior (fs. 16 a 17 vta.).

 

II.11.En antecedentes del legajo procesal cursa la Resolución 0417/12 de 24 de mayo de 2012, por la cual el Comando General de la Policía Boliviana, a través de la Dirección Nacional de Personal, considerando el contenido de las Resoluciones Administrativas (RA) 178/11 y 424/2012, los arts. 22, 105 de la LOPN y 101 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional (LRDPB), dispuso la baja definitiva de la institución policial, sin derecho a reincorporación, del accionante, en cumplimiento de las determinaciones citadas anteriormente; asimismo, dispuso que la Dirección Nacional Administrativa y los Departamentos Nacionales de la Dirección Nacional de Personal, sean las encargadas de hacer cumplir dicha determinación administrativa (fs. 683 a 684).

 

II.12.Cursa el memorial presentado el 28 de junio de 2012, por el cual el accionante solicitó al Comandante General de la Policía Boliviana, la nulidad de la notificación con la Resolución 0417/12, al considerar que el 5 de abril de ese año se presentó un memorial reclamando la falta de motivación de la decisión que resolvió la impugnación; asimismo, entre las respuestas a sus diferentes peticiones presentadas al Tribunal Disciplinario Superior, habrían contestado que sus reclamos son extemporáneos y que por disposiciones internas se dispuso que los casos radicados con el anterior Reglamento se encuentran en statu quo hasta un nuevo aviso; por otro lado, en mérito a la Instructiva 001/2012 de 3 de abril, las causas tramitadas en el régimen liquidador, fueron declaradas sin movimiento, a partir del 5 de abril de ese año, y pese a dicha determinación, fue notificado con la Resolución que dispuso su máxima sanción, aún estando pendiente la respuesta a sus solicitudes de auditoría (fs. 18 a 19).

 

II.13.Por memorial presentado el 28 de junio de 2012, el accionante, solicitó al Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, la nulidad de notificación con la Resolución 0417/12, con los mismos argumentos señalados en el punto anterior (fs. 25 a 26).

 

II.14.Cursa el informe 2148/2012 de 31 de diciembre, por el cual los Asesores Legales de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, informaron al Director Nacional de la misma repartición, sobre la petición de nulidad de notificación presentada por el accionante, sugiriendo que la misma sea rechazada, por no adecuarse a lo dispuesto por los arts. 102 y 105 de la LDPN; 21 y 31 inc. c) del RFDSPN; y, 101 de la LRDPB (fs. 694 a 696).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, considera que las autoridades policiales demandadas vulneraron los derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes y de petición, puesto que: 1) En el proceso disciplinario seguido en su contra, se requirió el archivo de obrados a favor de otro funcionario policial que se encontraba involucrado en las mismas faltas disciplinarias; por consiguiente, en el ejercicio de su derecho de petición y con la finalidad de asumir defensa, solicitó al Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, copias legalizadas de las actas de audiencia; empero, la respuesta fue diferida hasta después de un año, cuando ya fue planteada la impugnación contra la Resolución sancionatoria; 2) El Fiscal General Liquidador, sin ninguna motivación requirió para que la apelación sea declarada improbada; por lo tanto, interpuso impugnación contra dicho requerimiento; sin embargo, sin que exista respuesta, el Tribunal Disciplinario Superior Liquidador, emitió la respectiva Resolución, declarando improbada la apelación y confirmando la Resolución Administrativa sancionatoria que estableció su baja definitiva sin derecho a reincorporación en la Institución Policial; 3) Al considerar que la Resolución pronunciada en su contra carecía de fundamentación, además de haberse omitido señalar con precisión las fojas en que cursan las pruebas, solicitó al mismo Tribunal Disciplinario Superior, la subsanación de la inobservancia de las normas procesales administrativas y el establecimiento de la legalidad, petición que no fue respondida; 4) Con la finalidad de restablecer sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, solicitó al Comandante General de la Policía Boliviana y al Inspector General de la misma Institución, la realización de una auditoría; empero, sin que exista respuesta, el Director Nacional de Personal pronunció la Resolución disponiendo su baja definitiva y aplicando la Ley 101, no obstante que no correspondería su ejecución al existir una determinación que declaraba sin movimiento a las causas radicadas en el sistema liquidador a partir del 5 de abril de 2012; y, 5) Al considerar inviable la ejecución de la sanción, solicitó al Comandante General de la Policía Boliviana y al Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, la nulidad de la notificación con la Resolución pronunciada por la Dirección Nacional de Personal, peticiones que no fueron respondidas. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; sin embargo, previamente este Tribunal Constitucional Plurinacional, deberá cumplir la tarea de examinar los requisitos de admisibilidad de la presente acción constitucional, para luego establecer si es factible o no ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

 

III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

La Constitución Política del Estado, caracterizada por un espíritu garantista, reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales y garantías constitucionales en favor de toda persona que habite dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia; por consiguiente, con la finalidad de asegurar la vigencia y eficacia de los mismos, el Constituyente boliviano estableció en la Ley Suprema, diferentes mecanismos de defensa, contra toda acción y omisión que vulnere o ponga en peligro la eficacia y la vigencia de los citados derechos y garantías constitucionales. En ese sentido, la acción de amparo constitucional, fue establecida como un mecanismo de defensa constitucional que se erige en un medio idóneo de protección de todos los derechos reconocidos en la Ley Fundamental, las disposiciones normativas de orden internacional que conforman el bloque de constitucionalidad y la ley, contra toda acción u omisión proveniente de personas particulares y servidores públicos que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión a tales derechos y garantías, salvo que la tutela de alguno de ellos sea posible a través de otras acciones de defensa establecidas en la misma Norma Suprema del Estado. En ese sentido, el art. 128 de la CPE, señala: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

 

De dicha norma constitucional, se concluye que: “la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

(…).

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva” (SCP 0002/2012 de 13 de marzo).

 

III.2.       Reiteración de la jurisprudencia constitucional respecto al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

Uno de los principios rectores de la presente garantía jurisdiccional es la subsidiariedad, de donde se colige que esta acción constitucional no forma parte de los medios ordinarios de impugnación expresamente previstos por las respectivas normas procesales. En tal sentido, su activación está condicionada a que el agraviado agote todos los mecanismos ordinarios de protección de sus derechos y garantías, en la medida que no exista medio alguno de protección de sus derechos. Este entendimiento emerge del mismo texto constitucional, cuyo art. 129.I, señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas nos corresponden).

 

En armonía con la norma constitucional citada precedentemente, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo.), haciendo referencia al principio de subsidiariedad de la presente garantía, señala: “(SUBSIDIARIEDAD).

I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.

II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía.

2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”.

Entonces, la presente garantía jurisdiccional, no tiene por finalidad sustituir a los medios ordinarios de impugnación o protección de los derechos fundamentales, al contrario, debe ser comprendida como un mecanismo subsidiario ante el agotamiento de los recursos existentes en la vía judicial o administrativa, con la finalidad de lograr la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

El máximo intérprete y guardián de la Constitución Política del Estado, ha desarrollado una amplia y uniforme jurisprudencia referente al principio objeto de análisis; en consecuencia, la acción de amparo constitucional, en estricta observancia del principio de subsidiariedad: “…sólo puede ser interpuesto cuando se han agotado todos los recursos o cuando el que franquea la Ley no presta con inmediatez y efectividad la protección requerida ante un daño inminente e irreparable, extremo que no sucede en el caso presente” (SC 327/01-R de 16 de abril de 2001). Este entendimiento fue asumido posteriormente en la SC 374/2002-R de 2 de abril, cuyo razonamiento precisó que: “…conforme lo ha señalado este Tribunal, la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional”.

Siguiendo esa línea de entendimiento, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las reglas y sub reglas del principio de subsidiariedad, estableciendo que: “…de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”.

Los entendimientos jurisprudenciales señalados precedentemente, fueron asumidos por el entonces Tribunal Constitucional y actual Tribunal Constitucional Plurinacional y reiteradas en las SSCC 0106/2003-R, 0552/2003-R, 0374/2002-R, 1089/2003-R, 1503/2004-R, 0868/2005-R, 0273/2010-R, 0622/2010-R y 0127/2011-R; y, las SSCCPP 0002/2012, 0471/2012, entre otras.

III.3.       El plazo de caducidad en la acción de amparo constitucional

Las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución Política del Estado, son instrumentos idóneos para la materialización del ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, pudiendo ser activadas por cualquier persona que crea que sus derechos fueron vulnerados o se encuentran amenazados, debiéndose cumplir, en el caso de la acción de amparo constitucional, con los principios de subsidiariedad -que ya se ha explicado- y el plazo de caducidad, que emerge del principio de inmediatez que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional tiene dos significados: “de un lado, el positivo, expresa que el amparo constitucional es la vía tutelar idónea para restablecer o restituir de forma inmediata el derecho fundamental restringido o suprimido de manera ilegal o indebida; y, de otro, el negativo, que implica que el titular del derecho supuestamente restringido o suprimido, debe acudir a la vía tutelar de manera inmediata una vez que hubiese agotado las vías legales ordinarias o, de no existir otra vía legal, una vez que tome conocimiento de la lesión al derecho invocado, determinando su inactividad, la caducidad…” (SC 0190/2005-R de 8 de marzo).

En el marco de lo referido precedentemente, es pertinente considerar la inmediatez comprendida desde su acepción negativa; es decir, lo relativo al plazo de caducidad. En ese sentido, es preciso recordar que, el mismo Constituyente boliviano, estableció en la Norma Suprema del Estado, el límite en términos temporales para activar la presente acción de defensa; así, el tenor literal del art. 129.II de la CPE, prescribe: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.

En ése mismo sentido, el art. 55 del CPCo, señala:

“(PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).

I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho.

II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmiendade una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desdela notificación con la resolución que la conceda o rechace”.

Pues bien, en coherencia con la norma constitucional citada precedentemente, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0521/2010-R de 5 de julio, emitió el siguiente entendimiento: “…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección (SC 0770/2003-R de 6 de junio)”.

 

El razonamiento antes señalado, ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las SSCCPP 0751/2012, 0809/2012, 0914/2012 y 1038/2012, entre otras.

 

En virtud a lo dispuesto por las normas citadas anteriormente y la jurisprudencia constitucional glosada, es factible concluir que la acción de amparo constitucional debe ser promovida en el plazo máximo de seis meses computables de acuerdo a lo dispuesto por el art. 55 del CPCo, a cuyo vencimiento, simplemente opera el plazo de caducidad, lo cual tiene como consecuencia la preclusión del derecho de acudir a la justicia constitucional; así, ante la eventualidad de promoverse la presente acción de defensa fuera del plazo previsto por la Constitución Política del Estado y la ley, la jurisdicción constitucional se ve impedida en ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por consiguiente, corresponde la denegatoria de la tutela sin considerar los aspectos sustanciales de la demanda de acción de amparo constitucional.

 

III.4.       De la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional

En virtud a lo dispuesto por el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional puede ser dirigida contra todo servidor público y persona particular, sea individual o colectiva, que, a través de actos u omisiones ilegales o indebidas, hubieren vulnerado derechos y garantías constitucionales. En ese sentido, se debe hacer énfasis en el contenido del art. 33.2 del CPCo, que dispone, entre otras exigencias, que las acciones deben contener: “Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado”.

Conforme a dichos preceptos normativos, la acción debe formularse contra el responsable de la presunta vulneración del derecho fundamental o garantía constitucional, sin importar la condición de servidor público o persona particular, habida cuenta que, la jurisdicción constitucional, en su rol de proteger los derechos y garantías constitucionales y, bajo los alcances de la característica de generalidad que rige la presente garantía jurisdiccional, no reconoce ningún tipo de fueros ni privilegios, lo cual posibilita que toda persona comprometida con la lesión de algún derecho, es susceptible de ser demandada y condenada a las responsabilidades emergentes de su accionar. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0158/2002-R de 27 de febrero, sostuvo que la legitimación pasiva es la: “…la capacidad jurídica otorgada al funcionario público o persona particular para ser recurrido en impugnación de su acto, decisión u omisión que lesiona los derechos o garantías constitucionales de una persona (…)”. En ése mismo sentido, la SC 0691/2001-R de 9 de julio, también estableció que dicha: “…calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. En lo sucesivo, la SC 0400/2006-R de 25 de abril, al considerar los elementos integrantes de la acción de amparo constitucional, distinguió: “…a los sujetos como elemento subjetivo, al objeto y causa como objetivos; encontrándose entre los primeros el sujeto activo que es la persona o personas naturales o jurídicas a las que corresponde el derecho de obtener la tutela jurisdiccional concreta; es decir, una providencia favorable a su petición; el sujeto pasivo, en cambio, es la persona o personas contra las cuales la demanda se dirige; es decir, la persona en cuya esfera jurídica esta resolución está destinada a operar, en ese entendido tenemos que el sujeto activo dirige la acción hacia el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales y contra o frente al demandado sujeto pasivo, a quien vincula la resolución concreta del Estado, por lo tanto el elemento subjetivo de la acción se configura por las personas a las cuáles corresponde la legitimación activa y pasiva”.

Entonces, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial y las normas glosadas anteriormente, la legitimación pasiva constituye uno de los requisitos de admisión de la presente acción constitucional, a cuyo mérito, el accionante debe dirigir su demanda contra la persona o autoridad que vulneró su derecho y cuya tutela se pretende en esta jurisdicción constitucional; consiguientemente, ante el incumplimiento de esta exigencia de orden procesal, la justicia constitucional se ve impedida en ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

 

III.5.El derecho de petición

El art. 24 de la CPE, reconoce y garantiza el ejercicio del derecho de petición, cuyo tenor literal, señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

 

En igual sentido, debe hacerse mención al artículo XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que dispone que “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.

 

Es importante establecer que el derecho de petición tiene estrecha vinculación con otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, de acceso a la información pública y a la participación política, de ahí que la integridad del mismo cobra singular importancia para un Estado democrático en el que se pregona la participación de todos los habitantes en los asuntos de interés general, y en el que las peticiones particulares, individuales o colectivas deben ser atendidas oportunamente.

 

Ahora bien, la vigencia y la eficacia del derecho de petición no se satisface con simplemente garantizar la facultad que tiene toda individuo de formular peticiones o solicitudes, sean verbales o escritas ante determinadas autoridades, servidores públicos y personas particulares, sino que su núcleo esencial está configurado por la respuesta, oportuna, adecuada, clara, precisa y congruente con lo peticionado, dentro de un plazo razonable; lo cual permite deducir que, una contestación ambigua, imprecisa, incongruente, evasiva y que no se dé en un momento oportuno, ciertamente vulnera el derecho de petición consagrada y garantizada en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad; asimismo, corresponde hacer hincapié que, la complacencia del referido derecho no se da necesariamente con una respuesta favorable o positiva; pues la misma puede ser negativa, pero completa y certera, en la que se expliquen las razones y motivos por los cuales se dio una contestación en ese sentido, de modo que, el peticionante también adquiera convicción y seguridad en la misma; por lo tanto, en su verdadera dimensión, el derecho de petición no debe ser concebido como la mera facultad que tiene todo ser humano de formular peticiones escritas o verbales, sino que su contenido esencial exige una respuesta clara, precisa y oportuna.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0273/2012 de 4 de junio, sostuvo que: “Respecto al núcleo esencial del derecho a la petición, conforme a las SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R, reiteradas por la SCP 0085/2012, mínimamente comprende los siguientes contenidos: a) La petición de manera individual o colectiva, escrita o verbal aspecto que alcanza a autoridades públicas incluso incompetente pues '…ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario…' (SC 1995/2010-R de 26 octubre), órganos jurisdiccionales (SSCC 1136/2010-R y 0560/2010-R) o a particulares (SCP 0085/2012); y, b) La obtención de una respuesta, ya sea favorable o desfavorable, aun exista equivocación en el planteamiento de la petición (SC 0326/2010-R de 15 de junio), debiendo en su caso indicarse al peticionante la instancia o autoridad competente para considerar su solicitud (SC 1431/2010-R de 27 de septiembre). Por otra parte y en este punto debe considerarse el art. 5.I de la CPE, que reconoce la oficialidad de treinta y seis idiomas y que ante una petición escrita la respuesta también debe ser escrita (SC 2475/2010-R de 19 de noviembre); c) La prontitud y oportunidad de la respuesta (SSCC 2113/2010-R y 1674/2010-R) debiendo notificarse oportunamente con la misma al peticionante (SC 0207/2010-R de 24 de mayo); y, d) La respuesta al fondo de la petición de forma que resulte pertinente, debiendo efectuarla de manera fundamentada (SSCC 0376/2010-R y 1860/2010-R) por lo que no se satisface dicho derecho con respuestas ambiguas o genéricas (SC 0130/2010-R de 17 de mayo)”.

III.6.       De la aplicación de los plazos previstos en el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en peticiones aisladas al proceso administrativo disciplinario a falta de norma expresa en materia policial

En virtud a lo dispuesto por el art. 3.II inc. f) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), los procedimientos internos militares y policiales se excluyen de la norma procesal administrativa; por cuanto, existe disposición normativa establecida para tal efecto, como es el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional y la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía boliviana; por consiguiente, las normas contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo y su respectivo Reglamento, no son aplicables para la sustanciación y tramitación de los procedimientos internos en el ámbito policial, salvo aquellos aspectos que no estuvieren expresamente previstos por los diferentes reglamentos que rigen tales procesos internos, situación en que es posible aplicar supletoriamente las disposiciones normativas contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo y su Reglamento, siempre que no sea contrario al normal desarrollo o al espíritu de los procesos exceptuados en el ya referido art. 3. II inc. f) de la LPA.

 

En ese contexto, existen algunas solicitudes accesorias a la sustanciación de todo proceso disciplinario interno, y que no se encuentren normados por los diferentes reglamentos existentes, deben regirse, accesoriamente, por las normas contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en especial el derecho de petición y los plazos que tienen los servidores públicos y autoridades para emitir una respuesta.

 

De lo referido anteriormente se debe resaltar que, en los supuestos en que se formulen peticiones accesorias al proceso principal, al no existir norma alguna que regule la forma y el plazo para responder a las mismas, se debe acudir de manera supletoria a los plazos previstos en el art. 71 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (DS 27113 de 23 de julio de 2003), con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias y que las autoridades policiales otorguen una respuesta pronta y oportuna, por lo que se deberá aplicar supletoriamente.

 

El entendimiento anterior responde a que, si bien existe una norma que expresamente regula el procedimiento disciplinario interno del ámbito policial, la misma no prevé los plazos para responder a solicitudes que sean formuladas fuera de las previsiones contempladas en dichas disposiciones normativas; sin embargo, el derecho de petición, como se dijo anteriormente, no se satisface con la simple potestad que tiene cada ciudadano a formular sus pedidos, de manera individual o colectiva, sino que, su completa materialización se configura con una respuesta clara, precisa, completa, objetiva y dentro de un plazo razonable. En ese sentido, tanto los Tribunales Disciplinarios Departamentales, el Tribunal Disciplinario Superior y cuantas autoridades policiales intervengan en la sustanciación del procesos disciplinarios internos, ante la eventualidad de producirse cualquier planteamiento de petición y, al no estar disciplinados por Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional o la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, deben aplicar de manera supletoria los plazos previstos en el art. 71 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, así lo señaló la SC 0697/2005-R de 21 de junio.

 

El entendimiento anterior no es contrario a lo previsto por el art. 3.II inc. f) de la LPA; por cuanto, el plazo para otorgar respuesta a los diferentes pedidos y solicitudes que tuvieren lugar dentro de un proceso disciplinario interno, no están reguladas en el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, en efecto es inadmisible que queden en la incertidumbre tales aspectos y, por otro lado, se pretende garantizar el ejercicio y la vigencia plena del derecho de petición.

 

III.7.Análisis del caso concreto

El accionante, a través de sus representantes, considera vulnerados sus derechos al debido proceso, de petición y a la igualdad de las partes; sin embargo, previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar los aspectos de procedibilidad de la presente acción constitucional.

 

Por consiguiente, en lo que concierne al requerimiento fiscal por el que fue solicitado el archivo de obrados en favor del “Cabo Edwin Bravo Lima” (sic),implicado en el proceso disciplinario, en aparente detrimento del derecho a la igualdad de las partes; la supuesta contradicción de la Resolución 178/11, por haberse consignado en la misma en sentido que el accionante se habría acogido a su derecho de guardar silencio, cuando en los hechos tal formalidad se habría cumplido ante las respectivas autoridades; y, la presunta falta de respuesta al memorial de solicitud de actas de audiencia, presentado el 29 de septiembre de 2011, cuyo resultado sería la supuesta vulneración del derecho a la defensa; se debe establecer los siguientes aspectos:

 

·El accionante, al sentir vulnerados sus derechos fundamentales, como consecuencia de las omisiones citadas precedentemente, debió efectuar el reclamo a tiempo de formular su recurso de apelación por el que impugnó la Resolución 178/11.

 

·Esta Sala, luego de realizar una minuciosa revisión de los antecedentes cursantes en el legajo procesal, constató la inexistencia del aludido recurso de apelación, siendo imposible precisar con objetividad si tales aspectos fueron reclamados a tiempo de formular la impugnación; sin embargo, a falta de ese documento, aún es posible resolver la problemática planteada en base a otros elementos conexos que cursan en los actuados; así, efectuado el análisis de la Resolución 424/2012 de 27 de marzo, no se advierte pronunciamiento alguno sobre los aspectos referidos precedentemente, lo cual permite deducir dos posibilidades; la primera, que las supuestas vulneraciones citadas precedentemente no fueron reclamadas en el recurso de apelación; y, la segunda, que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre tales puntos, pese que la impugnación consignaba tales aspectos.

 

·De ser evidente la primera posibilidad, es factible aplicar el principio de subsidiariedad, en tal virtud, le correspondía al accionante efectuar los reclamos ante la misma autoridad que supuestamente habría infringido sus derechos y garantías constitucionales, en efecto, mientras esté pendiente el pronunciamiento de la autoridad llamada por ley, la justicia constitucional se ve impedida de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada, en relación a los aspectos referidos.

 

Ahora bien, de ser evidente la segunda hipótesis; es decir, que el tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre los agravios formulados en el recurso de apelación, al no existir recurso ulterior alguno contra la determinación que resolvió la apelación, correspondía que la parte accionante acuda directa y oportunamente, dentro del plazo de seis meses a la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional.

 

En el caso objeto de análisis se establece que la Resolución 424/2012 fue notificada a la parte accionante el 4 de abril de 2012, presentándose la acción de amparo constitucional el 12 de diciembre del mismo año; es decir, después de más de ocho meses de la notificación; por lo tanto, aplicando el principio de inmediatez en su dimensión negativa, referida al plazo de caducidad, es imposible considerar los aspectos analizados en el presente apartado, por haber precluido el derecho de promover la justicia constitucional; por consiguiente, en virtud a lo dispuesto por los arts. 129.II de la CPE y 56 del CPCo, se debe denegar la tutela impetrada respecto a los aspectos analizados.

 

·El mismo razonamiento debe ser aplicado respecto a la falta de respuesta del memorial presentado el 14 de febrero de 2012, por el cual Roberto Carlos España Cuéllar impugnó el requerimiento fiscal, que respondió al recurso de apelación por él formulado; por cuanto si consideraba que con carácter previo a la emisión de la Resolución 424/2012, el Tribunal Disciplinario Superior Liquidador debió responder a la impugnación del requerimiento, correspondía que la parte accionante presente su reclamo oportunamente, luego de notificada con la Resolución antes referida, y no esperar más de ocho meses para formular su reclamo a través de esta acción. Consecuentemente, al no haberse observado los plazos establecidos en los 129.II de la CPE y 56 del CPCo, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ingresar al análisis de fondo respecto al punto examinado.

 

·Similares argumentos deben ser utilizados respecto a la supuesta falta de respuesta del memorial presentado el 5 de abril de 2012 al Tribunal de alzada, por el cual el accionante hace conocer la falta de motivación de la Resolución 424/2012, al considerar que en ella se habría omitido precisar las fojas en que cursarían determinados actos, al haberse señalado únicamente “como cursa de fojas 000 a 000 de obrados” (sic).

 

Esta Sala considera que dicho memorial, en aplicación de los principios de informalismo y favorabilidad, debió ser asumida como una solicitud de complementación, aclaración y enmienda de la aludida decisión. En tal sentido, si bien es cierto que el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, no establece el plazo para interponer y responder los planteamientos de complementación, aclaración y enmienda, no es menos evidente que, por la naturaleza de dicha petición, la respuesta debe ser emitida de manera inmediata; en ese sentido, el art. 98 de la LRDPN, establece que las solicitudes de complementación y enmienda deben ser resueltas en el plazo de veinticuatro horas, y si bien dicha Ley no es aplicable al caso analizado, se pudo haber tomado dicho plazo únicamente como criterio orientador.

 

Ahora bien, conforme se ha señalado, el accionante puso en consideración del Tribunal Disciplinario Superior, la falta de motivación de la decisión que resolvió su impugnación; por lo tanto, las autoridades demandadas debieron emitir respuesta a dicha petición de manera inmediata; sin embargo, esta Sala se ve imposibilitada de analizar el contenido del derecho a la petición y menos la supuesta vulneración del debido proceso como consecuencia de la omisión en responder su solicitud; por cuanto, el accionante acudió a la jurisdicción constitucional sin tomar en cuenta el plazo de caducidad; así, al no haber recibido respuesta de las autoridades a quienes dirigió su petición, debió acudir a la justicia constitucional observando los plazos previstos en los arts. 129.II de la CPE y 56 del CPCo; empero, al haberse planteado la presente demanda el 12 de diciembre de 2012, no observó el plazo de caducidad y, por lo tanto, su derecho para acudir a la jurisdicción constitucional se encuentra precluido; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a la problemática analizada.

 

·De la misma forma y, en el marco de las consideraciones anteriores, es preciso señalar que, con relación a la falta de respuesta del memorial presentado el 9 de abril de 2012, el accionante no observó el plazo de caducidad establecido en los arts. 129.II de la CPE y 56 del CPCo, habida cuenta que, al no existir respuesta a su escrito de presentación, debió acudir a la justicia constitucional solicitando la restitución de su derecho de petición en el plazo máximo de seis meses computables desde el momento en que la autoridad demandada debió responder a su petición; es decir, a los efectos del cómputo del plazo de caducidad, como se señaló en el Fundamento Jurídico III.6 de esta Resolución, corresponde aplicar supletoriamente las normas establecidas en el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo; así, planteada la solicitud o presentado el escrito, las autoridades policiales debieron responder a la misma en el plazo de veinte días, a cuyo término comienza a correr el plazo de caducidad previsto para la presente acción constitucional; por consiguiente, efectuado el respectivo cómputo y, considerando que la presente garantía jurisdiccional fue promovida el 12 de diciembre de ese año, el accionante dejó transcurrir más de seis para acudir a esta jurisdicción; en consecuencia, se debe denegar la tutela respecto a la temática planteada.

 

Por otro lado, de la minuciosa revisión de los antecedentes del legajo procesal se constata que, mediante memorial presentado el 12 de junio de 2012, el accionante acudió al Inspector General de la Policía Boliviana, denunciando la falta de respuesta a sus diferentes peticiones para realizar una aud


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0338/2014

Sucre, 21 de febrero de 2014

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de libertad

Expediente: 04842-2013-10-AL

Departamento:La Paz

 

En revisión la Resolución 37/2013 de 25 de septiembre, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta porAntonieta de las Nieves Quisbert Marca contraVirginia Janeth Crespo Ibáñez y Ricardo ChumaceroTorrez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido dela demanda

 

Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2013, cursante de fs. 21 a28 vta., la accionanteseñala que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Fue imputada por el delito de robo agravado, habiendo el Juez Sexto de Instrucción en loPenal cautelar, dispuesto su detención preventiva mediante Resolución 217/2012 de 9 de mayo, por concurrir los riesgos procesales descritos en los arts. 233.1, 2 y 5; 234.1, 2, 6, 9 y 10; y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dejando establecido que respecto al art. 234.1 y2 del adjetivo penal; han sido desvirtuados parcialmente; decisión que, ante el conocimiento de que la parte contraria tenía influencia en los tribunales, no fue apelada, optando la justiciable por buscar los medios de prueba que desvirtúen los mismos.

 

El 18 de enero de 2013, adjuntando documental probatoria suficiente, solicitó cesación a la detención preventiva, pretensión que fue atendida favorablemente por el juzgador quien, mediante Resolución 082/2013 de 20 de febrero, impuso en su favor medidas sustitutivas, decisión que fue apelada por la parte querellante y que siendo conocida por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue revocada por Resolución 105/2013 de 16 de junio, dejando sin efecto la cesación a la detención preventiva; determinación asumida por los demandados sin fundamento jurídico doctrinario o jurisprudencial, limitándose únicamente a efectuar una comparación entre las Resolución 217/2012 y la082/2013, concluyendo que ésta última no es coherente sino más bien contradictoria sin precisar de qué manera.

 

Agrega también que los demandados, se han apartado de los puntos apelados en franca violación del art. 398 del CPP y que, luego de dictado el fallo revocatorio, se han demorado en su devolución al juzgado de origen aproximadamente un mes, incurriendo en franca retardación de justicia.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante alega como lesionado sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la certidumbre jurídica, a la igualdad y a la tutela jurídica, citando al efecto los arts. 22, 23.I y V; 24.II y 116.I y II de la CPE, “…toda vez que sin ningún fundamento jurídico legal, han revocado mi cesación a la detención y ha ordenado que se mantenga mi detención enel centro de Orientación Femenina de Obrajes” (sic).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose la nulidad del Auto de vista 105/2013, manteniéndose firme la Resolución 082/2013; asimismo, solicita se disponga su libertad, con imposición de costas y pago de daños y perjuicios, toda vez que se encuentra detenida por un año y cuatro meses.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 25de septiembrede 2013, se produjeron los siguientes hechos:

 

I.2.1. Ratificación delaacción

 

El abogado del accionante, ratificó en todoel contenido dela demanda.

 

I.2.2. Informe de las autoridadesdemandadas

 

No obstante de encontrarse presentes en audiencia, conforme se evidencia a fs. 36, los demandados no presentaron informe oral ni escrito.

 

I.2.3.Resolución

Mediante Resolución 37/2013 de 25de septiembre, cursante de fs. 43a 45,el Juez Tercero de SentenciaPenal del departamento de La Paz, constituida en Juez de garantías,concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución 105/2013 y ordenando se dicte nueva Resolución dentro del plazo establecido por ley; decisión asumida con el argumento de que, las autoridades demandadas no explican de manera clara y concisa, las razones por las cuales dieron lugar a la revocatoria de las medidas sustitutivas, omitiendo efectuar una puntualización específica que explique de manera clara los riesgos procesales subsistentes, motivo que determina la tutela del debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientesconclusiones:

 

II.1.Por Resolución 217/2012 de 9 de mayo, el Juez Sexto deInstrucción en lo Penal cautelar de La Paz, impuso medida cautelar de detenciónpreventiva contra Antonieta de las Nieves Quisbert Marca -ahora accionante- (fs. 3 a 4 vta.).

 

II.2.Ante solicitud de cesación a la detención preventiva, el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal cautelar, mediante Resolución82/2013 de 19 de febrero de 2013, concedió a favor de la imputada medidas sustitutivas (fs. 5 a 7).

II.3.En apelación de la Resolución 082/2013, formulada por la parte querellante, los Vocales demandados, mediante Resolución 105/2013 de 18 de junio, revocó la resolución impugnada, disponiendo que la imputada, se mantenga durante el transcurso de la investigación, con detención preventiva (fs. 8 a 10 vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

La accionante, alega que en apelación formulada por laparte querellante, los Vocales demandados, determinaron revocar la decisión asumida por el inferior mediante la cual, aplicaba en su favor medidas sustitutivas a la detención preventiva; denuncia que la Resolución105/2013, emergente del recurso de apelación, carece de una debida fundamentación y motivación.

Corresponde analizar, si en el presente caso, se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.De la tutela al debido proceso a través de la acción de libertad, construcción jurisprudencial

El art. 125 de la CPE, al señalar que: "Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad…", implícitamente determina que la acción de libertad, procede ante la existencia de un procesamiento indebido que restrinja o prive del derecho a la libertad física, para que se restablezcan las formalidades legales.

 

La jurisprudencia constitucional determinó los alcances de la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, indicando que: "…la protección que brinda el Recurso de Hábeas Corpus (acción de libertad) en cuanto al debido proceso se refiere, éste no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes…" (SC 0290/2002-R de 18 de marzo, entre muchas otras), entendimiento complementado por la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, que haciendo énfasis en que este derecho y garantía a la vez, es tutelable por vía de la acción de libertad, razonó: "...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad", concluyendo que: "…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso…", razonamientos que han sido reiterados por las SSCCPP 1030/2010-R; 0269/2012; 0413/2012 y 0476/2012, entre otras.

 

Por su parte en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, el extinto Tribunal Constitucional, estableció que: :”…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus (ahora acción de libertad) cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”, razonamiento que ha sido modulado por la SC 0037/2012-R de 26 de marzo, al aclarar que:“…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa” (negrillas añadidas).

 

De donde se concluye que la protección que brinda esta acción de tutela, respecto a las vulneraciones al debido proceso,procede únicamente cuando los supuestos actos lesivos se hallan directamente vinculados con el derecho a la libertad personal o de locomoción; caso contrario, las infracciones denunciadas deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, y sólo agotados los mecanismo intra procesales establecidos en el ordenamiento jurídicos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, como medio efectivo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; un entendimiento contrario, posibilitaría que toda lesión al debido proceso, prospere a través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional.

 

III.2.       Respecto al deber de fundamentación y motivación de las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares y aquellas que se pronuncien en apelación

El debido proceso se encuentra consagrado en los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, como una garantía, un derecho y un principio de la administración de justicia, que se halla compuesto, entre otros, por el derecho a una debida fundamentación; es así que, en el ámbito procesal penal se contempla la exigencia de fundamentación y motivación a través de la previsión normativa contenida en el art. 124 del CPP, mismo que señala: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”.

 

Entonces, en el marco de la normativa citada precedentemente y en conformidad con los argumentos expresados en el Fundamento Jurídico anterior, corresponde señalar que, la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas, se constituye en uno de los elementos esenciales del debido proceso; en este contexto, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, partiendo del análisis de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, que estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió …”.

 

En coherencia con este razonamiento, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, respecto a la fundamentación de las resoluciones de medidas cautelares, manifestó que: “...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

(…)

 

Asimismo, la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial”.

 

Entendimiento que ha sido profundizado a través de la SCP 0401/2012 de 22 de junio que, estableció que: “A momento de motivar una resolución, la autoridad judicial deberá compulsar las pruebas y arribar a conclusiones jurídicas ciertas sobre la base de hechos probados, sea cual fuere la pretensión de la parte, realizando una adecuada fundamentación legal, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; lo contrario significa que, cuando esta autoridad omite realizar una correcta motivación elimina la parte estructural de la resolución, asumiendo una decisión de hecho y no de derecho, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo.

'No basta la simple cita de preceptos legales en una resolución para considerar motivada ésta, sino que es preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión correspondiente'.

 

Los doctrinarios Ossorio y Florit, afirman lo siguiente: 'Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema de la sana crítica que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma'.

 

Uno de los elementos esenciales del debido proceso, es la motivación de las resoluciones, entendida ésta como un derecho fundamental de todos los justiciables, constituyéndose en una de las garantías que forma parte del contenido adjetivo del 'debido proceso'.

 

En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación en los fallos, vulnera el derecho al debido proceso, persé el derecho a la defensa, impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea efectiva, dando lugar al extremo inaceptable de la arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones adoptadas necesariamente deban satisfacer al administrado, lo que si es trascendental, es que la decisión sea fundamentada, dando lugar a que de esta manera se lleguen a emitir decisiones justas efectivizando el imperio de la justicia constitucional de la igualdad, inserta en nuestra ConstitucionPolitica del Estado, garantizando a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para el 'vivir Bien'”.

 

De donde se extrae que, una resolución que resuelva una situación jurídica, debe exponer con claridad los motivos que la sustentan, de modo que el justiciable sea capaz de entender la decisión asumida por el juzgador al momento de leerla, generando en él el pleno convencimiento de que no existía forma alguna alternativa de resolver los hechos juzgados; sin embargo, cuando una decisión carece de aquella fundamentación, expresándose únicamente una decisión que genera dudas respecto a lo juzgado, se abren los canales que la Ley Fundamental otorga a quien se considere afectado para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías.

 

No obstante, es pertinente aclarar que, una debida fundamentación y motivación no necesariamente implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que, atendiendo los principios y valores supremos que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, la resolución pronunciada deberá estar dotada de una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa pero clara, de modo que todos los puntos demandados sean absueltos, a cuyo efecto, deberá expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión asumida, dando por cumplidas la normas del debido proceso.

 

Conviene entonces tomar en cuenta que, aún cuando la resolución sea extensa, si no expresa las razones o motivos por los cuales se toma una determinación, incurre en vulneración al debido proceso en su elemento de derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

 

En cuanto a las resoluciones que resuelven el recurso de apelación incidental previsto por el art. 403 inc. 3) del CPP, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, agregó: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

 

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva”.

III.3.       Contenido esencial de la resolución emitida por el Tribunal de apelación

A efectos de establecer, cuál es el campo de acción de los tribunales de alzada a tiempo de resolver una apelación incidental planteada contra una imposición de medida cautelar, laSCP 0077/2012 de 16 de abril,analizóel mandato contenido en el art. 398 del CPP, que en su texto señala: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, precepto normativo queestablece que los aspectos apelados, establecen, circunscriben y delimitan la competencia del tribunal de alzada para pronunciar su resolución, imponiendo una restricción al pronunciamiento respecto a los asuntos; exceptuando aquellos casos en los que se evidencie la existencia de defectos absolutos, dado que éstos no son susceptibles de convalidación; en este mérito, la precita Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que: “De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: 'Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad'.

Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: '3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables'.

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

En consecuencia, es imperante que el juzgador, en mérito a la previsión contenida en elart. 398 del CPP, a tiempo de resolver la apelación, de respuesta a todos los puntos apelados, previsión que no lo exime de analizar la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 233 del adjetivo penal, siendo por el contrario, su verificación una de cumplimiento inexorablemente; esto, en virtud a que el imputado tiene derecho a conocer inequívocamente los motivos que llevaron al tribunal de apelación a mantener, revocar o modificar una medida cautelar, lo que no implica de ninguna manera, que la valoración de los elementos concurrentes, represente un apartamiento de los aspectos impugnados.

III.4.       Análisis del caso concreto

En el caso objeto de análisis, se alega que la resolución emitida por el Tribunal de apelación carece de una debida fundamentación y motivación y que además de haberse apartado de los puntos apelados por la parte querellante, ha demorado groseramente en su devolución al juzgado de origen, hechos que transgreden su derecho al debido proceso que en el caso se encuentra vinculado con su derecho a la libertad.

 

Corresponde en este punto efectuar un análisis de la Resolución 105/2013, proferida por el Tribunal de apelación; en consecuencia, se observa que dicho fallo se halla estructurado de la siguiente manera:

 

En el primer Considerando identifica los puntos apelados, señalando que la parte querellante observa que en la Resolución 082/2013 de 19 de febrero:

a)            No se desvirtuaron los riesgos procesales, incumpliéndose lo previsto por el art. 239.1 del CPP;

b)            En cuanto a la acreditación del domicilio, se presentaron fotocopias simples sin probar como se habrían obtenido, por lo que tampoco se ha desvirtuado el art. 234 del CPP;

c)            En cuanto a actividad lícita, se habría presentado un contrato de trabajo a futuro y un certificad emitido por UDABOL que no fue tomado en cuenta por el juzgador;

d)            Respecto al art. 234.8 del CPP, el informe de antecedentes habría sido obtenido para un trámite en el Juzgado Noveno, siendo obtenido directamente y no mediante autoridad competente;

e)            Con relación al art. 234.10 del adjetivo penal, el apelante sostiene que la imputada es evidentemente un peligro, siendo que recién luego de quince días del hecho, se apersonó a prestar declaración manifestando que el ilícito pudo haberlo cometo su primo,

f)             En cuanto al art. 235.1 del CPP, señala que después del hecho se habría atentado contra el domicilio de la querellante; y con referencia al numeral 2 del mismo artículo, indica que existen otras personas involucradas, conforme se manifestó en la imputación.

 

En el segundo Considerando, la Resolución 105/2013, establece:

1)            Que mediante Resolución 217/2012 de 9 de mayo, se dispuso la detención preventiva de la imputada al concurrir los riesgos procesales descritos en los arts. 234.1, 5 y 8, al existir otro caso abierto; al no existir la intención de resarcir el dañoy al existir actividad reiterada que no fue desvirtuada; en cuanto al numeral 6, no se habría confirmado al no existir sentencia por otro delito;

 

2)            Respecto al art. 234.9 del adjetivo penal, se manifiesta -en la Resolución de detención preventiva- que se ha establecido la existencia de más de una persona enla etapa investigativa, hecho que iba a ser dilucidado; asimismo, respecto al numeral 10 del mismo artículo, ésteno fue debatido por ello el mismo se mantendría subsistente;

 

3)            En cuanto al art. 235.1 y 2, el inferior, a tiempo de disponer la detención preventiva de la justiciable, manifestó -según el Tribunal de apelación- que existía la posibilidad de que la encausada induzca a otras personas a realizar las acciones descritas y que ella era la única que conocía el lugar donde se guardaban las joyas, por lo que habría influido o podría influir en los cómplices.

 

Es a partir del numeral 4 del segundo Considerando que, el Tribunal de apelación efectúa la fundamentación de la Resolución 105/2013, manifestando inicialmente que la Resolución 82/2013 “no es coherente en los nuevos elementos para que vayan a destruir los riesgos procesales expuestos precedentemente, siendo que:

 

i)             Respecto al art. 234.8 del CPP “la Resolución original” manifiesta que existe conducta reiterada; sin embargo en la Resolución apelada, el inferior manifiesta que para tomar en cuenta dicho riesgo, debe existir sentencia ejecutoriada;

ii)            En cuanto al 234.9 del adjetivo penal, el a quo establece que se trataría de una organización criminal al existir con probabilidad coautores o cómplices, pero que dicho fundamento no es analizable en el caso concreto, argumento que también, los ahora demandados, consideran contradictorio con el fallo de detención preventiva,

iii)           Con relación al art. 234.10 del CPP, establece que no se vieron los ataques con piedras al domicilio de la querellante y en la “resolución original” estableció que aquellos ataques sí se habían producido;

iv)           En referencia al 235.1 el inferior efectúa una adecuada fundamentación al no ser posible desvirtuar el peligro de obstaculización.

En base a estos argumentos, el Tribunal de apelación, concluye razonando que no se habrían sustraído únicamente $us 500.-,sino, de acuerdo ala imputación formal, un aproximado de $us 50 000.- entre dineros, joyas y oro bruto, por lo que el juez de la causa no ha efectuado una cabal aplicación del principio de proporcionalidad que implica que la medida cautelar a ser impuesta debe estar en adecuada relación con el hecho que se le imputa, ponderación que permite calibrar la medida cautelar gravosa que puede genera una persona en determinada situación; por lo que, en mérito a la proporcionalidad en la regulación de las medidas cautelares y tomando en cuenta además que la imputada era garante y se hallaba al cuidado de la casa de la querellante donde se encontraban los objetos “hurtados” y siendo que persiste el peligro descrito en el art. 235 del CPP, el Tribunal de apelación, determinó revocar la Resolución 082/2013de 19 de febrero mediante la cual se le impuso medidas sustitutivas, manteniendo a la justiciable con detención preventiva a cumplirse en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en tanto dure la investigación.

Entonces, teniendo presente que las resoluciones emitidas en apelación, tienen el deber de pronunciarse respecto a la totalidad de las cuestiones impugnadas, sin que la simple cita de preceptos legales y los criterios y apreciaciones subjetivas o excesivamente formalistas, sean causal suficiente para establecer la extrema medida cautelar, se hace preciso que los jueces y tribunales de apelación expongan las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión correspondiente, puesto que la resolución no puede pronunciarse sobre una materia distintita a la apelada, ni puede dejar de hacerlo respecto de cualesquiera de ellas, a efectos de generar convicción de cuáles fueron las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

Mayor es la exigencia de cumplir con estos elementos cuando se trata de la aplicación, revocatoria o mantención de una medida cautelar, porque antes de tomar una decisión que pudiera afectar el derecho a la libertad de una persona, el Tribunal de alzada, está en la obligación de verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233, para lo cual, deberá también justificar la concurrencia de los requisitos en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 del CPP; así como fundamentar en derecho la decisión de aplicar, revocar o mantener la medida cautelar de carácter personal, pronunciándose también de manera razonable y fundamentada en derecho respecto a los medios de prueba presentados por ambos sujetos procesales, dado que como se advirtió, la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la sustitución o modificación de esa medida o finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la misma (fundamentación y motivación) se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En el caso objeto de análisis, de la revisión delaResolución 105/2013 de 18 de junio, se observa que el Tribunal de apelación, se apartó completamente de los puntos apelados limitándose a efectuar una comparación del contenido de las resoluciones emitidas por el inferior que determinan la detención preventiva de laimputada y la posterior imposición de medidas sustitutivas, sin explicar de manera argumentada en derecho, por qué considera que los argumentos de una y otra decisión son contradictoria e incoherentes, como las ha calificado; asimismo, el Tribunal de apelación omitió considerar de manera razonable y fundada en el principio de favorabilidad,los elementos probatorios aportados por la defensa de la imputada a fin de alcanzar la cesación a su detención preventiva, sin determinar el valor que cada una de ellos representa y menos aún ha establecido cuales de los requisitos descritos en los arts. 233 y ss del CPP, se hallan latentes y qué elementos esenciales fueron determinantes al momento de decidir revocar las medidas sustitutivas aplicadas por el a quo a favor de la justiciable.

Consecuentemente, se advierte que los demandados, emitieron laResolución que hoy se impugna, sin cumplir con una previa compulsa de los antecedentes, desobedeciendo su obligación de pronunciar un fallo congruente, vulnerando los derechos al debido proceso en sus elementos de una correcta valoración de la prueba, de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, incurriendo en omisiones que atentan contra la tutela jurisdiccional efectiva y por ende, dando lugar a la comisión de una arbitrariedadtutelable mediante la presente acción constitucional al encontrarse directamente vinculada con el derecho a la libertad.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve:CONFIRMARla Resolución 37/2013 de 25 de septiembre, cursante de fs. 43 a 45, dictada por el Juez Tercero de SentenciaPenal deldepartamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez CastañosMAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi MamaniMAGISTRADO


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2064/2013

Sucre, 18 de noviembre de 2013

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:Dra. Soraida Rosario ChánezChire

Acción de libertad

Expediente:04241-2013-09-AL

Departamento:Santa Cruz

En revisión la Resolución 28 de 14 de junio de 2013, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Néstor Antonio Higa Rodríguez en representación sin mandato de Jorge Mariano Zambrana Pareja contra María Roxana Encinas Castedo, Jueza de Instrucción Mixta de La Guardia, del departamento de Santa Cruz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 13 de junio de 2013, cursante de fs. 41 a 42 vta., el accionante a través de su representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Refiere que, el 17 de mayo de 2013, se sustanció la audiencia de medidas cautelares en su contra, por la presunta comisión del delito de robo y abigeato, en dicho acto procesal, la Jueza ahora demandada, mediante Auto Interlocutorio infundado y confuso, le impuso la medida cautelar de detención preventiva, ordenando en principio sea cumplida en la carceleta de La Guardia y posteriormente en el Penal de Palmasola.

 

Manifiesta que, al ser una persona de 67 años de edad, sufre de problemas cardiacos, extremo que hizo conocer a la Jueza demandada, mediante un examen médico forense demostrando la necesidad de su internación al encontrarse en riesgo de perder la vida, por lo que dicha autoridad, ordenó internarlo en la Clínica Urbari de Santa Cruz, por quince días, término que fenece al siguiente día de la presentación de la acción tutelar.

 

Señala que, al no existir mejora en su salud, solicitó anticipadamente a la Jueza demandada, que ordene una nueva valoración por el médico forense de turno, el cual previa verificación de su estado de salud y del certificado médico extendido por el cardiólogo especialista a cargo de su valoración, emitió Informe legal el cual expresamente indica: “…SE TRATA DE UN PACIENTE DIABÉTICO, CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR Y CON ANTECEDENTES DE SÍNDROME CORONARIO QUE DE NO SER TRATADO Y CONTROLADO ADECUADAMENTE PODRÍA DESENCADENAR EN INFARTO, ES POSIBLE REALIZAR CATETERISMO CARDIACO CUANDO EL PACIENTE SE ESTABILICE… SE RECOMIENDA AL MENOS 40 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN Y/O DE CONTROL MÉDICO ESTRICTO PARA PROTEGER LA SALUD DEL EXAMINADO” (sic).

 

Indica que, la Jueza demandada no tomó en cuenta el informe realizado por el médico forense dependiente del Ministerio Público, violando su derecho a la vida de manera flagrante, al haberse negado de manera ilegal la ampliación de la internación requerida.

 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

 

La parte accionante alegó la vulneración de su derecho a la vida, sin citar norma constitucional alguna.

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela, y se ordene la ampliación de su internación por el lapso establecido por el médico forense, plazo a computarse desde el 14 de junio de 2013, y la cancelación de costas procesales y resarcimiento de daños y perjuicios.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 64, se realizaron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

El accionante, mediante su abogado, ratificó el tenor íntegro de la acción de libertad, y ampliándola refirió que la Jueza demandada no tenía la facultad de observar el informe médico forense.

 

I.2.2.Informe de la autoridad demandada

 

María Roxana Encinas Castedo, Jueza de Instrucción Mixta de La Guardia, del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito, cursante a fs. 51 y vta., señalando lo siguiente: a) El acto de no haber aceptado la recomendación que realizó el médico forense de turno sobre el término de internación del accionante, no atenta a la libertad del mismo y que dicha determinación, debió haberse impugnado mediante el recurso de reposición conforme lo establecido en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que al no haberse hecho uso del mismo su derecho hubiera precluido; b) En todos los decretos que ordenaron la internación del accionante, se valoró la documentación expedida por el médico especialista que lleva el control de la recuperación de este, informe que claramente señala el tiempo de quince días de internación; y, c) El certificado médico forense, tiene los mismos fundamentos transcritos en el informe del médico especialista, optándose por otorgar el termino sugerido por el profesional especialista por lo que no se atentó contra la vida del imputado, concediéndole sus solicitudes de internación dentro del marco legal.

 

I.2.3. Resolución del Tribunal de garantías.

 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 28 de 14 de junio de 2013, cursante de fs. 64 a 66, concediendo la tutela solicitada, ordenando que la Jueza de Instrucción Mixta de La Guardia, tome en cuenta el informe médico legal emitido por Víctor Hugo Azogue, disponiendo la internación del accionante, por el tiempo que establece el documento oficial llamado por ley, en base a los siguientes fundamentos: 1) La Jueza demandada no es perito ni estudiada en temas de especialidades médicas, por ello no pudo interpretar el contenido de los certificados médicos, por lo que preservando y garantizando el derecho a la vida del imputado, debió tomar en cuenta lo señalado en el informe médico forense, emitido por el funcionario del Ministerio Público; y, 2) El derecho a la vida no puede estar sujeto a una protección simple como interpreta la Jueza demandada al disponer la internación del accionante por quince días, sin tomar en cuenta que el médico forense sugirió un lapso de cuarenta días, precisamente con el objetivo de precautelar la vida de este.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.Por Informe Médico de 7 de junio de 2013, emitido por Rodrigo Jordán, Cardiólogo Intervencionista, quien informó que el paciente Jorge Zambrana Pareja de 67 años de edad, debe continuar internado por quince días más a partir de la fecha de emisión del referido informe, con el fin de mantenerlo bajo control médico, a objeto de evitar complicación final del infarto cardiaco y seguir insistiendo en una terapia efectiva antes de llegar al estudio de cateterismo, que se va observando al no haber evolución (fs. 23).

 

II.2.El Certificado médico forense, suscrito por Víctor Azogue, médico forense de la Fiscalía de Santa Cruz de 9 de junio de 2013, refiere que al haber practicado un examen médico legal al accionante, se llegó a la siguiente conclusión: “Se trata de un paciente diabético, con patología cardiovascular y con antecedentes de síndrome coronario que de no ser tratado y controlado adecuadamente podría desencadenar en infarto.

 

Es posible realizar cateterismo cardiaco cuando el paciente se estabilice.

 

se recomienda al menos 40 (Cuarenta) días de hospitalización y/o de control médico estricto para proteger la salud del examinado” (sic) (fs. 24 vta.).

 

II.3.Por memorial presentado por el accionante el 11 de junio de 2013, al Juzgado de Instrucción Mixto de La Guardia, solicitó ampliación de internación médica por el periodo de cuarenta días, con la finalidad de su restablecimiento, evitar un agravamiento de su deteriorada salud al estar en riesgo inminente de perder la vida, y concluir los estudios programados para su recuperación, conforme a lo establecido en el certificado emitido por el médico forense de turno, que evaluó su estado de salud (fs. 34 y vta.).

 

II.4.Mediante decreto de 12 de junio de 2013, la Jueza demandada, apoyándose en el informe médico expedido por el especialista Rodrigo Jordán (Cardiólogo Intervencionista), al ser este el que se encuentra a cargo del control médico del imputado, amplió la internación del mismo por quince días, computables a partir de la fecha de expedición del certificado médico mencionado; es decir, desde el 7 del citado mes y año, manifestando también que la recomendación realizada por el médico forense de la Fiscalía de Santa Cruz, no fue tomada en cuenta al ser contradictoria con el informe del médico especialista (fs. 35).

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega que la Jueza demandada vulneró su derecho a la vida, al haber negado su solicitud de ampliación de internación por el lapso de cuarenta días, que fue sugerido por el médico forense de la Fiscalía de Santa Cruz, mediante informe médico legal, al emitir el decreto de 12 de junio de 2013, disponiendo la ampliación de la internación del imputado solamente por quince días, en base al informe médico expedido por el especialista Rodrigo Jordán (Cardiólogo Intervencionista), sin tomar en cuenta el informe del médico forense.

Corresponde en revisión determinar si los hechos denunciados son evidentes y si ameritan otorgar la tutela solicitada.

III.1.       Naturaleza jurídica de la acción de libertad

El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), instituye la acción de libertad señalando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

 

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro“ (las negrillas son añadidas).

 

La Norma Constitucional citada así como la disposición legal referida, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado con la libertad personal.

 

Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así lo estableció la SCP 0856/2012 de 20 de agosto.

 

III.2.       Sobre el derecho a la vida y su protección a través de la acción de libertad

El derecho a la vida se encuentra consagrado como un derecho fundamental en el art. 15.I de la CPE, que señala: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…”.

 

No solo nuestra Ley fundamental garantiza el derecho a la vida, sino también las normas internacionales y una de ellas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su art. 3 garantiza el derecho a la vida, cuando señala lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

 

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su art. 4 garantiza el derecho a la vida cuando señala:

 

Derecho a la Vida.

1.Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…” (las negrillas son nuestras).

 

Como se podrá apreciar, el derecho a la vida se encuentra garantizado y protegido por la Constitución Política del Estado y por las normas internacionales como un derecho fundamental inherente al ser humano.

 

Respecto al derecho a la vida, la SCP 0128/2013 de 1 de febrero, señaló lo siguiente: “Entre uno de los derechos fundamentales que protege el Estado es el derecho a la vida consagrado en la Norma Suprema, así también lo reconocen los convenios y tratados internacionales en DDHH, en tal sentido la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, estableció: '…la vida se entiende como una integralidad que explica la convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza, mediada por la espiritualidad; naturaleza significada por la madre tierra, fuente y última morada de la vida. Así pues, si bien «la vida», no puede limitarse a una visión dogmática del derecho, o desde otra perspectiva, es posible ser entendida desde diferentes perspectivas; a la hora de impartir justicia, el 'derecho a la vida' exigirá, según se presenten las diversas circunstancias de vulneración a éste derecho, partir de una noción del derecho, mirar en clave de las diversas cosmovisiones de los distintos pueblos y naciones indígena originario campesinos así como en razón de las distintas perspectivas y criterios, sabiendo que el derecho a la vida amparado por la acción de libertad, se funda en la naturaleza y en la dignidad de la persona humana.

 

En el orden normativo constitucional, el art. 15.I de la CPE, establece que: 'Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…', añadiendo en los parágrafos IV y V que ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna, así como ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud, prohibiendo expresamente la trata y tráfico de personas.

 

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional dejó sentado que el derecho a la vida: '…es el origen de donde emergen los demás derechos…' (así la SC 0411/2000-R de 28 de abril), así como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, manifestó que 'el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, por lo que al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos. Además, enfatizó que, en esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna' (Sentencia de 19 de noviembre de 1999; caso Villagrán Morales y otros contra el Estado de Guatemala).

 

Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparables.

 

Dentro de las particularidades de la acción de libertad, también está el de las personas que estando privadas de libertad se encuentran ante una amenaza comprobada a su vida o la necesidad de adoptar una medida que compatible con el sistema punitivo del Estado que proteja de manera efectiva el derecho a la vida'” (las negrillas son añadidas).

 

Según la línea jurisprudencial citada, el derecho a la vida es un derecho humano fundamental de donde emergen los demás derechos, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, mismo que al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos.

 

Además, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también comprende el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna; el derecho al desarrollo de la persona, la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparables. También comprende la necesidad de adoptar medidas de compatibilización con el sistema punitivo del estado para proteger de manera efectiva el derecho a la vida, cuando el privado de libertad se encuentre ante una amenaza comprobada a su vida

 

Ahora respecto a la protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, señaló lo siguiente: “Cabe resaltar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, protegió el derecho a la vida a través del recurso de hábeas corpus, por conexitud con el derecho a la libertad de locomoción, en las SSCC 470/2004-R, 6512004-R, entre otras.

 

Sin embargo, de ese repaso de Derecho Comparado y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es menester reflexionar si evidentemente el espíritu del Constituyente al incluir el derecho a la vida y a la integridad física es que este se halle irremediablemente vinculado con el derecho a la libertad física; al respecto, es bien conocido que en la tradición jurisprudencial boliviana, la protección del derecho a la vida ha estado dada por la vía tutelar de la acción de amparo constitucional, la Constitución vigente desde 2009, ha incluido en la estructura protectiva de la acción de libertad el derecho a la vida, ello en sí significa una ampliación del rango procesal de la acción de libertad. Sin embargo, para que opere por la vía de la acción de libertad, la tesis jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, señala que debe haber un vinculación entre el peligro de afectación del derecho a la vida y el derecho a la libertad, pues para que opere la protección que brinda la acción de libertad al derecho a la vida debe ser causa de la lesión del derecho a la libertad, no obstante, esa noción jurisprudencial debe ser modulada, en mérito al siguiente razonamiento: La naturaleza del derecho a la vida impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección, pues resultaría un despropósito que quien solicite la tutela de su derecho a la vida cuya naturaleza siempre es urgente, reciba la respuesta de que debe acudir ante otro mecanismo procesal como la acción de amparo constitucional.

 

Por ello corresponde establecer la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, precisando que cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad boliviana: 1) La protección de la vida humana es el valor fundamental sobre el cual se construye la noción de Estado Social de Derecho, por ello es el primer derecho fundamental enunciado en el texto constitucional; y, 2) La administración de justicia está al servicio de la población y de la sociedad sobre la base de criterios anti formalistas en búsqueda de un sistema de verdad material. De ahí, resulta inaceptable que cuando se solicita la protección del derecho a la vida ante la jurisdicción constitucional, ésta deniegue la tutela con el argumento procesal de la idoneidad recursiva; además de ello el art. 125 es claro al enumerar las condiciones de activación de la acción de libertad, pues en la primera frase señala: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro…', de una interpretación literal de la norma constitucional se desprende que el Constituyente lejos de condicionar la activación de la acción de libertad por vulneración del derecho a la vida a la vinculación causal de privación previa del derecho a la libertad, se limitó a enumerarlo como causal independiente de activación de la acción de libertad en concordancia normativa con los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En esa dimensión argumentativa es que se establece que el derecho a la vida por la tutela inmediata que requiere puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad, pues una interpretación diferente afecta la noción básica de interpretación de los derechos humanos (así mismo de los derechos fundamentales), cual es la interpretación favorable al ser humano.

 

En el mismo sentido ultraprotectivo de la acción de libertad antes glosada, es menester aclarar la inaplicabilidad bajo ninguna circunstancia de la regla de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida o integridad personal. Sobre el tema, es preciso citar la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la SC 0080/2010-R y especialmente la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, que fueron contundentes en señalar que no se aplica bajo ninguna circunstancia la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida.

 

En este mismo sentido la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, reforzando dicha comprensión, dijo: 'El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intra procesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional'" (las negrillas son añadidas).

 

Según la línea jurisprudencial citada, el derecho a la vida por la tutela inmediata que requiere, puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad, sin que éste se halle irremediablemente vinculado con el derecho a la libertad física y sin el condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intra procesales debido a que la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, incluyó en la estructura protectiva de la acción de libertad el derecho a la vida, ampliando el rango procesal de la misma, eliminando cualquier tipo de formalismo en su protección.

III.3.       Valor legal del certificado médico forense

Con relación al valor legal de los certificados médico forenses la SC 1845/2011-R de 7 de noviembre, señalo que: “…se debe precisar que el certificado médico será idóneo solamente cuando se encuentre emitido o hubiere sido refrendado por un médico forense, si bien en muchos casos se requiere de la asistencia médica de un profesional especializado en áreas específicas de la medicina acordes a la dolencia o enfermedad sufrida por el imputado; en esos casos, el citado documento será válido aún cuando hubiere sido suscrito por un médico particular; sin embargo, al margen de ello, deberá contener el aval del forense; por lo tanto, debe ser presentado en original y estar debidamente actualizado.

En síntesis, los requisitos que determinan la validez de un certificado médico presentado como justificativo para no comparecer a un actuado procesal son: 1) Emitido y/o avalado por un médico forense acreditado por el Ministerio Público; 2) Actualizado; y, 3) Presentado en original”.

III.4.       Análisis del caso concreto

En el caso que se examina, el accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida, puesto que dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de allanamiento de domicilio y otros, el 11 de junio de 2013, presentó un memorial ante la autoridad demandada, solicitando la ampliación de su internación médica por el periodo de cuarenta días, de acuerdo a lo establecido en el certificado emitido por el Médico Forense de turno que evaluó su estado de salud.

La Jueza demandada, estando de acuerdo con el informe médico expedido el 7 de junio de 2013, por el especialista Rodrigo Jordán (Cardiólogo Intervencionista), en atención al memorial de solicitud de ampliación de internación del accionante, mediante decreto de 12 del citado mes y año, otorgó el plazo de quince días, computables a partir de la fecha de expedición del certificado médico mencionado, sin tomar en cuenta el criterio médico legal vertido por el Médico Forense de la Fiscalía de Santa Cruz, al considerar que existía contradicción con el primer informe.

 

Habiéndose establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que el derecho a la vida por la tutela inmediata que requiere, puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad y sin que éste se halle irremediablemente vinculado con el derecho a la libertad física y sin el condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intra procesales, puesto que la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, incluyó en la estructura protectiva de la acción de libertad el derecho a la vida, ampliando el rango procesal de esta acción, eliminando cualquier tipo de formalismo en su protección; corresponde ingresar al análisis del fondo de la causa, por la tutela inmediata que requiere el derecho a la vida.

El 7 de junio de 2013, el Fiscal de materia requirió al médico forense para que realice una nueva evaluación médica ampliatoria a Jorge Mariano Zambrana Pareja, el cual fue practicado el 9 del indicado mes y año, emitiendo el criterio médico legal y conclusión que el ahora accionante es un paciente diabético, con patología cardiovascular y con antecedentes de síndrome coronario que de no ser tratado y controlado adecuadamente podría desencadenarse un infarto, por lo que recomendó al menos cuarenta días de hospitalización y/o control médico.

El certificado médico forense, que tiene plena validez legal, conforme el Fundamento Jurídico III. 3 del presente fallo, demuestra que existe riesgo inminente a la vida del accionante en caso de no brindarle el tratamiento y control adecuado, aspecto que no fue tomado en cuenta por la autoridad demandada, evidenciándose la vulneración del derecho a la vida.

Consiguientemente el Tribunal de garantías, al haber concedido, la tutela, ha obrado de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 28 de 14 de junio de 2013, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías, sin costas.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Soraida Rosario ChánezChireMAGISTRADA

Fdo. Dra. Mirtha Camacho QuirogaMAGISTRADA


SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1982/2013

Sucre, 4 de noviembre de 2013

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:Dra. Soraida Rosario ChánezChire

Acción de amparo constitucional

Expediente:04022-2013-09-AAC

Departamento:La Paz

 

En revisión la Resolución 41/2013 de 19 de junio, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Germán Roca Cortez contra Efraín Camacho Ugarte y Adela Zamora Urioeste, propietario y Administradora, respectivamente, del edificio “Camacho”.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de junio de 2013, cursante de fs. 10 a 13 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1.Hechos que motivan la acción

Arrendó un local en el edificio “Camacho” ubicado en calle Figueroa 736, oficina 302, tercer piso, para el mantenimiento y reparación de equipos de computación, llegando a un acuerdo con el propietario y la Administradora del mencionado edificio para el pago mensual de alquiler de Bs846.- (ochocientos cuarenta y seis bolivianos), y el mantenimiento de Bs160.- (ciento sesenta bolivianos), haciendo un total de Bs1 006.- (mil seis bolivianos), a ser cancelados en forma mensual; además, de entregar la suma de Bs1 692.- (mil seiscientos noventa y dos bolivianos), como garantía y adelanto de un mes de arrendamiento a través de una tercera persona.

 

Del mismo modo, señala que conforme el recibo 000679 de 27 de abril de 2012, por la suma de Bs540.- (quinientos cuarenta bolivianos), demuestra el pago del alquiler de 23 de marzo al 23 de abril de 2012; asimismo, los recibos de mantenimiento fueron cancelados hasta diciembre del mismo año; arrendamiento que corrió desde el 12 de febrero de 2012, previo acuerdo verbal y la firma de recibos como constancia del pago ante el propietario y la Administradora del citado edificio; empero, en el mes de julio de similar año, ante el atraso en el pago por unos días, de manera sorpresiva el local apareció con un precinto que decía “clausurado”, al igual que en el mes de agosto del mismo año.

 

Indica que los meses de noviembre y diciembre de 2012, tuvo que negociar con la garantía que entregó para cubrir los meses adeudados, nuevamente el 2 de enero de 2013, volvieron a cerrar su oficina, solicitándole el pago del alquiler y la suma de Bs800.- (ochocientos bolivianos), por gastos de refacción en las áreas comunes del edificio, nuevamente tuvo que negociar el pago, reabriendo el 4 de febrero del mencionado año.

 

Asimismo refiere, que en el mes de marzo de similar año, la Administradora por orden del propietario, le exigió la suma de Bs3 000.- (tres mil bolivianos), señalando que el alquiler había subido y la suma de Bs1 000.- (mil bolivianos), por las refacciones del área común, adeudando la suma de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos), y de nuevo el 3 de mayo de 2013, cerraron con candado su fuente de trabajo, causándole un daño económico irreparable.

 

Señala también que, conversó con la Administradora del referido edificio, quien de manera prepotente le pidió que cancele lo adeudado, indicándole que no importaba a quien se quejara, cerró su oficina y le echó a la calle, despojándole de esa forma de sus herramientas de trabajo, muebles y demás accesorios, así como las computadoras que debía reparar de sus clientes y la mercadería que tenía para vender, puesto que de forma diaria generaba la suma de Bs300.- (trescientos bolivianos), ante tal abuso, intentó conversar con el propietario, quien no quiso recibirlo, motivo por el cual el 7 de mayo de 2013, envió una carta notariada a la citada Administradora, para que deje de lado los actos ilegales, sin recibir respuesta alguna.

 

Finalmente indicó, que los demandados le dejaron sin su lugar de trabajo y sin la posibilidad de generar ganancia alguna para cubrir sus gastos de subsistencia de su familia.

 

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante alega la lesión de sus derechos a la dignidad y propia imagen, y al trabajo, citando al efecto los arts. 21.2, 46, 47.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3.Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela, ordenando: a) Que, el propietario y la Administradora permitan su ingreso a la oficina que arrendó en el edificio “Camacho”; y, b) Se determine el monto a indemnizar por daños y perjuicios que le ocasionaron.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 19 de junio de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 39, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1.Ratificación y ampliación de la acción

 

El accionante a través de su abogado, se ratificó en el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional; ampliándola, manifestó que fueron a la Defensoría del Pueblo para conciliar; empero, la Administradora del edificio “Camacho”, en total desconocimiento de la ley, hizo caso omiso; del mismo modo, señaló que el 24 de enero de 2013, se apersonaron ante el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, sin recibir respuesta alguna de los demandados a su solicitud, vulnerándose de esa forma sus derechos al trabajo y al comercio.

 

I.2.2.Informe de los particulares demandados

 

Efraín Camacho Ugarte, propietario del edificio “Camacho”, pese a su legal notificación cursante a fs. 17, no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia.

 

Adela Zamora Urioeste, Administradora del referido edificio, mediante su abogado presentó informe, señalando que: 1) La problemática versa sobre al pago de alquileres y mantenimiento del edificio, que adeuda el accionante desde el mes de octubre; 2) El recibo se suscribió con Carlos Eduardo Mogrovejo Sánchez, quien sería dependiente del accionante, aspecto que no fue demostrado con documentación, pese a que se presentó un informe escrito señalando que la mencionada persona ya no trabajaba en la empresa BestComputerServices (B.C.S.) S.R.L., y el poder presentado es genérico, sin el reconocimiento en el Registro de Comercio, y tampoco se encontraban las dos socias que otorgaron el poder; 3) Señala que mediante el contrato de alquiler se cede la posesión de un inmueble y según el art. 607 del Código de Procedimiento Civil (CPC), faculta tramitar el despojo, acudiendo ante el juez, y según las instituciones a las que acudió el accionante, las mismas señalaron que se remita a la vía judicial para resolver ese problema; además, que el art. 1461 del Código Civil (CC), señala que, la acción de recuperar la posesión se puede plantear dentro del año que fue despojado; es decir, debió acudir a la vía judicial ordinaria; y, 4) Con relación a los daños y perjuicios, señala que se pretende volver al Tribunal de amparo constitucional como un tribunal ordinario, pretendiendo que resuelva temas civiles de alquileres, máxime, si existe una empresa la cual suscribió la relación contractual de forma verbal, solicitando denegar la tutela (fs. 35 vta. a 37 vta.).

 

I.2.3.Resolución

 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 41/2013 de 19 de junio, cursante de fs. 40 a 43 vta., por la que concede la tutela solicitada, disponiendo: i) El ingreso inmediato a los ambientes que ocupaba el accionante en el edificio “Camacho”, para permitirle generar los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones pendientes con el demandado; ii) Reestablecer los servicios básicos; iii) El pago de daños y perjuicios en un 50% del monto aproximado desde que se interrumpió y cerró el ambiente; y, iv) La remisión de antecedentes al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para la investigación de los recibos emitidos por la administración del edificio “Camacho” por no tributar al Estado, bajo los siguientes fundamentos jurídicos:

 

a) Respecto al principio de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional a través de las SSCC 1258/2010-R y 1183/2010-R, establecen dicha excepción cuando existen medidas de hecho o actos de hechos que vulneren los derechos y garantías por parte de autoridades o de particulares; b) Respecto a la legitimación activa, existen recibos emitidos por representantes del edificio “Camacho” a nombre de Carlos Eduardo Mogrovejo Sánchez y Germán Roca Cortez, quienes son las personas legitimadas en la presente acción; c) Conforme el art. 46 de la CPE, se reconoce el derecho al trabajo y al empleo, es a partir de ese derecho que se derivan otros inherentes como son el derecho a la alimentación, a la salud, a la vestimenta y al existir dependientes del accionante, de la misma forma se verían afectados, cerrando el ambiente que ocupaba para realizar sus actividades laborales, se vulneró sus derechos y garantías, suprimiéndose su derecho al trabajo, que si bien existen adeudos con relación al canon de alquiler, están las vías para el cobro de las obligaciones pendientes y no mediante vías de hecho; y, d) Ante la ausencia del codemandado Efraín Camacho Ugarte a la audiencia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los demandados tienen la obligación de prestar informe a las autoridades del Tribunal de garantías, de no hacerlo se presume que se hubieran lesionado derechos, debiendo establecerse que los adeudos que tiene el accionante con los propietarios del edificio “Camacho”, no pueden tener como consecuencia los hechos cometidos por los demandados, ya que al cerrar los ambientes alquilados, se provoca que se restrinja y suprima el derecho al trabajo, limitando la actividad laboral del accionante con relación a sus clientes, afectando asimismo, el derecho a la dignidad, como el derecho que tiene a recibir una remuneración justa por el trabajo desarrollado.

 

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.Testimonio 1546/2005 de 20 de diciembre, relativo a un poder general de administración, otorgado por Julia Vidal Quiñones y Elisa Roca Cortez, en calidad de socias de la empresa “B.C.S.” S.R.L., en favor de Germán Roca Cortez (fs. 22 a 23 vta.).

 

II.2.Matrícula de comercio 00118047 de 17 de enero de 2010, de la Sociedad Comercial denominada bajo la razón social BestComputerServices “B.C.S.” S.R.L., cuyo representante legal es Germán Roca Cortez, firmado por la Presidenta de Área Occidental, Registro de Comercio Fundempresa (fs. 21).

II.3.Recibos emitidos por la Administradora del edificio “Camacho”, ubicado en la calle Figueroa 736; 000678, suscrito entre Carlos Eduardo Mogrovejo Sánchez y Adela Zamora Urioeste, por la suma de Bs1 692.-, por concepto de garantía por dos meses de la oficina 302, tercer piso y 000679 por el pago de alquiler del 23 de marzo a 23 de abril de 2012 (fs. 3).

 

II.4.Mediante los recibos de mantenimiento 000517 y 000520 de 8 y 29 de agosto de 2012, respectivamente, la Administradora del edificio “Camacho” recibió las sumas de Bs.320.-, y Bs160.-, de Germán Roca Cortez, de la oficina 302, tercer piso (fs. 5).

 

II.5.A través de los recibos de mantenimiento 000504 y 000637 de 15 de agosto y 5 de diciembre de 2012, respectivamente, Carlos Eduardo Mogrovejo Sánchez, canceló las sumas de Bs160.-, a la administradora Adela Zamora Urioeste, correspondientes del 23 de abril al 23 de mayo y de 23 de octubre a 23 de noviembre, ambos de 2012 (fs. 4).

 

II.6.Acta circunstanciada de registro de queja de 23 de enero de 2013, presentada por Germán Roca Cortez, ante la Defensoría del Pueblo del departamento de La Paz, señalando que alquiló un local en el edificio “Camacho” y por el retraso del pago de alquiler de una semana, los propietarios no le permiten el ingreso al local alquilado desde el 10 del referido mes y año, solicitando se llegue a un acuerdo con la Administradora, la cual fue derivada a las oficinas de los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, ubicados en el Ministerio de Justicia (fs. 18).

 

II.7.Mediante invitación a conciliación de 24 de enero de 2013, emitido por el Ministerio de Justicia, se convocó a Adela Zamora Urioeste a petición de Germán Roca Cortez, para conciliar sobre el conflicto que se suscitó por alquileres (fs. 19).

 

II.8.Cartas notariadas de 7 de mayo de 2013, suscrito por Germán Roca Cortez, dirigidos a la Administradora del edificio “Camacho”, donde el accionante le señala que de manera arbitraria se puso candado a su lugar de trabajo, despojándolo de sus herramientas de trabajo, exhortándole a deponer su actitud abusiva, anunciando la interposición de acciones constitucionales (fs. 8 y vta.); al codemandado Efraín Camacho Ugarte, propietario del edificio “Camacho” (fs. 7 y vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, alega la vulneración de sus derechos a la dignidad y propia imagen, al trabajo y al comercio, señalando que el propietario y la Administradora del edificio “Camacho”, tomaron medidas de hecho, al impedirle el ingreso a la oficina signada con el número 302, ubicada en el tercer piso del mencionado edificio, ambiente que arrendó para ejercer su actividad laboral de reparación y mantenimiento de equipos de computación, por atrasarse en el pago de los alquileres y mantenimiento, actos que se repitieron en reiteradas oportunidades. Finalmente, le incrementaron el canon de alquiler, y ante la falta de pago cerraron su oficina el 3 de mayo de 2013, colocando un letrero de “clausurado”, así como una aldaba, donde se encontraba sus herramientas de trabajo, equipos de computación que pertenecen a sus clientes y su mercadería que debía comercializar, pese a realizar gestiones para llegar a una conciliación ese extremo no prosperó.

 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.       El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional

La Constitución Política del Estado a través del art. 128, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

 

De la misma forma, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

 

Conforme lo señalado, la acción de amparo constitucional se configura como una verdadera garantía jurisdiccional destinada, a través de un procedimiento rápido y oportuno, a resguardar los derechos fundamentales expresados en la Constitución Política del Estado.

 

Ahora bien, con la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia, como Estado Constitucional de Derecho, mantiene el quiebre de concepción sobre la funcionalidad de la propia norma fundamental, la Constitución es concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez Norma Suprema directamente justiciable, dotada de un contenido material (principios, valores supremos y derechos fundamentales), que condicionan la validez de las demás normas infra constitucionales, y que exigen a los operadores del derecho ingresar en la tarea de su consecución. Bajo este nuevo enfoque se encomienda el control de constitucionalidad a un órgano independiente -el Tribunal Constitucional Plurinacional-, encargado de ejercitar un control de constitucionalidad de carácter jurisdiccional para el resguardo de una Constitución abierta que contiene y fundamenta los valores y principios supremos de carácter plural que irradian de contenido y orientan el funcionamiento del Estado y la sociedad boliviana, donde los valores y principios plurales supremos convergen como guías y pautas de interpretación para la materialización del nuevo modelo de Estado que proyecta la Constitución, sustentado en la plurinacionalidad, la interculturalidad, el pluralismo en sus diversas facetas proyectados hacia la descolonización, como nuevos ejes fundacionales que permitan consolidar una sociedad inclusiva, justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales estructuradas bajo un proceso que articule la pluralidad en la unidad.

 

En este escenario, conforme determinó la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, “…la funcionalidad de la Constitución también sufre un giro trascendental, pues no sólo se erige para limitar el ejercicio de poder político y organizar las estructuras estatales, sino también en defensa de los derechos fundamentales, concebidos como valores supremos a ser materializados…” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

 

En efecto, uno de los pilares esenciales del Estado Constitucional de Derecho, es el respeto a los derechos fundamentales, los cuales, de acuerdo con lo previsto en el art. 109.I de la CPE, concordante con el art. 13.III de la misma Norma Suprema, gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.

 

En este orden, el constituyente ha previsto que la directa justiciabilidad de los derechos y garantías fundamentales se operativice a través de las acciones de defensa diseñadas constitucionalmente, entre ellas, la acción de amparo constitucional, consagrada para la defensa de los actos y omisiones que lesionen derechos y garantías fundamentales, cuyo ámbito de protección se encuentra delimitado por los arts. 128 y 129 de la CPE.

 

Bajo la perspectiva señalada, esta acción tutelar se configura como una efectiva garantía jurisdiccional destinada a resguardar los derechos fundamentales expresados en la Ley Fundamental y en el bloque de constitucionalidad, con excepción de aquellos que encuentren resguardo en otros mecanismos específicos de defensa.

 

Así lo estableció la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, al señalar que: “Del contenido del texto constitucional de referencia puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección”.

 

Asimismo, la citada Sentencia al desarrollar los alcances de este mecanismo de defensa señaló que: “El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz actos y omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio”.

 

Por lo señalado, la acción de amparo constitucional es un medio eficaz para asegurar el respeto a derechos fundamentales y garantías constitucionales no tutelados por otros mecanismos de defensa, siendo un medio idóneo de protección oponible no sólo respecto del Estado sino también de manera horizontal; es decir, contra actos y omisiones provenientes de particulares que lesionen o amenacen lesionar los derechos fundamentales que se encuentran bajo su resguardo.

En el marco de lo referido, cabe subrayar que el diseño constitucional del amparo constitucional responde a las normas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, concretamente en el marco de los alcances y preceptos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo art. 25.1, establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención…”.

 

En efecto, la regulación efectuada por el constituyente respecto al amparo constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de sumariedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares.

 

En armonía con lo expuesto, debe señalarse que la acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza constitucional regido por las normas y principios procesales propios de la justicia constitucional, que guiado bajo el principio de eficacia su protección se orienta siempre a dar efectiva protección a los derechos fundamentales y garantías constitucionales que tutela. Es por ello, que para la consecución de su objeto y finalidad -tutela efectiva- se encuentra regido por los criterios y principios de interpretación constitucional y los propios que rigen de manera concreta a los derechos humanos, entre ellos, los principios pro persona o comúnmente conocido como el pro homine, el pro actione, favor debilis, de progresividad, favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el de preferencia y eficacia de los derechos humanos, entre otros, los mismos que han sido aplicados por la jurisprudencia constitucional.

 

Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores que hacen a su naturaleza: la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o reemplaza a los recursos o instancias ordinarias preestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.

 

En el marco de lo señalado, la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

 

III.2.       Del desalojo extrajudicial de un inquilino del local comercial por el propietario

En problemáticas similares, en los que inquilinos de locales comerciales demandaron medidas de hecho cometidas por los propietarios, el entonces Tribunal Constitucional, indicó que ante una actitud de hecho del propietario de un inmueble frente a su arrendatario, se otorga la tutela al agraviado. Así, la SC 0309/2002-R de 20 de marzo, señala: “…se determina inobjetablemente que una persona aún a efectos de hacer valer su derecho a la propiedad, no tiene potestad alguna para recuperar por mano propia y mediante actos de hecho su bien, menos aún cuando por voluntad propia le otorgó a un tercero” (las negrillas fueron agregadas).

De igual forma, la SC 1399/2002-R de 18 de noviembre, indicó: “…que en casos de contrato de arrendamiento, si bien existen vías judiciales para que las partes del contrato hagan valer sus derechos, esta jurisdicción no puede sustraerse a la concesión de la tutela, dado el plano de desigualdad en que se encuentra el arrendatario frente al arrendador propietario, además de los derechos que involucra el contrato, pues por una parte el inmueble puede que esté destinado a ser residencia, o por otra a ser utilizado como el lugar del trabajo, lo cual claramente deja entrever que dicho contrato lleva implícitos derechos fundamentales…”.

III.3.       Sobre las medidas de hecho

Respecto a las medidas de hecho y los derechos de los arrendatarios de locales comerciales, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0421/2012 de 22 de junio, ha señalado: “Con relación a contratos de arrendamiento de inmuebles o locales para el funcionamiento de oficinas o establecimientos comerciales, la jurisprudencia constitucional ha establecido de manera uniforme que ante una actitud de hecho del propietario de un inmueble frente a su arrendatario, se otorga la tutela al agraviado. Así la SC 0309/2002-R de 20 de marzo señala que: '…se determina inobjetablemente que una persona aún a efectos de hacer valer su derecho a la propiedad, no tiene potestad alguna para recuperar por mano propia y mediante actos de hecho su bien, menos aún cuando por voluntad propia lo otorgó a un tercero'. Este criterio también se ha sustentado con relación a un contrato de arrendamiento sobre un inmueble para funcionamiento de una oficina, a tiempo de considerarse como vulnerado el derecho al trabajo, cuando la SC 1286/2001-R de 6 de diciembre establece que: '…la referida tutela se hace viable como protección inmediata no obstante la existencia de medios legales al alcance de las partes para solucionar el conflicto, al evidenciarse que entre las partes en conflicto no existe igualdad, pues el demandado aprovechando su situación de ventaja como propietario del inmueble ha cometido actos de abuso de poder al proceder al cierre arbitrario de la oficina, impidiéndole el ejercicio de su profesión vulnerando así su derecho al trabajo, colocándolo en un estado de indefensión y desigualdad, considerándose además que no está permitido a ningún propietario de inmueble, en su condición de locador o arrendador, ignorar las vías legales para lograr la desocupación del inmueble, siendo claro sobre el particular el art. 1282 del Código Civil, cuyo texto pertinente establece que: 'Nadie puede hacerse justicia por sí mismo'.

 

Siguiendo la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal, se establece que en casos de contrato de arrendamiento, si bien existen vías judiciales para que las partes que lo suscribieron hagan valer sus derechos, esta jurisdicción no puede sustraerse a la concesión de la tutela, al darse el plano de desigualdad, en que se encuentra el arrendatario frente al arrendador propietario, al vulnerarse con estas actitudes de hecho, derechos fundamentales que requieren urgente protección, como es el caso del derecho al trabajo, que resulta lesionado por el acto ilegal denunciado (SC 0230/2006-R de 13 de marzo).

 

(…)

 

En consecuencia, conforme a lo señalado, se tiene que el propietario de un bien inmueble no puede cometer acciones de hecho por mano propia contra su arrendatario o anticresista, más bien, debe remitirse al contenido del contrato suscrito entre ambos; o demandar la resolución del mismo ante las autoridades pertinentes, '…pero en ningún caso puede tomar acción por propia mano cerrando los ambientes que tenga arrendados o cortar los suministros de los servicios públicos, pues de hacerlo estaría lesionando derechos fundamentales como son los derechos al trabajo, a la dignidad, a la salud u otros, dado que dichos contratos no simplemente quedan circunscritos al campo civil, sino que definitivamente están estrechamente vinculados a cualesquiera de esos derechos porque pueden tener dos objetos sobre los inmuebles arrendados, realizar una actividad o ser utilizados como residencia' (SC 0418/2003-R de 2 de abril). En todo caso, si el objetivo final es el desalojo del bien, deberá acudir a las vías legales ordinarias, previstas en la normativa adjetiva y procesal civil, a efectos de obtener una decisión de autoridad jurisdiccional competente que ordene la desocupación del mismo” (las negrillas nos pertenecen).

 

III.3.1.   Requisitos para su procedencia

Para establecer los requisitos de procedencia en medidas de hecho, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, señaló: “En un Estado unitario, social de derecho, con características propias, cuya población está conformada por los bolivianos y bolivianas, las diversas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, tal cual establece los arts. 1 y 3 de la Constitución Política del Estado (CPE), los actos al margen del pluralismo jurídico y convivencia de las diversas jurisdicciones, que se constituyen en vías o medidas de hecho, o justicia incontrolada a mano propia, son situaciones intolerables que tienen consecuencia jurídica”.

 

Conforme la línea jurisprudencial citada, la acción de amparo constitucional frente a las vías o medidas de hecho tiene dos finalidades esenciales: la primera, evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, segundo evitar la justicia por mano propia.

 

La Sentencia Constitucional referida precedentemente, estableció los siguientes requisitos para considerar la situación como medidas de hecho, señalando que: “…se deja presente que existen requisitos para considerar la situación como medida de hecho y hacer abstracción de las exigencias procesales, como ser:

 

1)            Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional.

 

2)            Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas.

 

3)            El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos.

 

4)            En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusive” (las negrillas son nuestras).

 

La mencionada línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que refirió lo siguiente: “La línea jurisprudencial precedentemente señalada es modulada por la presente sentencia, cambio de entendimiento que responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de hermenéuticas armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.1 de la CPE, que indica que el principio de favorabilidad; por cuanto, en base al Fundamento Jurídico III.4, se establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

 

Ahora bien, conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional señalada y el caso en análisis, el accionante tiene la obligación de acreditar la primera situación; es decir, la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica.

III.4.De los derechos alegados como vulnerados

III.4.1.Del derecho al trabajo

Respecto al derecho al trabajo, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0423/2012 de 22 de junio, señaló: “El derecho al trabajo consagrado en el art. 46.I. de la CPE, dispone que: 'toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo, satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna'. De lo referido, se establece que es un derecho el cual debe ser protegido y respetado para lograr una armonía social.

 

Por su parte, la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, estableció el derecho al trabajo como: '…la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario como el de su familia. (…) la propia Ley Fundamental establece el límite del mismo al señalar expresamente que tal derecho debe ejercerse de manera que no afecte el bien común ni el interés colectivo…'.

 

De la misma forma el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en el artículo 6.1, señala: 'Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho'.

 

En este sentido, el derecho al trabajo es la base para una vida digna, significa que todas las personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, que les permita llevar una vida decente a ellos y a sus familias”.

III.4.2.Derecho a la dignidad

La Constitución Política del Estado, en su art. 21.2, establece dentro de los derechos civiles y políticos, el derecho a la dignidad; por otra parte, el art. 22, señala que la dignidad y la libertad personal son inviolables y que el respetarlas y protegerlas son un deber primordial del Estado.

 

La SCP 2360/2012 de 22 de noviembre, ha señalado que: “La dignidad humana es inherente a la condición misma del ser humano, lleva en sí la obligatoriedad del respeto al ser humano como un ser pleno de derechos. Este es un derecho que ha sido desarrollado por la doctrina y la abundante jurisprudencia internacional en el orden constitucional.

 

(…)

 

En la SC 0483/2010-R de 5 de julio, dispuso: 'En lo que respecta a la supuesta violación del derecho a la dignidad, cabe señalar que el art. I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH), señala que: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». La dignidad personal, implica reconocer al otro como otro yo, y al Estado, le corresponde reconocer, garantizar y promover la dignidad y los derechos humanos, desechando los obstáculos que se oponen a ello, su acatamiento es la base del Estado de Derecho. Definir la dignidad de la persona no es posible, sólo podemos apreciar su vulneración, la que se concreta cuando se perturba, amenaza o priva de los derechos esenciales a la persona, o se denigra o humilla, cada vez que se discrimina. De esta forma, la dignidad de la persona, constituye una realidad ontológica constitucional, siendo la esencia y fundamento de los derechos humanos…'”.

 

Respecto al derecho a la dignidad la SCP 0421/2012 de 22 de junio, mencionando a su vez a la SC 0400/2010-R de 28 de junio, dejo en claro que: “El derecho a la dignidad, expresamente previsto como un derecho fundamental en el art. 21.2 de la CPE, alegado por la recurrente, ahora accionante, como vulnerado, se encuentra definido en la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, que señala: '…el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de 'humano', para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan'. De igual manera, se pronunció la SC 0667/2006-R de 12 de julio'”.

 

III.5.       Respecto a la indemnización por daños y perjuicios

El accionante, en el petitorio de la acción de amparo constitucional, solicitó se determine el monto a indemnizar por daños y perjuicios en su favor, señalando que con su actividad “al día generaba en buenos momentos 300 bs” (sic), sin adjuntar ninguna prueba que respalde dicha pretensión.

 

Conforme lo solicitado, es necesario señalar que se entiende que una lesión denunciada y demostrada, siempre ocasionará una pérdida patrimonial y otros gastos, los cuales deben ser demandados expresamente por la parte accionante. En este entendido, sólo deberá someter la demanda de calificación de daños y perjuicios a los siguientes criterios establecidos en el AC 0011/2004-CDP de 2 de abril: “a) la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra; y b) los gastos que la parte recurrente ha tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado.

 

El primer criterio responde al efecto inmediato que podría emerger de la lesión constatada del derecho fundamental o garantía constitucional; es decir, aquel efecto material directo que se constata y percibe sin necesidad de un proceso controversial, ello significa que en la sustanciación de la acción de amparo constitucional, el daño civil no puede ser determinado o calificado sobre la base de los parámetros previstos por el art. 994 del Código civil (CC); es decir, el daño emergente y el lucro cesante, pues la determinación de un resarcimiento de daños y perjuicios con dichos criterios requiere de un proceso controversial en el que las partes, en igualdad de condiciones, puedan hacer valer sus pretensiones, hecho que no es posible realizar en el amparo constitucional, primero, porque su finalidad es la de otorgar una tutela inmediata, efectiva e idónea, restableciendo o restituyendo el derecho restringido o suprimido (…); y, segundo, porque dado su carácter sumarísimo no es posible desarrollar un verdadero proceso contencioso o controversial…” (las negrillas nos pertenecen).

En consecuencia, corresponde que el mismo sea determinado en ejecución del fallo, previa su comprobación fehaciente.

 

III.6.       Análisis del caso concreto

El accionante, a través de la presente acción tutelar, denuncia la presunta vulneración de sus derechos a la dignidad y propia imagen, al trabajo y al comercio, señalando que arrendó en el edificio “Camacho”, ubicado en la calle Figueroa 736, una oficina signada con el número 302 en el tercer piso, con el objeto de ejercer su actividad laboral de reparación y mantenimiento de equipos de computación; empero, debido al atraso en el pago de los alquileres y del mantenimiento del citado edificio, la Administradora y el propietario ejercieron medidas de hecho al clausurarle la puerta de ingreso con una aldaba e impedirle su acceso al ambiente donde efectuaba su actividad comercial, medida de hecho tomada desde el 3 de mayo de 2013, privándole del uso de sus herramientas de trabajo y la disposición de la mercadería relativa a su rubro que tenía para la venta, ocasionándole pérdidas económicas y problemas con sus clientes y su familia.

 

De la revisión de antecedentes que ilustran el proceso, se evidencia que Germán Roca Cortez -ahora accionante-, es el apoderado legal de la empresa “B.C.S.” S.R.L., mediante testimonio 1546/2005 de 20 de diciembre, con Matricula de Comercio 00118047 de 17 de enero de 2010, conforme se señaló en las Conclusiones I y II del presente fallo.

 

Igualmente, por los recibos domésticos emitidos por la Administradora del edificio “Camacho” a Carlos Eduardo Mogrovejo Sánchez, por la suma de Bs1 692.-, por concepto de garantía por dos meses de la oficina 302, tercer piso y el pago de alquiler del 23 de marzo a 23 de abril de 2012, así como los recibos de mantenimiento de 8 y 29 de agosto de igual año, respectivamente, cancelados por Germán Roca Cortez, se evidencia la relación contractual que tienen el accionante y los demandados respecto al arrendamiento de una oficina en dicho edificio.

En el caso analizado, conforme la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se presenta un supuesto de activación directa de la acción de amparo constitucional por vías de hecho, conforme estableció la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, habiéndose cumplido por parte del accionante con el primero, que señala: “…la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos”; es decir, la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica, extremo que fue corroborado por la administradora del mencionado edificio -ahora codemandada-.

Del mismo, se evidenció que existe un inminente daño irreparable que puede considerarse en detrimento del accionante, toda vez al cerrarle el acceso a su oficina, se le impidió continuar con el desarrollo de su actividad comercial. Debiendo tomarse en cuenta, que la titularidad sobre un bien inmueble no le otorga al propietario o representante de los titulares, a hacerse justicia por mano propia, pues en el caso de incumplimiento en el pago del canon del alquiler, los demandados tenían la vía ordinaria para realizar el cobro respectivo o en su defecto el desalojo del inquilino.

Evidenciándose que los demandados incurrieron en acciones de hecho, en perjuicio del accionante, resultando viable la tutela impetrada por las medidas de hecho ejercidas, al haber sido cerrado en forma arbitraria el acceso a la oficina donde realizaba su actividad comercial, perjudicando la continuidad de la actividad laboral que realizaba éste, vulnerándose de esa forma su derecho al trabajo; asimismo, al no respetar ni reconocer su condición de persona ni de arrendatario, se lesionó su derecho a la dignidad, que fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Respecto a los daños y perjuicios presuntamente ocasionados al accionante por parte de los demandados, se debe tomar en cuenta lo descrito en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo; es decir, en el desarrollo de esta acción tutelar, el accionante que considere haber sufrido daños y perjuicios que requieren ser reparados, deberán ser evaluados en ejecución de sentencia por el Tribunal de garantías constitucionales.

En consecuencia el Tribunal de garantías, al conceder la acción tutelar, ha obrado de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 41/2013 de 19 de junio, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con relación al primer, segundo y cuarto punto de la Resolución emitida por el Tribunal de garantías, y REVOCAR, en cuanto al tercer punto. Con costas.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Soraida Rosario ChánezChireMAGISTRADA

Dra. Mirtha Camacho QuirogaMAGISTRADA


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