Revista Boliviana de Derecho - SCP 1091-2013 -AAC (16-07)

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Adm. Recursos administrativos, notificación de actos administrativos tributarios, incidente de nulidad. OPV-1

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1091/2013

Sucre, 16 de julio de 2013

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente:03120-2013-07-AAC

Departamento:Santa Cruz

En revisión la Resolución 033 de 5 de febrero de 2013, cursante de fs. 350 a 351 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por JianGuoChenZhou, en representación legal de la Sociedad EASTERN PETROLEUM & GAS S.A. contra la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de Santa Cruz representada por María Esther Chávez Antelo.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial de fecha 14 de diciembre de 2013 cursante de fs. 77 a 82 y vta., la Sociedad accionante a través de su representante, señala lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

JianGuoChenZhou, el 1 de junio de 2012, interpuso recurso de alzada ante la ARIT de Santa Cruz, impugnando las Resoluciones Administrativas (RRAA) AN-SCRZI-RA 185/2012, 186/2012, 187/2012, 188/2012 y 189/2012 todas emitidas el 23 de marzo, emitidas por la Administración de la Aduana Interior de Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), ante el “intento de ejecutar las pólizas de garantía emitida por la Empresa Alianza de Seguros y Reaseguros, en razón al vencimiento de plazo dentro del Régimen de Internación Temporal de equipo de perforación petrolera, disponiendo la ejecución de boletas de garantía de la Empresa EASTERN PETROLEUM & GAS S.A., cuyo origen es el contrato firmado con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); sin embargo, dichas pólizas fueron renovadas y aceptadas tácitamente por ANB, en vista de no haber merecido observación o rechazo.

La base sobre la que se plantó el citado recurso es sobre la forma de notificación realizada con la Resolución del recurso de alzada ARIT.SCZ/RA 0313/2013 de 7 de septiembre, misma que se habría publicado en tablero de Secretaría de la ARIT, contradiciendo la norma tributaria referido a la notificación que debe ser personal, el accionante señala que el actuado de notificación versa que se le habría hecho conocer el 12 de septiembre “a horas diecisiete cincuenta y dos 17:52, del día doce (12) de septiembre de 2012.; así lo asienta la Abog. Marcia P. Peñaranda C., en una copia bajo leyenda de COPIA DE LEY PARA EASTERN Y GAS S.A.” (sic.), acto que adolece de vicios procedimentales, ya que se les entregó mucho después, el 15 de octubre; es decir, hasta treinta y ocho días después de su emisión, aduciendo que fue notificada por tablero.

Ante tal vulneración de derechos, acogiéndose al art. 88 de Código Tributario Boliviano (CTB), ( notificación tácita), conocen dicha Resolución el 15 de octubre de 2012, interponiendo recurso jerárquico el 22 de igual mes y año, bajo el argumento de que se les habría infringido lo referente a formas de notificación “…ocultado maliciosamente la existencia de dicha Resolución” (sic); mereciendo respuesta por Auto de Rechazo - Expediente: ARIT-SCZ-0308/2012 de 26 de octubre, con el fundamento de haber presentado fuera de plazo, sin considerar el argumento central del recurso planteado referente a la citación irregular con la resolución del recurso de alzada, que reitera, fue ocultada maliciosamente, infringiendo el art. 84 de la CTB, al señalar que en el caso de Resoluciones Determinativas y actos que impongan sanciones o decreten apertura de término de prueba serán notificados personalmente al sujeto pasivo, y el art. 85 referido a la notificación por cédula; todos estos actos se han desarrollado pese a la constante averiguación de la emisión de alguna resolución, habiéndose emitido ya en fecha 12 de septiembre, sin conocer sobre tal Resolución el personal de la institución.

La presente acción, según el representante cumple con el requisito de inmediatez y subsidiariedad, pues al haber sido rechazado el recurso jerárquico no existe otra instancia más por agotar; por otro lado, sobre la inmediatez en el caso de ejecutarse la Resolución del recurso de alzada, con procedimiento contradictorio generará daño económico a la empresa accionante y también a YPFB, por ello acuden a esta acción, solicitando se disponga la nulidad de la irregular y fraudulenta notificación y la inmediata concesión del recurso jerárquico por haber sido negado en forma ilegal indebida y arbitraria, debiendo remitirse a conocimiento del ad quem de forma inmediata.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Alega la vulneración de los derechos de la empresa accionante, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga la nulidad de la irregular notificación y la inmediata concesión del recurso jerárquico; y la omisión de antecedentes por la ARIT-Santa Cruz, ante la Autoridad Nacional de Impugnación Tributaria.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 5 de febrero de 2012, según acta cursante de fs. 343 a 351 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El abogado del accionante, ratificó el contenido de la demanda, y ampliando solicitó que la autoridad demandada, pueda notificar legalmente según corresponda, de esa forma acudir a las instancias que se requiera.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

La autoridad demandada, presentó informe cursante de fs. 340 a 342 vta., expresando lo siguiente: a) Conforme el Código Tributario Boliviano 2492 y la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, la Sociedad EASTERN PETROLEUM & GAS S.A., presentó recurso de alzada, impugnando las Resoluciones Administrativas emitidas por la Aduana Interior Santa Cruz de la ANB AN-SCRZI-RA 184/2012, 185/2012, 186/2012, 187/2012, 188/2012 y 189/2012 todas de 23 de marzo, confirmando las mismas por Resolución de recurso de alzada ARIT-SCZ 0313/2012, notificada el 12 de septiembre de 2012; b) Impugnan mediante recurso jerárquico, sin embargo el plazo perentorio de veinte días, a partir de su notificación , el 12 de septiembre del mismo año, que fenecía el 2 de octubre, empero, recién el 22 de igual mes y año, la parte accionante presentó recurso jerárquico que impugna la Resolución del recurso de alzada, el cual fue rechazado por Auto de rechazo del recurso jerárquico de 26 del citado mes y año, conforme el art. 198.IV de la Ley 3092; c) Sobre el supuesto ocultamiento, se adjuntó un cuadernillo de antecedentes en los que se hace referencia al plazo de vencimiento de la emisión de la Resolución del recurso de alzada, en el caso vencía el 9 de septiembre; empero, se emitió el 7 de septiembre de 2012 y según manda la ley fue notificada el primer miércoles siguiente a la emisión de dicho actuado; es decir, el 12 de septiembre de ese año, por Secretaría; d) En relación a las “ notificaciones ”, la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) rige sus actos por Ley 3092, la misma señala que la notificación será personal al tratarse de la admisión del recurso de alzada y la resolución del recurso jerárquico; en el presente caso se trata de la Resolución del Recurso de alzada, no correspondiendo ser notificado personalmente; y, e) Toda notificación se realiza los días miércoles, los que son colocados en tablero además de registrarlos en sistema. Siendo este el argumento para el rechazo del recurso; es decir, por extemporáneo.

I.2.3. Intervención de tercero interesado

Carlos Cortez, por la ANB, tercero interesado, manifestó: 1) La Aduana Nacional de Bolivia, según documentación presentada por la ARIT, en relación a los plazos incumplidos y la extemporánea presentación del recurso espera sea confirmada la Resolución del recurso de alzada; y, 2) Al existir pendientes seis pólizas de garantías vencidas requieren ser ejecutadas por tener que regularizar tributos por el accionante, incumpliendo plazos.

I.2.4. Resolución

La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 033 de 5 de febrero de 2013, cursante de fs. 350 a 351 vta., denegó la tutela solicitada, por existir mecanismos ordinarios pendientes en su tramitación lo que significa el incumplimiento del principio de subsidiariedad, bajo los siguientes fundamentos: i) Se admitió erróneamente la presente acción de amparo constitucional planteada por la empresa EASTERN PETROLEUM & GAS S.A., acusando vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso, ya que correspondía su rechazo in límine, por no haber cumplido con los principios de inmediatez y subsidiariedad; y, ii) El accionante, debió plantear antes la nulidad de la notificación y el pronunciamiento de la AIT, sobre la admisión o no de ese incidente concluida la acción en la vía ordinaria, se inicia recién la apertura en la interposición del recurso de acción de amparo; aún persiste un mecanismo ordinario pendiente que debe ser agotado y resuelto en la vía administrativa, por lo que debe denegarse la tutela por subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

II.1El 25 de noviembre de 2008 se suscribió contrato de internación de un equipo de perforación por cuenta de YPFB, para cumplir con proyectos de exploración y explotación, desarrollo y producción de hidrocarburos con la empresa “EASTERN PETROGAS LTDA”, con vigencia de dos años computables a partir de la firma del mismo, internación regido por el Régimen Aduanero de Internación Temporal, habiendo sido autorizada la internación temporal (fs. 153 y 154).

II.2El 13 de noviembre de 2012, cursa informe referido a la Pólizas EASTERN PETROLEUM Y GAS S.A. ejecutadas y rechazadas, dirigida al Jefe Departamental de Administración y Finanzas ANB sobre el vencimiento de internación temporal, mismo que no fue respondido por la parte, procediéndose con la ejecución de la garantía según recomendó el informe legal AN-ULEZER-IL 067/2012, el cual coteja una relación de hechos sobre la ampliación del plazo de internación temporal, no procede la ampliación solicitada por fuerza mayor aducida por la empresa, al ser independiente al contrato de trámite de aprobación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de estar suscrito por personas jurídicas diferentes (fs. 5 a 13).

II.3El 15 de marzo de 2012 la parte accionante, presentó memorial a la Administración Aduanera Interior Santa Cruz, solicitud de fuerza mayor y pide ampliación de plazo para la internación temporal de equipo (fs. 169 a 172), en similar acto se dirige ante el Ministerio de Economía y Finanzas (fs. 173 a 177), que responde el 23 de marzo de ese mismo año, al no tener respuesta de la Agencia despachante de Aduana ni de la empresa recurrente, emite resoluciones Administrativas para efectivizar y disponer la ejecución de pólizas de garantías emitidas por la Empresa Alianza de Seguros y Reaseguros S.A., a favor de la Administración Tributaria Aduanera por cumplimiento de plazo (fs 109 a 120).

II.4El 25 de mayo de 2012, mediante nota FCLP 037/2012, la Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. “Alianza”, comunicó al ahora accionante que ejecutaría pólizas de garantía según solicitud de la Administración Interior Aduanera, cuyo respaldo son las Resoluciones Administrativas impugnadas. (fs. 55.)

II.5El 10 de octubre de 2012, La sociedad accionante, a través de su representante legal, presentó revocatoria de resoluciones administrativas ante la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, indicando que comunicado por la “Compañía Alianza Seguros Generales” con data del 3 de igual mes y año, se enteró que se ejecutarán pólizas de garantía 65070488 y 665070473, vencidas el 27 de febrero y 28 de abril de ese año, respectivamente, basadas en Resoluciones Administrativas emitidas por la Aduana Interior Santa Cruz con el supuesto de incumplimiento de deberes formales según el art. 163 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, a ello la Aseguradora respondió que habían sido renovadas y no corresponde ejecutarlas. (fs. 26 a 27 y 29).

II.6El 1 de junio de 2012, la empresa EASTERN PETROLEUM & GAS S.A., interpuso recurso de alzada contra las RRAA AN-SCRZI-RA 184/2012, 185/2012, 186/2012, 187/2012, 188/2012 y 189/2012 todas emitidas el 23 de marzo, por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz; la ARIT de la ANB solicitó se suspenda todo proceso (fs. 48 a 52 vta.).

II.7El 4 de julio de 2012, Paul Roberto Castellanos Zenteno, Administrador de Aduana Interior Santa Cruz, respondió al recurso de Alzada solicita se rechace el mismo por haber vencido de internación temporal, lo cual fue puesto en conocimiento de la empresa velando el cumplimiento de la norma tributaria (fs. 221 a 222 vta.).

II.8El 7 de septiembre de 2012, la ARIT, emitió Resolución al recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0313/2012, confirmando las RRAA AN-SCZZI-RA 184/2012, 185/2012, 186/2012, 187/2012, 188/2012 y 189 podas de 23 de marzo, emitidas por la ARIT Interior Santa Cruz, ANB, fundamentando que los vicios de nulidad en el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria fueron desvirtuados por ello se impugnó dentro del plazo la Resolución del recurso de alzada (fs. 35 a 46 y vta.).

II.9El 22 de octubre de 2012, JianGuoChenZhou por EASTERN PETROLEUM & GAS S.A., interpuso recurso jerárquico contra la Resolución de alzada ARIT-SCZ/RA 0313/2012 de 7 de septiembre, amparado en la notificación tácita de fecha 15 de octubre de 2012, estando dentro de plazo; mencionando que se oculto información pese a la última consulta realizada el 9 de octubre de ese año, sin conocer los funcionarios de la existencia de dicha Resolución, pues se tiene sentado en el libro de actuados de la AIT, notificado con data 12 de septiembre de 2012 (fs. 20 a 25).

II.10La parte accionante en su recurso jerárquico, refiere que la ARIT, al confirmar las RRAA de ejecutar pólizas de garantía de la empresa, las que fueron renovadas y recibidas por la Administración de Adunan Interior, no analizó el hecho de que la fecha de vencimiento no es un hecho atribuible a esta, sino a la demora que se suscitó en aprobar una Ley de ampliación del contrato en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no atendiéndose el argumento de fuerza mayor, al contrario señala que su presentación fue extemporánea (fs.20 a 24).

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El representante por la Sociedad accionante, alega que las autoridades, demandadas lesionaron sus derechos de la Sociedad accionante, a la defensa y al debido proceso, por haber emitido Resolución de alzada, habiéndoseles notificado en Secretaría de la ARIT Santa Cruz, de las que no tuvo conocimiento sino hasta transcurridos treinta y ocho días después de la emisión de la mencionada Resolución; de tal forma al haberse acogido a lo previsto por notificación tácita, interpuso el recurso jerárquico en razón de la notificación irregular realizada con la misma afirmando que según dispone el Código Tributario Boliviana, debería ser personal. El recurso impugnado fue rechazado bajo el argumento de haber sido presentado de manera extemporánea al plazo perentorio estipulado.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen ilegales lesivos a los derechos fundamentales del accionante, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.       Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto está dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que; sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Norma Suprema.

Se ha manifestado y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, están también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté al lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

“Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

III.2.       De la acción de amparo en la Constitución Política del Estado

Previo a ingresar a considerar la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a la misma instituida en la Constitución Política del Estado, sobre la naturaleza de la institución jurídica constitucional y el entendimiento de la jurisprudencia constitucional, remarcando, tal como prevé la Constitución política del Estado, el enunciado normativo sobre las formas de resolución en las acciones de amparo constitucional.

En el orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, se instituye en el art. 128 la acción de Amparo Constitucional como mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los “…actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

A su vez el art. 129.I de la CPE, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

En consecuencia la acción de amparo, constituye un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección a objeto del restablecimiento inmediato y efectivo de derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.2.1.   Principios que rigen a las acciones de amparo constitucional

De la jurisprudencia Constitucional referida a la acción de amparo Constitucional, se colige que ésta se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez; en relación al primero referido a que el o los accionantes deberán agotar todos los recursos de impugnación idóneos que la ley otorga para el reclamo de sus derechos que consideren vulnerados; de persistir la lesión, recién podrán solicitar la tutela constitucional, cuidando, en virtud al segundo principio citado, que sea activada dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión judicial o administrativa que se considere lesiva de los derechos y garantías alegados, en cumplimiento a lo preceptuado por el art. 129.I y II de la CPE, que impele a las partes al cumplimiento de ambos principios previa interposición de este mecanismo de defensa preventivo y reparador, norma concordante con los arts. 59 y 76 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP).

En relación al principio de subsidiariedad, la SC 0150/2010-R de 17 de mayo señaló lo siguiente: “…el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron la vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”. En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a ésta, en caso de persistir la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia”. SCP 0249/2012 de 29 de mayo 2012.

III.2.2.   La acción de amparo en el Código Procesal Constitucional

El Código Procesal Constitucional (La Ley 254 de 5 de julio de 2012), tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. La referida Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del mismo, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) Ley 027 de 6 de julio de 2010, relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Segundo (De la acción de amparo constitucional), en su art. 51 establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

III.3.       Del procedimiento de los recursos Administrativos

Es oportuno mencionar la aplicabilidad de los principios de subsidiariedad e inmediatez, propios de la acción de amparo constitucional que deben ser cumplidos para activar dicha acción como manda la Constitución Política del Estado, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional así como la jurisprudencia, dicho contexto coadyuvará para analizar y establecer el marco jurídico aplicable a los procesos administrativos de tipo sancionatorio aduanero y los medios e instancias de impugnación requeridas en materia administrativa contextualizando “la naturaleza jurídica de los actos administrativos, para que, a partir de ello, se pueda determinar su impugnabilidad a través de los medios recursivos” SCP 249/2012 de 29 de mayo.

La Ley de Procedimiento Administrativo en su art. 27, señala que: “Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo”.

La jurisprudencia constitucional por su parte, que entre otras como la SCP 0249/2012, que menciona a la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, señaló que: “…es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, referido a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas…de igual forma hace mención a algunos caracteres jurídicos que hacen al acto administrativo como la impugnabilidad, por el que el administrado puede reclamar y demandar se modifique o deje sin efecto un acto que considera lesivo a sus derechos e intereses; … La legitimidad, se presume la validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente, ejecutividad, consisten en que deben ser ejecutados de inmediato; … ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecuta sus propios actos sin intervención del órgano judicial; … la ejecución, acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones”.

En consecuencia, todo acto enmarcado en instancia administrativa, debe observar y agotar todos los medios contemplados en la misma, de esa forma, agotados los mecanismos en caso de obtener respuesta o sin ella contemplar lo requerido para la activación de la acción como en el caso presente.

III.3.1    De la normativa legal aplicable a los actos de la Administración Tributaria

El Código Tributario Boliviano en su art. 1 establece todo lo referente a la aplicabilidad a los tributos de carácter nacional, departamental y universitario; lo que significa que, las decisiones asumidas por la Administración Tributaria, mediante resoluciones determinativas, se encuentran sujetas al régimen del Código Tributario Boliviano, cuerpo legal en el que se encuentran estipulados medios de impugnación así como las condiciones para su presentación.

En ese contexto, el art. 131 de la citada normativa establece sobre los recursos administrativos: “Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes…”, de lo que antes se denominaba Superintendencia Tributaria, instancia que actualmente, por imperio del Decreto Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009, quedó instituida como Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT).

Concordante con el art. 143 del CTB, que prevé el sistema de impugnación recursiva ante la AIT, sea a nivel nacional o regional según corresponda, estableciendo que: El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos, a saber:

1.Las resoluciones determinativas.

2.Las resoluciones sancionatorias.

3.Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos.

4.Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas.

5.Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

Dicho Recurso deberá interponerse en el plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. Remarcar que de lo mencionado la Ley 3092 de 7 de julio de 2005 incorpora al CTB el Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los recursos de alzada, jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria, señalando en su art. 4, que el recurso de alzada será admisible también contra:

“1. Actos administrativos que rechazan la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias.

2. Actos administrativos que rechazan la solicitud de planes de facilidades de pago.

3. Actos administrativos que rechazan la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación.

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria…”.

En concordancia, el recurso que impugna un acto administrativo por mandato contenido en el art. 198 del mismo cuerpo legal, deberá ser interpuesto por escrito sea mediante memorial o carta simple, cumpliendo varios requisitos expresamente señalados en el mismo; entre los que se encuentra, en el inciso b): “Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente”.

En caso de omisión de cualesquiera de los requisitos exigidos el parágrafo III del artículo citado, o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del plazo de cinco (5) días, disponga se subsane o se aclare en el término improrrogable, computable a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso.

De ser subsanada la omisión y observación, entonces se proseguirá con la tramitación del recurso interpuesto, disponiendo su admisión y notificando a la autoridad demandada.

Sobre el tema se ha establecido en la jurisprudencia constitucional que la emisión de una resolución determinativa por la cual ésta o el sujeto pasivo declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, constituye un acto administrativo el cual es concebido como '…toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejecución de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos por Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado…”. Lo establecen las sentencias SCP 0249/2012 de 29 de mayo, SC 0468/2012 de 4 de julio, 1690/2012 de 1 de octubre.

III.3.2    Con relación a la notificación de actos administrativos tributarios

Habiendo señalado lo referente a la normativa aplicable en materia tributaria es coherente analizar de manera integral con demás normas relacionadas a la notificación personal tomando en cuenta la Ley 3092, mismas que rigen lo referido a la notificación , ante ello la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, haciendo mención al art. 83.I del CTB, señala que las formas de notificación en materia tributaria: “…1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría”; agregando en su segundo párrafo, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Sobre la notificación personal el art. 84 del mismo cuerpo legal tributario, dispone que en el caso que las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el art. 89 de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal.

El parágrafo II del art. 84 del citado Código dispone que: En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales”.

Por su parte, el art. 85.III del CTB, señala que: “La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia.

Asimismo, el art. 90 del CTB, dispone que: “Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán sentados en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, los días miércoles de cada semana para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación; aclarando en la parte final que en caso de contrabando, el acta de intervención y la resolución determinativa serán notificadas bajo este medio (las negrillas son nuestras).

En ese mismo sentido, el art. 33 de la LPA, aplicable a materia administrativa, supletoriamente, dispone lo siguiente:

“I. La Administración pública notificará a los interesados todas las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente artículo, salvo lo expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley.

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública.

IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de entregarse la notificación , podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que se encontrare en él, debiendo hacer constar su identidad y su relación con el interesado. Si rechazase la notificación , de hará constar ello en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en todo caso.

V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia:

a)            De la recepción por el interesado;

b)            De la fecha de notificación;

c)            De la identidad del notificado o de quien lo represente; y,

d)            Del contenido del acto notificado

VI. Cuando los interesados en procedimiento sean desconocidos, se ignore el domicilio de ellos o, intentada la notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por una vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo.

VII. Las notificaciones por correo, fax o cualquier medio electrónico de comunicación, podrán constituirse en modalidad válida previa reglamentación expresa”.

En el presente caso el fundamento de la AIT es el art. 205 del CTB (Ley 3290 de 7 de julio de 2005) señala que:

“I. Toda providencia y actuación, deberá ser notificada a las partes en la Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental respectiva, lo que actualmente, asumiendo el nuevo sistema implementado por el ya citado DS 29894 es la Autoridad de Impugnación Tributaria y las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, o bien, en las oficinas de los Responsables de Recursos de Alzada en los departamentos de Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando; según sea el caso, con excepción del acto administrativo de admisión del Recurso de Alzada y de la Resolución que ponga fin al Recurso Jerárquico, que se notificará a ambas partes en forma personal según lo dispuesto en los parágrafos II y III del artículo 84 de la presente Ley o alternativamente mediante cédula, aplicando para tal fin las previsiones del Artículo 85 de este mismo cuerpo legal, cuyas disposiciones acerca del funcionario actuante y de la autoridad de la Administración Tributaria se entenderán referidas al funcionario y autoridad correspondientes de la Superintendencia Tributaria.

II.A los fines de las notificaciones en Secretaría, las partes deberán concurrir a las oficinas de la Superintendencia Tributaria ante la que se presentó el recurso correspondiente todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido; la diligencia de notificación se hará constar en el expediente respectivo. La inconcurrencia de los interesados no impedirá que se practique la diligencia de notificación ni sus efectos”.

A lo anterior se debe agregar que, tal como se aseveró vía jurisprudencial, la diligencia de notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que deben generar que la decisión administrativa o jurisdiccional asumida, sea de conocimiento por el destinatario, garantizando de manera efectiva, el inviolable derecho a la defensa del justiciable; lo que no ocurrirá si la administración pública, procede de manera discrecional, efectuando los actos emanados en secretaría de la misma instancia, sin tomar en cuenta el acto que se pretende hacer conocer al administrado, en razón de existir actos a ser notificados de mero trámite que cumplirán su objetivo según lo previsto el art. 90 del CTB; lo que no quiere decir que si sean notificados aquellos actos que impliquen apertura de periodos de prueba, impongan sanciones, admitan recursos ulteriores, o bien, lo estipulado en los arts. 84 y 205 referido a las resoluciones que dispongan la admisión del recurso de alzada o la que ponga fin al recurso jerárquico de la norma citada.

III.3.3.   Del incidente de nulidad en materia administrativa

Se tiene establecido en la jurisprudencia constitucional como señala la 0249/2012 y 1086/2012, el cambio de línea jurisprudencial referida al tema, remarcando que al ser el incidente una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio, pero que guarda relación con él, con la característica principal que se tramita de manera paralela al proceso principal.

En relación a ello la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, refiere: “…es posible y hasta una obligación procesal de quien considere que dentro de un proceso judicial, así esté ejecutoriado, se han lesionado las normas de orden público, y por tanto, sus derechos fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad , demostrando en el mismo su indefensión y por ende lesión de derechos fundamentales, una vez agotada la vía incidental y en su caso la apelación, de persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional”.

De tal forma que el incidente de nulidad , es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la que deberá demandarse la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, una vez agotada ésta se podrá acudir a la vía constitucional.

En materia administrativa, no resulta razonable exigir el cumplimiento de este requisito, porque la tramitación de una nulidad en la vía incidental, daría lugar a la emisión de una segunda resolución administrativa definitiva, de proceder la tramitación incidental; es decir, un procedimiento paralelo que podría dar lugar a la duplicidad de resoluciones contradictorias con la misma jerarquía y validez, en razón de que ambas definirían situaciones jurídicas concretas, como actos administrativos, por lo tanto se presumirían legales, legítimas, lo que no es posible, en virtud a que la estabilidad del mismo constituye una de sus esencias principales. Por ello al identificar errores procedimentales cometidos por la administración pública, deberán ser impugnados por medio de los recursos administrativos contemplados en la ley dentro del mismo proceso principal, situación que impide tanto al administrado como a la instancia administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada o accesoria, al margen de los procedimientos de impugnación previstos (revocatorio o alzada y jerárquico), porque como se señaló, el mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está legitimado para anular su propio acto administrativo, un razonamiento contrario, infringiría el principio de seguridad jurídica en detrimento del administrado.

Aspectos que constituyen un cambio de la línea jurisprudencial establecida en las SSCC 0190/2011-R y 1770/2011-R, en las que se “denegó la tutela con el fundamento que la parte accionante previo a interponer la acción de amparo constitucional debió acudir ante la propia instancia administrativa a efectos de que se pronuncie y resuelva sobre las supuestas irregularidades en la notificación con la resolución administrativa definitiva, planteando el incidente de nulidad de notificación ”; lo que no condice con el desarrollo doctrinal y jurisprudencial desarrollado párrafos arriba, criterio coincidente con lo expuesto en la SC 2243/2010-R de 19 de noviembre, que señaló: “Respecto al incidente de nulidad de obrados, cuya presentación es obligatoria en procesos penales y civiles, en casos en los que se demanden notificaciones defectuosas o falta de las mismas, a efectos del cumplimiento de la subsidiariedad”.

III.4.       Análisis del caso concreto

De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se constata que, el ahora accionante, el 1 de junio de 2012, planteó recurso de alzada ante la ARIT Santa Cruz, ahora demandada, impugnando las RRAA AN-SCRZI-RA 185/2012, 186/2012, 187/2012, 188/2012 y 189/2012 todas emitidas el 23 de marzo, por la Administración de la Aduana Interior de Santa Cruz de la ANB, por vencimiento de plazo referido a la internación temporal de mercancías, disponiendo la ejecución de boletas de garantía de la Empresa EASTERN PETROLEUM & GAS S.A.; recurso que mereció Resolución del recurso de alzada ARIT-SCZ/0308/2012 de 7 de septiembre de 2012, por el que la instancia de impugnación confirmó las referidas Resoluciones Administrativas.

En relación a las formas de notificación , se menciona que la Resolución de recurso de alzada, fue emitida por la ARIT el 7 de septiembre de 2012, misma que fue notificada en tablero de Secretaría de la ARIT Santa Cruz el 12 de igual mes y año; sin embargo, se tiene establecido que según el Fundamento Jurídico III.3.2 de la en relación a las notificaciones personales amparados en el art. 205 de la Ley 3092, sólo proceden al tratarse de admisión del recurso de alzada y con la resolución del recurso jerárquico, así lo dispone también el art 205 del CTB, además de las sancionatorias en caso de contrabando, concordante con la jurisprudencia constitucional al señalar que dichas actuaciones serán notificadas en Secretaría de la Administración Tributaria; en tal entendimiento no es posible alejarse de los principios que sustenta la potestad de impartir justicia que es la legalidad por el cual las y los administrados, autoridades están obligados a cumplir la ley, fundamento normativo sobre los que rigió su decisión la ARIT.

En este orden es que al haber planteado el recurso jerárquico contra la Resolución de alzada lo hizo fuera del plazo establecido; asimismo, no enmarco sus actuados en concordancia con la normativa vigente para el caso presente, por lo que la parte accionante, no puede pretender la reparación mediante la acción de amparo constitucional de actos inherentes a su descuido, debiendo estar sujeto al ordenamiento jurídico y, si acaso entendía que fueron presuntamente lesionados sus derechos, debió acudir oportunamente y conforme a ley ante la instancia pertinente para que le sean reparados y, sólo subsidiariamente a la presente vía constitucional.

Es necesario hacer notar sobre el incidente de nulidad en actos administrativos, según lo fundamenta la Resolución emitida por el Tribunal de garantías referido a la subsidiariedad, al manifestar que “…no se solicitó a la Autoridad de Impugnación Tributaria se pronuncie sobre la nulidad del acto agotando ese medio inmediatamente se abre la oportunidad de formular la acción de amparo, no hacerlo de esa manera, obviamente, hace que la presente acción tenga que ser denegada…” (sic), ha cambiado la línea jurisprudencial como lo establece el Fundamento Jurídico III.4, en el que se explica que el incidente de nulidad es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la cual deberá agotarse previo a acudir a la vía constitucional, mientras que en materia administrativa no es idóneo, puesto que los actos administrativos gozan de la característica de irrevocabilidad en la propia sede administrativa, sobre lo cual, no corresponde fundamentar que la parte accionante previo a interponer la acción de amparo constitucional debió acudir ante la propia instancia administrativa planteando el incidente de nulidad de notificación a efectos de que se pronuncie y resuelva; lo que no condice con la jurisprudencia constitucional; en materia administrativa no resulta razonable exigir el cumplimiento de este requisito, porque la tramitación de una nulidad en la vía incidental, daría lugar a la emisión de una segunda resolución administrativa definitiva; es decir, se desarrollaría un procedimiento paralelo que podría dar lugar a la duplicidad de resoluciones contradictorias con igual jerarquía y validez, de ser así ambas definirían situaciones jurídicas concretas.

Consecuentemente, en caso de identificar errores procedimentales cometidos por la administración pública, gozan de recursos administrativos definidos por disposiciones legales para ser impugnados como el revocatorio o alzada y jerárquico dentro el proceso principal, remarcando que la instancia emisora de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está legitimada para anular su propio acto administrativo, un razonamiento contrario, infringiría el principio de seguridad jurídica en detrimento del administrado.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente.

Por tanto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 033 de 5 de febrero de 2013, cursante de fs. 350 a 351 vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque Capuma MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario Cháne zChire MAGISTRADA

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